ECONOMIA
Aumentó 900% la cantidad de repartidores de plataforma en los últimos 6 años

En un contexto de pérdida de empleo formal y de necesidad de complementar ingresos, cada vez son más los argentinos que deben recurrir al trabajo en plataformas digitales. Esta modalidad “refugio” explica en gran medida por qué la desocupación no creció de manera significativa, pese a la caída de la actividad económica y las recurrentes crisis.
Según cálculos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) a los que accedió Infobae, en 2020, con pandemia mediante, había alrededor de 100.000 repartidores y choferes en aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, Rappi y PedidosYa; mientras que en la actualidad la cifra supera el millón, lo que supone un incremento del 900%. Aclaran que se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales y la condición de “autónomos” o informales dificulta conocer su cantidad exacta.
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA sostiene que la principal transformación del mercado laboral durante los últimos años fue la recomposición del empleo hacia sectores de menor productividad y más desprotegidos.

Ello también se traduce en menores niveles de ingresos, particularmente entre los ocupados precarizados que se desempeñan en el sector microinformal.
En este sentido, en SiTraRepA señalaron que hay pedidos que se pagan desde $1.500 por entrega, por lo que la mayoría de los repartidores trabaja alrededor de 12 horas diarias para reunir un salario cercano a los $1.200.000, un monto que, remarcan, está por debajo de la línea de pobreza.
En cuanto al capítulo introducido para este segmento en la reforma laboral, Belén D’Ambrosio, secretaria general de la organización de base, opinó que la norma legaliza el “fraude” que implica considerarlos “trabajadores independientes”, ya que “existe una clara relación de dependencia en el plano económico, legal y técnico, teniendo en cuenta que dependemos del algoritmo para llevar adelante nuestras tareas”. Ese reconocimiento es importante “para acceder a los derechos laborales: una cobertura ART, un salario básico y un recibo de sueldo”, mencionó.
Otra problemática que observan es el aumento en la solicitud de préstamos a las plataformas, que conlleva extender dicha jornada para poder pagar las deudas. De acuerdo al informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) del BCRA, la cantidad de deudores que usan el dinero para invertirlo en herramientas de trabajo creció un 177% entre diciembre de 2023 e igual mes de 2024. El año pasado avanzó 122 por ciento.
La media del saldo de financiamiento a monotributistas que operan en estas plataformas se ubicó en alrededor de $900.000 al cierre de 2025. En el caso de los comercios, el monto puede ser hasta 7 veces superior.
El fenómeno, dicen en SiTraRepA, se relaciona con que muchos repartidores no tienen acceso al crédito bancario por estar en la informalidad.

El BCRA indicó: “En la economía gig (economía de plataformas), el capital reputacional, es decir, el desempeño del trabajador, contribuye a construir su scoring crediticio. Las calificaciones y reseñas lo legitiman y resuelven en alguna medida la asimetría informativa entre desconocidos”.
“A diferencia de un banco tradicional, no solo se analiza el historial de morosidad, sino métricas como antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios”, agregó.
Por otro lado, el sindicato denuncia “un asedio constante para que se endeuden”, particularmente a través de la fintech Gurpi, promocionada por las mismas apps y en la calle.
“Como ejemplo —ya que existen distintos tipos de préstamos—, para financiar la compra de una moto se exige una cuota de $70.000 semanales. Al anualizar ese esquema de pagos, la tasa alcanza el 700%“, relató el gremio y enfatizó que produce ”un ciclo de dependencia perpetua».
Desde Gurpi, en tanto, destacaron que financia hasta el 85% del valor del vehículo, que el repartidor paga un anticipo mínimo $190.000 (sin tope) y el resto se financia en 52 cuotas semanales porque es el período de cobro de las plataformas.
“La tasa de Gurpi varía del 120 al 140% TNA según el modelo de la moto. El motor de riesgo que creamos contempla la capacidad de pago de los repartidores, su esquema de cobro y el promedio de ingresos que tienen. Además para el otorgamiento del préstamo evaluamos su actividad en la plataforma como viajes completados, recurrencia y categoría. El resultado de todo este modelo se ve reflejado en una mora del 4%, porque desde el inicio nos enfocamos en que las reglas del juego sean accesibles y transparentes para ellos”, dijeron desde la empresa.
D’Ambrosio señaló que la tasa en algunas plataformas puede ascender al 260% anual. “Las empresas utilizan un algoritmo que evalúa la productividad de cada usuario y determina el crédito disponible. Esta dinámica obliga a los trabajadores a esforzarse aún más para obtener mejores condiciones de financiamiento, lo que profundiza los niveles de autoexplotación”.
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ECONOMIA
Milei está a un paso de reformar el BCRA: la ley ya tiene fecha de votación en Diputados

Tras varios meses de demora, el oficialismo apunta a convertir el proyecto en ley la semana próxima. Qué cambia y por qué es clave para Milei
Puntos importantes
Milei impulsa la reforma del BCRA para prohibir su emisión al Tesoro.
Diputados aprobará la ley pronto, aceptando la modificación del Senado.
El objetivo es preservar la moneda y dar señal a mercados.
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ECONOMIA
El Gobierno habilitó nuevas licitaciones para concesionar más de 25 tramos de rutas nacionales

El Gobierno nacional dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje.
Por medio de la publicación del Decreto N° 1358/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se habilitó la incorporación de caminos que hoy están bajo administración estatal al régimen de concesión previsto en la Ley N° 17.520. Así, un total de 27 tramos podrían ser susceptibles de ser licitados.
En la provincia de Buenos Aires quedaron alcanzadas las rutas nacionales 3 —en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz—, 22 —junto con La Pampa—, 33, 35 —que también atraviesa La Pampa y Córdoba—, 228 y el acceso A0017. La ruta 9, por su parte, integró el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
También se incorporaron las rutas nacionales 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, que une Corrientes y Misiones; y la 16, en los sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.

En la Patagonia, se incluyó a las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
Por último, también se sumaron las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes; y las 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes.
Esta aclaración aplicaría para las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya figuran en etapas previas y que volvieron a ser incluidas en la nueva ampliación.
Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, podrá conformar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas incluidas en un anexo del decreto. Para hacerlo, deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
De esta manera, la cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a concurso.
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Los futuros concesionarios podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También estarán habilitados para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, además del cobro de peajes.
Aunque Economía llevará adelante las licitaciones y otorgará las concesiones, la DNV será la autoridad de aplicación de los nuevos contratos. En este sentido, el organismo deberá supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que asuman las empresas adjudicatarias.
El Gobierno justificó la medida con el argumento de que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento en la red vial, mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y reducir costos logísticos. En línea con esto, remarcaron que objetivo oficial de limitar el uso de recursos del Estado y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La decisión se integró al programa Red Federal de Concesiones, lanzado para reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El plan se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización.
Según los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias abarcaron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
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ECONOMIA
¿Hay cada vez más autos importados en Argentina?: cuál es el verdadero peso de los vehículos que llegan del extranjero


No pareciera que el impacto de los autos importados sea tan significativo,

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