Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que quita los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner en vigencia el artículo 154 del megadecreto 70/23 de inicios del gobierno de Javier Milei, diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “vergonzoso” y “escandaloso”.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad de ese artículo, que derogaba la ley de Tierras establecida en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, tras una presentación de inconstitucionalidad realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte revocó el fallo tras concluir que la agrupación no contaba con la representatividad suficiente como para solicitar la suspensión del decreto presidencial. Indicaron los jueces de la Corte que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

En redes sociales, no tardaron en aparecer las críticas hacia el fallo, en especial de voces opositoras a la administración libertaria. Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.

En ese sentido, añadió: “No puede haber espacio para que justicia le de la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la ley de Tierras y la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan sólo algunas semanas”.

A su crítica se plegó el diputado de FIT Nicolás del Caño: “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (…) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2×1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles».

Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, ésta Corte esta ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.

Quien se manifestó también fue el diputado de Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, Diputados y Senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.

Leopoldo Moreau, de la bancada kirchnerista, tildó al fallo de “vergonzoso” y acusó a la Corte Suprema de “dar la espalda” a la soberanía nacional. “Habilita al gobierno de Milei a la venta indiscriminada y sin límites de ninguna naturaleza de territorio y de los recursos naturales de nuestro país. Para ellos, los excombatientes de Malvinas no tienen legitimidad para impulsar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de un DNU que incluso ya tenía un rechazo parcial del Senado de la Nación”, sostuvo.

Además marcó que la Argentina atraviesa un momento “peligroso e inestable” y dijo que algunas potencias mundiales “han puesto el ojo” sobre la mitad del territorio nacional. “Todo esto ocurre en un momento peligroso e inestable, donde algunas potencias del mundo han puesto el ojo sobre lo que es la mitad del territorio nacional. El Gobierno festeja pero todo esto deja al desnudo que la supuesta preocupación de Milei y su secta por la soberanía de Malvinas es sólo una puesta en escena que, en todo caso, pretende sustituir en el territorio continental la hegemonía colonial de Gran Bretaña por la pretensión imperial de Estados Unidos que pretende extenderse desde el Ártico hasta la Antártida”, apuntó.

En esta línea, el diputado Juan Grabois llamó a “voltear” el fallo de la Corte. “La lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás ¿esto es democracia?“, cuestionó.

También se manifestó Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, que advirtió que la oposición intentará que se dé marcha atrás con el fallo: “Esto no va a quedar acá. El pueblo frenó el remate de nuestras tierras. Ahora la Corte pretende volver a habilitarlo. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo. La Argentina no se vende, la soberanía no se entrega”.

Por último, la diputada Gabriela Estévez, también de Unión por la Patria, cruzó: “Milei derogó por decreto la ley que ponía límites a la extranjerización de nuestras tierras. Ahora la Corte dejó sin efecto el fallo que había frenado esa derogación. A los excombatientes los mandaron a Malvinas a defender la soberanía, hoy les dicen que no están legitimados para reclamar por ella ante la Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia intervino en una disputa entre influencers y revocó un fallo que impedía a una instagramer y a sus seguidores criticar a otra, pues dijo que de ese modo se restringía el derecho a la libertad de expresión.

El fallo revisa la colisión del derecho al honor con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión en redes sociales.

La Corte Suprema intervino en una demanda que impulsó una instagramer contra otra influencer a la que acusó de hostigamiento digital.

El máximo tribunal revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional en lo Civil, que había ordenado que la demandada, por un lado, eliminara sus publicaciones agraviantes y, por otro, que en el futuro ella y sus seguidores dejaran de mandarle mensajes que la afectaran.

Para los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la “vaguedad” y amplitud de la medida de la Cámara Civil “restringió el derecho a la libertad de expresión” sin un análisis que así lo justificara.

El caso analizado fue el conflicto desatado entre dos usuarias de las redes, Candela Sánchez (@candelasancheszf), que solicitó una medida cautelar preventiva contra Mariana Alejandra Núñez (@nanainseul).

En su demanda, Candela Sánchez se presentó como comunicadora digital, con más de 200.000 seguidores de Instagram, autora de un libro y “embajadora” de ciertas marcas.

Según dijo, sufría un “continuo acoso y hostigamiento cibernético” por parte de María Alejandra Nuñez, a la que calificó como una “reconocida hater e influencer”, y se quejó porque ella y sus seguidores la tildaban de “canjela” porque vivía de canjes. Y le decían “la comunicadora”, “lacandela”, “laadministradora” o “candemoncha”.

Por eso, reclamó que la demandada se abstuviera de publicar sobre ella a través de su nombre o seudónimos, eliminara de sus redes las publicaciones que la atacaban y efectuara una publicación en forma permanente y sin posibilidad de comentarios de terceros para informar de la medida judicial. Y solicitó además que sus seguidores se abstuvieran de intimidarla.

La jueza de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenó a la demandada cesar con las publicaciones e indicó a la Enacom que se informara a los medios de comunicación masiva de esa decisión judicial. La Sala K de la Cámara Civil confirmó la sentencia.

Sin embargo, la influencer demandada apeló: dijo que es una figura pública y que los comentarios habían sido realizados en sus redes sociales de X e Instagram donde, dijo, es “usual la confrontación social y política”.

La Corte Suprema, haciendo hincapié en su doctrina en defensa de la libertad de expresión, revocó la medida de la Cámara Civil al sostener que toda restricción o limitación a ese derecho que impida o dificulte un proceso comunicacional “debe ser de interpretación restrictiva y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad”.

“La actora se define como una ‘comunicadora digital’, ‘instagramer’ e ‘influencer’ que estaría sufriendo, según afirma, un continuo acoso y hostigamiento cibernético por parte de la demandada que, de acuerdo con lo alegado, sería otra reconocida ‘influencer’. Es decir, ambas partes tienen una alta exposición pública en las redes sociales. De las constancias de la causa surge que la demandante expone abiertamente en Instagram distintas facetas de su vida −junto con actividades comerciales−, interactúa con otras personas y, por lo tanto, habilita comentarios y críticas acerca del contenido de las publicaciones que comparte en dichos medios”, señaló el voto de Rosatti y de Rosenkrantz.

“Desde esta perspectiva, la cámara confirmó la admisión de una medida que interrumpe el proceso comunicacional en las redes sociales sin hacer ponderación alguna de las referidas circunstancias y sin precisar cuáles de los contenidos publicados serían ajenos a la exposición pública que la actora voluntaria y libremente ha elegido tener en ese ámbito. Al decidir de ese modo restringió el derecho a la libertad de expresión sin un análisis que así lo autorizara”, agregó la Corte.

El máximo tribunal señaló que “la admisión de una medida cautelar como la de autos, sin precisar cuáles contenidos vulnerarían los derechos a la intimidad y al honor invocados por la actora, además de afectar el derecho de defensa de la destinataria en punto a la posibilidad de alegar sobre la legalidad de dichos contenidos, configura una indebida restricción a la libertad susceptible de generar un efecto inhibitorio no solo en la demandada, sino también en otros usuarios de las redes sociales”.

En ese sentido, añadió: “La orden dispuesta con un alcance excesivamente amplio para que la demandada se abstenga en el futuro de aludir públicamente a la actora, importa una clara censura previa en los términos del referido artículo 14 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Y señalaron que “ese contexto particular en el que tuvieron lugar las expresiones que se han reputado lesivas del honor de la actora, debió ser motivo de ponderación por los jueces de la causa a fin de emitir un juicio —aunque fuera provisional— sobre su licitud, de acuerdo con el estándar que esta Corte ha establecido en sus fallos”.

Con su propio voto, el juez Lorenzetti se pronunció en el mismo sentido, donde hizo hincapié en la doctrina de la Corte Suprema sobre libertad de expresión y la aplicación de ese derecho en los tiempos de las redes sociales.

“La libertad de expresión es un valor del sistema democrático con la máxima protección y existe una amplia legitimación para reclamar por su defensa como derecho de incidencia colectiva. Ello debe ser distinguido del ejercicio individual que toda persona posee para expresarse en medios digitales. La censura previa de ese derecho no es admisible en ningún caso”, dijo Lorenzetti.

Sostuvo que “la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional (artículos 14 y 32) y por diversos tratados de derechos humanos tiene un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales, entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática”.

“La sentencia (de la Cámara Civil) debe ser descalificada porque no se basa en una argumentación razonable, legítima y controlable por las partes y la sociedad, lesionando valores centrales del ordenamiento jurídico”, dijo Lorenzetti.