Con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la cabeza, el Gobierno prepara un paquete de proyectos orientados a desregular distintas áreas clave y se enviará al Congreso esta semana, antes del receso de invierno. Entre las iniciativas se encuentra una propuesta para modificar el mercado inmobiliario, con el objetivo de que el corretaje deje de considerarse una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial. Esta medida apunta a reducir los costos de construcción y a facilitar el acceso a la vivienda.

El envío del paquete de proyectos de desregulación, diseñado por Sturzenegger, se producirá en las próximas horas. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, alcanza no solo al sector inmobiliario, sino también al mercado de capitales local y al cabotaje, entre otros, y se anunciará en la conferencia de prensa de mañana del flamante vocero presidencial, Adrian Ravier. A su vez, la próxima semana, el oficialismo planea ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto Inocencia Fiscal II, que introduce cambios a la normativa vigente tras el diálogo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y contadores sobre los puntos críticos de la ley actual.

El texto de la iniciativa inmobiliaria contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028. Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

Los actores que participaron en la redacción sostienen que el proyecto busca que el corretaje inmobiliario deje de encuadrarse como profesión liberal y pase a tener el carácter de servicio de intermediación comercial. Ya que aseguran que sindicatos, cámaras y asociaciones inmobiliarias establecieron barreras académicas y territoriales, como la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, que restringieron el acceso a la actividad, fijaron precios y limitaron la competencia.

Meses atrás, durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, realizado en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), Sturzenegger defendió la reforma y calificó como “una aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios. El funcionario afirmó: “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”. Explicó que la iniciativa apunta a reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda.

El carácter federal de la desregulación generó preocupación entre los martilleros. El 4 de junio, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, para buscar respaldo político frente al avance del proyecto. El encuentro representó una de las últimas apariciones públicas del líder del Frente Renovador (FR) y reflejó la inquietud del sector frente a la posibilidad de perder el esquema de colegiación y los beneficios asociados.

Una fuente con acceso a la redacción del proyecto precisó que todas las leyes provinciales que definieron al corretaje como profesión liberal surgieron a partir del año 2003, diez días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Por lo que los colegios inmobiliarios consolidaron su posición a partir de esas normas. Antes de ese momento ya existían asociaciones y sindicatos, pero el monopolio de las matrículas y la colegiatura obligatoria se instauró entonces. Algunas fuentes describen a esos colegios como “unidades básicas peronistas”.

En paralelo, el oficialismo se dispone a enviar el proyecto de Inocencia Fiscal II al Congreso la próxima semana. Caputo explicó en conferencia de prensa que la nueva versión responde a sugerencias de un grupo de contadores sobre los motivos por los cuales la ley vigente no tuvo el impacto esperado. “Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el titular de la cartera económica remarcó que el objetivo es movilizar el ahorro informal. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes. Es una masa crítica muy importante porque los números oficiales que maneja el Banco Central es que hay USD 170.000 millones abajo de los colchones”, puntualizó.

El paquete de reformas, elaborado por el equipo de Sturzenegger, apunta a remover obstáculos regulatorios históricos en el sector inmobiliario y en los instrumentos fiscales. Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que el envío de los proyectos se concretará en los próximos días, en busca de acelerar el debate en el Congreso antes del receso de invierno.

La iniciativa tiene impacto directo en la estructura vigente de los colegios profesionales, el esquema de honorarios y el acceso a la actividad en todo el país. Sus impulsores sostienen que las barreras regulatorias y la intervención de los colegios limitaron la competencia y establecieron precios en el mercado inmobiliario. El Ejecutivo nacional plantea que la desregulación permitirá mayor dinamismo y transparencia en las operaciones.