POLITICA
El Gobierno avanza con un paquete de reformas sobre Seguridad, Inteligencia y Defensa para enviar al Congreso
El Gobierno avanza con una reforma de seguridad y planea enviarla al Congreso durante este segundo semestre. Se trata de un paquete de leyes en el que los equipos técnicos del Ejecutivo trabajan basados en el marco legal de Estados Unidos y que buscará ordenar cambios sobre Seguridad, Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado.
En la Casa Rosada explican que la iniciativa todavía no está terminada, pero la ubican dentro de los proyectos que Javier Milei quiere impulsar en los próximos meses. “No está listo todavía. Una vez que se termine, entrará en la hoja de ruta legislativa”, expresan en Nación.
El paquete se apoya en modelos como la Ley de Seguridad Nacional estadounidense, que creó en 1947 el Consejo de Seguridad Nacional y la CIA. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar hacia un esquema más integrado de coordinación frente a amenazas como narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, ciberataques, operaciones extranjeras y delitos transnacionales.
Uno de los puntos centrales que analiza el Ejecutivo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el esquema estadounidense. La idea es conformar un órgano de coordinación estratégica que reúna al Presidente, Seguridad, Defensa, Cancillería, la SIDE y el Estado Mayor Conjunto, entre otras áreas, para ordenar decisiones sobre amenazas externas, crimen organizado, terrorismo, inteligencia y cooperación internacional.
El Gobierno ya sancionó la Ley Antimafia, impulsó cambios sobre reincidencia y reiterancia, modificó por decreto los estatutos y funciones de las fuerzas federales, creó herramientas de ciberseguridad y actualizó el marco de Defensa. El nuevo paquete buscará ampliar esa agenda bajo una lógica más amplia de seguridad nacional.
En el Ejecutivo lo presentan como una segunda etapa. La primera incluyó medidas penales, administrativas y operativas; la nueva apunta a darle mayor coherencia institucional al vínculo entre fuerzas federales, Fuerzas Armadas e Inteligencia. En Nación sostienen que el objetivo es evitar superposiciones, ampliar capacidades y establecer reglas más claras para escenarios de mayor complejidad.
La iniciativa se inscribe además en el alineamiento de seguridad que Milei profundizó con Washington. En marzo, el Presidente adhirió al Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y la influencia de China en la región.
En Seguridad, uno de los ejes será consolidar las nuevas atribuciones de las fuerzas federales. En los últimos meses, el Ejecutivo actualizó por decreto el régimen de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Esos cambios tocaron estructura, carrera, régimen disciplinario, control interno, modernización tecnológica y funciones operativas.
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En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo, el Gobierno incorporó nuevas misiones vinculadas a seguridad del Estado, seguridad aeroportuaria compleja e investigación de delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, contrabando y organizaciones criminales. También habilitó que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda prestar otros servicios de seguridad interior y asumir responsabilidad primaria en seguridad del transporte.
En Gendarmería, el Ejecutivo avanzó con un nuevo estatuto para actualizar una normativa que consideraba desfasada frente al crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, armas y recursos naturales. En el Gobierno sostienen que esa reforma buscó fortalecer capacidades institucionales para enfrentar amenazas complejas.
En Prefectura, la modificación apuntó a actualizar su rol como fuerza de seguridad federal, reforzar la prevención frente al crimen marítimo, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, la trata y el tráfico ilícito de personas. También le dio mayor jerarquía normativa al Sistema Guardacostas, usado para vigilancia, control, monitoreo e inteligencia criminal en espacios marítimos, fluviales y lacustres.
El Servicio Penitenciario Federal también quedó dentro de esa primera etapa. La reforma lo consolidó como fuerza de seguridad federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con foco en el control de bandas criminales dentro de las cárceles, modernización tecnológica, formación, carrera administrativa, seguridad penitenciaria y mecanismos de integridad.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó con herramientas vinculadas a ciberdelito y ciberseguridad. En Balcarce 50 entienden que ese capítulo deberá integrarse al nuevo paquete, en especial por el crecimiento de delitos digitales, amenazas sobre infraestructura crítica, operaciones de desinformación y uso de plataformas tecnológicas por parte del crimen organizado.
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En Defensa, una de las propuestas que vuelve a estar sobre la mesa es reforzar el marco legal para la protección del espacio aéreo. La Argentina ya cuenta con reglas que autorizan, de forma excepcional, el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles, pero el Gobierno busca darle mayor respaldo normativo y operativo a ese esquema frente a vuelos irregulares, narcotráfico y amenazas transnacionales.
El capítulo de Inteligencia será otro de los ejes. El Gobierno quiere reformar el estatuto del espía, la escuela de inteligencia y ampliar el margen de acción de los agentes dentro y fuera del país. En Balcarce 50, sostienen que la Argentina necesita un régimen más profesionalizado, con plan de carrera, jerarquías claras, formación permanente y reglas operativas más precisas.
También se analiza revisar la estructura de coordinación entre la SIDE, la inteligencia criminal y la inteligencia militar. En el Ejecutivo vienen estudiando modelos de integración más vertical, con una conducción centralizada que evite superposición de áreas, mandos dispersos y circuitos paralelos de información.
La intención política es usar esta agenda también en campaña. En el oficialismo creen que la seguridad puede funcionar como uno de los ejes de contraste con la oposición, junto con la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reforma del Código Penal, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas.
Gobierno, reforma, seguridad
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: tras la inflación de agosto, el Presidente pidió: “Confíen, porque hay con qué”
La inflación no empezó con cero en agosto. Sin embargo, pese a las sobreexpectativas generadas por el Gobierno, el índice de precios (IPC) del mes mostró una desaceleración frente a la variación de julio y registró un alza de 1,7% gracias al impacto de la baja de los valores estacionales.
De esta manera, logró la marca más baja en lo que va del año. Para encontrar un número por debajo de este registro en la era libertaria, hay que remontarse a junio de 2025, cuando el índice oficial fue de 1,6%. En el acumulado anual, la inflación alcanzó un 21,3%, y sumó 33,5% en doce meses.
POLITICA
El Gobierno oficializó la creación de un nuevo sistema para coordinar la política exterior y reforzar la posición sobre Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará bajo la órbita de Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de organismos nacionales que puedan afectar los intereses del país.
La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluye una atención específica sobre cualquier gestión que pueda incidir en el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La decisión establece que los organismos alcanzados deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto determinadas reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación alcanza, entre otros casos, a las gestiones que puedan fijar o comunicar posiciones oficiales de la Argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas en curso o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.
También deberán notificarse aquellas actividades que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país, comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo o afectar directa o indirectamente la posición argentina sobre Malvinas.
El decreto remite al artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156 para determinar los organismos comprendidos. Esa categoría contempla a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.
Cancillería podrá hacer advertencias sobre las gestiones internacionales
A partir de la información recibida, Cancillería podrá intervenir cuando considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina.
En esos casos, el Ministerio estará facultado para formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas.
Si la relevancia del tema lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado.
Sin embargo, el decreto establece un límite concreto al nuevo sistema: la intervención de Cancillería no implica una aprobación o autorización de la actividad y tampoco reemplaza las facultades que correspondan a cada organismo.
La norma señala además que la coordinación no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de los funcionarios alcanzados.
Cada organismo deberá designar a una persona como “enlace” con Cancillería, que será responsable de canalizar la información y articular la intervención del Ministerio cuando corresponda.
En situaciones consideradas estratégicas o sensibles, también podrá solicitarse la participación de diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.
El Gobierno puso una atención especial sobre las gestiones vinculadas con Malvinas
Uno de los puntos centrales del decreto es la referencia expresa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la defensa de los derechos de soberanía exige una acción estatal “coordinada y coherente” para evitar gestiones, declaraciones o posiciones que puedan afectar el reclamo argentino.
Por ese motivo, deberán ser informadas las actividades internacionales que involucren aspectos vinculados con esos territorios o que “pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina”.
El Ejecutivo argumentó además que la creciente interacción de los distintos organismos nacionales con gobiernos extranjeros y entidades internacionales hace necesario fortalecer los mecanismos internos de coordinación para mantener una posición exterior uniforme.
La norma contempla algunas excepciones. Quedan fuera del sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.
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En tanto, la información sometida a regímenes especiales de reserva, confidencialidad o secreto seguirá regulándose por las normas específicas correspondientes.
El decreto fue firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y entrará en vigencia este sábado.
Javier Milei, Malvinas Argentinas, boletin oficial
Este viernes expira el plazo otorgado a Manuel Adorni para presentar su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El ex jefe de Gabinete ya había obtenido una prórroga de 15 días concedida por el juez Ariel Lijo.
En tribunales estiman que la defensa podría solicitar una nueva postergación para analizar chats y facturas del contratista Matías Tabar. El objetivo es refutar los montos declarados por refacciones inmobiliarias que ascenderían a 245.000 dólares en el country Indio Cuá.
El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exfuncionario a responder más de 20 puntos sobre sus movimientos financieros. Entre los aspectos centrales figuran inversiones en criptomonedas, la compra de un departamento en Caballito y gastos familiares en efectivo.
La investigación detectó erogaciones en moneda extranjera que alcanzaron 374.081 dólares, de los cuales el 92,9% fueron abonados en efectivo. Además, la fiscalía señaló una diferencia superior a 43 millones de pesos entre ingresos acreditados y egresos registrados.
La presentación de estas explicaciones constituye una instancia procesal clave previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez recibido el informe, la fiscalía evaluará si la documentación y los justificativos presentados resultan suficientes.
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Declaración Jurada,Enriquecimiento ilícito,Manuel Adorni,Patrimonio
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