Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.

Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.

“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.

Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.

En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.

Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.

En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.

“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.

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Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de una actividad partidaria del PRO con un acto previsto para el 25 de septiembre en Jujuy, en una señal del relanzamiento territorial del espacio de cara a las elecciones del año próximo. La convocatoria, que se realizará desde las 16 en el hotel Altos de la Viña, llega mientras el partido mantiene abiertas las negociaciones con La Libertad Avanza para construir una alianza con vistas a 2027.

El expresidente encabezará el encuentro junto a referentes nacionales y provinciales del PRO y, además, tiene previsto mantener una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La apuesta es combinar el despliegue partidario en las provincias con las conversaciones que el macrismo sostiene con el oficialismo para explorar acuerdos electorales y consolidar una estrategia común en distintos distritos.

La jugada de Macri se da en un contexto en el que el PRO y La Libertad Avanza aceleran la construcción de un armado electoral conjunto para las elecciones de 2027. Los dirigentes de ambos espacios ponen el foco en 17 distritos donde el partido fundado por el expresidente no gobierna y comenzaron a evaluar cómo avanzar con alianzas en cada provincia.

El análisis incluye las fortalezas territoriales de cada espacio y la posibilidad de incorporar a otros actores políticos. En ese esquema aparece el radicalismo, además de distintas fuerzas provinciales, aunque la definición de los acuerdos dependerá también de las conversaciones con los gobernadores.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.

En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.

El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.

La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.

El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados. Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada.

El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados

La inclusión de esas reformas generó tensiones dentro del oficialismo y con los bloques dialoguistas. Representantes del Gobierno aseguraron que los artículos originales vinculados a discapacidad serán eliminados del proyecto de Presupuesto y reemplazados por un texto acordado con aliados parlamentarios.

La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado. No obstante, el oficialismo buscaría elevar los requisitos para acceder a ese beneficio.

El debate ocurre mientras en la Cámara de Diputados también se discute una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones que mantenían el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.

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