POLITICA
El impacto de los cambios que se aprobaron en el Congreso
El proyecto que se aprobó esta mañana en Diputados incluye, entre sus puntos centrales, el cambio de la fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones y pensiones, el salario familiar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. A continuación, una guía sobre cómo será el sistema si se aprueba la ley.
-¿En qué consiste el cambio de fórmula de movilidad?
-La fórmula que se aplica desde 2009 se basa en la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios con los que se pagan parte de las jubilaciones (la forma de financiamiento cambiaría con la reforma tributaria). La fórmula propuesta contempla el 70% de la variación trimestral del índice de inflación y el 30% de la evolución del índice salarial denominado Ripte.
-¿Cuándo se darán las subas?
-En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
-¿Cómo funcionará la garantía del 82% del salario mínimo?
-Desde enero, los jubilados con 30 años de aportes en su vida activa no podrán cobrar menos del 82% del salario mínimo. En el inicio de 2018, ese haber garantizado será de $ 7790 (7,5% más que el mínimo actual). Esta medida alcanza a quienes hoy cobran algo más que el ingreso básico, pero menos que esos $ 7790. En marzo se recibirá el ajuste por movilidad sólo si el haber que se cobra hoy, ajustado por el índice de la nueva fórmula (5,7%), resulta una cifra mayor que el ingreso de la garantía.
-¿Cómo se aplicaría el pago de un plus en marzo?
-Esta medida se dispondrá al margen de la ley. Según la promesa oficial, el bono será para quienes tengan un haber de hasta $ 10.000. Para quienes hayan obtenido su prestación por tener al menos 30 años de aportes, el monto será de $ 750; de lo contrario, recibirán $ 375. Esto se hace para compensar (sólo en una parte) el efecto del rezago que provocará la forma en que se hará el empalme entre las fórmulas.
-¿Qué habría pasado en caso de aplicarse la fórmula en 2017?
El ajuste en el año habría sido del 23,6%, 4,4 puntos porcentuales menos que la suba otorgada, del 28%. La garantía del 82% sí habría beneficiado a los alcanzados, con un ingreso de $ 6609 entre enero y julio y de $ 7265 hasta diciembre. En cambio, percibieron $ 5661 en enero y febrero; $ 6295 de marzo a agosto, y $ 7246 luego.
-¿La fórmula garantiza mantener el poder adquisitivo?
-No necesariamente. Si en un período los salarios de los trabajadores pierden en términos reales, también perderán los haberes. Y si en un año la inflación fuera al alza respecto del año previo, lo más probable es que tampoco se logre mantener el poder de compra, por el rezago con el que se toman los datos de referencia.
Silvia Stang,Reformas del Gobierno,Congreso Nacional,Conforme a,Reformas del Gobierno,,Desde el lunes. Arrancó el nuevo recibo de sueldo, pero la mayoría de las empresas todavía no logró adaptarse,,Alivio fiscal. El Gobierno eliminó los derechos de exportación a los productos industriales,,Críticas al kirchnerismo. Sturzenegger aseguró que sus desregulaciones favorecen a las PyMEs: “Las grandes empresas buscan tener privilegios”
El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II quedó muy cerca de obtener dictamen al término de un tratamiento exprés en un plenario de comisiones del Senado en la que se discutió el texto sin participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y que duró menos de dos horas.
Al término de la reunión apenas la firma del radical Flavio Fama (Catamarca) separaba al oficialismo del objetivo de darle luz verde al proyecto. Si, como confía la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), ese respaldo se consigue en las próximas horas, la iniciativa quedará habilitada para su debate en la próxima sesión de la Cámara alta.
La firma del despacho sería una señal positiva para el Gobierno que se suma al avance que tuvo esta misma tarde el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen sin cambios con relación a lo aprobado por Diputados y podría ser ley la semana próxima.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificar el régimen tributario y penal vigente para ampliar la presunción de buena fe hacia los contribuyentes y facilitar la regularización de activos dentro del circuito formal.
Para el oficialismo, no se trata de una ley más, sino de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente. Durante años, sostienen sus defensores, el sistema funcionó bajo una lógica de desconfianza, en la que el ciudadano era observado de antemano como un posible evasor.
El nuevo esquema busca invertir esa mirada: partir de la inocencia fiscal y concentrar la capacidad de control del Estado en los casos de mayor gravedad, según explicó el contador Martín Caranta, uno de los invitados a exponer esta tarde ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
“Esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza al contribuyente”, defendió la iniciativa el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). El otro invitado a la reunión fue Juan Martín Jovanovich, abogado especializado en derecho tributario.
La firma del dictamen representará un alivio político para la Casa Rosada, que necesita mostrar capacidad de construcción parlamentaria para sostener su programa económico en medio de un clima que cada día se enrarece más en la Cámara alta.
De hecho, el fracaso en convocar a sesión esta semana para tratar una modificación a la ley de biocombustibles provocó la deserción de la peronista tucumana Beatriz Avila. La senadora alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo integra las dos comisiones que discutieron el proyecto esta tarde, por lo que su ausencia colaboró a demorar la firma del dictamen.
Si logra llegar al recinto con los apoyos necesarios, el proyecto podría convertirse en una pieza clave de la estrategia oficial para incentivar la formalización de ahorros, reducir la litigiosidad tributaria y enviar una señal de previsibilidad al sector privado.
El texto que llegó al Senado con media sanción de Diputados apunta a ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Entre los cambios centrales figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al sistema, hasta ahora fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
De esta manera, el Gobierno busca que más personas puedan formalizar fondos que permanecen fuera del sistema financiero, los llamados “dólares del colchón”, sin quedar expuestas automáticamente a sanciones o investigaciones por parte del fisco.
Otro de los puntos relevantes es la redefinición de las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá objetar una declaración jurada simplificada.
El proyecto limita el uso de indicios y fija parámetros más precisos para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado y la información disponible para el organismo.
También exige que las operaciones se canalicen por vías formales y prevé beneficios asociados a la regularización, como la condonación de determinadas multas, con el argumento de dar mayor seguridad jurídica a quienes decidan ingresar al régimen.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
Cristian Ritondo reconoció que creció la morosidad y adelantó que el PRO prepara una propuesta sobre el sistema de crédito
El jefe del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció este miércoles la problemática por el crecimiento de la morosidad en las familias y adelantó que su espacio presentará una propuesta propia para abordar el problema, alejada de lo que calificó como salidas “populistas” alentadas por la oposición.
El anuncio de Ritondo llegó tras la sesión especial en la que la oposición emplazó a las comisiones correspondientes a tratar el tema del endeudamiento —por el que hay alrededor de 50 iniciativas— junto con la emergencia en discapacidad.
En ese contexto, el diputado admitió en diálogo con TN Central que “la morosidad está más alta”, pero planteó: “Antes no había morosidad porque no había crédito, son dos cosas que van de la mano”.
Sin embargo, a diferencia de la postura del oficialismo, que considera que se trata de “un problema entre privados”, Ritondo sostuvo que el endeudamiento “es un tema a atender”.
“Le faltan recursos a la gente, nadie se endeuda ni no paga porque no quiere. Lo tenemos que atender, sí, pero tenemos que tener cuidado”, advirtió el legislador. Y agregó: “Si nos excedemos podemos jorobar el tema del crédito. Tenemos que ser responsables. Ni populismo, que esto lo pague el Estado porque después lo pagamos todos, ni corregir de una manera donde le ponemos un límite a la tasa, que tiene que ser una cuestión de mercado”.
De esa manera, Ritondo afirmó que su espacio trabajará junto a los economistas del bloque para acompañar una propuesta propia y llevarla al recinto. “Lo vamos a anunciar la semana que viene después de la reunión de bloque, la propuesta que nosotros tenemos para el sistema de crédito y morosidad”, adelantó.
Transparencia en los créditos e impuestos sobre la tasa: las dos propuestas del PRO
Para Ritondo, uno de los puntos centrales a abordar es el sistema de oferta de créditos de las fintech y algunos bancos, donde advirtió que “muchas veces el tomador no tiene claridad sobre lo que efectivamente va a pagar”. Rechazó, sin embargo, la idea de incorporar advertencias visuales similares a los octógonos nutricionales: “Tiene que ser mucho más claro”, planteó como alternativa.
El segundo eje que Ritondo puso sobre la mesa fue el peso de los impuestos en el costo final del financiamiento. Según detalló, sobre la tasa de un crédito se aplica un 21% de IVA, un 8% de Ingresos Brutos y tributos municipales adicionales, que en algunos casos elevan al 37% la porción del costo que no corresponde ni al banco ni al propio crédito.
Leé también: Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en PBA: “Es realmente muy preocupante”
“No hay país en el mundo que tenga carga impositiva sobre un crédito”, sostuvo, y planteó que cualquier corrección en ese sentido deberá discutirse a la par de su impacto sobre el déficit fiscal.
Cuestionamientos a la jueza que suspendió el régimen penal juvenil y la posición del PRO ante el proyecto por Malvinas
Consultado por la decisión de la jueza bonaerense que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, Ritondo consideró que una magistrada puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero cuestionó que se frene una ley nacional aprobada tras “años” de debate y “ocho meses” de trabajo en comisiones con especialistas y organizaciones.
“El principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, y a alguien se le ocurre suspenderlo porque el Ejecutivo no tiene las condiciones para recibir a los presos, es una locura”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que ante la falta de infraestructura en comisarías y en el servicio penitenciario bonaerense, la respuesta no puede ser la suspensión de la ley sino exigirle al Ejecutivo que la cumpla. En ese contexto, el diputado recordó que su bloque ya impulsa un juicio político contra la jueza en el Senado provincial, impulsado por Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata, exjuez y exfiscal.
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“En la provincia de Buenos Aires quisimos terminar con la puerta giratoria y no adhirieron a la ley nacional, ahora suspenden esta ley. En el lugar donde hay que dar la batalla contra la inseguridad el gobernador y algunos jueces miran para el costado”, sentenció.
Finalmente, sobre el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso vinculado a la soberanía sobre las islas Malvinas, Ritondo remarcó que se trata de “un tema de Estado, no partidario” y que el PRO acompaña al Presidente en la iniciativa. Aclaró, sin embargo, que el bloque todavía no conoce el texto del proyecto y que su respaldo estará condicionado a su lectura previa, asesorados por especialistas: “Si no, estamos diciendo que sí a algo que desconocemos”, cerró.
PRO, Cristian Ritondo, endeudamiento
POLITICA
El Gobierno anunció que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas por sus actividades en Malvinas
El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.
“Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, anticipó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Y agregó que esta acción “derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.
La administración de Milei señaló que “el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.
“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, advirtió el Poder Ejecutivo en el comunicado firmado por Milei.
Y reiteró que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.
El martes último el Gobierno había adelantado que sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización, y que se sumaron al listado de 45 anunciadas el viernes pasado, tras la cadena nacional de Milei del día anterior.
En tanto, el Poder Ejecutivo evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual, por lo que entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmaron a fuentes oficiales.
El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados.
La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, con la búsqueda de aplicar no solo de penas más duras sino también alcanzar a otras áreas como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.
Novedades judiciales
Por otro lado, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la Justicia argentina.
La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.
[e]MARTIN ZABALA – XinHua
El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.
sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización,evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos,se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development,Malvinas,Javier Milei,Conforme a
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