POLITICA
Inédito convenio para que la ONG Transparencia Electoral fiscalice los nuevos comicios en la UOM Zárate-Campana

En una decisión inédita en el país, las nuevas elecciones que se harán en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) serán fiscalizadas por Transparencia Electoral, una reconocida ONG internacional especializada en verificar que las votaciones se hagan de manera neutral y sin irregularidades.
La decisión, anticipada por Infobae, fue adoptada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, quien el viernes pasado firmó un convenio marco con el presidente de aquella entidad, Leandro Querido, para “garantizar la transparencia y la gobernanza institucional en el proceso electoral”, como se informó oficialmente.
“Ambos coincidieron en el interés mutuo de promover la democracia interna y las buenas prácticas institucionales durante el proceso electoral, el cual se desarrollará dentro del plazo de 180 días hábiles dispuesto para la intervención”, dice un comunicado.

El texto resalta que “este convenio representa una colaboración virtuosa enfocada de manera directa en el control y saneamiento de los padrones, la conformación del cronograma electoral y la fiscalización del proceso de elección de las nuevas autoridades”.
En diálogo con Infobae, Querido dio precisiones sobre la tarea que desarrollará en la UOM: “Transparencia Electoral hace más de 15 años que trabaja en toda América Latina promoviendo la integridad electoral, y, luego de asistir técnicamente a muchas autoridades electorales nacionales y subnacionales, creemos que toda esa experiencia puede ser incorporada por asociaciones civiles que también realizan elecciones. Sindicatos, Cámaras Empresariales, asociaciones de profesionales, clubes sociales y deportivos -agregó- tienen la oportunidad de mejorar sus procesos de decisión interna. Esto redunda en beneficio de las organizaciones y de sus integrantes, mejora la calidad de representación y reduce conflictos y tensiones».

Según el titular de la ONG, “en su momento hubo en muchos países de América un reclamo ciudadano por elecciones limpias y competitivas, y muchos avances en los procesos electorales que mejoraron, como padrones confiables, tecnología y resultados rápidos y confiables”. “Hoy todo ese avance puede trasladarse a las instituciones de la sociedad -aseguró-. En este sentido también hay un reclamo por parte de la ciudadanía”.
Acerca de la tarea específica en la UOM, Querido sostuvo que su organización “está en condiciones de elaborar un diagnóstico técnico y de realizar una asistencia en materia electoral”, aunque precisó que “estos dos puntos y sus diferentes alcances queda a criterio de la intervención judicial”. De todas formas, señaló: “Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para avanzar en aspectos que hacen al fortalecimiento de los procesos electorales íntegros y con garantías”.
Afirmó que “un proceso electoral tiene tres etapas: preelectoral, la jornada de votación y la poselectoral”, tras lo cual destacó: “En la primera se destacan la normativa, las condiciones, el padrón electoral y la inscripción de candidatos. En la segunda, la fiscalización y la observación electoral se torna muy importante. Y la tercera se vincula con los reclamos o conflictos que puedan darse a partir de los resultados. En todas estas instancias puede colaborar Transparencia Electoral”.

Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.
Para fundamentar su fallo, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Abel Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.

El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Biglieri, un abogado que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es interventor de la UOM nacional, que encabezaba Furlán desde 2022, y cuya reelección, en un congreso nacional metalúrgico realizada el 18 de marzo, también fue anulada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que le ordenó que suspendiera ese encuentro ante las irregularidades en la UOM Zárate-Campana, pero el entonces líder del sindicato desoyó la sentencia.
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POLITICA
Quirno reclamó el cese de la explotación británica y pidió negociar por Malvinas tras la advertencia de Burnham

El canciller Pablo Quirno respondió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las palabras del primer ministro británico, Andy Burnham, quien aseguró que el Reino Unido estaba dispuesto a defender su dominio sobre las Islas Malvinas. Frente a esto, pidió un freno a la explotación petrolera aprobada unilateralmente y llamó a reabrir las negociaciones.
“En respuesta a lo expresado por el señor Primer Ministro del Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas, deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino”, afirmó al inicio de su discurso.
Tras las declaraciones de Burnham, en donde afirmó que el Reino Unido se mantendrá firme ante “cualquier amenaza” al derecho de los territorios británicos a seguir siéndolo, entre ellos las Malvinas, la Cancillería elevó un pedido a la ONU para solicitar el derecho a réplica en el recinto. Así, esta medida obligó a los representantes británicos a presentarse en la sala y escuchar la postura argentina.
En este contexto, Quirno negó que el Reino Unido tuviera derechos soberanos sobre los archipiélagos y las áreas marítimas que los rodean, debido a que se tratan de territorios argentinos bajo ocupación ilegal británica desde enero de 1833.
Según expresó, aquella acción quebrantó la integridad territorial argentina, con el objetivo de desplazar a las autoridades y a la población nacional que se encontraban establecidas en las islas. Asimismo, indicó que la estrategia de la Corona inglesa fue sustituir a esa población “por súbditos británicos”.
“Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina, que formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas hasta el presente”, apuntó el canciller al hacer referencia al histórico reclamo nacional sobre la soberanía de las islas.
En este sentido, remarcó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. Asimismo, subrayó que estos organismos instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.
De acuerdo con las declaraciones a las que tuvo acceso Infobae, Quirno indicó que el Comité Especial de Descolonización volvió a pronunciarse en ese sentido en junio de este año y expresó que el Gobierno argentino mantiene su disposición a iniciar “negociaciones bilaterales sustantivas” con Londres, en línea con la resolución de la ONU.

“Nuestro país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias, con un multilateralismo eficaz y con un orden mundial basado en reglas”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.
De la misma manera, instó al Reino Unido a cumplir sus compromisos en materia de descolonización y cuestionó las decisiones unilaterales adoptadas mientras la controversia permanece sin resolver. Un reclamo que fue en línea con el repudio del presidente Javier Milei y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras extranjeras (de origen británico e israelí) que planean extraer los recursos naturales de la cuenca norte de las Islas Malvinas.
En línea con esto, Quirno recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General —de cuya aprobación se cumplirán 50 años en los próximos días— exhortó a ambas partes a no introducir cambios unilaterales en la situación de las islas durante el proceso recomendado por las Naciones Unidas.
“Las partes en una disputa deben abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa está pendiente de solución”, señaló el canciller, al referirse a ese principio. Tras volver a defender el derecho a reclamar por la soberanía de las islas, Quirno concluyó: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.
POLITICA
El respaldo de Trump a Milei en la cumbre del Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

Javier Milei volvió a recibir un respaldo público de Donald Trump durante la segunda reunión del Escudo de las Américas, la alianza sobre seguridad regional impulsada por la Casa Blanca. En plena cumbre realizada en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense destacó a su par argentino al recordar sus triunfos electorales.
“Tuvimos una gran victoria en la Argentina… bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, afirmó Trump durante su discurso ante los mandatarios de la región, mientras dirigía la mirada hacia Milei. El republicano repasaba una serie de victorias políticas de aliados latinoamericanos cuando hizo esa referencia al presidente argentino.
El encuentro se realizó en la Room 6 de la ONU y reunió a representantes de los 15 países que integran el Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada por Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y reforzar la cooperación en materia de seguridad. Aunque la Casa Blanca había previsto una participación más extensa, el mandatario estadounidense permaneció unos 14 minutos en la reunión.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, entre otros funcionarios de alto rango. La presencia de ese equipo reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna a la estrategia hemisférica.
POLITICA
ADEPA advierte sobre posibles impactos negativos para la libertad de prensa en el proyecto de ley de soberanía

La Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remitirá a los miembros del Congreso un análisis jurídico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el que pondrá el foco en aspectos que podrían causar un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
En un comunicado, ADEPA destacó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto en cuestión, enviado la semana pasada al Congreso por el Poder Ejecutivo, incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, en el que propone castigar con prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones”, continúa el comunicado.
Y concluye: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”.
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