POLITICA
AYSA en venta: la privatización más grande y con un puñado de conocidos en la pelea por el agua de 14 millones de argentinos
En estos últimos días hubo visitas a las plantas de Aguas y Saneamientos (AYSA). No hubo ni tantas como se esperaban ni tampoco tan variadas como algunos se ilusionaban. De hecho, cuando termine el tiempo que prevé el proceso en el que los grupos interesados pueden revisar y mirar a fondo las instalaciones, ya prácticamente será imposible que aparezca un nuevo grupo que presente una oferta para quedarse con la privatización más grande que tiene en marcha el Gobierno.
El 12 de agosto terminará el tiempo para la consulta de los pliegos y 15 días después se presentarán las ofertas.
Entonces empezará a tomar forma el nuevo dueño de una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina, que da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.
La lista de interesados combina jugadores locales con peso político y sanitaristas internacionales. Eso sí, no son tantos como imaginaban cuando se diseñó el proceso.
Entre los locales aparecen dos grupos que todos descontaban que estarían en la línea de partida.
El primero corresponde a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.
No es un jugador nuevo: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua de AYSA.
Ya protagonizó un antecedente incómodo: en 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, un proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica y que no avanzó en sede judicial.
Filiberti, técnico en temas de agua y saneamiento, trabaja en una propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería y construcciones creada por Walter Román.
Otro de los que era un pleno es el Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con más trayectoria específica en el rubro de aguas, aunque no en saneamiento.
El conglomerado de empresas, que también opera el ramal Urquiza de trenes con Ferrovías y el subte porteño, tiene a su histórico líder, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos. Es arrepentido y reconoció haber pagado coimas, puntualmente, el 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.
El tercer interesado, al menos quien estuvo en los días de consulta de pliegos llamado data room, es JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats.
La compañía también tiene ejecutivos procesados en la causa de los Cuadernos de las Coimas después de que el contador Víctor Manzanares contara que la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner.
Manzanares dijo que Los Sauces alquiló al Grupo Relats durante 11 años, a 90.000 por mes, ese complejo: desde la administradora a la familia presidencial se pagaron alrededor de US$10 millones.
En la causa Cuadernos se acreditó que en ese tiempo tuvieron 44 licitaciones, además de una docena de obras viales que las ganaron en UTE con otras firmas. Ahora van por el manejo del agua de alrededor de un tercio de los argentinos.
Otro de los que se mencionó como interesado es el grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo.
Sin embargo, no se los ha visto protagonistas en estos tiempos de consultas a los pliegos.
No se sabe exactamente el grado de interés de Sabesp, un gigante brasileño que opera la red de San Pablo. En el sector especulan que podría presentar una oferta aunque no es seguro, pero al menos estuvo presente en este tiempo de consultas y data room.
Otro jugador es la francesa Veolia. Sin embargo, los franceses no parecen ser de la partida, sino los socios que manejan la filial local, prestadora de servicios de algunas plantas potabilizadoras en barrios privados y countries.
La estatal israelí Mekorot ha estado presente en las reuniones preparatorias pero, según especulan, funciona como garantía de “prestigio internacional” para blindar el proceso ante las críticas y no como operador de la red.
El formato y los planes
No es un dato menor el formato elegido: el pliego autoriza la venta sin base y sin precio mínimo público. Traducido: el Estado puso a la venta el activo sin fijar de antemano cuánto vale. El resultado, dice el propio texto oficial, “dependerá de la competencia efectiva entre oferentes”.
El contrato de concesión firmado en mayo y que es el que se entregará a los nuevos concesionarios fija una inversión de US$1940 millones para el primer quinquenio y US$2030 millones para el segundo, hasta llegar a 15.040 millones en los 30 años de vigencia.
Las metas de esos primeros diez años, sin embargo, son modestas: la cobertura de agua potable pasa de 75,3% a apenas 78,9%, y la de cloacas de 63,9% a 65,3%. La presión de agua —el reclamo más repetido de los usuarios de la zona sur del conurbano— mejora del 58% al 61% y luego al 67% de mallas con servicio satisfactorio, mientras que la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo completan una agenda que el propio pliego describe como de “estabilización operativa”, no de expansión.
Las obras de mayor porte quedan, en su mayoría, fuera de la primera década de la concesión. Entre 2026 y 2036 se completan apenas la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1 y la ampliación de la planta de Bernal, junto con el cierre del Plan de Transición heredado de la gestión anterior. Recién después aparecen en el contrato el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y las cuatro plantas de tratamiento cloacal que la Región Metropolitana necesita hace años —Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar—, todas obras de entre 150 y 560 millones de dólares que el concesionario recién estaría obligado a encarar una vez terminado el segundo quinquenio.
El contrato tiene, además, tres agujeros que ya empiezan a discutirse puertas adentro del sector. No prevé la universalización del servicio dentro de sus 30 años: esa meta queda relegada a una eventual prórroga, con una cobertura que llegaría, en el mejor de los casos, al 90% en agua y al 75% en cloacas. La obra de Berazategui, clave para la disposición de efluentes de buena parte del conurbano, solo tiene comprometidos “estudios” para el segundo quinquenio, sin fecha ni presupuesto para la ejecución. Y el problema de los nitratos —una cuestión de salud pública, no de confort— recién se resuelve en un 99% hacia 2041, en el tercer ciclo tarifario, 15 años después de la firma del contrato.
En el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones con la operación de venta del 90% de las acciones. El 10% restante, en tanto, quedará para el programa de propiedad participada (PPP), el centro de la pelea gremial. Además, el sindicado logró que en los pliegos quede claro que el Convenio Colectivo que rige la actividad de los empleados, que tiene vigencia hasta 2028, se mantenga como régimen laboral aplicable.
A fines de agosto dejará de ser una discusión de despachos oficiales y dudas técnicas. El agua y las cloacas de 14 millones de personas van a tener, por primera vez en dos décadas, un dueño privado.
Diego Cabot,Política económica,Comunidad de Negocios,Argentina,Conforme a
POLITICA
Una diputada de Unión por la Patria busca declarar tres días no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina
La Cámara de Diputados avanza con distintas iniciativas vinculadas a la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Entre las propuestas, la diputada peronista Sabrina Selva pidió declarar, con carácter excepcional y por única vez, días no laborables en todo el territorio nacional el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026.
La diputada de Unión por la Patria sostuvo que la visita representa un hecho histórico y que estará acompañada por una gran movilización popular. Según planteó, una ley que declare los días no laborables permitiría otorgar mayor certeza jurídica a la medida de excepción.
“No solo implica un acto que refuerza la fe de millones de argentinos, sino que además resulta una situación extraordinaria toda vez que es un evento al que acudirán con total seguridad, millones de feligreses tanto de nuestro país como de otras regiones de nuestro continente”, expresó Selva.
La iniciativa destaca la “trascendencia histórica, cultural, social y espiritual de la presencia del Papa en la Argentina”. Además, señala que se tratará de su primer viaje apostólico a Sudamérica, con una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.
Los vecinos y aliados regionales de la Argentina fueron aumentando en los últimos años las relaciones con las islas Malvinas al margen de las declaraciones de apoyo al país en los foros internacionales. La nueva postura del presidente Javier Milei respecto de la cuestión ha vuelto a sacar a la luz situaciones que no estaban ocultas, pero de las que la política se ocupó poco y nada.
El repentino ímpetu malvinero de Milei y las promesas de sanciones a empresas y particulares que se vinculen con la explotación de petróleo en las islas provocó reacciones en Uruguay y Chile por los perjuicios que eso podría acarrear.
El de Chile es el caso quizás más evidente. La ciudad de Punta Arenas, ubicada sobre el estrecho de Magallanes, sostiene una relación de larga data con las islas, de donde provienen muchos de los chilenos que residen o trabajan allí de forma temporal. La ruta marítima que conecta a Punta Arenas con el archipiélago, de unos 900 kilómetros, cuenta con una historia de 120 años. En el año 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recala en sus puertos de barcos que naveguen con la bandera de las islas. Posteriormente, en 2012, la ruta quedó completamente cerrada debido a la presión ejercida por el entonces gobierno argentino. Como consecuencia de esta interrupción, los habitantes de las islas debieron recurrir a Uruguay para abastecerse de víveres, repuestos, maderas y todo tipo de bienes.
En las últimas semanas se anunció un acuerdo entre una naviera chilena, Eastern Island Naviera (EIN), y las Malvinas para retomar esa vieja ruta con viajes periódicos cada dos o tres meses. EIN y el gobierno de Punta Arenas aseguran que se trata de un acuerdo entre privados y que no tiene que ver con la futura explotación petrolífera en las islas, que se calcula comenzará en 2028.
El tema volvió al centro de la agenda pública tras la visita a Chile del presidente argentino, durante la cual firmó un comunicado conjunto con su par chileno, José Antonio Kast. En ese documento se estipula que el gobierno chileno evitará las actividades logísticas ilegales entre el país vecino y las islas.
La abogada internacionalista Paz Zárate, consultada frecuentemente por los medios chilenos, sostuvo en el programa televisivo 24 Horas que este texto constituye uno de los documentos más perjudiciales para Chile “en la era moderna”. Según Zárate, el documento establece un respaldo a una alianza antibritánica contraria a los intereses de Chile, considerando que “el Reino Unido es el principal proveedor de la Armada chilena y su alianza militar más antigua”. Por esta razón, afirmó que “Chile no podría sumarse a un boicot contra el Reino Unido como pretende Argentina”.
¿Entonces, en qué consiste el apoyo diplomático de Chile a Argentina por las islas Malvinas? “El Chile democrático ha entregado un apoyo nominal a la causa argentina, pero a Chile le interesa preservar el comercio entre Punta Arenas y las islas”, afirmó la abogada.
Podría preguntarse si para compensar esa pérdida se puede considerar la provisión de gas argentino a Chile. Para Zárate, tampoco en eso hay señales positivas. “Argentina tiene un récord en el Ciadi por violación de acuerdos en temas energéticos y algunos de ellos respecto de Chile”, agregó. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones y depende del Banco Mundial.
La desconfianza de esta abogada se condice con una encuesta reciente de la consultora chilena Cadem que dio como resultado que el 69% de los consultados considera que Argentina tiene pretensiones territoriales; otro 65%, que las islas Malvinas son británicas y un 60%, que Argentina es un socio poco confiable para Chile.
Días antes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había asegurado que la región de Magallanes, a la que pertenece Punta Arenas, ha acumulado pérdidas por 300 millones de dólares desde la prohibición de recalar decretada en 2011. Las autoridades chilenas estiman que actualmente, las islas poseen un poder de compra estimado en 20 millones de dólares anuales. Las necesidades de abastecimiento en las islas sobrepasan la capacidad actual de los envíos desde Montevideo y se prevé que la demanda aumente ante el crecimiento poblacional proyectado con la explotación petrolera.
Para impulsar el intercambio, el gobierno isleño y el municipio de Punta Arenas promueven la participación de comerciantes y empresarios de Malvinas en la Expo Comercial de Punta Arenas, prevista para los días 28 y 29 de septiembre. En este encuentro participarán representantes de los sectores de comercio, productos agrícolas, gas licuado, vinos, turismo, elementos de construcción y el rubro naviero.
Uruguay
Montevideo ha reemplazado a Punta Arenas en cuanto al abastecimiento de mercaderías a las islas. Uruguay no permite que lleguen a sus costas barcos con la bandera isleña, pero sí con la de la marina mercante británica. De esta manera elude el acuerdo del Mercosur de 2011. Esto permite el aprovisionamiento de las islas con mercaderías de todo tipo desde Uruguay, pero también habilita servicios portuarios para las naves de varios países que pescan en el Atlántico Sur y de los barcos británicos que van a la Antártida.
Las ganancias por estos servicios, según estimaciones de cámaras comerciales publicadas en medios uruguayos, es de 150 millones a 200 millones de dólares anuales.
También es ya tradicional cada año la presencia en Expo Prado, la principal exposición rural y agropecuaria uruguaya, de un stand de las “Falkland Islands”. El gobierno argentino reclamó por ese hecho pero desde Montevideo se desestimó tomar cualquier medida al respecto.
Hay que recordar que Gran Bretaña y Uruguay firmaron en mayo pasado un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación bilateral. De allí surgió una propuesta para vender a Uruguay tres patrulleras oceánicas de la Royal Navy que serán dadas de baja en 2028.
Una noticia que había impactado muy negativamente en el gobierno esta semana aseguraba que una empresa holandesa estaba estudiando el suelo marino en la costa uruguaya como tarea previa para la posterior instalación de un cable de comunicaciones que uniera ese país con las islas Malvinas. El presidente Yamandú Orsi aseguró que se trataba de una noticia falsa. “Las islas Malvinas son argentinas”, dijo Orsi con la intención de despejar dudas.
Una fuente relacionada con el gobierno isleño negó tener noticias de que se hubiera encargado ese trabajo.
Desde el Ministerio de Industria, Economía y Minería de Uruguay, Pablo Siris Seade, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo a este diario que el gobierno nacional no recibió ninguna solicitud de autorización de empresa o gobierno alguno para realizar ese estudio. “Hay dos comisiones del gobierno que reciben las solicitudes para estos trabajos y solamente hay una que no es de esa empresa y no va al sur, sino al este”, indicó. Además, agregó que “la embarcación de la empresa holandesa Fugro recaló en puertos uruguayos como lo hacen todos los barcos que van y vienen al sur”.
Fugro emitió este viernes un comunicado en el que explica: “El contrato de Fugro para las actividades de estudio del lecho marino es con SubCom, una empresa estadounidense. El estudio forma parte de un proyecto internacional de cable submarino de telecomunicaciones a gran escala que conecta múltiples ubicaciones”.
En Brasil
Pero no es sólo en Montevideo donde recalan los barcos que van y vienen de Malvinas. También lo hacen en Santos, Brasil. Nuestro vecino no sólo da asistencia portuaria sino que también exporta a las islas algunos productos como gas licuado, carne y agua envasada, pero en cantidades insignificantes para la dimensión del país. Lo que sí es relevante es la Asociación Estratégica Reino Unido-Brasil, un acuerdo firmado este año entre ambos gobiernos. Entre sus objetivos se incluye incrementar los vínculos políticos, militares, inteligencia, comerciales y educativos, entre otros. Implica también el respaldo de Londres a Brasilia para la obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Esto eleva la cooperación bilateral a un nivel sin precedentes”, señaló el documento oficial emitido por Itamaraty.
La venta de licencias de pesca es el principal ingreso económico de las islas. El país que más pesca en la zona de Malvinas por medio de joint ventures con empresas locales es España, particularmente la flota gallega. El 94 por ciento del calamar que se obtiene en aguas de las islas tiene como destino el puerto de Vigo.
España, país tradicionalmente aliado a Argentina por su propio diferendo por Gibraltar, ha tenido una posición fuertemente defensiva de la flota que pesca en el Atlántico Sur.
Luego del Brexit, las islas perdieron el acceso libre de cuotas y aranceles al mercado europeo, por lo que las empresas españolas se encontraron ante la perspectiva de tener que pagar aranceles que iban del 6 al 18 por ciento. La presión diplomática y corporativa de Madrid en Bruselas logró que la Comisión Europea reconociera una cuota de calamar que podría entrar a la UE sin pagar aranceles, a los fines de mantener la producción y el empleo que genera la industria.
Podrá decirse que con tres de los cuatro países mencionados la Argentina hoy no tiene óptimas relaciones, producto de la política confrontativa de Milei. También es cierto que esta situación lleva años, o décadas.
El exsecretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza decía días atrás que en América Latina las alianzas han desaparecido y que eso hace que nos vayamos quedando atrás. Palabras a medida de la Argentina.
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El presidente Javier Milei le restó importancia a que Patricia Bullrich haya utilizado una canción de Lali Espósito en un video publicado en medio de las tensiones internas por los cambios previstos en el sistema de discapacidad. Según contó la periodista Marcia Frisciotti (Pochi) en Canal 13, el mandatario sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia, escuchó temas de la artista que le gustaron.
“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la respuesta que el jefe de Estado transmitió ante la consulta del programa.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae el intercambio entre Milei y la periodista, y ratificaron el contenido de la declaración presidencial.
Milei se despegó de la polémica por la canción elegida por Bullrich
La consulta se produjo luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, difundiera un video en su cuenta de X acompañado por “No me importa”, una canción de Lali Espósito.
La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En particular, cuestionó no haber sido informada sobre los cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich señaló que la discusión no había sido abordada en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.
El video de Bullrich coincidió con cuestionamientos al Presupuesto 2027
El capítulo referido a discapacidad contempla cambios en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También introduce modificaciones a la ley 24.901, que regula desde 1997 la atención integral del sector.
Bullrich había advertido que la falta de información podía generar dificultades en el trabajo legislativo del oficialismo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, planteó.
El conflicto entre Milei y Lali Espósito comenzó tras las PASO de 2023
La polémica entre Javier Milei y Lali Espósito se remonta a las PASO de 2023, cuando la cantante publicó en redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario. El entonces candidato presidencial respondió con críticas públicas y, ya en la Presidencia, volvió a cuestionarla en distintas oportunidades.
La artista replicó en 2024 con la canción “Fanático”, que fue interpretada como una respuesta a esos cuestionamientos y profundizó la disputa pública entre ambos. En ese contexto, la respuesta del Presidente buscó quitarle centralidad política al uso de la canción por parte de Bullrich y sostuvo que la valoración de una obra artística no debería quedar sujeta a las diferencias partidarias.
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