POLITICA
Más desregulación: el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas y evalúa pedir seis meses de facultades delegadas
El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso y que apunta a modificar reglas históricas en sectores sensibles de la economía.
Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario. También prevé ajustes en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Se busca, en líneas generales, reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas.
Pero el texto contiene un título final, el 10, donde hace un pedido sensible. Solicita al Congreso seis meses de facultades delegadas para avanzar con nuevas desregulaciones por decreto.
El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y por estas horas permanece “en revisión”. Según pudo saber , espera la firma del presidente Javier Milei antes de ser enviado al Congreso.
Son cambios que anticipan debates acalorados. El oficialismo acumula iniciativas ideadas por el equipo de Sturzenegger en el Congreso por falta de avales. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión del Senado. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica; ni la nueva Ley General de Sociedades, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.
Facultades delegadas
El Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses para quedar habilitado a modificar o derogar normas que, a su criterio, restrinjan la competencia o generen barreras de entrada en distintos mercados. Entre otras cuestiones, podría avanzar sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno considera obsoletas o perjudiciales. A cambio, deberá remitir al Congreso un informe trimestral con las medidas adoptadas.
El objetivo implícito es acelerar la eliminación de regulaciones sin necesidad de impulsar una ley para cada modificación. Se trata de un esquema similar al que el Gobierno buscó durante la sanción de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad circunscripto a la agenda de desregulación económica.
Medicamentos, libros y garrafas
Uno de los capítulos más sensibles tiene que ver con los medicamentos. El Gobierno insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.
Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica.
Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.
El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.
En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.
Cambios en el sistema financiero
El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.
Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.
En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.
Campos, barcos e inmobiliarias
El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.
Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.
La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.
En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
Vino, traductores y cooperativas
El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo. Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.
Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.
Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.
pic.twitter.com/oncWHSiwFj,December 16, 2024,@JMilei,pic.twitter.com/J9e52QHlmj,September 4, 2025,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
Río Negro: La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento partidario y se alista para competir por la gobernación
La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral como partido político de distrito y se perfila para participar con sello propio en las elecciones provinciales de 2027, además de otras contiendas previstas en el calendario electoral local.
Si bien el principal objetivo es disputar la gobernación, los armadores libertarios anticiparon que también buscarán competir en instancias previas, entre ellas la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, prevista para el 1 de noviembre, en la que se reformará la Carta Orgánica municipal.
El senador Enzo Fullone encabeza el armado político de la fuerza y aparece como uno de los principales nombres para la contienda para suceder a Alberto Weretilneck al frente del Ejecutivo provincial.
En el mismo espacio también se encuentra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien se afilió a La Libertad Avanza hace pocas semanas. El legislador ya había manifestado en 2025 su intención de competir por la gobernación, aunque dentro del espacio no descartan que pueda integrar una fórmula como candidato a vicegobernador.
La fuerza que lidera Javier Milei desde la Casa Rosada celebró el reconocimiento oficial, que le permitirá competir con sello propio sin necesidad de integrar alianzas o frentes electorales.
Con este aval, además de proyectarse para la elección provincial de 2027, La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en los comicios para convencionales constituyentes de Bariloche, convocados para revisar y modificar la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de Río Negro.
La resolución fue firmada a principios de este mes por el juez electoral Carlos Da Silva, quien otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para actuar tanto en el ámbito provincial como en el municipal.
El partido podrá utilizar oficialmente los tradicionales colores violeta y negro y contará con autorización para emplear distintos emblemas partidarios, entre ellos la “peluca” alusiva al presidente Javier Milei, diversas representaciones de un león, además del contorno de un águila y una serpiente.
En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que La Libertad Avanza posee reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades proclamadas y mandato vigente hasta marzo de 2029. La diputada nacional Lorena Villaverde figura como presidenta; el apoderado partidario, Damián Torres, como vicepresidente; y el senador Enzo Fullone, como tesorero.
Más allá de la estructura formal, Fullone es quien conduce el proceso de consolidación y expansión territorial del espacio. “Es el responsable del armado partidario en toda la provincia”, sostienen desde el sector, aunque aclaran que todavía no existe una definición respecto de una eventual candidatura a gobernador.
Si bien Villaverde continúa siendo la presidenta del partido, en el espacio reconocen que, desde la difusión de denuncias vinculadas a presuntas causas por narcotráfico en Estados Unidos, dejó de ejercer la conducción política. De hecho, tampoco participó de la celebración por la obtención del reconocimiento partidario.
Con esta resolución, La Libertad Avanza completó el último requisito legal que le restaba para competir con sello propio en las próximas elecciones de Río Negro.
Según datos oficiales, el partido que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei cuenta con 2.395 afiliados en la provincia y ya tiene aprobada su Carta Orgánica Partidaria.
POLITICA
Piden el juicio político para la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la selección de Francia
MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.
La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.
El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.
El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.
Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.
La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.
La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.
“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.
Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.
Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.
El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.
Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.
“equipo africano de flojos modales”.,dijo que no tenía razones para retractarse.,considerarlos de “carácter discriminatorio”.,Pablo Mannino,Mendoza,Francia,Conforme a
La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.
El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.
Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.
Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.
En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.
El ida y vuelta con el peritaje
“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.
Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.
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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.
La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia
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