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Una exdirectiva de una empresa de Lázaro Báez realizará tareas comunitarias a cambio de no ir a juicio por corrupción

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Una exdirectiva de una empresa de Lázaro Báez fue beneficiada en una causa judicial en la que estaba acusada de fraude, al lograr la suspensión del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.

La decisión es de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que benefició, en un fallo dividido, a Myriam Elizabeth Costilla, directora de la empresa de Báez Kank y Costilla SA.

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El fallo de la mayoría fue firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había concedido la suspensión de juicio a prueba a Costilla.

Lázaro Báez, cuando fue trasladado en ambulancia entre la unidad penitenciaria y el Juzgado Federal de Río GallegosArchivo

Borinsky fue quien argumentó y Barroetaveña adhirió a sus fundamentos. Borinsky mencionó que ese fallo “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa”.

En disidencia, el juez Gustavo Hornos se pronunció en contra de otorgar el beneficio y, por el contrario, instó a que fuera llevada a juicio oral y público cuanto antes con el resto de los acusados.

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Esta causa es el segundo tramo de la causa Vialidad por corrupción estatal, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.

Costilla fue beneficiada con la suspensión de la causa a cambio de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar tareas comunitarias durante dos años por cuatro horas semanales en favor del Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Tanto la fiscalía, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, como la Unidad de Información Financiera, que es la parte querellante, se opusieron a la concesión de ese beneficio. Acusan a Costilla de haber intervenido, entre enero de 2007 y agosto de 2013, en la ejecución y subsistencia de una matriz de corrupción.

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Le imputan que desde su rol de presidenta de Kank y Costilla SA permitió que se sustrajeran “en forma periódica y constante” fondos públicos mediante una maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial.

Dijo la fiscalía que, para concretarlo, en uso de sus facultades como presidenta de la empresa, Myriam Elizabeth Costilla decidió ofertar en las licitaciones investigadas.

Todo esto a pesar de que estaba prohibido que otras firmas del mismo conglomerado ofertaran en la misma licitación, “contribuyendo a la estrategia desplegada por el grupo encabezado por Lázaro Antonio Báez”.

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La firma Kank y Costilla S.A. fue incorporada al entramado empresarial controlado por Lázaro Báez en 2007, cuando comenzó a ejecutarse la maniobra defraudatoria.

El 15 de enero de 2007, Báez adquirió, junto con Austral Construcciones S.A., el 100% de Kank y Costilla S.A., que desde entonces pasó a integrar el conjunto de empresas bajo su dirección y control.

Así manejó el circuito económico mediante el cual se canalizaron y administraron los beneficios derivados de las contrataciones públicas irregulares investigadas, señala la acusación.

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En su disidencia, el juez Gustavo Hornos destacó que no podía otorgársele la probation sobre la base de la gravedad institucional de los hechos investigados.

Destacó que los delitos por los que se acusa a Myriam Costilla como presidenta de la firma Kank y Costilla S.A. “permiten dimensionar la entidad de la maniobra investigada, ejecutada por funcionarios de la más alta jerarquía del Estado Nacional junto a personas privadas, ocasionando un colosal daño al erario público, que representa una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina”.

Dijo el juez que la señora debe enfrentar un juicio oral y público, “ámbito natural para el debido esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades”.

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Hornos dijo que se trata de hechos de corrupción, los cuales “deben ser juzgados con la máxima severidad”, ya que no solo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que “dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia”.

Sostuvo que “La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Dijo qeu cuando un funcionario público participó del hecho no corresponde aplicar este beneficio a un particular y puso como ejemplo que en otro tramo de este caso ya tienen condena firme Cristina Kirchner y José López, entre otros.

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Por último, destacó la necesidad de avanzar sin mayores dilaciones hacia la realización del juicio oral y público, dado el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.

En El segundo tramo del caso Vialidad se invetsiga a una red secundaria de empresarios y exfuncionarios que supuestamente participaron en el desvío de fondos de obras públicas.

Se centra en los contratos irregulares otorgados a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Los acusados son empresarios, socios y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, como Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el excontador Fernando Butti y el exfuncionario Sandro Férgola.

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Se buscan determinar las responsabilidades operativas en el fraude a la administración pública y el encubrimiento de la estructura de corrupción.

El Tribunal Oral Federal 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner, lleva adelante el caso, donde varios acusados firmaron acuerdos de juicio abreviado para admitir su culpabilidad a cambio de una pena menor.




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Cruce en la ONU: cómo surgió la réplica de la Argentina al Reino Unido tras los dichos de Burnham sobre Malvinas

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NUEVA YORK.- La previa del discurso que el presidente Javier Milei dará en la mañana de este miércoles en la Asamblea General de la ONU, y dond reforzará el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, estuvo dominada por un inusual cruce entre la Argentina y el Reino Unido en ese escenario global, luego de que el canciller Pablo Quirno le respondiera al primer ministro británico, Andy Burnham, quien más temprano había asegurado -al hablar de las islas- que su país estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”.

El canciller argentino habló durante casi tres minutos, cerca de las 21 (hora local), al ejercer el derecho a réplica que concede el organismo multilateral. Quirno reiteró la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”, y afirmó que las islas “están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”.

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“La réplica surgió de un equipo que está atento a las presentaciones de diferentes países, y hoy el primer ministro británico mencionó las Malvinas. Es la primera vez es en muchísimo tiempo que un premier británico menciona a las islas en la ONU”, explicó Quirno en la noche de este martes a un grupo de periodistas de medios argentinos, entre ellos .

Y añadió: “La estrategia del Reino Unido históricamente ha sido ignorar nuestro reclamo y los llamados de las Naciones Unidas a dialogar y a resolver el tema de la soberanía. Y es evidente que la estrategia diseñada por el Gobierno lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado a que el Reino Unido haya tenido que hablar del tema con Donald Trump, como dijeron ellos, y que hayan tenido que mencionarlo hoy en Naciones Unidas”, amplió, al hacer referencia al encuentro bilateral que Burnham mantuvo el martes con el presidente norteamericano.

Trump se reunió el martes último por primera vez con Burnham después de semanas de tensión que incluyeron algunas referencias del líder norteamericano sobre las Islas Malvinas que generaron un alto impacto en Londres y en Buenos Aires.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente Donald Trump, en una reunión bilateral al margen de la Asamblea General de la ONU.Toby Melville – Pool Reuters

El tema Malvinas, de hecho, estuvo entre lo que se abordó en la reunión bilateral, según confirmó el primer ministro laborista, sin dar mayores detalles.

“Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza al orden de la ley, no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”, advirtió Burnham en su discurso en el atril de la ONU.

Quirno explicó que, al ser el primer ministro un jefe de G¿gobierno, existe el derecho a réplica en el organismo multilateral. “Y eso es lo que la Argentina hizo luego de que terminaran las declaraciones de todos los líderes” que estaban en la orden del día, señaló.

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El canciller llegó por la noche a la sede de la ONU luego de acompañar a Milei en su encuentro de poco más de 20 minutos con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el hotel Lotte en Manhattan, donde Trump dio una recepción para los líderes que participan de la Asamblea General.

En su exposición, en compañía del embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, Quirno sostuvo que la “ocupación” británica del territorio “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”.

El canciller Pablo Quirno, en la ONU

“La Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia”, subrayó Quirno.

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Y añadió: “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional”.

“La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Tras ese cruce entre la Argentina y el Reino Unido, este miércoles a las 10.45 (hora local, las 11.45 de la Argentina) será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, en el que se espera refuerce el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con la imposición de sanciones a empresas e hidrocarburos que operan ilegalmente en la zona.

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El Gobierno hace concesiones en Discapacidad y planea una sesión por morosidad para adelantarse a la oposición

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El Gobierno empezó a hacer concesiones en la negociación por Discapacidad y prepara una sesión propia en Diputados para intentar adelantarse a una convocatoria de la oposición. La intención es incluir el nuevo régimen para el sector junto con los proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento familiar.

“Vamos a ceder, pero tampoco vamos a entregar todo”, sostienen en Nación. La prioridad de la Casa Rosada es eliminar la emergencia vigente y reemplazarla por una ley permanente, con reglas sobre prestaciones, pensiones, actualización de aranceles y financiamiento del sistema.

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La negociación tiene además un plazo inmediato: este miércoles las comisiones de Discapacidad y Presupuesto deben firmar dictamen. El oficialismo quiere llegar a esa instancia con un texto acordado con los bloques dialoguistas y evitar que avance la propuesta opositora para prorrogar la emergencia.

En el oficialismo aseguran que vienen negociando con los bloques dialoguistas y que creen estar cerca de reunir los votos necesarios, aunque reconocen que el número sigue siendo ajustado. “Puede pasar cualquier cosa”, admiten cerca de las conversaciones parlamentarias.

El objetivo político es evitar que la oposición tome nuevamente la iniciativa y convoque por su cuenta a una sesión para avanzar con la prórroga de la emergencia. Por eso, LLA analiza impulsar una sesión durante la primera o segunda semana de octubre con un temario que incluya Discapacidad y endeudamiento familiar.

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Alejandro Vilches atribuyó su salida de la Secretaría Nacional de Discapacidad a «motivos personales» (Foto: X @DiputadosAR).

La Libertad Avanza reunió este martes a diputados del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para presentarles el nuevo dictamen y el cronograma legislativo de las próximas semanas. El texto refleja algunas de las concesiones que el oficialismo aceptó durante las negociaciones. Mantiene la universalidad del nomenclador, la homogeneidad de los aranceles y su actualización, sostiene las pensiones no contributivas y establece que las compensaciones adeudadas a los prestadores deberán abonarse según un cronograma.

La propuesta también garantiza cobertura de salud para los beneficiarios de las pensiones, contempla la posibilidad de que puedan trabajar y establece beneficios impositivos para quienes los contraten por tiempo indeterminado. Además, prevé partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema.

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Discapacidad: otro error evitable que el Gobierno deberá subsanar condicionado por los aliados en el Congreso

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El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

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La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

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A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

El presidente Javier Milei

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

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“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

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