El contingente militar argentino que participó en las tareas de asistencia humanitaria tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela regresó esta madrugada al país, después de 18 días de operaciones ininterrumpidas en las zonas más afectadas por el desastre natural.

La misión estuvo integrada por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de seis perros especialmente entrenados para la búsqueda de personas entre estructuras colapsadas. Durante el despliegue, el personal argentino realizó tareas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria, apoyo logístico, transporte estratégico, producción de agua potable y acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familiares.

Uno de los momentos más delicados de la operación fue la intervención de los rescatistas argentinos en la búsqueda de Lucas Gámez, el pequeño argentino que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guayra como consecuencia de los terremotos.

El caso del niño movilizó un amplio operativo y conmovió tanto a la Argentina como a Venezuela. Los equipos trabajaron durante varios días en una zona de alta complejidad, en medio de estructuras inestables y bajo el riesgo permanente de nuevos derrumbes. Finalmente, el cuerpo de Lucas fue localizado entre los restos del edificio.

Durante toda la misión, el contingente argentino desplegó 234 patrullas en las zonas de emergencia. De ese total, 90 fueron patrullas de búsqueda integradas por binomios caninos, 108 estuvieron destinadas específicamente a tareas de rescate y otras 36 tuvieron una composición mixta.

Como resultado de las operaciones, los especialistas lograron localizar con vida a dos menores que permanecían atrapados entre los escombros. También hallaron a 78 personas fallecidas y recuperaron 51 cuerpos, que fueron posteriormente remitidos a las autoridades responsables de su identificación y entrega a sus familiares.

El personal especializado argentino fue el primero del dispositivo nacional en llegar a la zona de emergencia y el último en retirarse. Su intervención comenzó con el arribo del primer escalón durante la madrugada del 27 de junio. El segundo grupo se incorporó el 1° de julio para ampliar las capacidades operativas y reforzar la búsqueda en las áreas más afectadas.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas mantuvieron una presencia permanente en el terreno y trabajaron en coordinación con autoridades venezolanas y equipos provenientes de otras partes del mundo. En total, participaron 15 agencias internacionales en el dispositivo de asistencia y rescate.

La misión incluyó también el empleo de sistemas aéreos no tripulados. Los drones argentinos acumularon 85 horas de vuelo, durante las cuales efectuaron tareas de reconocimiento, evaluación de estructuras, observación de zonas de difícil acceso y apoyo a las patrullas que operaban sobre el terreno.

Ese trabajo resultó especialmente importante en sectores donde el ingreso de los rescatistas representaba un riesgo elevado por el estado de los edificios o por la posibilidad de nuevos desprendimientos. Las imágenes obtenidas desde el aire permitieron establecer prioridades, delimitar áreas de búsqueda y organizar el ingreso de los equipos especializados.

Además de las tareas de rescate, el contingente desarrolló una amplia operación de asistencia humanitaria. Durante los 18 días de despliegue, produjo 210.000 litros de agua potable, de los cuales 57.000 fueron envasados en sachets para su distribución entre la población damnificada.

La provisión de agua adquirió especial relevancia por los daños sufridos en la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos en distintas localidades. En numerosos sectores, las plantas argentinas se convirtieron en una de las principales fuentes de abastecimiento para las familias que habían perdido sus viviendas o permanecían en centros de evacuación.

La misión distribuyó además 530 raciones de comida por día: 380 calientes y 150 frías. Los equipos logísticos movilizaron diariamente unos 40 metros cúbicos de suministros y distribuyeron alrededor de una tonelada y media de recursos destinados tanto a los damnificados como al sostenimiento de las brigadas desplegadas.

El dispositivo incluyó también diez generadores eléctricos, utilizados para garantizar energía en los puestos sanitarios, centros de coordinación y bases operativas instaladas en las zonas afectadas. Asimismo, se brindó asistencia logística y movilidad a aproximadamente 140 personas.

En materia sanitaria, el personal médico argentino realizó 103 atenciones a integrantes del contingente. También se efectuaron 23 intervenciones veterinarias sobre los perros de trabajo, sometidos a jornadas prolongadas y a condiciones de alta exigencia física.

Durante la misión hubo cuatro internaciones menores, sin consecuencias graves. Paralelamente, los equipos especializados mantuvieron un servicio permanente de apoyo psicológico para civiles, familiares de víctimas y miembros de los contingentes internacionales que participaron de la emergencia.

El repliegue fue dispuesto después de que la emergencia ingresara en una nueva etapa. En los primeros días posteriores a un terremoto, la prioridad se concentra en localizar sobrevivientes y rescatar personas atrapadas. Con el paso del tiempo, el operativo comienza a orientarse hacia la remoción de estructuras con maquinaria pesada, la limpieza de las zonas afectadas y la recuperación de los servicios.

Ese cambio de fase determinó que las capacidades específicas aportadas por la Argentina hubieran completado las tareas para las que fueron requeridas. A partir de entonces, comenzó el regreso gradual del personal, los equipos y los vehículos utilizados durante el despliegue.

La operación demandó un importante esfuerzo de transporte estratégico. Para el envío del contingente se realizaron seis vuelos redondos, en los que se trasladaron 97,3 metros cúbicos y 12.749,6 kilos de carga.

Esos vuelos acumularon 102 horas y 40 minutos y recorrieron 63.778 kilómetros, una distancia equivalente a aproximadamente una vuelta y media alrededor de la Tierra.

Para el repliegue se programaron otros cinco vuelos redondos, en los que fueron transportados 106,46 metros cúbicos y 14.327,2 kilos de material. Esa etapa demandó 92 horas y 40 minutos de vuelo y un recorrido total de 52.908 kilómetros.

Entre el despliegue y el regreso, la operación aérea acumuló 116.686 kilómetros, una distancia cercana a tres vueltas completas al planeta. En total, se efectuaron once vuelos estratégicos: seis para el envío de personal y equipos y cinco para su repatriación.

Las aeronaves trasladaron brigadas de rescate, insumos médicos, víveres, equipos de comunicación, herramientas, generadores, plantas potabilizadoras y el material necesario para sostener a los efectivos durante casi tres semanas de trabajo.

Toda la operación fue realizada en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, que participó en la articulación de los recursos enviados por el Estado argentino y en el enlace con las autoridades responsables del operativo en Venezuela.

Tras su llegada al país, los integrantes del contingente fueron trasladados a la I Brigada Aérea de El Palomar. Allí se realizarán los controles médicos y psicológicos previstos para este tipo de despliegues, además de una etapa de descanso y acompañamiento posterior a la misión.

Las evaluaciones buscan detectar consecuencias físicas o emocionales vinculadas con el trabajo desarrollado en un escenario caracterizado por la destrucción, la presencia permanente de víctimas y las extensas jornadas de búsqueda.

El regreso puso fin a una de las mayores operaciones humanitarias recientes realizadas por las Fuerzas Armadas argentinas en el exterior. La misión dejó como saldo dos personas rescatadas con vida, más de 200.000 litros de agua producidos y cientos de patrullas desplegadas.

También quedó marcada por la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida bajo los escombros en La Guayra. Su caso fue uno de los episodios más conmovedores de una operación en la que el contingente argentino trabajó hasta la última etapa de búsqueda, antes de que la emergencia pasara definitivamente a la fase de remoción y reconstrucción.

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El Gobierno oficializó el nombramiento de Ana María Juan al frente del juzgado federal de Hurlingham, pese a que ese tribunal todavía no está habilitado para funcionar. La nueva magistrada es esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, el juez federal que interviene en la causa en la que se investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra.

La designación fue publicada en el Boletín Oficial, días después de que el Senado aprobara el pliego de Juan. Su nombramiento se concretó además luego de que Martínez De Giorgi resolviera apartar del expediente a las presuntas víctimas del caso Libra.

La situación generó un contraste con otro caso que involucra a una candidata a magistrada. El Gobierno utiliza como argumento la falta de habilitación del juzgado para no designar a María Verónica Michelli en un tribunal oral federal de La Plata que tampoco está operativo. Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Según explican en el oficialismo, Juan fue designada a partir de un pedido de la Cámara Federal de San Martín. La idea, según esa versión, es que mientras el juzgado de Hurlingham no sea habilitado, la magistrada pueda ocupar de manera transitoria otros tribunales federales vacantes dentro de esa jurisdicción, como los de Morón o Moreno.

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Juan tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la Justicia Federal. Durante años se desempeñó en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde fue secretaria de la Sala I. Hasta su designación, además, estaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio.

Su llegada al juzgado de Hurlingham también tiene una historia que se remonta a varios gobiernos. Juan obtuvo el primer lugar en el concurso para ocupar ese cargo y su pliego fue enviado al Senado por tres presidentes diferentes. Mauricio Macri fue el primero en postularla, aunque su designación no llegó a concretarse porque, al asumir, Alberto Fernández retiró todos los pliegos que estaban en trámite. Más tarde, Fernández volvió a proponerla, mientras que Milei también retiró inicialmente esos pliegos antes de volver a enviar el nombre de Juan al Senado.

La causa Libra

El nombramiento se produjo en un momento particularmente sensible para la causa Libra. Martínez De Giorgi, juez federal de Comodoro Py desde 2004, aceptó un planteo formulado por uno de los acusados y resolvió apartar del expediente a las presuntas víctimas que actuaban como querellantes. Las partes afectadas apelaron la decisión y ahora la Cámara Federal deberá revisar si corresponde que vuelvan a intervenir en la investigación.

La Sala I de ese tribunal tendrá un papel central en ese proceso. Precisamente, el Gobierno impulsa una renovación parcial de la Cámara Federal, un órgano que interviene en la revisión de causas de corrupción y que analiza las decisiones adoptadas en los expedientes que tramitan en los juzgados federales.

En ese marco, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos vacantes en la Cámara Federal. Ambos nombres están vinculados a la Sala I, que deberá analizar, entre otros asuntos, la apelación presentada contra la decisión de Martínez De Giorgi en el expediente por Libra.

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Bertuzzi ya integra la Cámara Federal. Llegó al tribunal a través de un traslado durante la gestión de Macri y posteriormente concursó para obtener el cargo como titular. Yadarola, en tanto, es juez en lo Penal Económico y mantiene una relación de amistad con Juan Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación.

La composición de la Cámara Federal tendrá además otra modificación en los próximos días. Martín Irurzun dejará su cargo el viernes, un día antes de cumplir 75 años, edad máxima prevista para ejercer como juez.

Irurzun había solicitado continuar durante cinco años más, pero el Gobierno no aceptó ese pedido. El magistrado inició una causa judicial para intentar sostenerse en el cargo, aunque su planteo fue rechazado y, por el momento, no logró revertir esa decisión.

Poder Judicial, Javier Milei, Marcelo Martínez de Giorgi, Libra