Luego de varias semanas de análisis y reuniones con especialistas, el Gobierno presentará este miércoles una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca generar un marco de mayor confianza para que los denominados «dólares del colchón» ingresen al circuito formal.

La presentación estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con representantes de cámaras empresarias y del sector profesional. El objetivo del Ejecutivo es que la modificación del régimen tributario permita sumar contribuyentes y reducir los temores vinculados con posibles revisiones futuras por parte del fisco.

Como es de público conocimiento, los «dólares del colchón» son aquellos ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal y que no fueron declarados ante el organismo recaudador.

El Gobierno considera que una parte importante de esos fondos podría movilizarse hacia inversiones, consumo o depósitos si existen reglas más claras y previsibles. La nueva iniciativa llega después de distintos encuentros entre funcionarios de Economía y contadores y tributaristas, quienes plantearon cambios para mejorar la adhesión al régimen.

Entre los puntos discutidos estuvieron los límites para ingresar al beneficio, el tratamiento de las diferencias detectadas por ARCA y la posibilidad de simplificar determinados controles.

Qué busca el Gobierno con la nueva Ley de Inocencia Fiscal

El principal objetivo de la norma es modificar la relación entre los contribuyentes y el fisco. La idea central es que quienes tengan ingresos o patrimonio dentro de determinados parámetros puedan contar con mayores certezas respecto del análisis futuro de sus declaraciones juradas.

El Gobierno considera que una parte de los fondos que hoy permanecen fuera del sistema financiero podría incorporarse a la economía si los contribuyentes cuentan con un esquema que reduzca la incertidumbre tributaria.

En ese sentido, la Ley de Inocencia Fiscal busca cambiar la lógica de la relación entre el fisco y los contribuyentes, premiando el cumplimiento y ofreciendo mayores garantías para quienes adhieran al nuevo régimen.

Uno de los cambios centrales estará vinculado al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que busca reducir la carga administrativa para determinados contribuyentes y limitar la posibilidad de revisiones extensas sobre períodos anteriores.

La discusión surgió porque especialistas advirtieron que las condiciones originales podían dejar afuera a una parte importante de los potenciales adherentes, especialmente aquellos con mayores niveles de patrimonio.

Los principales cambios que tendrá la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Uno de los puntos más relevantes del nuevo proyecto estará relacionado con el denominado blindaje fiscal para quienes ingresen al régimen.

La propuesta establece que los contribuyentes que cumplan con las condiciones previstas tendrán mayores garantías frente a futuras revisiones. En la versión anterior, una de las principales críticas estaba relacionada con los límites establecidos para acceder al beneficio.

El esquema original contemplaba que podían ingresar quienes tuvieran ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio total por debajo de $10.000 millones. Estos parámetros fueron cuestionados por algunos especialistas porque dejaban fuera a contribuyentes con capacidad económica relevante y, por lo tanto, potenciales tenedores de mayores montos de dólares no declarados.

Otro de los cambios bajo análisis apunta a las llamadas discrepancias significativas. Actualmente, si ARCA detecta diferencias que superen el 15% de los saldos declarados o supere los $100 millones, el efecto de inocencia fiscal queda sin efecto.

La propuesta del Gobierno busca ampliar el margen de tolerancia y permitir que el contribuyente pueda corregir la información presentada antes de que se inicie una investigación formal.

El objetivo es evitar que una diferencia administrativa o un error de declaración derive automáticamente en la pérdida del beneficio. La posibilidad de rectificar y regularizar una diferencia antes de una instancia judicial o fiscal más compleja podría mejorar la confianza de los contribuyentes.

Qué cambia para quienes adhieran al régimen

Para los contribuyentes, el principal cambio estaría en la previsibilidad. Uno de los motivos que explican la permanencia de dinero fuera del circuito formal es el temor a que una declaración posterior active controles sobre períodos anteriores o genere reclamos tributarios.

Con la nueva normativa, quienes cumplan los requisitos podrían acceder a un esquema con reglas más claras y con un alcance determinado para las revisiones de ARCA. El proyecto también apunta a simplificar la presentación de información vinculada al Impuesto a las Ganancias.

La intención oficial es que el cumplimiento tributario sea más sencillo para aquellos contribuyentes que mantengan sus declaraciones ordenadas.

De todas formas, el beneficio no implicaría una eliminación general de los controles fiscales. ARCA mantendría sus facultades de fiscalización en casos donde existan inconsistencias relevantes o incumplimientos.

Por ese motivo, uno de los aspectos centrales será definir con precisión cuáles serán los parámetros para acceder al régimen y bajo qué situaciones el contribuyente podría perder los beneficios.

Los pedidos de los tributaristas que impulsaron cambios en el proyecto

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal incorporará algunos planteos realizados por contadores y especialistas tributarios que participaron de reuniones con Luis Caputo.

Entre ellos estuvieron Alejandro Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman, quienes analizaron distintos aspectos técnicos del proyecto.

Uno de los pedidos principales estuvo vinculado con la postergación de la presentación de declaraciones juradas de Ganancias. La discusión tomó relevancia luego de que ARCA prorrogara hasta el 27 de agosto la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2025, aunque mantuvo la fecha del vencimiento del pago.

Rosenfeld explicó tras la reunión con Economía que la decisión de extender el plazo de presentación podía resultar positiva para ordenar la implementación del nuevo esquema.

El planteo de los especialistas fue que una mayor flexibilidad podía favorecer la adhesión, ya que muchos contribuyentes necesitaban conocer con precisión las reglas antes de decidir si formalizaban fondos que actualmente permanecen fuera del sistema.

Qué falta para que la Ley de Inocencia Fiscal entre en vigencia

La presentación del proyecto será apenas el primer paso. Luego deberá avanzar el tratamiento legislativo correspondiente para que los cambios puedan convertirse en ley.

Una vez aprobada la norma, el Gobierno deberá definir la reglamentación y los procedimientos que utilizará ARCA para aplicar el nuevo esquema.

Entre los puntos que quedarán pendientes estará la definición final de los requisitos de adhesión, los mecanismos de control y las condiciones bajo las cuales funcionará el blindaje fiscal.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca que la iniciativa permita canalizar parte de los dólares del colchón hacia la economía formal y generar un mayor movimiento de capitales dentro del sistema argentino.

La expectativa oficial es que, con reglas más simples y previsibles, más contribuyentes decidan declarar sus activos y utilizarlos dentro del circuito económico.

Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 5 pesos, muy por encima de la caída de $13,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En el mes el dólar gana solo un peso, mientras que en 2026 la suba es de 28 pesos o 1,9 por ciento.

El BCRA fijó el techo del régimen cambiario en los $1.833,77, por lo tanto el dólar mayorista quedó a 350,77 pesos o 23,7% de la banda superior del régimen de flotación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado. En 2026 el precio del billete informal aumentó 25 pesos o 1,6%, aún muy lejos de la inflación acumulada, del orden del 18% en el período.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.535, esto es 85 pesos o 5,9% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en este segmento.

“Dentro de una operatoria aún más expandida, y con un canje de la Lelink D31L6 que tuvo buena aceptación, el dólar mayorista continúa más estabilizado en torno a los $1.480. Que se extienda la calma cambiaria resulta positivo en vista a que las mejoras económicas puedan irse percibiendo más en la calle, con un mayor dinamismo del crédito privado como el próximo desafío”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La jornada tiene como gran protagonista al upgrade de Moody’s, que elevó la nota soberana a B3 y dejó a las tres grandes calificadoras alineadas por primera vez en años.

“Con Moodyʼs sumándose ahora a Fitch y S&P, Argentina se alejó aún más de la categoría de deuda en dificultades y profundizó el proceso de normalización crediticia. La mejora debería respaldar ingresos adicionales de capital, especialmente por parte de inversores cuyos mandatos se vuelven menos restrictivos una vez que más de una calificadora importante ubica al soberano dentro de la categoría B”, indicó un informe de Federico Fillipini y Javier Casabal, analistas de Adcap Grupo financiero.

“La mejora también fortalece el escenario para que el Gobierno reconsidere un regreso a los mercados internacionales de deuda. Sin embargo, seguimos esperando que las autoridades prioricen en el corto plazo fuentes de financiamiento de menor costo, entre ellas el financiamiento multilateral, los préstamos garantizados, las estructuras de REPO y las emisiones en dólares en el mercado local”, añadieron los analistas de Adcap.

“Para lo que resta del año, es probable que el Gobierno opte por seguir construyendo la curva local con el AO29, que tiene un programa de hasta USD 2.000 millones y ya colocó USD 649 millones en su primera licitación, complementar con multilaterales y postergar la emisión global. La otra posibilidad es una emisión global de referencia, quizás un bono a 10 años, como señal al mercado de que Argentina recuperó el acceso pleno al financiamiento voluntario. Eso tendría un efecto de compresión adicional sobre toda la curva”, evaluó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

En otro orden, el Gobierno presentó el proyecto para ampliar la Ley de Inocencia Fiscal y fomentar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema formal. La iniciativa procura ampliar el régimen simplificado, flexibilizar los controles de ARCA y permitir corregir diferencias antes de perder los beneficios fiscales.

El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.

Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.

El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.

Por último, el borrador al que accedió este medio incluye la declaracaión de la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esa iniciativa quedó totalmente fuera de la discusión.

El sector farmacéutico figuran entre los más afectados, el proyecto apunta a la desregulación de los punto de venta de los medicamentos. Es decir, que aquellos que sean de venta libre puedan ser comercializados en establecimientos distintos a las farmacias. Incluso a través de canales digitales siempre y cuando se garantice la trazabilidad y seguridad mediante una serie de requisitos técnicos de la autoridad sanitaria. Lo que se pretende es que las farmacias usen plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expedido restringido para habilitar el envío a domicilio de productos farmacéuticos.

Otro punto de que se busca es la flexibilidad de la propiedad. En caso de que el proyecto se apruebe, las farmacias van a poder constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrán despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Ademas de establecer la obligación de los archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.

En cuanto al campo, el ministro Sturzenegger quiere potenciar el uso de certificados de depósitos y warrants sobre productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el productor se constituya como depositario. También se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales aunque se establece que los contratos vigentes mantienen su régimen hasta la finalización.

También se busca incluir a los productos mineros como bienes aptos para la realización de operaciones de crédito mediante warrants y certificados de depósito. A la par de derogar la Ley de Gas Licuado de Petroleo y considerar que la autoridad de aplicación solo conservará facultades de control técnico, pero no podrá regular sobre precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad ni condiciones.

Para el sector de la carne se pretende eliminar las contribuciones obligatorias al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) a partir de octubre de 2027 y que pasen a ser voluntarias.

En el ámbito logístico, el proyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).

A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.

El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.