POLITICA
El fiscal solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.
En principio aparece como poco probable que el juez acepte el pedido, según dijeron a fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.
La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió .
El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.
Mola en paralelo pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.
El fiscal quiere comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados es efectivamente de esa residencia.
Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar, y el exjefe de Gabinete bonaerense vive en su histórica casa del centro de Banfield.
Además, Mola solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.
Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof).
Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.
El domingo pasado, a la vez, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió .
Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento un hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Insaurralde por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.
videos grabados,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza reúne a sus principales referentes en Río Gallegos para fortalecer el armado en Santa Cruz
La Libertad Avanza realiza este viernes en Río Gallegos un encuentro con fuerte contenido político que reúne a dirigentes nacionales, legisladores y referentes provinciales del espacio. Bajo el nombre Foro Austral de la Libertad, la actividad busca consolidar el armado libertario en Santa Cruz rumbo al calendario electoral de 2027.
El evento se desarrolla desde las 15 en un salón ubicado sobre la avenida Magallanes y cuenta con la presencia de alrededor de medio centenar de dirigentes vinculados al oficialismo nacional. La apertura estará a cargo del diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán.
Entre los referentes nacionales que confirmaron su participación figuran Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce y el senador Juan Carlos Pagotto, además de otros dirigentes del espacio.
Según trascendió en medios santacruceños, el encuentro también podría servir para formalizar el lanzamiento de Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz por La Libertad Avanza, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial.
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La jornada estará organizada en cuatro paneles temáticos que abordarán algunos de los principales ejes de la agenda política del oficialismo.
El primero, titulado “Las reformas para una Argentina potencia”, estará enfocado en las transformaciones económicas e institucionales impulsadas por el Gobierno nacional y contará con las exposiciones de Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde y Rubén Argomil.
Luego será el turno del panel “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias”, en el que participarán Lilia Lemoine, Juan Carlos Pagotto, María Celeste Ponce y Álvarez Martínez.
Tras un receso, el foro continuará con el debate “Reforma electoral: más transparencia, menos privilegios”, donde expondrán Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel.
El cierre estará dedicado a uno de los conceptos que el oficialismo convirtió en una de sus principales banderas políticas: “La batalla cultural: la defensa de las ideas de la libertad”. En ese panel disertarán Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Gabriel Ballerini, María Emilia Orozco y nuevamente Lilia Lemoine.
Con esta actividad, La Libertad Avanza busca profundizar su presencia territorial en Santa Cruz y comenzar a delinear la estrategia política con vistas a las próximas elecciones provinciales.
La Libertad Avanza, Santa Cruz, Elecciones
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
megaferia La Salada,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Cooperativistas prendieron fuego la entrada de la municipalidad de La Plata y rompieron vidrios
El humo, el fuego y las piedras protagonizaron la mañana de este viernes en La Plata, luego de que una manifestación de cooperativistas frente a la municipalidad local derivara en serios incidentes que culminaron con la detención de 19 personas.
Antes de las 10 de la mañana se congregó frente al edificio municipal un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak para los servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido en todo el partido de La Plata. De hecho, ya se llamó a licitación pública y a las 13.30 de hoy vencía el plazo para la compra de pliegos por parte de los interesados.
La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.
Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.
La llegada de refuerzos policiales hizo que los manifestantes se dispersaran hasta su retirada final.
Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.
Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.
Más allá de que sus tareas no fueron incluidas en la licitación, recolectores y recicladores acompañaron la manifestación por temor a perder sus fuentes de trabajo.
Tras las 19 detenciones, las organizaciones involucradas convocaron a una nueva manifestación, pero frente a la Comisaría 1° de La Plata, para exigir las liberaciones de sus compañeros, de los cuales varios pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha. Además, responsabilizaron al intendente Alak por “las detenciones arbitrarias”.
A raíz de los enfrentamientos, cinco policías recibieron heridas leves.
Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.
“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, agregaron.
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