POLITICA
Tensión en el Puente Pueyrredón: manifestantes quemaron neumáticos y estan frente a frente con la policía

Manifestantes e integrantes de movimientos sociales intentan cortar la circulación del Puente Pueyrredón en Avellaneda en reclamo por la baja del programa Volver al trabajo. Los manifestantes quemaron neumáticos y están frente a frente con la Policía que busca impedir que avancen.
El Gobierno informó que, ante el corte de calles, se aplicará el protocolo antipiquetes y la Policía Federal ya se encuentra apostada en la zona con camiones hidrantes.
Los incidentes comenzaron minutos después de las 10 de la mañana, cuando los manifestantes cortaron ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen y quedaron frente a frente con la policía, que les impedía el acceso al Puente Pueyrredón.
La tensión comenzó a escalar cuando los piqueteros quemaron una serie de neumáticos, lo que obligó a la intervención de la Infantería para apagar el fuego.
Sumado a ello, la CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados protagonizarán este miércoles la primera protesta contra Javier Milei tras el receso que impuso el Mundial 2026.
Desde la CGT remarcaron que las tres centrales y las agrupaciones sociales “salen juntas a marchar” y que se trata de “una acción coordinada”.
Marchas este miércoles: qué calles estarán cortadas
La concentración comenzará a las 15 en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharán hacia al Palacio Legislativo. La protesta se centra en la defensa del sistema previsional, el pedido de recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a la política económica del Ejecutivo.
Se esperan restricciones de tránsito durante la tarde en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del microcentro porteño, con posibles cortes parciales y desvíos. También en los accesos a CABA, como los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz, la Panamericana y Ruta 197, y la autopista Buenos Aires-La Plata.
Además de la movilización central en Buenos Aires, están previstas concentraciones en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, organizadas por las regionales sindicales y sociales de cada distrito.
La central obrera impulsó su manifestación en redes sociales con un fuerte reclamo por las jubilaciones: “Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa. Para que nuestros hijos e hijas no hereden el peso del abandono ni la obligación de sostener lo que el Gobierno ignora», plantea uno de los posteos de la CGT. “Porque la seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador, este miércoles nos vemos en la calle. ¡La dignidad no se negocia!“, cierra.
Un plan de lucha con más fechas
La marcha de este miércoles marca el reinicio del plan de conflictividad que la conducción cegetista definió junto a las CTA y la UTEP antes del Mundial. El cronograma contempla, por ahora, cuatro movilizaciones hacia septiembre.
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La segunda acción será el 7 de agosto, en la tradicional peregrinación a San Cayetano. La tercera protesta está prevista para el día en que el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue oficializada. La cuarta movilización se realizará durante la tercera semana de agosto, con destino al Ministerio de Economía.
Los gremios no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos, aunque la conducción de la CGT resolvió por ahora no fijar una fecha. “No estamos poniendo plazos y no los hemos puesto nunca. Lo haremos de manera estratégica para que la protesta sea visible”, había señalado el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola.
CGT, movimientos sociales, Javier Milei
POLITICA
La Justicia de los EEUU incautó los teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección: fueron citados a declarar

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.
Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.
Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.
Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.

El escándalo y una declaración clave
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.

Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.
El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal.
En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.
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POLITICA
El Gobierno oficializó nombramientos en la Justicia, entre ellos, el del juez que se hará cargo de la causa contra Martín Insaurralde

El Gobierno oficializó este miércoles una nueva tanda de designaciones en la Justicia. Entre los nombres más salientes figura el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se convirtió en el titular del juzgado de Lomas de Zamora donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanzan a cinco áreas distintas de la Justicia nacional y federal.
En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, fue designado para integrar un Tribunal Oral Federal de San Martín. Bernardo María Rodríguez Palma.
El nuevo bloque de nombramientos sigue a la prórroga por cinco años que obtuvo el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien falló a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El Gobierno ha exhibido distintos criterios para hacer uso de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que cumplen 75 años.
El camarista Martín Irurzun, por caso, debió dejar la Cámara Federal de Comodoro Py tras alcanzar esa edad este fin de semana.
Pesino y el juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, sí obtuvieron la renovación de sus cargos.
Rodríguez Ponte
El Gobierno oficializó así la designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde tramita y atraviesa instancias clave la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.
En la causa acaba de concluir un largo peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte que complicó a Insaurralde. Además, el expediente entró en estado de ebullición con el video que dio a conocer de Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares.
Rodríguez Ponte también intervendrá en otra causa delicada: la que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, en cuyo centro está el empresario Ariel Vallejo, de vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia.
Rodríguez Ponte es un funcionario bien considerado en el mundo judicial. Creció profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un organismo técnico que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas judiciales.
El cargo lo convirtió también en representante del Poder Judicial ante organismos internacionales en materia de lavado de dinero. Fue parte de la delegación argentina que viajó a París para afrontar la evaluación -finalmente favorable- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por los países y organismos de mayor peso en el mundo.
Apadrinado por su antiguo jefe, Lijo, Rodríguez Ponte llegó a un juzgado por el que había concursado hacía más de una década. En ese mismo concurso participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ella finalmente se impuso en la competencia por un juzgado de Hurlingham, donde quien quedó en el camino fue Diego Arce, actual secretario de Lijo.
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El Gobierno recibió al nuevo embajador del Vaticano en medio de la expectativa por la visita de León XIV

El Gobierno recibió al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en medio de la expectativa por la eventual visita del papa León XIV al país. El representante diplomático de la Santa Sede arribó a Buenos Aires y fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, por instrucción del canciller Pablo Quirno.
En Cancillería sostienen que Banach presentará en los próximos días las copias de cartas credenciales ante Quirno y luego las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei. En el Palacio San Martín remarcan que todavía no hay fechas definidas y que se seguirá el protocolo habitual para la llegada de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina.
El arribo del nuncio se da en un momento de especial sensibilidad diplomática y religiosa. En la Casa Rosada miran su llegada como un paso institucional relevante para avanzar en la coordinación con la Santa Sede y con la Iglesia argentina ante la posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina durante noviembre.
Banach fue designado por el Papa como embajador del Vaticano ante la Argentina y llega para reemplazar a Miroslaw Adamczyk, que fue destinado a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania. Su desembarco abre una nueva etapa de diálogo formal entre la Nunciatura, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina.
Además de Caulo, estuvieron en el recibimiento monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado. La presencia de la conducción de la CEA buscó darle respaldo institucional al nuevo representante pontificio desde su llegada al país.
En Balcarce 50 sostienen que el primer paso será completar la acreditación diplomática. El procedimiento comenzará con la presentación de las copias de cartas credenciales ante el canciller y continuará con la entrega de las cartas credenciales al Presidente, el acto por el que el Estado argentino reconoce formalmente al nuevo representante de la Santa Sede.
Ese trámite es protocolar, pero en el Gobierno le asignan un peso político adicional por el contexto. Una vez acreditado, Banach quedará formalmente en condiciones de encabezar las conversaciones cotidianas entre el Vaticano y la Casa Rosada por la eventual visita papal.
La Santa Sede todavía no confirmó oficialmente el viaje de León XIV. En el Gobierno y en la Iglesia, sin embargo, trabajan sobre la posibilidad de que el Pontífice llegue a la Argentina en la segunda semana de noviembre, en el marco de una gira regional que también podría incluir Uruguay y Perú.
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En Nación evitan dar por cerrada la visita y remarcan que la definición final depende exclusivamente del Vaticano. La lectura diplomática es que la llegada de Banach no confirma el viaje, pero sí ordena el canal institucional necesario para avanzar en la organización si la Santa Sede termina de aprobar la gira. En el Episcopado sostienen que no habrá anuncio formal de la visita en los próximos días.
La expectativa creció después del encuentro que Milei mantuvo con León XIV en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Desde entonces, el Gobierno siguió con atención las señales del Pontífice sobre una visita al Río de la Plata, una región que Francisco no llegó a visitar durante su papado.
Dentro de la Iglesia argentina también se mueven con cautela. En el Episcopado insisten en que, si el viaje se concreta, deberá tener un perfil principalmente pastoral y no quedar reducido a una agenda institucional o política. Esa mirada será central en la definición de celebraciones, mensajes y actividades públicas.
Según trascendió, entre los escenarios de trabajo aparecen un encuentro institucional con Milei, una misa multitudinaria en la avenida 9 de Julio, una celebración en la Basílica de Luján y una actividad en Córdoba. Ninguna de esas escalas fue confirmada oficialmente por el Vaticano. Se trata de un proceso que demandará un operativo grande de seguridad, traslados, protocolo, actos masivos, comunicaciones y vínculo con autoridades locales.
Gobierno, papa León XIV
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