CÓRDOBA.− El acercamiento entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio sus frutos económicos. Además de un adelanto financiero, Nación pagará $35.000 millones de deuda por Compensación del Consenso Fiscal y, por primera vez en la gestión de Javier Milei, ya se devengaron $5000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la provincia.

Los hasta $400.000 millones que la Casa Rosada le autorizó al gobernador Llaryora como anticipo financiero serán coparticipados a los municipios siguiendo los coeficientes que rigen el sistema a nivel provincial.

Desde la administración provincial indicaron a que ese es el destino asignado por el mandatario, quien también firmó para que se le pague una deuda.

Los fondos −que constituyen un préstamo a cancelarse en el actual período fiscal a una tasa fija nominal anual del 15%− fueron negociados hace algo más de un mes, cuando Llaryora se reunió con Santilli por más de una hora en la Casa de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires.

Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde la llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei. Ese mismo día, el entonces ministro del Interior nacional estuvo dos horas con los ministros cordobeses Guillermo Acosta (Finanzas) y Manuel Calvo (Gobierno).

De esas charlas, también se desprendió −según la administración cordobesa− el compromiso de Nación de cancelar en cuotas $35.000 millones de deuda por el Consenso Fiscal. Ya se pagaron $15.000 millones.

Lejos de la postura adoptada en 2025, la Casa Rosada decidió abrir el juego de negociaciones con los gobernadores que despejen el camino hacia la reelección de Milei. Son negociaciones políticas, que podrían derivar en alianzas electorales en 2027 con algunos mandatarios, pero que comienzan con gestos financieros: fondos que las provincias reclaman hace meses.

Hasta el momento, Córdoba no había recibido ATN, adelantos de coparticipación ni adelantos financieros de los que la Casa Rosada empezó a entregar a mediados de abril. Entonces fueron autorizados para una docena de provincias y, hace un mes, la Presidencia habilitó desembolsos para Entre Ríos (el segundo en el año), Santa Fe y Jujuy.

Respecto de los ATN, regresarán en julio y Córdoba, junto con Catamarca, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, es una de las beneficiadas hasta ahora. Los números oficiales ya muestra que se devengaron $5000 millones para cada una de las jurisdicciones.

Santilli también estuvo, hace unos días, reunido con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. El encuentro también fue debut para ambos. El mandatario radical planteó, entre otros temas, la necesidad de que Nación pague la deuda que mantiene por la caja de jubilaciones no transferida.

Este diario viene describiendo el estrés financiero que afrontan provincias y municipios. Para el pago de aguinaldos, varios gobernadores giraron ayuda extraordinaria a los intendentes.

En la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini depositó los recursos el 3 de este mes; la demora se debió a la dificultad para reunir los $70.000 millones necesarios; hubo medidas de fuerza de los trabajadores.

El balance del primer semestre fue negativo por la merma en la recaudación, a pesar de que tuvo un leve repunte en mayo (y un posterior desplome en junio).

Según datos de la consultora Politikon Chaco, los giros a las provincias tuvieron un descenso del 5,3% respecto del mismo período de 2025, por una caída del 2,8% de las transferencias automáticas y del 61,8% de las discrecionales. En valores constantes, unos $2000 millones menos.

En ese contexto y en medio de las negociaciones con los gobernadores por la agenda libertaria en el Congreso −con la reforma electoral a la cabeza− el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitó el esquema de anticipos financieros.

Las provincias ralentizaron sus salidas a los mercados financieros externos; existieron colocaciones en el arranque del año, pero después el ritmo se detuvo pese a la baja del riesgo país.

Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham.

La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.

Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.

Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.

En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente.

Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.

Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara.

A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.

Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.

Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.

“Ella opera en el corazón del sistema”, la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. “Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso.

Camino a Hurlingham

Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dan a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente.

Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año.

Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.