MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.

La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.

El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.

Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.

La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.

La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.

“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.

Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.

Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.

El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.

Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.