POLITICA
Fentanilo Mortal: uno de los detenidos fue beneficiado con prisión domiciliaria por graves problemas de salud
Después de 331 días de detención, Javier Martín Tchukran, director general de Laboratorios Ramallo SA y director de manufactura de HLB Pharma Group SA, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, según el dictamen del Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial Federal, incorporado a la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado asociado a la muerte de al menos 173 pacientes.
El informe médico, firmado digitalmente el 17 de julio por el médico Miguel Bernardo Zappia, determinó que Tchukran —de 46 años, nacido el 30 de octubre de 1979— “padece un asma grave casi fatal de mal control de síntomas”, lo que lo convierte en “un paciente de alto riesgo que requiere un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, con temperatura templada”. El profesional también advirtió que el tratamiento actual es insuficiente y que el paciente debería ser evaluado para recibir fármacos biológicos.
El Cuerpo Médico Forense, a demanda de la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano, realizó dos estudios el 17 de julio de 2026. La oximetría de pulso arrojó una saturación de oxígeno del 97% en reposo, dentro de los parámetros normales. La espirometría computada y la curva flujo-volumen, en cambio, mostraron una obstrucción severa: volumen espiratorio forzado en el primer segundo apenas “alcanzó el 33% del predicho para su edad y talla —165 centímetros, 77 kilogramos, índice de masa corporal de 28,3—“.
Las conclusiones del médico Zappia son taxativas: “El detenido Javier Martín Tchukran presenta un examen neumológico con alteraciones clínicas y funcionales debido a mal control de síntomas. Dado los antecedentes referidos y constatados en historia clínica, entiendo que el actor padece de asma grave casi fatal, por lo cual debe estar en un ambiente libre de humo, libre de humedad, sin ácaros y con ambiente templado. Cabe aclarar que es un paciente de alto riesgo, dada la gravedad de la patología que padece. Entiendo que el tratamiento actual es insuficiente y debería ser evaluado para ser tratado con fármacos biológicos.”
Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.
El dictamen fiscal de la fiscal María Laura Roteta lo describía como “ingeniero químico”, aunque en su declaración indagatoria Tchukran se presentó como técnico químico recibido en la ORT. Su posición en el organigrama era transversal: dirigía la manufactura de HLB Pharma —la empresa que comercializaba el fentanilo— y a la vez conducía operativamente Laboratorios Ramallo, la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Ramallo donde se elaboraron físicamente los lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
En su indagatoria ante Kreplak, Tchukran intentó desvincularse del rol ejecutivo que le atribuía la acusación. Sostuvo que no era empleado de HLB sino consultor externo: “En primer lugar, yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB, que está en San Isidro, hacia el Laboratorio que está en Ramallo”, declaró.
La prueba más contundente en su contra provino de las cámaras de seguridad instaladas en su propio departamento, en el piso 6° de la Avenida Caseros al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. Los días 17 y 18 de mayo de 2025 —cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal—, Tchukran recibió en ese domicilio a Ariel García y a su hermano Diego García para diseñar una estrategia de ocultamiento de pruebas. Las imágenes, redirigidas automáticamente a su celular a través de una aplicación, fueron halladas en el allanamiento ordenado por el juez y reproducidas por los peritos informáticos. Los imputados no alcanzaron a borrarlas.
“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información”, se escucha decir a Tchukran en las grabaciones, incorporadas como prueba central del expediente. En otro tramo del video, el técnico químico simula estar orinando y agrega: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada”, en referencia al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa.
Las grabaciones también registraron la orden de Ariel García de someter ampollas de fentanilo a la autoclave —a 121°C y 2,1 kg/cm²— para destruir evidencias biológicas. En uno de los videos se ve a Tchukran trasladar una caja de cartón con ampollas desde el depósito del laboratorio. “Llevate esto, boludo”, le dijo García, y Tchukran asintió. La instrucción fue precisa: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, en referencia a Adriana Iudica, responsable de microbiología. Tchukran respondió: “Y que cultive las dos”.
En esa misma reunión, el ahora beneficiado con domiciliaria también reveló el nivel de conocimiento que tenía sobre las bacterias. Le dijo a García que la Ralstonia pickettii no le generaba mayor preocupación porque “la matas con un antibiótico choto”, pero advirtió que la otra bacteria —presumiblemente la Klebsiella pneumoniae— era multirresistente y que, aun con múltiples antibióticos, “existe incertidumbre respecto de la recuperación del individuo”.
Hasta el momento los hermanos García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos en el penal federal de Marcos Paz. La madre de ambos, Nélida Furfaro y la Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo al momento de su elaboración, están en prisión domiciliaria.
La declaración indagatoria de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, lo colocó además en el centro de otro episodio clave. Según Darchuk, en una reunión de mayo de 2025 en las instalaciones de la planta, Iudica reconoció ante los presentes que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 “me dio positivo”, y que luego “me olvidé” de reportarlo. La reacción de Tchukran, según el mismo relato, fue inmediata: “empezaron los gritos, Diego también empezó a las puteadas. Nosotros nos quedamos mudos. Le dijimos ‘¿cómo no dijiste a nadie?’”.
Su firma también aparece en documentación del lote 30366 de fentanilo —producido el 12 de julio de 2021 y vinculado a un desvío al mercado ilegal—, junto a la del jefe de producción Darchuk, según consta en el expediente.
Los registros del expediente también ubican a Tchukran entre los asistentes a la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), donde representantes de HLB Pharma se reunieron con la titular del organismo, Agustina Bisio, y la entonces directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. El encuentro, realizado 13 días antes de que se elaborara el lote de fentanilo contaminado, tenía como objetivo discutir las deficiencias detectadas en una inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. Tchukran asistió junto a Ariel García y Diego García.
El juez Kreplak señaló en las 401 fojas del procesamiento que las grabaciones del departamento de Tchukran demuestran “no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras”.
POLITICA
El Gobierno oficializó designaciones en la Justicia: un exsecretario de Lijo asume en un juzgado con causas sobre la AFA e Insaurralde
El Gobierno nacional oficializó 33 designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
A través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei nombró a 21 magistrados judiciales, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos nacionales y federales en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.
Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. El magistrado se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
El tribunal, que hasta ahora se encontraba subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene competencia sobre una jurisdicción estratégica: comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.
Entre los expedientes que tramitan en ese juzgado se encuentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
El tribunal también interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas. En ese expediente está imputado el empresario Ariel Vallejo, investigado por sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Quiénes son los jueces y camaristas nombrados por el Gobierno
En la Justicia penal de la Capital Federal fueron nombrados Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9.
También se oficializaron las designaciones de Paula Vanesa Romeo como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 y de José Ignacio Polizza como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.
En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Javier Tula, como vocal de la Sala II; Claudio Fabián Loguarro, en la Sala III; Diego Fernando Manauta, en la Sala V; Marina Edith Pisacco, en la Sala VI; y María Claudia Jueguen, en la Sala X.
El Ejecutivo también nombró a Pedro Manuel Crespo como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 de la Capital Federal y a Javier Jorge Cosentino como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
En tanto, María Gabriela Janeiro fue designada jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°5.
Entre los cargos federales, María Virginia Ise fue nombrada vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en Chaco; Santiago French, vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Además, Juan Tomás Rodríguez Ponte fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, mientras que Bernardo María Rodríguez Palma fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.
En el interior del país, Ruth María Ponce de León fue nombrada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en Misiones. Por su parte, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron designados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Otro de los decretos dispuso el nombramiento de Leopoldo Jorge Rago Gallo por un período de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
La norma recordó que Rago Gallo había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2602, firmado el 23 de diciembre de 1992.
El Gobierno también nombró como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a:
- Maximiliano Daniel Chávez.
- Agustín García Fauré.
- Gabriel Andrés Marnich.
- José Eduardo Villena.
- Fernando Gabriel Zarabozo.
- Andrea Cristina Di Gregorio.
Los fiscales y defensoras que completan las designaciones
En el Ministerio Público Fiscal fue oficializado Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia del Chaco.
También fueron designados Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza; Hugo Daniel Froy, como fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres; y Juan Marcelo Burella Acevedo, como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
La tanda se completó con dos nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa.
Amanda Espino fue designada defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Defensoría N°7.
Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
Por su parte, María Laura Irastorza fue nombrada defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
Los decretos consignaron que los nombramientos fueron realizados luego de que el Senado prestara los acuerdos correspondientes.
Javier Milei, jueces, boletin oficial, fiscales
POLITICA
Maximiliano Pullaro firmará en la Casa Rosada el traspaso de la administración de una ruta nacional a Santa Fe
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este miércoles a la Casa Rosada para firmar junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumirá por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según informó el Gobierno santafesino, el acuerdo permitirá que la provincia intervenga con recursos propios sobre ese corredor vial, que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.
Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.
La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.
El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.
El Gobierno provincial sostuvo que el corredor permite desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y que su estado incide sobre la logística, la seguridad vial y el acceso a los puertos del cordón industrial.
El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.
La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.
En distintas oportunidades, Pullaro expresó la disposición de la provincia para hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y mejorar las condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente ese corredor.
Uno de los avances en las negociaciones ocurrió en abril, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.
De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma prevista para este miércoles formalizará el convenio por un plazo de 20 años.
Una vez rubricado el acuerdo, el Gobierno santafesino prevé iniciar las primeras intervenciones sobre la ruta. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.
La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.
Desde el Gobierno de Santa Fe sostuvieron que el convenio permitirá avanzar con inversiones sobre un corredor considerado estratégico para la producción y el transporte de cargas, mediante la intervención directa de la provincia con financiamiento propio.
POLITICA
El Gobierno le baja el tono al proyecto inspirado en el “shutdown” de EE.UU. y quiere votar la reforma del Banco Central en agosto
El Gobierno le baja el tono al proyecto inspirado en el “shutdown” de Estados Unidos y apunta a concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma electoral y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En Nación reconocen que la iniciativa para limitar el gasto del Estado todavía no está materializada y admiten que probablemente “no salga” en esta etapa.
El Ejecutivo considera que no hay margen político suficiente para avanzar ahora con un esquema de ese tipo. En despachos oficiales sostienen que no ven capacidad de reunir consenso entre los bloques aliados y que la prioridad será ordenar las negociaciones sobre proyectos con mayor impacto inmediato para la agenda de Javier Milei.
La Casa Rosada había presentado el “shutdown” como parte del paquete fiscal e institucional que el Presidente quería impulsar para blindar el programa económico. Milei lo vinculó con la reforma del Banco Central, el mercado de capitales, Inocencia Fiscal y nuevas reglas fiscales, dentro de una agenda que definió como una reparación de “91 años” de política monetaria y fiscal.
En Balcarce 50, sin embargo, ahora lo ubican en otro plazo. “No está el texto final y tampoco hay mucho margen para tratar algo así”, expresan en Nación. La lectura interna es que una reforma de esa magnitud quedaría más asociada a un tratamiento amplio después de las elecciones, en caso de que el oficialismo gane el año que viene.
El Gobierno sostiene que el proyecto todavía está en una etapa preliminar. La idea original era incorporar una regla que impidiera sostener gastos por fuera del Presupuesto y que forzara una parálisis parcial de áreas no esenciales si no hubiera autorización legislativa para financiar el funcionamiento del Estado.
El Ejecutivo reconoce que ese diseño abre discusiones jurídicas, políticas y administrativas sensibles. Entre ellas, qué organismos quedarían exceptuados, cómo se garantizarían los servicios esenciales, qué rol tendría el Congreso y de qué manera se evitaría una parálisis con impacto social o institucional.
La Casa Rosada prefiere por eso priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Gobierno quieren llevar el proyecto al recinto en agosto y convertirlo en una de las banderas económicas del segundo semestre, junto con la reforma electoral.
Leé también: Más cambios en el Gobierno: Diego Santilli suma poder y prepara nuevos desplazamientos
En Balcarce 50 sostienen que los cambios al BCRA tienen mayor madurez política y técnica que el “shutdown”. El objetivo central es limitar o prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, tanto de manera directa como indirecta, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político.
El Gobierno quiere que la reforma establezca como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa también apunta a revisar los mecanismos de adelantos transitorios, transferencias de utilidades, Letras Intransferibles y compras de deuda pública que puedan funcionar como asistencia al fisco.
El Ejecutivo busca además endurecer la gobernanza del organismo. En la Casa Rosada analizan reglas más exigentes para remover al presidente y al directorio del BCRA, junto con un régimen de responsabilidades y sanciones para funcionarios que habiliten financiamiento monetario del déficit.
Gobierno, Banco Central
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