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POLITICA

Senado: el Gobierno frenó la sesión en la que la oposición impulsaba la interpelación de Adorni

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El Gobierno evitó la sesión del Senado y convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para frenar la interpelación a Manuel Adorni. Los senadores de La Libertad Avanza ingresaron al recinto, pero no se sentaron en sus bancas, en medio de la decisión oficial de no correr el riesgo de una votación sobre el jefe de Gabinete. El peronismo imitó la maniobra y no se alcanzó el número de 37 legisladores necesarios para abrir el debate.

La Casa Rosada activó una jugada coordinada con sectores dialoguistas para llevar la discusión a comisión y evitar que el debate quedara planteado directamente en el recinto. La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, fue convocada para el martes 1 de julio a las 15 con el objetivo de tratar los proyectos de resolución presentados por el kirchnerismo y el PRO.

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En Nación sostienen que esa salida permite ganar tiempo y ordenar la negociación con aliados. “A priori sí, pero seguimos trabajando desde temprano para garantizarlo”, respondían antes de la sesión sobre los votos para bloquear la interpelación. Finalmente, el oficialismo optó por no abrir el recinto y evitar una pulseada de resultado incierto.

La caída de la sesión también frenó el resto del temario que el Gobierno quería aprobar. Estaban previstos el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y convenios internacionales. En Balcarce 50 venían sosteniendo que tenían votos para esos expedientes, pero el caso Adorni terminó condicionando toda la agenda del Senado.

La maniobra expuso el costo político del blindaje al jefe de Gabinete. El Gobierno consiguió evitar una votación en caliente, pero a cambio dejó sin sesión una agenda legislativa que había sido pedida por el propio oficialismo. En la Casa Rosada creen que la convocatoria a Asuntos Constitucionales les permite ganar una semana para ordenar a los aliados, aunque la oposición buscará mantener vivo el caso y volver a llevar a Adorni al centro de la discusión parlamentaria.

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Los senadores libertarios Bartolomé Abdala y Patricia Bullrich junto al ministro Federico Sturzenegger en el debate por la ley de Sociedades en el Senado (Foto: X / PatoBullrich).

El Ejecutivo envió a parte de la mesa política al Congreso para seguir de cerca las negociaciones. En el Senado se esperaba la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli; del subsecretario Eduardo “Lule” Menem; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que funciona como nexo con Karina Milei y con Adorni.

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete siguieron la situación desde la Casa Rosada. Karina Milei es una de las principales sostenes de Adorni dentro del Gobierno y viene interviniendo en el armado de su defensa política. Devitt, en tanto, participó de las reuniones con senadores libertarios y actúa como enlace entre Balcarce 50 y la negociación legislativa.

Leé también: Senado: el Gobierno selló un acuerdo con los bloques aliados para contener la avanzada opositora contra Adorni

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La convocatoria a Asuntos Constitucionales busca darles una salida a los bloques que no quieren votar junto al kirchnerismo, pero tampoco aparecer como defensores directos de Adorni. La estrategia replica la que el oficialismo utilizó en Diputados, donde logró que el PRO, la UCR y sectores provinciales no dieran quórum para una sesión especial opositora a cambio de abrir el debate en comisión.

La pulseada reglamentaria quedó en el centro de la discusión. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, había buscado sostener el acta de Labor Parlamentaria que exigía dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos contra Adorni, ya que no tenían dictamen de comisión. José Mayans, jefe del bloque peronista, reclamaba que se respetara el acuerdo anterior, que hablaba de mayoría absoluta.

La diferencia era decisiva. Si se imponía el criterio de la mayoría absoluta, la oposición necesitaba 37 votos para avanzar con la interpelación. Si se mantenía la exigencia de los dos tercios, el oficialismo podía bloquear el tratamiento con una minoría suficiente. La caída de la sesión evitó que esa disputa quedara saldada en el recinto.

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Gobierno, Manuel Adorni

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POLITICA

El Gobierno le contestó a Mauricio Macri y aseguró que la interna del PRO traba las negociaciones por el acuerdo electoral

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El Gobierno le respondió a Mauricio Macri luego de que dijera que “no se avanzó nada” en las negociaciones electorales entre el PRO y La Libertad Avanza. Desde Balcarce 50 atribuyeron el estancamiento a las diferencias internas del PRO y sostienen que no avanzarán hasta que los dirigentes macristas ordenen una estrategia común.

“No se va a hacer nada si no tenés con quién negociar”, expresan en Nación. En el Ejecutivo aseguran que las diferencias entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dificultan las conversaciones y rechazan que la falta de resultados sea responsabilidad exclusiva de La Libertad Avanza. La evaluación oficial es que el PRO debe resolver primero sus disputas internas para avanzar hacia una alianza.

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La reacción se produjo después de que el expresidente afirmara ayer por la noche que “no se avanzó nada” en las conversaciones con el oficialismo. Macri hizo esa declaración durante una actividad de la Fundación Hacemos, organizada por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo. Su evaluación fue respaldada por Fernando de Andreis, uno de los representantes del PRO en la mesa de negociación nacional.

En la conducción libertaria consideran que el macrismo intenta trasladar al Gobierno la responsabilidad por la demora. La Casa Rosada sostiene que no existen condiciones para cerrar un entendimiento mientras persistan las diferencias entre los principales referentes del partido. También compara esa situación con la de la UCR, donde advierte que la falta de una posición partidaria uniforme dificulta la negociación nacional.

El Ejecutivo mantiene, sin embargo, su disposición a respetar las intendencias que actualmente gobierna el PRO en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las condiciones que la Casa Rosada está dispuesta a contemplar dentro de un eventual acuerdo electoral. El objetivo es evitar una fragmentación de las fuerzas que respaldan la reelección de Javier Milei y fortalecer una candidatura para disputar la gobernación bonaerense.

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Diego Santilli, Eduardo Menem y Martín Menem volvieron a recibir a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis en la Casa Rosada (Foto: Presidencia).

La Ciudad de Buenos Aires concentra otra parte de la negociación. En sectores del Gobierno consideran que el entendimiento con Jorge Macri sigue siendo posible, pero advierten que debe quedar articulado con una definición nacional de Mauricio Macri. El oficialismo pretende evitar acuerdos separados que después entren en conflicto con las decisiones de la conducción del PRO y con el armado presidencial de 2027.

En el entorno de Karina Milei sostienen que la estrategia apunta a alcanzar un acuerdo nacional con Mauricio Macri para garantizar su respaldo a la reelección del Presidente. La negociación contempla, además, una distribución de espacios de poder y candidaturas en los principales distritos. Aunque no existe una definición sobre los plazos, dentro del Ejecutivo consideran probable que las conversaciones se aceleren durante los próximos meses.

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POLITICA

Subsidios al transporte. Los intendentes de ciudades del interior vuelven a la carga por la “discriminación”

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CÓRDOBA.- Después de que el Gobierno nacional confirmara que aumentará los subsidios a las empresas de colectivo que cubren el recorrido entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires para evitar una nueva suba del boleto, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó la medida y afirmó que la administración libertaria “hace populismo selectivo”.

Passerini ya inició los contactos con sus colegas de otras ciudades para insistir ante el Congreso en la necesidad de que no haya “discriminación” en la forma en que Nación reparte la asistencia al transporte urbano de pasajeros.

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El Gobierno nacional acordó incrementar las compensaciones económicas exclusivamente para las 104 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA. En esos colectivos el boleto cuesta unos $742,81 frente a los $2150 de Córdoba o Rosario.

“Una vez más, el Gobierno Nacional hace populismo selectivo y destina mayores subsidios al transporte del AMBA para evitar que aumente el boleto; nos siguen discriminando a las ciudades del interior, que afrontamos prácticamente en soledad el costo del transporte público”, posteó Passerini en sus redes sociales.

Pese a la suba del transporte en el AMBA sigue siendo más barato que en el interior.Fabián Marelli

Insistió en que “no hay razones para que reciban un tratamiento diferente” y aclaró: “No estamos cuestionando que se cuide el bolsillo de los usuarios del AMBA. Lo que reclamamos es que ese mismo criterio se aplique en todo el país”.

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La situación replica una que se vivió en mayo de 2024 cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, también incrementó los subsidios del transporte para el AMBA para frenar un nuevo paro.

En ese momento con Passerini y su par de Rosario, Pablo Javkin, a la cabeza se movilizaron intendentes de unas 20 ciudades al Congreso para reclamar un “aporte directo al sistema de transporte de pasajeros por colectivos a favor de las provincias”.

En general, son las provincias y los municipios los que cubren los fondos que dejó de poner la Nación, con lo que el impacto es directo sobre sus cajas.

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“La Argentina no termina en los bordes de la Casa Rosada” y pidió un “país verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades y reglas justas para todos”, afirmó Passerini.

Los intendentes plantearon entonces lo que ahora repiten: el Gobierno central recauda el impuesto a los combustibles, lo que impacta en el precio del gasoil. Si lo eliminara, sería una carga menos para el boleto del transporte urbano.

Precisamente, el Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y trasladó al 1° de diciembre la aplicación de los incrementos que estaban previstos para noviembre. La medida busca quitarle presión a la inflación, luego de que a finales de septiembre las petroleras privadas aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.

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se vivió en mayo de 2024,volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles,aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.,Gabriela Origlia,Conforme a

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POLITICA

Presentaron en el Congreso un proyecto de ley de etiquetado de huevos

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La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de Ley de Etiquetado de Huevos en el Congreso de la Nación. La iniciativa, elaborada por la organización internacional Sinergia Animal apunta a que en Argentina, el país con mayor consumo de este alimento por habitante del mundo y que según proyecciones del sector avícola en 2026 alcanzará un nuevo récord de 430 unidades per cápita, los compradores no tienen forma de saber, mirando el envase, en qué condiciones fue producido el producto.

La iniciativa propone incorporar al etiquetado obligatorio ya existente una categoría que identifique el sistema de producción: jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico. Esa información debería constar en la cara principal del envase de manera visible, legible e indeleble.

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Además, el texto legislativo extiende la obligación a la publicidad: toda comunicación comercial de huevos deberá consignar el sistema de producción correspondiente y quedará prohibido el uso de imágenes o recursos gráficos que induzcan a error. Así, la presencia de gallinas al aire libre en un packaging no podría sugerir ese tipo de cría si los huevos provinieran de un sistema de jaulas.

El proyecto se sustenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. “Lo sustentamos en la Constitución Nacional, lo sustentamos en los derechos del consumidor, en las leyes que nos respaldan”, afirmó Estévez al presentar la iniciativa. La legisladora también señaló que el proyecto ya cuenta con acompañamiento de distintos espacios políticos y que se continúa trabajando para ampliar ese respaldo, al considerar que el enfoque centrado en el consumidor permite abordar la discusión desde perspectivas diversas.

Una encuesta realizada por Sinergia Animal Argentina reveló que más del 78% de los argentinos desconoce que aproximadamente el 90% de la producción nacional de huevos se realiza en sistemas de jaulas. El dato ilustra la distancia entre lo que ocurre en los establecimientos avícolas y lo que llega al conocimiento de quienes compran el producto en góndola.

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La diputada nacional Gabriela Estévez junto a la directora de Sinergia Animal Argentina, Romina Viscarret

“Impulsamos este proyecto porque creemos que el acceso a la información no debería depender de la voluntad de cada empresa. Es importante que existan reglas claras y comunes para que todas las personas puedan conocer cómo se producen los alimentos que compran y tomar sus propias decisiones. No se trata de decirle a nadie qué comprar, sino de garantizar que pueda decidir con conocimiento”, señaló Romina Viscarret, directora de la organización protectora de animales.

Estévez, legisladora cordobesa de Unión por la Patria, amplió ese argumento en declaraciones a Infobae: “Hay un principio muy sencillo detrás de esta iniciativa: cada persona que compra un alimento tiene derecho a saber cómo fue producido. La defensa del consumidor también implica que la información del envase sea clara, verificable y que la publicidad no muestre una realidad distinta de la que existe”.

La diputada también destacó el trabajo articulado con la organización: “Desde el Congreso queremos sumar a ese esfuerzo y generar una herramienta concreta que amplíe derechos y genere estándares más transparentes para toda la cadena”.

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De aprobarse la ley, los envases deberán especificar si el origen de los huevos es de jaula, libre de jaula en galpón o piso, campero o de libre pastoreo, u orgánico (Foto ilustrativa: Jesús Hellín/Europa Press)

No es la primera vez que una propuesta de este tipo llega al Congreso. En 2021, un proyecto similar —también elaborado por Sinergia Animal y presentado en esa oportunidad por el diputado José Luis Ramón, de Unidad Federal— no prosperó. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) expresó un fuerte rechazo. Javier Prida, titular de la entidad, cuestionó entonces tanto la forma como el fondo de la iniciativa. “El proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor qué tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable”, afirmó en aquel momento.

Prida también argumentó que la industria avícola argentina cumple con la normativa de la Organización Mundial de Sanidad Animal y que está fiscalizada por el Senasa. Sobre las condiciones de alojamiento, sostuvo que las afirmaciones sobre hacinamiento o maltrato “son mentira”. “Vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos que instalan modas para sus habitantes con un poder adquisitivo más alto que en la Argentina”, señaló.

El texto del nuevo proyecto contempla un plazo de adecuación de doce meses desde su reglamentación, con la posibilidad de cronogramas progresivos según la escala productiva. No propone prohibir la comercialización de huevos de ningún sistema ni imponer un modelo de cría determinado: su alcance se limita a que las diferencias entre las alternativas disponibles sean identificables para el consumidor. Las sanciones por incumplimiento quedarían encuadradas en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, entre otras normas vigentes.

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