Hace 20 años, cuando Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Selección y no había debutado todavía en los mundiales, nacía en el juzgado de Ariel Lijo la causa por el presunto vaciamiento de YPF.

Desde entonces, el expediente fue sumando fojas y nuevos ejes sin exhibir avances significativos que permitan esclarecer la compleja trama que se tejió en derredor de la petrolera.

El último movimiento de la causa fue la semana pasada, en la Cámara Federal. El tribunal aceptó como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que desde ahora podrá incidir en el desarrollo del proceso, proponer pruebas y cuestionar resoluciones.

El movimiento fue leído como una nueva señal emitida por la Sala I de la Cámara para darle vida a un expediente abandonado. En noviembre pasado, los mismos jueces, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, habían convertido en acusadoras a dos de las provincias involucradas en el conflicto, Mendoza y Chubut.

Quienes conocen el caso en toda su dimensión reconocen que se trata de un expediente “difícil”, en el que se fueron apilando capas y capas hasta sumar hoy más de 4000 fojas. Pese a ello, señalan que está prácticamente detenido, con medidas pendientes desde hace varios años, como un ambicioso e inconcluso peritaje y una serie de exhortos al exterior que aguardan respuesta.

La denuncia original, formulada por Elisa Carrió a principios de 2006, apuntaba a la supuesta ausencia de control por parte del Estado sobre la explotación que ejercía la petrolera española Repsol.

Pero con el ingreso en 2008 de la familia Eskenazi a la compañía, el expediente incorporó un segundo nudo.

En una maniobra a dos tiempos, dos empresas del Grupo Petersen -desprovistas de recorrido en el rubro- se hicieron con el 25% de las acciones de la petrolera. La operación se ejecutó a través de un esquema de crédito bancario que implicó el desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares por parte de al menos cuatro bancos privados.

Esa deuda fue parcialmente cancelada con los dividendos que la compañía giraba a sus accionistas, lo que afianzó una hipótesis preexistente en la causa: que aquellos giros no salían de ganancias genuinas de la compañía, sino de un proceso de endeudamiento que se profundizó con la llegada de los Eskenazi.

Según las estimaciones que constan en las actas de la causa, entre 2005 y 2012, YPF habría repartido unos 34.000 millones de pesos. Y para hacer frente a esa salida de dinero, la empresa se habría endeudado en un 800%.

Una parte de la madeja financiera pretendía ser desenredada por un ambicioso peritaje. En diciembre de 2016, hace casi 10 años, Lijo ordenó la realización de este amplio trabajo interdisciplinario, pero la respuesta que llegó desde los organismos que debían llevarlo a cabo fue que no se contaba con recursos técnicos suficientes para hacerlo, al menos no en su totalidad.

Con ese trabajo pericial se pretendía esclarecer si hubo una sobreexplotación de los recursos de la empresa y si existió una maniobra para vaciarla; también, si existieron irregularidades en el ingreso de los Eskenazi a la compañía.

Más allá de algún informe parcial, el peritaje no pudo realizarse y este año cumplirá una década de solicitado.

Otra de las medidas que aguarda cumplimiento desde hace años es un pedido de información a España. Es sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen que se hicieron de las acciones de YPF.

Fue como consecuencia del otro vuelco que tuvo la historia en 2012, con la estatización de YPF que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof. El movimiento abrió un frente internacional aún en curso.

El Estado retomó así el control de la empresa petrolera y prohibió el giro de utilidades. Con Julio De Vido como interventor, rompió el esquema de pagos con el que Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., las dos empresas de la familia Eskenazi, pagaban sus deudas. Las empresas entraron en concurso y los bancos acreedores se quedaron con una porción de sus acciones en YPF.

En febrero de 2019, Lijo pidió a un juzgado de Madrid información sobre aquel proceso de quiebra. Sin conseguir respuestas, el juez insistió cuatro años después y de nuevo en diciembre pasado, cuando libró un nuevo exhorto reiterando el pedido. A la fecha, no hay novedades, según fuentes informadas sobre el devenir de la causa.

La medida estaría orientada a probar una de las hipótesis del caso: que los bancos que le prestaron el dinero al Grupo Petersen para su ingreso a la compañía tenían como garantía una porción de los “fondos de Santa Cruz”. Es decir, que parte del dinero que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador y guardó en una cuenta del Credit Suisse, en Suiza.

La teoría, elaborada en parte por la Unidad de Información Financiera (UIF), se sustenta en que el Credit Suisse fue quien lideró el consorcio de bancos internacionales que otorgaron aquel crédito a los Eskenazi.

En octubre del año pasado, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que representa los intereses del Estado en el conflicto, le pidió a Lijo que lanzara otra botella al mar y le requiriera al Credit Suisse información sobre aquella ingeniería financiera para confirmar si los fondos públicos de Santa Cruz fueron efectivamente utilizados como garantía. Pero la medida, a pesar de obtener un dictamen fiscal favorable, hasta el momento no fue ordenada.

También solicitó incorporar a la causa prueba producida en otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas. Entre ellas, las declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, y Ernesto Clarens, el financista que hacía de nexo con los empresarios.

Más exhortos

Con los Estados Unidos, el juzgado de Lijo tiene otro canal de información, más fluido que el de España, sostienen fuentes judiciales. Está basado principalmente en la causa que tramita en Nueva York, abierta tras la estatización de 2012, cuya implementación desatendió dos artículos del estatuto de la compañía, establecido con la privatización de YPF en 1993.

Esas normas internas obligaban a quienes se hacían con un determinado piso de acciones a extender esa misma oferta al resto de los accionistas. Por incumplirlas, el país sufrió un primer revés con el fallo de Loretta Preska que ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares, sentencia que fue luego revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, en marzo de este año.

El intercambio con los Estados Unidos empezó en agosto de 2023. El juez Lijo solicitó a la Corte de Nueva York que remitiera a su juzgado de Comodoro Py el fallo de Preska. Fue correspondido en julio de 2024.

Lijo amplió su requerimiento solicitando no solo el fallo, sino también un informe sobre el estado general de la causa en suelo estadounidense.

En diciembre último, un mes después de que la causa se moviera con la llegada de las provincias de Mendoza y Chubut como querellantes, el juez Lijo envió un nuevo exhorto con el que puso a la jueza Preska en formal conocimiento de la existencia de la investigación penal en Argentina.