El Gobierno fija un cronograma para avanzar con la reforma electoral y apunta a lograr media sanción en el Senado durante agosto. En la Casa Rosada aceleran las negociaciones con gobernadores y aliados tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, pero en distintos despachos oficiales reconocen que todavía faltan cerrar adhesiones de algunos mandatarios provinciales.

La reforma electoral será uno de los temas centrales de la próxima reunión de la mesa política, que el Gobierno prepara para la semana que viene. Será el primer encuentro formal de ese esquema con Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni, y volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 aseguran que tienen “el 70%” de la reforma cerrada, aunque remarcan que la decisión política es no tratarla por partes. La Casa Rosada quiere evitar que el Congreso avance sólo con los capítulos menos conflictivos y deje para más adelante la discusión central: la eliminación o suspensión de las PASO.

“La traba está en las PASO”, insisten en Nación. El oficialismo mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las primarias, pero admite que la suspensión por un año aparece como la variante con más margen de negociación entre gobernadores y bloques dialoguistas. En el Senado, Patricia Bullrich ya había transmitido que los números no alcanzan para una derogación total.

El Gobierno busca que la reforma electoral obtenga media sanción en agosto. Para eso, Santilli deberá acelerar conversaciones con mandatarios provinciales, senadores aliados y bloques dialoguistas. En la Casa Rosada consideran que Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro están “adentro” de la negociación, aunque en varios despachos oficiales aceptan que todavía hay gobernadores que piden cambios antes de comprometer su apoyo.

La discusión con las provincias no se limita a las PASO. También aparecen reclamos por fondos, obras, coparticipación, transporte y margen de competencia electoral en cada distrito. En Balcarce 50 entienden que la reforma electoral se cruzará inevitablemente con el armado de 2027: qué candidatos pondrá La Libertad Avanza, dónde jugará fuerte y en qué provincias buscará no romper los puentes con los mandatarios.

Una de las alternativas que evalúa el Gobierno es habilitar un sistema de listas compartidas en las elecciones generales, adaptado al esquema de Boleta Única de Papel. En Balcarce 50 lo presentan como una herramienta para ordenar a aliados sin PASO: distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei, de forma que diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados disputen votos dentro de una misma oferta nacional.

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En el oficialismo evitan definirlo como una colectora tradicional, pero reconocen que el mecanismo funcionaría con una lógica similar. La idea es que Milei pueda encabezar la boleta nacional y que, en determinados distritos, se habiliten nóminas legislativas complementarias de aliados, como sectores de la UCR, el PRO o partidos provinciales. La definición dependería de cada provincia, del peso territorial de cada socio y de quién tenga mejores condiciones electorales.

El objetivo político es doble: ofrecerles a los aliados un incentivo para acompañar la eliminación o suspensión de las PASO y evitar que las provincias desdoblen sus elecciones para preservar sus armados locales. En la Casa Rosada creen que un esquema de listas compartidas podría contener a sectores radicales y del PRO que hoy rechazan quedarse sin primarias como mecanismo ordenador de candidaturas.

El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones también en el capítulo de financiamiento público de los partidos durante las campañas electorales. En el borrador original, el Ejecutivo planteaba una reducción fuerte de esos aportes. Ahora, en la Casa Rosada admiten que podrían moderar esa baja para acercar posiciones con aliados. “En vez de reducirlo fuerte, podemos bajarlo un 80%”, explican en Nación.

Ese punto forma parte de la negociación más amplia. La reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero busca reordenar el régimen de financiamiento de campaña, endurecer controles sobre aportes, publicidad y rendiciones, y reducir el peso del Estado en la estructura electoral. En el oficialismo creen que ese capítulo puede ser ajustado sin afectar el corazón político del proyecto.

La reforma también incluye cambios en la vida interna de los partidos políticos. El texto eleva las exigencias de territorialidad para constituir partidos nacionales, aumenta requisitos de afiliación, incorpora herramientas digitales y mecanismos de autenticación biométrica para respaldar afiliaciones y postulaciones, y fija causales más duras de caducidad para fuerzas que no alcancen mínimos electorales.

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Otro capítulo sensible es el de la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa incorporar un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que la primera implementación del sistema generó confusiones entre categorías. Ese punto también podría abrir discusiones con aliados que advierten sobre el impacto práctico de modificar nuevamente las reglas electorales.

En el Gobierno insisten en que no quieren separar esos capítulos. La definición es tratar la reforma como un paquete integral, aunque eso obligue a sostener negociaciones más largas. La Casa Rosada teme que, si acepta votar por partes, el Congreso avance con los cambios de consenso y deje trabado el punto que más le interesa al oficialismo: las PASO.

La estrategia legislativa se concentrará en el Senado. En Balcarce 50 no prevén convocar a una sesión en Diputados durante julio y buscan focalizar todo en la Cámara alta, donde ya hay varios proyectos en tratamiento. Además de la reforma electoral, el oficialismo quiere mover el paquete de propiedad privada, el régimen de Zona Fría, pliegos judiciales y otras iniciativas que quedaron pendientes por la crisis política que generó el caso Adorni.

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