POLITICA
La Cámara de Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de denegarle la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en varios casos de corrupción ligados con Cristina Kirchner.
Báez alega que tiene problemas de salud, pero los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenaron entendieron que puede ser atendido intramuros en la cárcel de Ezeiza donde cumple su condena.
Ahora la defensa de Báez insistió ante la Cámara Federal de Casación donde los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar su recurso y confirmar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria.
Carbajo, autor del primer voto, y Hornos confirmaron el fallo del juez de ejecución del tribunal oral Guillermo Costabel, que había rechazado el pedido. Costabel incluso visitó un sábado a Báez en su celda antes de decidir.
Ahora los camaristas consideraron que no se verifican al momento circunstancias que justifiquen la morigeración del régimen de detención.
“La mera invocación de cuestiones de salud no constituye un argumento suficiente para proceder, sin más, a la concesión de la prisión domiciliaria”, dijo Carbajo.
El juez señaló que “la defensa no ha logrado demostrar, tampoco en esta oportunidad, que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario implique un menoscabo a la vida o integridad personal de Báez, ni tampoco que sus patologías crónicas no puedan ser atendidas adecuadamente de permanecer intramuros”.
Carbajo sostuvo que las patologías crónicas que presenta el condenado se encuentran bajo tratamiento y son adecuadamente atendidas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Señalaron que existe un riguroso control judicial y que la defensa no pudo establecer una imposibilidad de asistencia médica dentro de la cárcel ni que hubiera “un menoscabo a la vida o integridad personal” de Báez.
Hornos sostuvo que cumplir la condena “en prisión domiciliaria es excepcional y de carácter restrictivo” por cuanto su análisis debe basarse en razones de salud, edad avanzada, situaciones de especial vulnerabilidad o riesgos acreditados.
El magistrado destacó que las constancias reunidas muestran un escenario de seguimiento médico sostenido, con controles, interconsultas y derivaciones que, aun cuando revelan la necesidad de mantener una supervisión clínica estricta y eventualmente reforzada, no alcanzan para demostrar, de momento, que el tratamiento de sus afecciones no pueda ser garantizado en el ámbito penitenciario.
“La adopción de nuevas medidas de seguimiento o de derivaciones extramuros no constituye demostración de una imposibilidad de asistencia en el actual lugar de alojamiento, sino la manifestación del control judicial activo y de la necesidad de adecuar la respuesta sanitaria a la evolución del cuadro clínico del condenado”, remarcó Hornos.
Además, sostuvo que la pena no se agota en su dimensión resocializadora, sino que tiene una “función expresiva, reafirma el orden jurídico vulnerado y materializa el repudio institucional frente a las transgresiones más graves al pacto democrático”.
“Toda flexibilización excesiva en el modo de cumplimiento debilita ese mensaje y no permite satisfacer los fines constitucionales y convencionales que el derecho penal está llamado a cumplir”, continuó Hornos.
El juez descartó que la modalidad de cumplimiento de pena sea inmutable, pues se encuentra sujeta a la permanente evaluación del juez de ejecución competente. Según Hornos, será Costabel quien, en atención a la evolución de las circunstancias del caso, deberá valorar la pertinencia de mantener o modificar el modo de cumplimiento, considerando especialmente el estado de salud de Báez.
Por último, Hornos consideró que el cuadro que presenta el condenado exige -y seguirá exigiendo- un seguimiento clínico riguroso, pero las constancias incorporadas no permiten afirmar, por el momento, que la permanencia intramuros comporte, en las actuales condiciones, un riesgo incompatible con la continuidad de la ejecución de la pena bajo la modalidad vigente.
En su disidencia, Borinsky sostuvo que correspondía hacer lugar al recurso, revocar la decisión del juez Costabel y conceder la prisión domiciliaria. Consideró que el empresario ya tiene 70 años cumplidos, lo que le permite este beneficio no automático, y ponderó el cúmulo de patologías crónicas que padece.
Para Borinsky, la atención médica brindada por el Servicio Penitenciario Federal había resultado “reactiva y tardía”, en una modalidad incompatible con los fines constitucionales de la pena. El juez subrayó que en una colonoscopia se detectó y extrajo una lesión en el colon y que existió una posterior recomendación médica de internación.
Borinsky también argumentó sobre los derechos de los dos menores que integran el núcleo familiar del condenado, resaltando la necesidad de resguardar el interés superior del niño, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por último, el juez se refirió a la actual pareja de Báez, que atraviesa un proceso oncológico, y dijo que una red de apoyo familiar ampliada, bajo estrictos controles, permitiría una mejor protección de esos derechos de los niños sin afectar los fines de la sanción penal.
confirmaron el fallo del juez de ejecución,Hernán Cappiello,Conforme a
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“A mí no me vengas a amenazar”: un intendente grabó los pedidos extorsivos de un grupo de piqueteros
La alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de fútbol contrasta con el tenso clima social que se vive en Tartagal, Salta, donde grupos piqueteros llevan adelante cortes de ruta y acampes en reclamo por el pago de una obra que, según afirma el intendente Franco Hernández Berni, no finalizaron en tiempo y forma. El mismo jefe comunal publicó este jueves un video de la reunión que mantuvo con los cooperativistas para hacer públicas las actitudes extorsivas de sus líderes.
“Piqueteros nos vinieron a extorsionar que si no les dábamos obras, cortaban la ruta y tomaban el municipio”, publicó el intendente en sus redes sociales, junto a dos videos de la reunión.
Junto al orgullo de haberse plantado firme ante ellos, agregó: “Se acabaron las viejas mañas y vivir del Estado”.
“No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Nadie puede condicionar mediante cortes de ruta, tomas de la municipalidad o cualquier medida que perjudique a los vecinos. Mi responsabilidad es defender el derecho de los tartagalenses a vivir, trabajar y circular en paz. No permitiré que la extorsión sea una práctica para intentar imponer intereses personales”, concluyó sus mensajes.
En los videos, se lo ve a Hernández Berni sentado a la cabecera de una mesa junto a cuatro representantes piqueteros y el comisario Jorge Ruiz, jefe de la Comisaría 3 de Tartagal.
“El municipio no les falló nunca. La ciudad tiene que aguantar que ustedes tomen el municipio”, manifiesta en las imágenes el intendente.
Y le recuerda a uno de ellos: “Vos terminaste la obra hace tres semanas. No está certificada la obra, porque cuando vinieron a verla no estaba terminada”.
Los encargados de los trabajos habían pedido un pago a cuenta, el cual solo podía realizarse tras una certificación por parte del gobierno provincial. Al no haber podido cumplirse ese requisito, el dinero no estuvo disponible.
Ante la insistencia, Hernández Berni le pregunta a uno de sus interlocutores: “Si no te doy una obra, ¿van a seguir haciendo acampes?”. Como la respuesta fue afirmativa, lanzó una contrapropuesta llena de ironía: “Hacé obras privadas, entonces”.
Los cooperativistas, la semana pasada, luego de haberse encadenado a la sede de Rentas de Tartagal, comenzaron el corte de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Cuña Muerta. Se trata de una arteria clave tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, por ser una vía de comunicación con Bolivia.
Todo el tránsito fue desviado hacia caminos alternativos. Muchos, incluso, denunciaron que se les cobró un peaje para seguir sus caminos.
“Les dimos una obra de 196 millones de pesos el año pasado, y otra obra de 121 millones de pesos, que es la actual, que la terminaron hace cuatro semanas. ¿Y me decís que no tienen trabajo?“, espetó en la reunión el intendente.
Hernández Berni resaltó que “los recursos de Nación se cortaron y el gobernador hace un esfuerzo enorme”.
Al no obtener la respuesta que fueron a buscar, los piqueteros se levantaron de la mesa con la promesa de continuar con las medidas de fuerza.
“A mí no me vengas a amenazar. Mandate a mudar”, los despidió el intendente de Tartagal.
Según expuso el propio jefe comunal, lo amenazaron con avanzar con la toma del edificio municipal, cortes de ruta y manifestaciones en la Casa de Gobierno de Salta como forma de presión para obtener beneficios.
“Se terminó el tiempo de los aprietes. En Tartagal se gobierna con firmeza y pensando en todos los vecinos”, afirmó Hernández Berni, quien además remarcó que la prioridad de su administración es preservar la paz social, garantizar el cumplimiento de las normas y administrar los recursos públicos con transparencia y equidad.
Por otro lado, reafirmó que las obras públicas y la asistencia municipal se asignan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos administrativos, y no como consecuencia de presiones o medidas de fuerza.
El presidente Javier Milei se refirió este jueves a las demoras en el tratamiento de la ley de tierras y defendió la iniciativa durante su discurso en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son la decadencia argentina”, sostuvo.
“Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión”, argumentó.
El oficialismo debió postergar este miércoles el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debido a la resistencia a votar el capítulo de extranjerización de tierras y la ausencia de aliados claves.
Al respecto, Milei apuntó contra los opositores del proyecto: “No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad. Porque respetarlo es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”.
“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Son los responsables de la decadencia argentina, son los que violentaron el derecho de propiedad y los que nos hundieron», afirmó.
Durante su presentación, Milei recibió repetidas interrupciones de un espectador, que criticó su gestión. Fue mientras el Presidente hablaba de las falencias del populismo. “Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que no generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, señaló.
El espectador acotó: “Como ahora”. Milei le respondió: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”. Mientras el espectador insistió en que Milei frene su discurso -le gritó “terminala”, Milei usó la oportunidad para reafirmar que irá por su reelección.
“Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”, expresó, y fue recibido por aplausos, y sumó: “Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba”.
La presentación de Milei marcó la vuelta de un presidente al tradicional evento, debido a que el exmandatario Alberto Fernández no asistió durante su gestión. Fue la primera vez en 40 años de democracia que un titular del Ejecutivo no se presentó.
El apoyo de los empresarios a Milei convive hoy con demandas más concretas vinculadas a la actividad, la carga tributaria, el acceso al crédito y la recuperación del consumo. Aunque siguen valorando el equilibrio fiscal y las reformas promercado impulsadas por la gestión libertaria, en distintos sectores aparecen reclamos para acelerar medidas que mejoren las condiciones de producción e inversión.
Ante del discurso de Milei, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, brindó unas palabras. Sostuvo que la Bolsa se basa en “la convicción de que el progreso se construye cuando las personas tienen libertad para emprender, invertir, producir y comerciar”.
“La confianza es el verdadero activo de una sociedad. No figura en los balances, no está en ninguna pantalla ni se opera. Pero la confianza abre las puertas del progreso. Las instituciones perduran cuando son más grandes que las personas que temporariamente las constituyen”, sumó.
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El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
En una sesión realizada esta tarde, el Senado de la Nación aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. La medida busca avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal de distintas jurisdicciones del país y desbloquear promociones que permanecían demoradas en el servicio exterior.
Los pliegos judiciales incluyen designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, tribunales orales federales de Tucumán y Posadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Mar del Plata.
También el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal y otros cargos en fiscalías y defensorías públicas de Corrientes, Mendoza, Río Negro y Capital Federal.
Entre los nombres aprobados se encuentran Víctor Arturo Pesino, Javier Jorge Cosentino, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco, Bernardo María Rodríguez Palma, Pablo Roberto Toledo y Ruth María Ponce de León.
En algunos casos, como el de Pesino, sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, votaron en contra. El pliego fue aprobado con 35 votos a favor y 32 en contra.
El pliego de Pesino fue especialmente resistido porque fue el juez que falló a favor del Gobierno en la causa contra la reforma laboral, al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.
Con este resultado, el camarista que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio se aseguró un nuevo período por cinco años más en la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo.
La senadora Patricia Bullrich defendió el pliego de Pesino durante el debate. Consideró que el peronismo buscaba sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y recordó que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, sentenció la jefa del bloque libertario.
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Otras postulaciones, como las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron estado parlamentario y fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento posterior.
En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad, un conjunto de 27 ascensos diplomáticos en las categorías A, B, C y D. La decisión puso fin a una extensa dilación que afectaba la carrera de funcionarios del servicio exterior argentino.
Senado, CGT, Justicia
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