POLITICA
El Gobierno busca llevar la interpelación a Adorni a comisión para demorar el debate en el Senado

Con el objetivo de subsanar las distintas interpretaciones reglamentarias surgidas en torno a la interpelación del jefe de Gabinete, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, volverá a convocar este martes a una reunión de Labor Parlamentaria para revisar lo resuelto el jueves pasado. Para la Casa Rosada, una interpelación sin dictamen de comisión requiere el voto de los dos tercios del recinto para ser aprobada.
Los proyectos impulsados para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo generaron cruces entre oficialismo y oposición, sino también un debate interno dentro de La Libertad Avanza. La discusión gira en torno a qué mayoría es necesaria para avanzar con esos pedidos: mientras Bullrich aceptó una interpretación sostenida por el peronismo en el Senado, los diputados libertarios se aferran a antecedentes de la Cámara baja, presidida por Martín Menem.
El debate en el Senado
El jueves pasado, la reunión de presidentes de bloque convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió postergar para el 25 de junio la sesión que buscaba aprobar la interpelación a Adorni. Esa decisión le otorgó un respiro al funcionario y fijó para el 2 de julio el tratamiento de los proyectos, la misma fecha en la que el propio jefe de Gabinete tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Congreso.
Según el acta firmada por los senadores y presentada luego a la prensa por Bullrich, el primer punto del temario será el debate de las mociones de interpelación al jefe de Gabinete en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y del artículo 214 del Reglamento del Senado.
En esa instancia, la senadora libertaria aceptó los argumentos del bloque Justicialista que conduce José Mayans y acompañó la interpretación según la cual la aprobación de una interpelación —con eventual moción de censura incluida— requiere únicamente la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En el Senado, eso equivale a 37 votos afirmativos.
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Quienes sostienen esta postura argumentan que el artículo 101 de la Constitución, que contempla la figura de la “moción de censura”, es operativo por sí mismo. En consecuencia, consideran que no necesita pasar previamente por comisiones ni reunir una mayoría agravada para habilitar su tratamiento, sino que puede votarse directamente en el recinto y aprobarse con mayoría absoluta.
Esa interpretación generó malestar tanto en la Cámara de Diputados como en sectores de la Casa Rosada, que presionaron a Bullrich para que revierta lo acordado en Labor Parlamentaria.
Por ese motivo, la senadora convocará a una nueva reunión, pese a la negativa de Mayans, aunque con el respaldo de los bloques dialoguistas, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. La propuesta del oficialismo es girar los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, para que allí sean debatidos antes de llegar al recinto.
En La Libertad Avanza estiman que ese proceso demoraría la discusión hasta la segunda quincena de julio, lo que permitiría ganar tiempo en favor del funcionario cuestionado.
La repercusión en Diputados

Mientras tanto, la oposición en la Cámara baja convocó a una sesión especial para este martes a las 14 con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación a Adorni. Sin embargo, la resolución adoptada en el Senado abrió un nuevo debate sobre la posibilidad de aprobar esos pedidos directamente en el recinto, sin necesidad de que pasen previamente por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.
El pedido de sesión fue impulsado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, algunos integrantes de Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
Los bloques dialoguistas todavía no definieron una postura común. El PRO mantendrá este lunes una reunión encabezada por Cristian Ritondo, mientras que el sector radical que responde a Pamela Verasay decidió no asistir a la sesión del martes, aunque tampoco acompañará la convocatoria oficialista del miércoles para debatir proyectos de gestión.
“No somos destituyentes y por eso no acompañamos a la oposición dura, pero tampoco somos funcionales al Gobierno que define la situación de Adorni”, resumió un radical del interior.
El espejo del Senado
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro tomó como referencia la interpretación adoptada en el Senado y sostuvo que “debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación”.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz rechazó esa posición y recordó que el artículo 101 de la Constitución “fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.
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Mayoraz citó además los antecedentes de 2025, cuando la Cámara de Diputados debatió las interpelaciones al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los ministros Luis Caputo y Karina Milei.
“Para habilitar las interpelaciones se exigieron los 2/3 de votos, y al no alcanzarlos, solo se obtuvo el emplazamiento de las comisiones para dictaminar. El tema es clarísimo y la interpretación de la doctrina no deja dudas al sostener que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento”, sostuvo.
El legislador libertario fue aún más duro al responderle a Ferraro: “Sostener que ‘No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación’ es hacerle decir a la Constitución lo que no dice. El diputado confunde la habilitación del tratamiento del asunto con la votación de la interpelación propiamente dicha. Una de dos, o perdió la memoria o perdió la cordura”.
Por su parte, la diputada cordobesa Natalia de la Sota adelantó que estará presente en el Congreso este martes para impulsar la remoción de Adorni y reclamó el acompañamiento de los legisladores de Córdoba alineados con el gobernador Martín Llaryora, quienes firmaron el pedido de sesión especial.
“El asunto es suficientemente grave y serio como para que algunos cambien de posición o se hagan los desentendidos. La sociedad merece claridad y coherencia”, afirmó.
Manuel Adorni, Senado, Diputados
POLITICA
Tras el fracaso de la sesión en Diputados, el Gobierno enfrenta tensiones internas y evalúa retomar la ley Malvinas la próxima semana

El Gobierno evalúa volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, después de que el fracaso de la sesión en Diputados provocara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo consiguiera la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.
El resultado sorprendió a la mesa política, que había dado por asegurados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y considera que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.
La escena más elocuente ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara de Diputados, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo aseguran que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria después de que transcurriera la media hora reglamentaria.
En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.
La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.
El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La diferencia adquirió especial relevancia por la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.
La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.
POLITICA
El documento del Parlamento británico que detalla la estrategia de Londres ante la ofensiva de la Argentina por el petróleo de Malvinas

El Parlamento británico publicó hace 10 días un informe técnico en el que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina, que incluye la expectativa por el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.
El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no es una declaración política del gobierno de Burnham sino un análisis técnico cuya función es orientar a los legisladores con información imparcial.
El texto detalla cuatro frentes desde los que el gobierno argentino avanzó este año para asfixiar la viabilidad comercial de Sea Lion antes de que comience a operar: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Frente a cada uno de esos movimientos, describe una respuesta específica del gobierno británico.

El frente legal en Hamburgo
La Argentina formalizó su solicitud de medidas cautelares ante el TIDM el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei fijara un ultimátum público al Reino Unido. El litigio encierra además una disputa procesal de fondo: el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver disputas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina seleccionó el Tribunal del Mar. Esa divergencia complica la constitución del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM quien evalúa las medidas cautelares de urgencia.
En su presentación, la Cancillería argentina requirió que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de los trabajos de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que se garantizara a Buenos Aires la capacidad de proteger el medio marino en la zona disputada; y que Londres no otorgara ninguna nueva licencia de explotación en la plataforma continental en litigio.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado en consorcio por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y el inicio de la extracción está previsto para 2028, con perforaciones que comenzarían en enero de 2027.
Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, el proyecto representa la base de un fondo soberano y el financiamiento de infraestructura crítica, entre ella un nuevo puerto comercial. Y para un sector de la política argentina, esta renta petrolera representa el sostenimiento financiero de la ocupación ilegal de las islas.
La respuesta británica no se limitó a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario documenta que, en paralelo al litigio, el gobierno avanzó en dos líneas de protección. La primera fue diplomática: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas involucradas.
La segunda fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció que implementaría medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas. Según consta en un documento oficial publicado por el Foreign Office y recogido por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, las medidas buscan garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”.
En Hamburgo, Reeves argumentó que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que arriesga perder “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”. La funcionaria sostuvo, además, que la pretensión de Buenos Aires buscaba, en los hechos, “tomar el control de esos recursos para sí misma”.
El portavoz de Downing Street fijó la postura oficial en términos precisos el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”. Este es un punto crucial: el Reino Unido buscó enmarcar el reclamo argentina en la soberanía de las Islas, una competencia que excede al TIDM. Por ello, pidió que se rechacen todas las medidas solicitadas por la delegación argentina y sostiene que la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica que Londres considera lícita.
Butchard, Curtis y Loft lo recogen en esos términos: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.

El canciller argentino Pablo Quirno se refirió a esta cuestión ayer, miércoles, en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido”, señaló. Lo que Argentina plantea ante el TIDM, precisó, es qué obligaciones impone la CONVEMAR a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa, no quién tiene soberanía sobre las islas.
Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”. A su vez, señaló que “por primera vez en la historia” la Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas”, y anticipó que, cualquiera sea el fallo del 28 de noviembre, la estrategia no se detiene: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. planteó.
Para el Gobierno, este arbitraje representa una pieza dentro de un esquema más amplio, que incluye a las sanciones y la denominada Ley de Soberanía.
El rol de Donald Trump
El informe parlamentario dedica un apartado específico al rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, el presidente Donald Trump señaló que Washington estaba “revisando” su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. En septiembre, ante una pregunta sobre el conflicto, dijo que había “dos países que no están contentos” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.
Milei -según el documento- capitalizó esas declaraciones para escalar su ofensiva, argumentando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina por tratarse de un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, por su parte, habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas tanto para intereses británicos como estadounidenses.
Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, donde se asegura que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.”
El análisis parlamentario también consigna, citando medios argentinos, la preocupación de EEUU por eventuales sanciones a sus empresas en el marco de la Ley de Soberanía y sostiene que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.
Precisamente, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con bloques aliados -y las recomendaciones de Estados Unidos-, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.
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POLITICA
El Senado debate hoy las leyes de discapacidad, propiedad privada y el tratado de patentes

El Senado comenzará este jueves a cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso con una sesión en la que buscará sancionar la nueva ley de Discapacidad y restituir la vigencia de la Ley de Tierras. El debate comenzará a las 11, según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La Libertad Avanza necesitará reunir el quórum reglamentario de 37 senadores para abrir la sesión. El oficialismo cuenta con 21 legisladores y espera sumar el acompañamiento del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales que habitualmente respaldan sus iniciativas.
La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida por Villarruel y contó con la participación de Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y Agustín Coto, por La Libertad Avanza; Carlos Arce, del Movimiento por Misiones; José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, del justicialismo; Eduardo Vischi y Mariana Juri, de la UCR; Natalia Gadano, de Moveré Santa Cruz; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carolina Moisés, de Convicción Federal; y Beatriz Ávila, de Independencia.
El Senado buscará convertir en ley el nuevo régimen de Discapacidad
Uno de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad. También establece mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
Durante el plenario de comisiones que emitió dictamen favorable, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios políticos.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.
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