Con media sanción en Diputados, el Súper RIGI abrió un debate que excede largamente la discusión parlamentaria. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, economistas, industriales e inversores discrepan sobre una pregunta de fondo: cuánto debe ceder el Estado para atraer inversiones y qué debería exigir a cambio.

El proyecto fue presentado como una segunda edición del RIGI original, que vence en julio del próximo año. El último miércoles, obtuvo media sanción en Diputados por una mayoría ajustada: 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue girado al Senado para su revisión final.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Durante el debate, La Libertad Avanza (LLA) defendió la iniciativa como un régimen orientado a atraer inversiones en sectores que todavía no existen en el país. La oposición, en cambio, denunció un esquema de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios. Esa misma tensión se replica fuera del Congreso.

Desde la óptica de los mercados financieros, JP Morgan considera que el Súper RIGI es un “instrumento de política bien diseñado, estructuralmente superior al RIGI original”. El banco destaca que el régimen se apoya en la idea de “adicionalidad”: busca atraer inversiones en sectores totalmente nuevos y, al mismo tiempo, evitar que empresas ya existentes migren al nuevo esquema para capturar beneficios fiscales sin generar valor adicional.

También relativiza las críticas por el impacto en la recaudación. Según su análisis, “los costos fiscales probablemente sean menores de lo que sugieren los críticos”, porque el régimen apunta a sectores donde la Argentina hoy tiene “poca o ninguna base imponible”. Desde esa perspectiva, el Estado no resigna ingresos existentes, sino que intenta crear nuevas fuentes de recaudación a partir de inversiones que hoy no ocurren.

El contrapunto aparece en el análisis del Centro de Economía Política Argentina. El CEPA pone el foco en otra variable: cuánto dejará de recaudar el Estado si esos proyectos efectivamente se concretan. Tomando como antecedente los emprendimientos ya aprobados bajo el RIGI, estima que, una vez alcanzada la plena producción, el costo fiscal anual superará los US$1800 millones.

Según el informe, la mayor parte de esa renuncia tributaria proviene de la eliminación de retenciones a las exportaciones, por US$851 millones anuales, y de la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, que implicaría otros US$545 millones por año. Precisamente este último beneficio se profundiza en el Súper RIGI, que reduce la tasa al 15%.

En otras palabras, mientras JP Morgan sostiene que el costo fiscal será acotado porque el régimen generará actividades inexistentes hasta ahora, el CEPA advierte que, una vez que esas inversiones entren en producción, la magnitud de los beneficios tributarios implicará una renuncia recaudatoria significativa.

Desde Fundar -una organización destinada al análisis y diseño de políticas públicas para el desarrollo- , la crítica apunta menos al incentivo en sí que a las condiciones exigidas a cambio. La fundación sostiene que el régimen “desperdicia una oportunidad de desarrollo” y advierte que “dar garantías no es lo mismo que dar concesiones ilimitadas”.

Guido Zack, director de Economía de Fundar, lo resume así: “Estamos dando más concesiones de lo que las empresas piden y estamos pidiendo a cambio menos cosas de las que las empresas estarían dispuestas a dar. Argentina tiene activos muy interesantes para estas empresas”.

El principal riesgo, según Fundar, es que el régimen derive en una economía de enclave: grandes inversiones que operen en el territorio, utilicen recursos estratégicos como energía y agua, pero sin integrarse al entramado productivo local. Zack lo define como “un subespacio que funciona con sus propias reglas y no deja nada a la economía en su conjunto”.

Para la fundación, el resultado podría ser una inversión que “no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores”. De allí surge su consigna: “Inversión sí; enclave no”.

Preocupación de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) comparte parte de esa preocupación, aunque desde otro ángulo. La entidad que preside Martín Rappallini advierte que el Súper RIGI puede consolidar dos marcos regulatorios distintos: uno excepcional para proyectos nuevos y otro mucho más gravoso para la industria que ya produce en el país.

La UIA cuestionó que el proyecto original excluyera las ampliaciones de plantas existentes y eliminara el compromiso de contratación local previsto en el RIGI. Durante el debate en comisiones, parte de esas observaciones fueron incorporadas al dictamen que obtuvo media sanción. El texto girado al Senado obliga a los proyectos a presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, suma incentivos para inversiones en investigación y desarrollo, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público de los emprendimientos aprobados.

Para la entidad, sin embargo, esas modificaciones no alcanzan. Sostiene que, mientras los nuevos proyectos acceden a beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios, la industria instalada continúa enfrentando una sobrecarga tributaria, altos costos de financiamiento y tasas municipales que afectan especialmente a las pymes.

La UIA sugiere, entonces, la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación. Y propone que se incluyan mecanismos para verificar la existencia de proveedores locales disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Restricciones municipales y arbitraje internacional

La discusión también se extiende al plano jurídico. JP Morgan sostiene que los principales riesgos del proyecto son políticos, no económicos, por la resistencia que podrían generar las restricciones tributarias a provincias y municipios y las cláusulas de arbitraje internacional.

En ese punto, el texto aprobado habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales -como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje- en caso de controversias con el Estado argentino. Además, considera a los derechos otorgados por el régimen como “inversiones protegidas” en el marco de los tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos si futuras modificaciones regulatorias afectan esos beneficios.

También establece que las provincias adheridas deberán mantener la alícuota de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminar el impuesto de Sellos y otros tributos locales aplicables a los proyectos alcanzados.

Para JP Morgan, estas disposiciones fortalecen la seguridad jurídica del régimen. En particular, considera que el acceso directo al arbitraje internacional refuerza la credibilidad del esquema para los inversores.

Fundar, en cambio, ve allí una cesión de soberanía. Según su análisis, el arbitraje internacional debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir las propias condicionalidades que eventualmente se pacten, porque cualquier controversia quedaría bajo estándares externos y no necesariamente bajo la legislación nacional.

Cómo evitar que a Javier Milei le vuelva a explotar en la cara otro caso Manuel Adorni. En eso trabaja la mesa política del Gobierno.

Son los mismos que suponen que “ahora, sin el lastre de Manuel” el presidente será reelecto en 2027. En este reducido grupo se encuentran, por supuesto, Karina Milei, Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli, el flamante jefe de Gabinete designado que sueña con gobernar la provincia de Buenos Aires.

Todos ellos coinciden en que las buenas noticias de la economía, combinadas con la aparente implosión del peronismo, harían a Milei “imbatible”.

Ahora, el clima de “borrón y cuenta nueva” parece embellecerlo todo. Sin embargo, los hombres y mujeres del presidente harían bien en repasar cómo se llegó hasta el borde de este desastre, para que no se repita.

Fue un calvario de 112 días que se inició con foto de Adorni y su esposa en la tumba del Rebe Lubavitch en Nueva York y terminó con una desgraciada carta de renuncia del día del ayer (sábado).

Una pesadilla, que incluyó:

Y una cantidad innumerable de mentiras.

Pero la carta de renuncia de Adorni es una insuperable muestra de narcisismo político. O de narcisismo a secas. Con un altísimo grado de victimización. Y nada de autocrítica. Como si él estuviera por encima de todo y de todos. Incluido el presidente y sus votantes.

¿Por qué Milei, Karina Milei y Martín Menem, de manera explícita, llegaron a poner “las manos en el fuego” por Adorni? ¿Y cómo pudo Adorni mentirle al presidente y a su hermana durante tanto tiempo?

¿Es, Milei, excesivamente desconfiado con las personas a quienes aborrece, y excesivamente indulgente con las personas a las que le tiene cariño? Porque no entregar a Adorni ante la primera sospecha tiene sentido, pero sostenerlo, hasta el punto de que se empiece a dudar sobre la complicidad del propio Milei con el sospechado, es casi suicida.

Una cosa es ser víctima de una operación y otra aceptar una mentira sobre otra, mientras, como parte de la sociedad, seguimos las alternativas del caso con angustia y la sensación de que nos toman por idiotas.

Que Adorni haya dado un paso al costado es una muy buena noticia para el país. Pero sería una muy mala noticia que, ahora que se salió de “la trampa Adorni”, en el Gobierno se empiecen a pelear, para ver quien la “tiene más grande”.

Primero, la información

La decisión de designar a Santilli fue, exclusiva, del presidente. Lo empezaron a discutir, en absoluta reserva, con Karina Milei, desde hace casi un mes.

La advertencia de Patricia Bullrich a Karina Milei, el jueves pasado, anticipando que no podría evitar una moción de censura en el Senado, no hizo más que precipitar una medida que ya había sido pensada. Incluso antes del viaje de Milei a Madrid.

Así pareció demostrarlo el giro en las declaraciones del presidente, en una entrevista con Fernando González, director de El Observador de España, al advertir que, si la justicia condenara a Adorni, él le daría “una patada en el culo”.

Pero esto no le quita el mérito de Bullrich de haber sido la primera en oponerse a la estrategia de blindarlo, cueste lo que cueste.

Más información

Ni Milei ni Karina pusieron a consideración de nadie el nombramiento de Santilli. Solo dieron por hecho que Santiago Caputo no se opondría.

Además, Karina Milei descartó de plano la posibilidad de asumir como jefa de Gabinete. Considera que está muy bien donde está: como custodia “política y humana” de su hermano.

Ahora Karina y Santiago Caputo están dando las últimas puntadas al organigrama para que todo vuelva a empezar, pero de manera más virtuosa.

Santilli absorberá las funciones de jefe de Gabinete y ministro del Interior. Ignacio Devitt será su segundo. La Secretaría de Medios, a cargo de Fabián Fernández, regresará a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, como en la época de Guillermo Francos. Y la Vocería, a cargo de Adrián Ravier, quedará “colgada”, directamente, de Milei.

¿Es otra buena noticia? Parecería que sí, ya que Ravier considera a los periodistas no una “manga de ensobrados”, sino profesionales que representan uno de los “ejes centrales de la democracia en nuestro país”.

Queda solo una sospecha por dilucidar

¿Lo que ayudó a precipitar el fin Adorni fue un supuesto mensaje con malas noticias enviado desde Comodoro Py? Cerca de Juan Bautista Mahiques juran que el ministro jamás ofreció garantías de que Adorni quedaría indemne. “No se lo garantizó ni a Milei ni a nadie”. Tampoco le garantizaron su sobreseimiento ni el fiscal Gerardo Pollicita, ni el juez Ariel Lijo.

Más bien, los que conocen la dinámica de Py argumentan todo lo contrario. Es decir: con semejante nivel de sospecha y exposición mediática, Adorni iba a ser indagado y procesado, por enriquecimiento ilícito, más temprano que tarde. Lo que hubiera puesto al Gobierno al borde del knock out.

Otra incógnita

¿Pueden ser considerados “lo mismo” los casos de Adorni y los de Martín Insaurralde? ¿No es acaso casi un chiste la cascada de Adorni comparada con los fajos de billetes que sumarían más de 10 millones de dólares, alojados en el vestidor de Jésica Cirio?

Porque eso era lo que precisamente veían advirtiendo tanto Bullrich como Mauricio Macri. Que para la opinión pública, Adorni e Insaurralde empezaban a parecer lo mismo.

Con la salida de Adorni, la vigencia del escándalo del vestidor y la sangría que le está produciendo al PJ la interna entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y sus satélites; sumadas a la causa de las SIRA, las desventuras de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el procesamiento de Juan Grabois y la acusación de maltrato contra Nacho Levy, el futuro de la oposición parece más oscuro que nunca.

Y esa sería la mejor música para los oídos de Milei.