POLITICA
El Colegio de Abogados de la Ciudad también se opone a la reelección de jueces en el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció contra el intento de algunos jueces de ser reelectos como integrantes del Consejo de la Magistratura.
El organismo fue quien motivó, con su recurso ante la Corte Suprema, el regreso a la vieja ley del Consejo de la Magistratura con cambios en su integración y el retorno del titular de la Corte como presidente del cuerpo.
El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad aclaró que el regreso a la vieja ley no implica reconocer la posibilidad de que los consejeros sean reelectos, como lo planteó el presidente de la Cámara de Casación Penal y consejero Diego Barroetaveña.
“El fallo precedentemente citado, nada decidió acerca de la reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura, desde que ese no fue un tema cuestionado por este Colegio, y por tanto, no incluido en el objeto de la demanda”, aclaró el Colegio de Abogados de la Ciudad.
Indicó que es la ley en vigor la que señala que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período.
Este régimen fue incorporado por la Ley 26.080 en el año 2006 y mantenido sin modificaciones en este aspecto por la Ley 26.855 de 2013.
“Durante casi veinte años fue aplicado pacíficamente, sin que en ningún momento se sostuviera que los precedentes de la Corte Suprema hubieran restablecido el texto originario de la de 1997 que admitía la reelección inmediata”, indicaron.
Y destacaron que la alternancia “garantiza un principio republicano, evita la concentración de poder, favorece la renovación de las instituciones, otorga una mayor participación de los distintos estamentos de la sociedad y fortalece la legitimidad” del Consejo.
Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.
Dijo Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.
La oposición a la reelección de Barroetaveña se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.
Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores, una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. También lo hizo el kirchnerismo.
La asociación civil Será Justicia se presentó como “amicus curiae” ante el juzgado de Lavié Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.
Consejo de la Magistratura,Conforme a
POLITICA
Tras retirar las colectoras, el Gobierno les prometió listas unificadas a los gobernadores aliados a cambio de suspender las PASO

Para avanzar con la reforma electoral en el Senado, el Gobierno aceptó retirar las listas colectoras, una herramienta que atribuyó a un pedido de las provincias radicales que les permitía competir con sus propias listas legislativos bajo la candidatura de Javier Milei. Sin ese sistema, la Casa Rosada prometió a los gobernadores aliados conformar listas unificadas para competir el próximo año a cambio del acompañamiento a la suspensión de las PASO, la principal prioridad del oficialismo.
“Nosotros queremos eliminar o suspender las PASO, el resto es todo negociable”, sintetizó a TN un integrante de la mesa política, que reconoció un “firme compromiso” con los gobernadores dialoguistas para competir juntos el próximo año. La letra chica de esos pactos políticos, incluidos los nombres propios que conformarán las listas, no se verá hasta 2027 una vez entrado en el año electoral, insistieron en Balcarce 50.
Ahí radica la mayor preocupación de los gobernadores, que hace meses condicionan su apoyo a la suspensión de las primarias a que La Libertad Avanza garantice el respeto a sus territorios y representación legislativa. Fue en ese contexto que el Gobierno negoció con sus aliados -especialmente los radicales- la incorporación de las colectoras para sumar su apoyo a la reforma.
Sin embargo, la iniciativa generó resistencias en otros socios legislativos importantes como el PRO y Patricia Bullrich anunció esta mañana que el oficialismo decidía retirar el punto del texto final. La maniobra, aseguraron dos fuentes al tanto de las negociaciones, fue coordinada con los gobernadores aliados en una nueva gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se comprometió a cerrar acuerdos por listas unificadas con sus aliados.
“Ahora sin colectoras, estás obligado a acordar listas nacionales -senadores y diputados-. Si no acordás, los gobernadores no van a jugar con el Presidente y eso afecta la reelección”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones con las provincias. Y agregó: “Es una cuestión de confianza ahora, de ambos lados. Los gobernadores tienen capacidad de dañar al Gobierno y el Gobierno tiene capacidad de perjudicar a los gobernadores con los cierres nacionales”.
Se trata de una discusión que hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, entre quienes pujan por cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para no tener que hacer mayores concesiones en perjuicio del armado de La Libertad Avanza. En el primer grupo destacan Patricia Bullrich, que se ha manifestado públicamente al respecto, pero también el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del otro lado, priorizan el armado violeta sus dos mayores responsables, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, con el respaldo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Cerca de uno de los gobernadores aliados, sostienen que la prioridad es cerrar primero los lugares en las listas legislativas nacionales, luego en las categorías provinciales. Será un tironeo complejo, donde ni el Gobierno ni las provincias quiere ceder demasiado terreno. Tener representación en el Congreso le permite a las provincias negociar sus futuros apoyos a las leyes que quiera sacar el Gobierno. De la misma manera, tener asientos en las legislaturas provinciales y municipales le permite a La Libertad Avanza presionar a los gobernadores para que acompañen a la Casa Rosada.
Tal como ha contado este medio, el Gobierno trabaja en potenciales acuerdos -algunos ya bastante avanzados- con al menos 11 gobernadores, entre ellos los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero; los mandatarios del PRO Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA); y los provinciales Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando Figueroa (Neuquén). “Son acuerdos lógicos y se explican bien”, aseguran.
En el caso de los peronistas dialoguistas como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el oficialismo analiza mecanismos de competencias acordadas donde podrían presentar candidatos de menor calibre para no poner en riesgo la reelección de sus aliados. Lo mismo podría ocurrir en el caso de Claudio Vidal (Santa Cruz) y Hugo Passalacqua (Misiones), aunque todavía no está definido.
POLITICA
Fraude en la UOM: Abel Furlán dijo que no hubo delito en el contrato millonario con la empresa que administró la caja del gremio

Abel Furlán, exjefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), presentó hoy un escrito en la causa que investiga una presunta defraudación en el gremio durante su gestión, al firmar un contrato millonario con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que administró la caja del gremio y los aportes de los afiliados. La USEM estaba a cargo, por entonces, de María Soledad Calle, empleada del sindicato y la militante que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner, en San José 1111.
“No hay nada irregular ni delictivo”, sostuvo Furlán al presentarse en los tribunales de Comodoro Py.
La hipótesis del caso señala que el gremio y la obra social contrataron a USEM, que había sido creada 82 días antes, para administrar sus fondos y aportes de afiliados. Y entre sus accionistas estaba Calle, empleada de la UOM. Según un informe reservado que elaboró la actual intervención del sindicato, la firma recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
Furlán llegó a los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, Alejandro Rúa. Después de una media hora, se retiraron y lo primero que explicaron fue que presentaron un escrito, en el que negaron las acusaciones y solicitaron tener acceso a una parte reservada del expediente. “No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”, señaló en el texto que entregó a la Justicia.
La causa tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini y tiene como fiscal a Eduardo Taiano. En la citación a indagatoria, el magistrado había firmado: “Cabe destacar que ambos contratos fueron celebrados con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, esto es, aproximadamente ochenta y dos días antes de su suscripción, que contaba con una estructura operativa reducida y respecto de la cual no se identificó actividad comercial adicional relevante distinta de los vínculos contractuales mantenidos con UOMRA y OSUOMRA”.
En tanto, Calle era empleada del sindicato desde junio de 2021. En diciembre de 2022 creó la empresa USEM y menos de tres meses después comenzó a administrar los fondos del gremio. Su citación a indagatoria está prevista para la próxima semana.
En febrero de 2023, el gremio que lideraba en ese entonces Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados. A partir de ese momento, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
La Justicia confirmó que Calle tuvo una relación laboral con la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, fue directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA. “La celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”, destacó Ercolini en su citación a indagatoria.
A propósito del acuerdo que el sindicato firmó con la empresa de una de sus empleadas, Furlán indicó: “No hubo ningún contrato secreto ni confidencial ni nada parecido. No se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos, así como todos los resguardos patrimoniales que corresponden”.
El 18 de marzo de este año, Furlán obtuvo su reelección en la conducción nacional de la UOM con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló los comicios y dispuso la intervención del gremio tras advertir presuntas anomalías en el proceso eleccionario de la seccional de Zárate-Campana, donde históricamente mandó Furlán.
Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, un abogado vinculado al radicalismo porteño, cercano a Daniel Angelici.
Previo al llamado a indagatorias, el juez ya había solicitado medidas de prueba. En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de los investigados con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
reveló en agosto pasado que la sindicalista María Soledad Calle había comprado el primer piso de San José 1111. La operación se concretó el 20 agosto de 2025, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Kirchner.
Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad de 252 m2, según un documento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”.
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Tras la reducción de la condena a José Alperovich, habló la víctima: “Me dignifica”

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó la culpabilidad del exgobernador José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual, aunque disminuyó la sanción de 16 a 14 años de prisión. Tras el fallo, la víctima expresó: “Valoro profundamente esta instancia porque me reafirma y me dignifica”.
Desde su entorno legal destacaron los siete años transcurridos desde la presentación judicial de 2019 y celebraron que se acreditaran los agravantes de poder y vínculo familiar. Al respecto, remarcaron: “Este fallo es también para todas las mujeres que todavía no pueden hablar”.
Redujeron la condena por abuso sexual a José Alperovich: “El imputado no tiene obligación de decir la verdad”
Por mayoría, los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse revisaron la sentencia del juez Juan María Ramos Padilla considerando la edad y salud del exmandatario tucumano.
Asimismo, Días cuestionó computar la defensa como agravante al sostener: “el imputado no tiene obligación de decir la verdad”.
En disidencia, el magistrado Daniel Morin votó por invalidar la resolución previa y realizar un nuevo juicio oral.
El tribunal mantuvo además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por los ataques cometidos entre 2017 y 2018 en Tucumán y Puerto Madero. El fallo acreditó la subordinación laboral y familiar de la denunciante, 35 años menor que el exsenador nacional.
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Abuso sexual,Condena,José Alperovich,Tucumán
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