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Editoriales de The Times: El mundo debe despertar ante el horror que se vive en Sudán

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Cinco meses después de que las Naciones Unidas informaran sobre actos de genocidio en Sudán, otra catástrofe de derechos humanos podría ser inminente.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo rebelde que controla partes del país y tiene un historial de atrocidades, se han concentrado en las afueras de El Obeid, una ciudad de importancia estratégica, y casi la han rodeado.

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Cerca de 600.000 personas sufren una grave escasez de alimentos, agua y medicinas, y las RSF ya han matado a algunos civiles mediante ataques con drones.

«Las señales en El Obeid son claras e inequívocas:

otra catástrofe de derechos humanos se está desarrollando en Sudán», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

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Existen muchas razones por las que la guerra de Sudán suele pasarse por alto, a pesar de ser más sangrienta que conflictos que reciben mucha más atención.

Sudán no encaja en los debates políticos mundiales de la misma manera que las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

África es ignorada con demasiada frecuencia por quienes viven en otros continentes, lo que refleja un doble standard racial y económico.

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Sudán ha sido devastado por la guerra durante tanto tiempo que los esfuerzos por lograr la paz pueden parecer inútiles.

Ninguna de estas explicaciones es aceptable y alimentan los terribles costos del conflicto en curso.

La guerra en Sudán es una de las más letales del mundo, con un número de muertos estimado por observadores independientes entre 150.000 y 400.000. Más allá de las muertes y el sufrimiento de inocentes en el propio Sudán, cuanto más se prolonguen los combates, mayor será la probabilidad de que se extienda la inestabilidad regional.

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El mundo debe redoblar sus esfuerzos para detener la matanza y el desplazamiento masivo en Sudán, y la amenaza a El Obeid debería impulsar acciones urgentes.

Estados Unidos se encuentra en una posición privilegiada para presionar a las potencias regionales a intervenir para detener la amenaza actual y poner fin a la guerra.

La influencia de Estados Unidos sobre Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, naciones que han apoyado a las partes en conflicto, puede reactivar las conversaciones de paz e iniciar un alto el fuego.

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La administración Trump debería reafirmar urgentemente su compromiso con la paz en Sudán y proteger a los numerosos civiles inocentes que se enfrentan a la amenaza de agresión sexual, tortura y muerte.

Lograr la paz en Sudán no será fácil.

Desde su independencia de Gran Bretaña y Egipto en 1956, Sudán ha sufrido décadas de inestabilidad, incluyendo golpes de Estado, largas guerras civiles y el genocidio de Darfur a principios de la década de 2000.

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La principal división es étnica, más que religiosa.

Más del 90% de la población de Sudán es musulmana, pero se divide entre una mayoría árabe y varios grupos étnicos negros no árabes.

En el genocidio de Darfur, milicias árabes respaldadas por el gobierno sudanés asesinaron a cientos de miles de civiles negros.

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El conflicto actual comenzó después de que Omar al-Bashir, dictador que gobernó el país durante tres décadas, recortara los subsidios al combustible y al trigo en 2018, lo que provocó protestas.

Al año siguiente, el ejército y las milicias privadas que durante mucho tiempo dominaron partes de Sudán se unieron para derrocar al gobierno.

Pero su alianza resultó ser temporal, y pronto el ejército y las milicias comenzaron a luchar entre sí, lo que derivó en la guerra civil.

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Además de luchar por el territorio, ambos bandos intentan controlar los recursos naturales, incluidos el oro, el petróleo y los productos agrícolas.

Ambos han cometido atrocidades.

Por un lado están las Fuerzas Armadas Sudanesas, lideradas por el general Abdel-Fattah Burhan, a quien muchos países reconocen como jefe de Estado.

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Mantienen estrechos vínculos con los Hermanos Musulmanes, el grupo islámico radical con casi un siglo de antigüedad, y han recibido ayuda de Irán y Egipto.

La ONU ha acusado a las fuerzas armadas de cometer crímenes de guerra, incluyendo tortura y violencia sexual.

Organizaciones de derechos humanos las han acusado de usar armas químicas.

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Por otro lado, se encuentran las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo predominantemente árabe liderado por el general Mohammed Hamdan Dagalo.

La ONU afirma que sus fuerzas han cometido actos de genocidio en los últimos años, masacrando a miembros de grupos étnicos no árabes en el oeste de Sudán desde 2023.

Dagalo también lideró grupos que cometieron atrocidades en Darfur hace dos décadas.

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Las Fuerzas de Apoyo Rápido se autodenominan antiislámicas y, según funcionarios estadounidenses, han recibido ayuda de los Emiratos Árabes Unidos.

El resultado es una guerra de una brutalidad excepcional que, con demasiada frecuencia, pasa desapercibida.

Si incluso la cifra más baja estimada de muertos en Sudán es correcta —150.000 personas—, duplica la cifra oficial en la Franja de Gaza y es comparable a la de soldados y civiles ucranianos.

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Millones de sudaneses también han sido expulsados ​​de sus hogares, algunos de ellos huyendo a países vecinos.

¿Qué podría hacer el mundo para detener el derramamiento de sangre?

El papel más importante lo desempeñan los países de Oriente Medio que han apoyado a uno de los dos bandos.

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Arabia Saudita, oficialmente neutral, ha ayudado a las Fuerzas Armadas Sudanesas.

Los Emiratos Árabes Unidos proporcionan armas y otro tipo de ayuda a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

En lugar de avivar el conflicto, ambos países deberían usar su influencia para detenerlo.

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Estados Unidos también tiene un papel crucial que desempeñar. La administración Trump, al igual que la administración Biden antes que ella, intentó poner fin a la guerra, sin éxito.

En septiembre, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos propusieron una hoja de ruta hacia la paz, que comenzaría con una tregua de tres meses seguida de negociaciones para la formación de un gobierno civil de transición.

Las Fuerzas Armadas Sudanesas rechazaron el plan.

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Las Fuerzas de Apoyo Rápido fingieron acogerlo con beneplácito, pero pronto lanzaron un ataque despiadado contra El Fasher, capital regional del oeste de Sudán, que incluyó la matanza de 6.000 civiles en tres días tras la caída de la ciudad, según constató la ONU.

Funcionarios de la ONU afirmaron que el ataque presentaba «las características definitorias de un genocidio».

Ante el casi cerco de El Obeid, el mundo debe tomar medidas urgentes.

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La administración Trump debería retomar el diálogo, al igual que los líderes europeos que afirman querer desempeñar un papel más importante en los asuntos globales en respuesta al aislacionismo esporádico del presidente Donald Trump.

Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos deberían cesar su miope disputa por la influencia en Sudán y priorizar el fin de las masacres.

La década de 2020 marcó un hito sombrío.

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Las muertes en conflictos armados a nivel mundial alcanzaron su nivel más alto desde el genocidio de Ruanda en 1994, poniendo fin a un largo período de relativa paz.

La continua tragedia en Sudán ha sido uno de los principales factores que han contribuido a esta nueva era de derramamiento de sangre.

El resto del mundo debe actuar para prevenir el creciente peligro para la población civil y para poner fin a la guerra en Sudán de una vez por todas.

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c.2026 The New York Times Company

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Kennedy Center disputes Dem whistleblower allegations over Trump renovations, defends $8M flooring contract

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The John F. Kennedy Center for the Performing Arts is disputing whistleblower allegations from Sen. Sheldon Whitehouse, D-R.I., arguing that critics have mischaracterized Trump-era renovation projects and procurement practices.

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In a statement to Fox News Digital, Kennedy Center officials say the senator’s allegations get key facts wrong, including that an «$8 million flooring contract» has been misrepresented, the Center isn’t subject to the federal contracting rules cited by critics, and that the renovation work complied with the law.

According to Kennedy Center officials, the renovations are part of a long-term infrastructure renewal addressing decades of deferred maintenance rather than politically motivated cosmetic projects. 

Officials said the work was made possible through new funding secured under Kennedy Center board chairman President Donald Trump.

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COMEDIANS DIG AT TRUMP AS BILL MAHER ACCEPTS MARK TWAIN PRIZE AT KENNEDY CENTER

FILE – A disclosure alleges renovations were rushed to satisfy President Trump’s preferences.  (Anna Moneymaker/Getty Images)

Whitehouse alleges that whistleblowers described a renovation effort that prioritized political optics over sound construction practices.

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Whitehouse’s disclosure alleges renovations were rushed to satisfy Trump’s preferences, resulting in wasteful spending and improper contracting. 

Among the claims are that a newly installed bathroom floor was torn out because Trump disliked the tile color; steel columns were painted despite alleged rust beneath the surface; an $8 million flooring contract was awarded to a company with no concert hall experience; and renovations began before receiving congressional authorization.

Whitehouse argued the allegations demonstrate «waste» that treated the Kennedy Center «as if it were a private renovation project.»

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‘CONFLICT OF INTEREST’: JUDGE WHO AXED TRUMP NAME FROM DC LANDMARK TIED TO ANTI-TRUMP CONSPIRACY THEORY

People watching construction workers building scaffolding near the Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center sign in Washington, D.C.

People watch construction workers build scaffolding near the Kennedy Center for the Performing Arts, June 12, in Washington, D.C. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Kennedy Center officials disputed those allegations, arguing they rely on incomplete or misleading descriptions of renovation projects while misunderstanding both the institution’s legal authority and procurement process.

«The Center has taken measures to responsibly and transparently stabilize the facility while preparing for the comprehensive infrastructure renewal that decades of deferred maintenance have made unavoidable, a project now made possible by our Chairman’s [President Trump’s] vision, which has institutional support and new funding secured,» Roma Daravi, the Kennedy Center’s vice president of public relations, told Fox News Digital.

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«As America’s cultural center, the institution makes every decision guided by responsible stewardship and an unwavering commitment to its patrons and the nation it proudly serves,» Daravi said. «We remain fully committed to transparency and to delivering the critical improvements that will preserve this institution for generations to come.»

TRUMP SAYS VANDALS USED CHEMICALS TO DAMAGE NEWLY RENOVATED REFLECTING POOL NEAR LINCOLN MEMORIAL

Donald Trump and Melania Trump standing together as they arrive at a theater.

FILE – President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive to attend the opening night of the musical «Chicago» at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. (Rod Lamkey, Jr./AP Photo)

The Center also cited a recent federal court ruling that it says supports the legal framework governing its renovation efforts.

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According to the Kennedy Center, a May 29 opinion from the U.S. District Court for the District of Columbia reaffirmed the institution’s legal status outside the executive branch. The Center argues that distinction is significant because Whitehouse’s allegations repeatedly suggest it violated federal procurement rules.

Specifically, Kennedy Center officials dispute Whitehouse’s contention that the institution was required to follow the Federal Acquisition Regulation (FAR).

Officials said the FAR governs executive agencies, while the Kennedy Center is overseen by a bipartisan Board of Trustees established by Congress.

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According to the Center, it consulted with the Office of Management and Budget and confirmed the FAR «does not apply, and has never applied» to Kennedy Center procurements.

The institution nevertheless said it recently adopted updated procurement policies to eliminate lingering administrative confusion and strengthen public confidence in its contracting process.

Sheldon Whitehouse is seen.

FILE – Sen. Sheldon Whitehouse, D-R.I., alleges whistleblowers described a renovation effort at the Kennedy Center that prioritized political optics. (Andrew Harnik/Getty Images)

Perhaps the biggest dispute centers on Whitehouse’s criticism of an $8 million flooring contract.

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Kennedy Center officials said the oft-cited $8 million figure has been presented without important context.

Rather than an $8 million payment, officials said the agreement is a five-year blanket purchase agreement establishing only a maximum spending ceiling, with money obligated through individual call orders only when work is needed.

The Center also defended selecting Low Country Flooring, saying the company was the only vertically integrated contractor in the Mid-Atlantic capable of sourcing wood directly from timber mills while maintaining the grain consistency and acoustic performance required inside the concert hall.

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Whitehouse also questioned work involving decorative columns.

The Kennedy Center said the contract complied with federal small business requirements because it was awarded to a certified SBA 8a contractor, which legally used subcontractors to perform portions of the work.

The outside of John F. Kennedy Center.

FILE – Perhaps the biggest dispute centers on alleged criticism of an $8 million flooring contract for the Kennedy Center. (Getty Images)

Officials added that any workmanship concerns remain covered by standard commercial warranties requiring corrective work if necessary.

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The Center also disputed allegations involving reflecting pool repairs, saying the work was intended to stabilize structural deterioration, not restore the water feature to operation, and defended routine design decisions involving the Center’s historic presidential boxes as standard preservation work that did not create unnecessary costs for taxpayers.

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Whitehouse’s office, however, maintained that the Kennedy Center has not substantively engaged with the senator’s oversight requests.

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«We have received no response from the Kennedy Center to the most recent letter, and no substantive response to any information requests dating back to November,» Whitehouse communications director Meaghan McCabe told Fox News Digital.

The White House did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.

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“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

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Equipos de rescate de El Salvador trabajaron entre los escombros en la zona costera de Venezuela, donde la cifra de muertos por los terremotos asciende a 4,829 (Cortesía: Secretaría de Prensa).

El relato de César Armando Marroquín, coordinador de equipos tácticos de Protección Civil de El Salvador, expuso en televisión la dimensión más cruda y humana del operativo salvadoreño en Venezuela tras los devastadores terremotos.

La vivencia de hallar cuerpos, especialmente de niños, marcó a los rescatistas y definió el tono de una misión atravesada por la empatía, la resiliencia y la solidaridad internacional.

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“No se borra encontrar cuerpos de niños”, reconoció Marroquín durante la entrevista en el programa Frente a Frente, donde repasó las jornadas más duras y los aprendizajes de una labor que va mucho más allá de la técnica.

El equipo salvadoreño, integrado por 300 personas de distintas instituciones, llegó a territorio venezolano con el objetivo claro de salvar vidas y colaborar en la remoción de escombros.

La realidad superó cualquier expectativa: enfrentaron jornadas de hasta doce horas, bajo calor intenso, y el peso emocional de buscar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

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Las imágenes de familias destruidas y la experiencia de rescatar cuerpos de menores quedaron grabadas en la memoria de los especialistas. “Las labores en edificaciones muchas veces son muy terribles, porque tienes que observar diferentes tipos de escenarios”, relató Marroquín ante las cámaras.

César Armando Marroquín, coordinador de equipos tácticos de Protección Civil de El Salvador, durante su participación en una entrevista televisiva en la que compartió las vivencias del equipo de rescate en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).
César Armando Marroquín, coordinador de equipos tácticos de Protección Civil de El Salvador, durante su participación en una entrevista televisiva en la que compartió las vivencias del equipo de rescate en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La vivencia de los rescatistas fue acompañada por una atención psicológica permanente. Según explicó el coordinador de Protección Civil, cada integrante del equipo recibió sesiones de soporte emocional tanto en Venezuela como a su regreso. “Se hace una interfaz de los momentos vividos con el actual para poder llegar a un contexto normal de su situación laboral”, detalló Marroquín en la entrevista recogida por Frente a Frente.

Además, el impacto de ingresar a espacios reducidos, encontrar cuerpos y, en ocasiones, rescatar personas con vida, exige una fortaleza emocional que solo se cultiva con preparación y acompañamiento.

El testimonio de Marroquín incluyó escenas de tensión máxima, como la operación de rescate de una mujer atrapada junto a su pareja fallecida. “Al encontrar vida, haces hasta lo humanamente posible, técnicamente, para extraerla”, afirmó el coordinador. La intervención del componente médico de Fosalud fue clave: personal entrenado en estabilización y rescate se internó en los escombros para asistir a las víctimas, controlando riesgos y evitando complicaciones médicas.

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La solidaridad se manifestó no solo en la colaboración internacional, sino también en la decisión de no abandonar el terreno mientras persista la posibilidad de encontrar sobrevivientes o entregar cuerpos a sus familiares. “No es abandonar a un pueblo que lo necesita”, sentenció Marroquín, en línea con la instrucción presidencial de mantener la presencia salvadoreña hasta el final de la emergencia.

Personal médico salvadoreño brinda atención en el hospital de campaña instalado en Venezuela como parte de la misión humanitaria tras los terremotos (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Personal médico salvadoreño brinda atención en el hospital de campaña instalado en Venezuela como parte de la misión humanitaria tras los terremotos (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La misión ha sorteado numerosos desafíos, desde la complejidad estructural de los edificios hasta la presión de las familias por obtener noticias de sus seres queridos. La remoción de escombros requirió maquinaria pesada enviada desde El Salvador y el trabajo coordinado con autoridades venezolanas. Se estableció un hospital de campaña y se distribuyeron 155 toneladas de suministros médicos y de primera necesidad para atender las demandas inmediatas de la población.

El hospital de campaña permanece activo, brindando servicios tanto a heridos como a quienes sufren quebrantos emocionales tras la pérdida de familiares. En lo logístico, el equipo de Protección Civil implementó relevos operativos para evitar golpes de calor y fatiga extrema.

Desde su cama de hospital, Marlene Santana, sobreviviente de dos terremotos, relata con una sonrisa el momento en que los rescatistas le dieron agua a través de una manguera, y a la peculiar petición de una Coca Cola. (Infobae Centroamérica/EFE)

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A pesar de la magnitud de la emergencia, todos los rescatistas salvadoreños regresaron sanos y salvos. Al regresar, los integrantes del equipo pasaron por controles médicos y recibieron apoyo psicológico para procesar las experiencias vividas.

El compromiso salvadoreño sigue vigente. La operación humanitaria continúa en la zona, con la presencia de personal médico, rescatistas y apoyo logístico para la remoción de escombros y la atención a la población. La experiencia en Venezuela, sumada a misiones anteriores en países como Turquía, fortalece la preparación de los equipos tácticos y deja un aprendizaje clave: más allá de la técnica, es la humanidad la que sostiene cada rescate y acompaña a quienes enfrentan el dolor de la pérdida.



corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador

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Trump admin fires US attorney in Seattle minutes after he was appointed

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The Trump administration took the fight over who controls U.S. attorney appointments to a whole new level, firing a Seattle-based prosecutor less than an hour after he was picked for the job without the blessing of the administration.

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«District court judges can appoint a temporary U.S. Attorney, and POTUS can fire them,» acting Attorney General Todd Blanche wrote Wednesday on X as he was testifying before the Senate in his confirmation hearing, calling out a U.S. District Court for the Western District of Washington state panel for elevating Judge Roger Rogoff to be the top federal prosecutor in Seattle.

«WDWA judges abandoned the time-honored process of consultation with the administration so that the selected U.S. Attorney is qualified to serve in the administration,» Blanche said. «Roger Rogoff has been fired by the President.»

That post came after Rogoff, 57, a former King County Superior Court judge and longtime state and federal prosecutor, was sworn in before 8 a.m. local time at the federal courthouse in downtown Seattle as U.S. attorney for the Western District of Washington.

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TRUMP’S AG NOMINEE RACKS UP MASSIVE SUPPORT AHEAD OF CONFIRMATION HEARING: ‘REAL RESULTS’

Judge Roger Rogoff spent 20 years as a state prosecutor and six as a federal prosecutor before becoming a state judge, and admitted he knew the administration might fire him immediately but did not reject taking on «the best job there is.» (Ted S. Warren/AP)

He then went to the U.S. Attorney’s Office and asked to meet with Charles Neil Floyd, the Trump administration’s preferred choice for the job, whose 120-day interim term expired in February.

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While Rogoff waited in the lobby, he received an email notifying him that Trump had removed him from office.

Rogoff’s situation was not mentioned in Blanche’s Senate confirmation hearing Wednesday, but Blanche is back before the Senate again Thursday and Rogoff now might be a notable topic of discussion during his confirmation process.

BIDEN JUDGE REJECTS TRUMP’S SANCTUARY CITIES LAWSUIT, SAYS EVEN A WIN WOULDN’T SOLVE DOJ’S PROBLEM

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The quick dismissal came after all 17 active and senior federal judges in the deep-blue district appointed Rogoff to the vacancy. The judges, appointed by five presidents (10 by Democrats and seven by Republicans), had opened an application process after the administration did not send Floyd’s nomination to the Senate and instead kept him in place by making him first assistant U.S. attorney while leaving the top job vacant.

U.S. attorneys, who serve as the Justice Department’s chief federal prosecutors in each district, are normally nominated by the president and confirmed by the Senate. Federal law allows the attorney general to name an interim U.S. attorney for 120 days. If that period expires without a confirmed nominee, district judges may appoint someone to serve until the vacancy is filled.

Because of obstruction by Democrats in the narrowly held Senate, the Trump administration has resorted to using acting titles and other personnel moves to keep its prosecutors in place. Courts have pushed back in several Democrat-heavy districts like Seattle and New Jersey, issuing legal challenges to the Justice Department and White House authority.

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«I don’t think it’s the way to run the Department of Justice,» Rogoff told The New York Times. «When you have this sort of made up way of putting people in these positions, the process breaks down.»

Sen. Patty Murray, D-Wash., opposed Floyd for the U.S. attorney job and blasted Rogoff’s quick firing.

«Throughout his career, he has demonstrated an outstanding commitment to public service, and he was appointed legally by the federal judges in the Western District of Washington,» Murray wrote in a statement. «This administration doesn’t want to deal with advice and consent — they just want to install cronies to carry out a corrupt political agenda.»

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LEGAL WAR ON TRUMP’S AGENDA GAINS FIREPOWER AS FEDERAL LAWYERS DEFECT TO DEMOCRATS

Trump administration officials have long noted that the «advise and consent» role of the Senate does not grant Democrats against Trump’s administrative priorities to be a hard block on his agenda and nominees, though.

Rogoff has retained an employment law firm and is considering a legal challenge to his firing.

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Fox News Digital reached out to Rogoff for comment.

The Seattle clash follows similar disputes elsewhere. In New Jersey, Alina Habba resigned as the top federal prosecutor after an appeals court said she had been serving unlawfully. In Virginia, Lindsey Halligan left an acting U.S. attorney post after a judge found her appointment unlawful and dismissed indictments she had brought against New York Attorney General Letitia James and former FBI Director James Comey.

The administration has also fired court-appointed U.S. attorneys in other districts.

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Rogoff, who spent 20 years as a state prosecutor and six as a federal prosecutor before becoming a state judge, said he knew the administration might fire him immediately. Despite this, he said he had no qualms about the potential conflict he was walking into, because being U.S. attorney is «the best job there is.»

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«I’m really proud of my career,» Rogoff said. «The fact that the judges of this district — most of whom I’ve spent my career appearing in front of, or trying cases against, or working with — believed that I was the right person to do this work is just really humbling and amazing.»

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The Associated Press contributed to this report.

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