POLITICA
El Gobierno le baja el tono al proyecto inspirado en el “shutdown” de EE.UU. y quiere votar la reforma del Banco Central en agosto
El Gobierno le baja el tono al proyecto inspirado en el “shutdown” de Estados Unidos y apunta a concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma electoral y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En Nación reconocen que la iniciativa para limitar el gasto del Estado todavía no está materializada y admiten que probablemente “no salga” en esta etapa.
El Ejecutivo considera que no hay margen político suficiente para avanzar ahora con un esquema de ese tipo. En despachos oficiales sostienen que no ven capacidad de reunir consenso entre los bloques aliados y que la prioridad será ordenar las negociaciones sobre proyectos con mayor impacto inmediato para la agenda de Javier Milei.
La Casa Rosada había presentado el “shutdown” como parte del paquete fiscal e institucional que el Presidente quería impulsar para blindar el programa económico. Milei lo vinculó con la reforma del Banco Central, el mercado de capitales, Inocencia Fiscal y nuevas reglas fiscales, dentro de una agenda que definió como una reparación de “91 años” de política monetaria y fiscal.
En Balcarce 50, sin embargo, ahora lo ubican en otro plazo. “No está el texto final y tampoco hay mucho margen para tratar algo así”, expresan en Nación. La lectura interna es que una reforma de esa magnitud quedaría más asociada a un tratamiento amplio después de las elecciones, en caso de que el oficialismo gane el año que viene.
El Gobierno sostiene que el proyecto todavía está en una etapa preliminar. La idea original era incorporar una regla que impidiera sostener gastos por fuera del Presupuesto y que forzara una parálisis parcial de áreas no esenciales si no hubiera autorización legislativa para financiar el funcionamiento del Estado.
El Ejecutivo reconoce que ese diseño abre discusiones jurídicas, políticas y administrativas sensibles. Entre ellas, qué organismos quedarían exceptuados, cómo se garantizarían los servicios esenciales, qué rol tendría el Congreso y de qué manera se evitaría una parálisis con impacto social o institucional.
La Casa Rosada prefiere por eso priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Gobierno quieren llevar el proyecto al recinto en agosto y convertirlo en una de las banderas económicas del segundo semestre, junto con la reforma electoral.
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En Balcarce 50 sostienen que los cambios al BCRA tienen mayor madurez política y técnica que el “shutdown”. El objetivo central es limitar o prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, tanto de manera directa como indirecta, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político.
El Gobierno quiere que la reforma establezca como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa también apunta a revisar los mecanismos de adelantos transitorios, transferencias de utilidades, Letras Intransferibles y compras de deuda pública que puedan funcionar como asistencia al fisco.
El Ejecutivo busca además endurecer la gobernanza del organismo. En la Casa Rosada analizan reglas más exigentes para remover al presidente y al directorio del BCRA, junto con un régimen de responsabilidades y sanciones para funcionarios que habiliten financiamiento monetario del déficit.
Gobierno, Banco Central
El secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe, Gabriel Real, murió a los 67 años en un aeropuerto de Estados Unidos. Además de ser funcionario del gobierno de Maximiliano Pullaro, Real era dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) de esa provincia.
El dirigente era abogado, oriundo de Firmat, había sido candidato a Convencional Constituyente y diputado provincial de Santa Fe. Su último mandato fue entre 2019 y 2023, cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo, en momentos en que el gobernador era Omar Perotti.
Al momento de su muerte, Real integraba el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública provincial y era Secretario General de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, período 2024–2026.
Dolor en la política por la muerte del funcionario de Santa Fe y exdiputado provincial Gabriel Real
Pullaro despidió a Real, en su cuenta de X: «Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista».
El diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón, dijo: “Ante el fallecimiento de Gabriel Real, Diputado provincial (MC) y Secretario General del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia”.
La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, publicó: «Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento».
El ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, escribió: “Lamentamos profundamente la muerte de Gabriel Real, compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía, y un gran dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP). Fuerte abrazo a su familia, amigos y a todo el Partido Demócrata Progresista”.
El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella, publicó: “Con profundo pesar despido a Gabriel Real, un gran referente del Partido Demócrata Progresista, con quien tuve la oportunidad de compartir muchos momentos a lo largo de estos años. Gabriel fue un hombre que vivió la política con compromiso, siempre convencido de la importancia del diálogo, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Hoy acompaño con mucho afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. ¡Que descanses en paz, Gabriel!“.
El senador provincial de la UCR, Felipe Michlig, escribió: “Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Real. A través de una larga y honrosa carrera política como militante del Partido Demócrata Progresista, dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe (UPCSF) y servidor público, deja una huella imborrable. Nuestras condolencias para sus familiares y seres queridos. QEPD querido Gabriel».
Santa Fe
POLITICA
Contratan un servicio de inteligencia artificial en el Tribunal Superior de Justicia porteño por casi US$ 600.000
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrató un servicio de inteligencia artificial (IA) para la gestión, administración, análisis y búsqueda de jurisprudencia del tribunal por casi 600.000 dólares.
Tras una licitación, la ganadora fue C&S Informática SA, que proveerá el servicio de IA. Esta novedad, dijo el tribunal, tendrá impacto en los procesos jurisdiccionales.
La adjudicación lleva la firma de todos los jueces del TSJ porteño: Inés Weinberg (presidenta), Alicia Ruiz (vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.
La adjudicataria deberá además suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior.
La IA y la automatización serán visibles en el ingreso de escritos ante el Tribunal, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares.
También automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de los antecedentes del tribunal porteño.
C&S Informática diseñará soluciones de los sistemas aplicables, tanto de programación y de testing como el soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al “alojamiento en la nube”.
Los cambios activarán los procesos con reemplazo de acciones manuales por automatizaciones, y se busca brindar respuestas inmediatas y propuestas generativas, pues se incluyen módulos de IA generativa de creación de contenidos, con la modernización de los portales actuales.
En lo atinente a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia procurará agilizar el acceso de manera que sea intuitivo, con buscadores más veloces, tanto para los abogados litigantes como para la institución.
La compañía ganadora acreditó antecedentes relevantes sobre la provisión de diferentes herramientas informáticas de gestión en la administración pública, nacional y provincial, según fuentes del gobierno porteño. El contrato con el TSJ se extenderá por 5 años.
Esta semana, tanto el Tribunal como la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para dar inicio al proceso de implementación de la IA.
A la licitación se presentaron 11 empresas y se eligió a la que mejor cumplió con lo requerido en los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
Además, resultó la más recomendable al sugerir tecnologías que se encuentran en consonancia con las expectativas y necesidades del TSJ, a la par que su cotización fue la más aceptable entre todas las ofertas admisibles.
El monto total de la adjudicación es de 587.528 dólares para implementar inteligencia artificial en sus procesos jurisdiccionales y desarrollar un sistema integral de gestión y búsqueda de su jurisprudencia.
La resolución RTSJ-2026-55-TSJ-TSJCABA, finaliza la licitación pública 4/2026 a la que se presentaron once empresas y en la que dos fueron rechazadas: Naxos AR SA porque su oferta no estaba firmada, y Digital Hive Group SA por presentar una garantía insuficiente.
De las nueve ofertas que superaron el filtro formal, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó a C&S Informática por encima de competidoras como Unitech SA, Systems Management Specialist SA, Datacloud SA, la UTE conformada por SG Soluciones Gráficas y Cumbresoft, Anfler Solutions, Data Voices y NSS SA.
Todas esas firmas fueron consideradas aptas técnicamente, pero descartadas por precio, según la resolución oficial.
La oferta ganadora superó en un 1,6% la previsión presupuestaria del renglón 1 del pliego y en un 13% la del renglón 2 del pliego, pero la comisión evaluó que su propuesta tecnológica era la más alineada con las necesidades del tribunal y que la empresa tiene mayor trayectoria en servicios digitales e inteligencia artificial para el sector público.
El contrato cubre dos objetivos diferentes. El primero es la implementación de un servicio de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales del TSJ porteño. El segundo es el desarrollo de una solución integral para la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del tribunal.
La resolución de adjudicación no detalla los pliegos técnicos, por lo que el alcance preciso de ambos módulos —qué tareas asistirá la IA dentro de los procesos judiciales, por ejemplo— surge de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas aprobados en enero por la presidenta del TSJ Inés Weinberg.
La adjudicación no recibió impugnaciones de ninguno de los oferentes dentro del plazo legal y la asesora jurídica del tribunal dio su visto bueno sin objeciones.
La compra se cotizó y se pagará en dólares, lo que es inusual para una contratación de servicios de un organismo judicial porteño y refleja tanto el carácter tecnológico del objeto como la indexación al dólar que impuso el mercado de software en los últimos años.
Más causas
El disparador de la adquisición es la urgencia, ya que mientras que en 2024 ingresaron 1610 causas en el Tribunal Superior de Justicia, en 2025 esa cifra se disparó a más de 6800 expedientes, un incremento superior al 300%.
Ese número de explosión de causas se entiende por el dictado del fallo Levinas de la Corte que convirtió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el tribunal al que deben ser apeladas todas las decisiones de la justicia nacional laboral, civil, comercial y penal.
fallo Levinas de la Corte,Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a
POLITICA
Pese al aumento decretado por Claudio Vidal, policías de Santa Cruz mantienen el acampe y el reclamo salarial
Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.
Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.
Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.
El aumento por decreto y la división de la protesta
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.
Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.
Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.
Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.
Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.
El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.
La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.
Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.
Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.
En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.
El oficialismo sumó las deudas de los municipios
En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.
Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.
Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.
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