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Temblores en la omertá judicial y futbolística

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Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.

Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.

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También figuras muy al tanto sobre esos movimientos de las autoridades norteamericanas anticipaban, a comienzos de junio, lo siguiente: “Durante el mundial no va a pasar nada. Nadie quiere que se atribuyan los resultados deportivos a los problemas judiciales. Pero cuando termine el campeonato sí habrá novedades”. Dicho y hecho. Algo olfateaba Toviggino cuando desistió de concurrir a los partidos.

El paso que dieron en La Florida los organismos de investigación norteamericanos agrava la escena en torno de la AFA y sus jerarcas. ¿Qué cruces de llamados o mensajes cobijan los teléfonos de Faroni? ¿Y los de Tapia, si se confirma que fueron retenidos? Desde ayer al mediodía, cuando trascendieron estas novedades, comenzaron a correr escalofríos por la espalda de financistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales argentinos. Nadie quiere quedar registrado en esos aparatos. ¿Surgirán los nombres de estudios jurídicos o contables de los Estados Unidos? ¿Se conocerán movimientos inmobiliarios en ese país? ¿Cómo entraron y salieron los caudales que circularon alrededor de la AFA a través de los contratos celebrados con Faroni? ¿Están sólo ligados a actividades deportivas? Todo es posible. Sobre todo, entre gente muy descuidada. Sólo un grupo de “buenos muchachos” que fascinarían a Scorsese comete la torpeza de hacer pasar sus fechorías por cuentas y sociedades que están sometidas a la jurisdicción norteamericana. Por lo tanto, cabe imaginar que no han hecho desaparecer información comprometida. Temor y temblor.

La noticia de una intervención directa del FBI y de la Justicia de los Estados Unidos, sobre la que Francisco Olivera vino informando semana a semana en los últimos meses, cambia por completo la perspectiva del sistema judicial argentino frente al problema. Comienza a haber una competencia entre los tribunales de los dos países. En la Justicia local ha habido infinidad de movimientos procesales sospechosos. Por eso se especula con que existe un intento de proveer impunidad a Tapia, Toviggino y los personajes con los que contrataron acuerdos multimillonarios.

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La jugada más llamativa es el intento de radicar las causas en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. En esa pretensión están empecinados los presuntos testaferros de Toviggino. El monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. Ambos figuran como propietarios de la mansión de la localidad de Villa Rosa, en la que se encontraron bienes por una suma equivalente a 20 millones de dólares durante un temprano allanamiento ordenado por el juez federal porteño Daniel Rafecas. Pantano sería un cadete de Toviggino.

La investigación está hoy a cargo de la jueza federal en lo Penal Económico Verónica Straccia. Conviene recordar que la Cámara de ese fuero, el 26 de junio pasado, en un pronunciamiento de Roberto Hornos y de Carolina Robiglio, procesó a Tapia y Toviggino. Pero la Cámara de Casación Penal dispuso, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que se debata si el expediente debe estar en manos de Straccia o ser remitido a González Charvay, el preferido de quienes figuran como “dueños” del opulento caserón. El tercer juez que intervino, Alejandro Slokar, opinó que la Cámara no debía participar de esa discusión. Un detalle muy curioso es que el juez Borinsky había afirmado lo mismo que Slokar cuando se trataba de enviar el expediente desde lo de Charvay al fuero penal económico. Borinsky sostuvo en ese momento que la Cámara de Casación no debe inmiscuirse en discusiones sobre la jurisdicción en la que deben radicarse las causas. Ahora cambió de parecer y propuso, junto con Barroetaveña, que el próximo 12 de agosto se celebre una audiencia para definir adonde debe ir el expediente. Otra curiosidad: Barroetaveña aceptó intervenir en el caso a pesar de haber sido, hasta que estalló el escándalo, presidente del Tribunal de Ética de la AFA.

Si se quiere hilar más fino, se puede razonar de esta manera: es muy sugerente que Borinsky haya abierto la puerta para dar la razón a los supuestos testaferros de Toviggino en un momento crucial de su carrera. Sobre todo, cuando esa decisión va en contra de lo que sostuvo en un pronunciamiento anterior. Él aspira a que Javier Milei lo postule para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo: se podría suponer que la conducta de Borinsky se inscribe en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la AFA.

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¿Hay razones para imaginar ese entendimiento? Muchas. La más notoria es que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue delegado de la AFA ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Ocurrió en diciembre de 2017, apenas habían asumido sus cargos Tapia y Toviggino. Para hacerse cargo de esas responsabilidades Mahiques necesitó una autorización del Consejo de la Magistratura, en el que actuaba como representante del Poder Ejecutivo, con una subordinación informal a Daniel Angelici. Gobierno Macri.

La integración de Mahiques al elenco de la AFA explica que haya provisto abogados a sus directivos. Entre otros, a su alter ego, Ignacio Jakim, quien se encuentra ahora sometido a investigación por presuntas irregularidades en operaciones con dólares mientras el mercado cambiario estaba intervenido. Hoy entre los principales abogados de las autoridades de la AFA está Marcelo Rochetti, también alter ego, pero de Cristian Ritondo. Como Mahiques, Ritondo es un militante del Pro incorporado al oficialismo de Milei. Rochetti ya patrocinó a otras celebridades del deporte. Por ejemplo, al “Rafa” Di Zeo, prócer de la barra brava de Boca. La proximidad de Mahiques a la cuestionada dirigencia del fútbol explicaría también las versiones que aseguran que su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, colega de Borinsky y de Barroetaveña, celebró su última fiesta de cumpleaños en la mansión de Pantano, conocida en Villa Rosa como “lo de Toviggino”.

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Sobran las evidencias de cómo los jerarcas de la AFA han cooptado a funcionarios judiciales. Algunos de esos indicios estarían en poder del secretario ejecutivo de la Asociación, Juan Pablo Beacon, ahora enemistado con quien fue su jefe, Toviggino. Beacon atesoraría en su tormentoso pendrive los pedidos de entradas de partidos de fútbol y hasta de pases de estacionamientos de algunos camaristas de Casación que hoy intervienen en el caso. De los jueces y hasta de los concuñados. Pasión de multitudes.

Este paisaje de complicidades puede entrar en crisis si los magistrados norteamericanos deciden avanzar con sus investigaciones a una velocidad mayor que la de sus colegas criollos. Contubernios de la omertá futbolístico-judicial podrían quedar desbaratados en los tribunales de Florida. Habrá que ver si se confirma la incautación de los teléfonos de Tapia, que fuentes muy confiables dan por hecha. Basta con que se indague a Faroni, que es un nudo importantísimo en la trama que une fútbol y política. Este representante teatral pertenece al corazón del sistema de Sergio Massa, que lo convirtió en diputado, igual que a su hermana. El propio Massa se cansó de repetir ante gente que ahora se hace eco, que “Toviggino es mío”. En este contexto conviene hacer una aclaración: ninguno de los autos de alta gama estacionados en la cochera de la mansión del cadete Pantano pertenecería a Massa. Se le atribuyen a alguien todavía más cercano a Toviggino: el exgobernador y actual senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Otra figura que, por razones diversas, camina debajo de una lupa instalada desde Washington. Se pueden consultar en la web los informes de Douglas Farah, un investigador cercanísimo al Departamento de Estado. Cruzar los dedos: no vaya a ser que a través de Faroni el FBI llegue a Toviggino y por esa vía alcance a Zamora, al que hace tiempo están mirando.

Las investigaciones sobre los negocios del fútbol en los Estados Unidos tal vez obliguen al Gobierno a evaluar de nuevo la relación con las autoridades de la AFA. Milei sostuvo al comienzo un durísimo enfrentamiento. Sobre todo cuando se conocieron los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas que cobraría su hermana Karina en los contratos del área de Discapacidad. Esos audios se divulgaron a través de la plataforma Carnaval, atribuida a Zamora y Toviggino. Los encuentros de Milei con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hicieron fantasear en ese momento con alguna gestión para provocar la intervención de la AFA. Sin embargo, la designación en el Ministerio de Justicia de Mahiques, que se dirige a Toviggino con el cariñoso apelativo de “Tovi”, parece haber inducido a una pacificación. Mahiques es un subordinado completo a la señorita Milei, que fue la afectada por esas publicaciones de Carnaval.

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Las tribulaciones de Tapia y Toviggino, que alcanzan a su amigo Mahiques, son uno de los factores que influyen en el ordenamiento judicial que realiza el Poder Ejecutivo con una ola de designaciones. Una de las colinas a ocupar es la mencionada Cámara Federal en lo Penal Económico, donde Mahiques quiere ver a dos de sus amigos: Alejandro Cattania y Juan Pedro Galván Greenway. El otro frente es el de la Cámara Federal en lo Penal Criminal. El ministro impulsó a otros dos allegados: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Además, resolvió provocar una vacante al no enviar al Senado el pliego de Martín Irurzun para que pueda seguir ejerciendo la magistratura después de haber cumplido los 75 años. Un criterio distinto del que el Poder Ejecutivo siguió con el padre del ministro.

Irurzun recurrió a la Justicia con un argumento que abre un dilema interesante. No reclamó porque no se envíe su postulación para mantenerse en el cargo. El camarista pidió que se considere la inconstitucionalidad del artículo que cancela el ejercicio del cargo más allá de los 75 años. Sostiene que el artículo 110 de la Constitución Nacional garantiza a los jueces que puedan seguir en su función mientras dure su buena conducta. El planteo de Irurzun debe ser resuelto por la Corte. Como no existe unanimidad entre los tres miembros del tribunal, hay que llamar a conjueces, que son camaristas federales. La pregunta es elemental: ¿los que evalúen la pretensión de Irurzun se perjudicarán a sí mismos fijando un límite de edad a su función? Como se advierte, Irurzun plantea una gran encrucijada, no sólo jurídica, sino “laboral”.

Las novedades que están llegando desde la Justicia de La Florida se inscriben en el mapa más amplio de relaciones entre el oficialismo argentino y el gobierno de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos atraviesa una crisis inquietante, derivada de su malhadada intervención en contra de Irán. Contra lo que había prometido con su consigna “America First”, se involucró en una guerra interminable. El campo de batalla no está solo en Medio Oriente. Se extiende a la política doméstica, como demuestran muchas posiciones del vicepresidente J. D. Vance, acusando a sectores israelíes de haber boicoteado el Memorandum de Entendimiento con Irán que él había negociado en junio pasado. Publicistas influyentes como Tucker Carlson asumieron la misma postura crítica a lo que denuncian como una subordinación de la política exterior de su país a los dictados de Benjamin Netanyahu. En un contrapunto con los anteriores aparecen el secretario de Estado, Marco Rubio. Y hacía sentir su voz el senador Lindsey Graham, que falleció la semana pasada, debilitando las tesis más ácidas contra Irán en el Congreso.

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Esta fisura fortalece lo que se viene anticipando: que Trump saldrá derrotado en las elecciones para cubrir la Cámara de Representantes. Esta declinación del poder del presidente de los Estados Unidos afecta a Milei de dos maneras. Por un lado, hace más impensable un nuevo auxilio financiero desde la Secretaría del Tesoro. Esta es la razón por la cual se conjetura que el ministro Luis Caputo podría comenzar a tomar deuda en el mercado internacional. Es una posibilidad que debe ser analizada a la luz de la mejora en la calificación de los bonos argentinos por parte de algunas consultoras como Moody’s, y de la consecuente caída del índice de riesgo país. También habría que tener en cuenta el derrumbe de la recaudación, derivado del mediocre nivel de actividad económica. Ayer se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica de junio, que registró una suba del 0,2% interanual y una caída de 0,5% respecto al mes anterior. Son índices que plantean un problema: para alcanzar un crecimiento del 3% anual, la economía debería expandirse en el segundo semestre de manera espectacular. El estancamiento ya está poniendo en peligro las metas fiscales del Gobierno.

El otro aspecto de la peripecia republicana que se proyecta sobre Milei tiene que ver con la imagen del presidente argentino. Muchos observadores sospechan que su adhesión automática a Trump y a la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente convierten también a Milei en antipático. ¿La decisión de no concurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos tuvo que ver con esa contaminación? El Presidente evitó exponerse en dos escenas multitudinarias: los festejos del 4 de Julio y la ceremonia de clausura del mundial de fútbol. Frente a este panorama hay un interrogante muy difícil de desentrañar: ¿Qué parte del malestar que ha despertado la Argentina en relación con el resultado futbolístico está inspirado, aunque sea de manera subliminal, por las posiciones internacionales que encarna ese Milei asociado a Trump? Es un misterio.




Carlos Pagni,Conforme a

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Jorge Berredo, general retirado de las FFAA, asumió como Secretario de Seguridad en San Isidro

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El general retirado Jorge Berredo fue anunciado este miércoles como secretario de Seguridad del municipio de San Isidro. La designación fue dispuesta por el intendente Ramón Lanús y representa la incorporación de un militar con más de cuatro décadas de carrera en las Fuerzas Armadas a la conducción de la política de seguridad local.

De acuerdo a la información que destacó el municipio, Berredo acumula experiencia en el mando de organizaciones complejas, la gestión de crisis y la articulación entre organismos, tanto en funciones desarrolladas dentro del país como en el exterior. Entre sus antecedentes figura el cargo de Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas (FFAA), posición desde la cual supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, además de coordinar operaciones de asistencia humanitaria en las 14 zonas en que se divide el territorio argentino.

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Su trayectoria incluye también la conducción de la brigada aerotransportada del Ejército —parte de la primera respuesta militar— y un rol de segundo a cargo de una reserva estratégica durante la cumbre del G-20, con planes de actuación ante la eventualidad de un atentado terrorista. En sus años de formación, integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.

La Cámara Nacional Electoral le otorgó reconocimiento por los resultados obtenidos en la custodia y seguridad del acto electoral de 2023, mientras que el Ministerio del Interior lo ponderó por la optimización presupuestaria en ese proceso. Otro de los episodios que marcaron su carrera fue la evacuación de 900 ciudadanos argentinos desde Israel en el contexto del conflicto bélico, en el marco de la denominada Operación “Regreso Seguro”.

Berredo fue Comandante Operacional de las FFAA y supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos. (Fernando Calzada)

La salida de Berredo de las FFAA no estuvo exenta de polémicas. En noviembre de 2024, el entonces Comandante Operacional presentó ante el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Isaac, una denuncia en la que aseguró haber recibido presiones para renunciar a su cargo. El militar afirmó que el subjefe del Ejército, Carlos Carugno, le habría hecho llegar a través de un intermediario la advertencia de que, si no dejaba el puesto, se tomaría una medida en perjuicio de su pareja, también integrante de la fuerza.

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La investigación interna que siguió a esa presentación concluyó el 2 de septiembre de 2024 sin determinar faltas graves por parte de los acusados. El entonces jefe del Ejército Carlos Alberto Presti, hoy ministro de Defensa, dispuso el archivo de las actuaciones al no detectar “conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario”. Pese a ese resultado, Berredo ya había sido apartado por la vicepresidenta Victoria Villarruel del listado de militares enviado al Senado para la aprobación de ascensos.

La trayectoria de Jorge Berredo incluye la custodia del acto electoral de 2023 y la evacuación de 900 argentinos desde Israel en la Operación Regreso Seguro.

En San Isidro, Berredo tomará el relevo de una cartera que durante los últimos ocho meses estuvo a cargo del secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, en conjunto con el subsecretario Fernando Ruíz, quien continuará en su puesto. Según la gacetilla municipal, bajo esa gestión todos los delitos graves bajaron más de un 20%, se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se implementó una nueva estrategia de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, orientada a desarticular bandas criminales y recuperar el control territorial.

Desde abril, por primera vez, las Brigadas ingresaron a patrullar ese barrio de manera cotidiana junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegada de forma permanente en el partido. A ese esquema se sumó la Gendarmería Nacional, que modificó su modalidad de trabajo y pasó de puestos fijos a un patrullaje dinámico.

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El municipio también amplió el despliegue territorial hasta alcanzar las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. El sistema de videovigilancia cuenta hoy con 2.910 cámaras —equivalentes a nueve por cada mil habitantes— y el cierre del Anillo Digital incorporó 200 lectoras de patentes en los accesos y puntos estratégicos del distrito. San Isidro es, según la gacetilla, uno de los pocos municipios que cruza en tiempo real la información sobre ciudadanos y vehículos con bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Otro componente del esquema preventivo es el programa Ojos en Alerta, activo desde hace dos años, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establece contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal, próximo a ser inaugurado tras su ampliación y modernización.

“La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó la intendencia de Lanús en el comunicado oficial.

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Elecciones 2023: el ausentismo creció más de 5 puntos respecto de 2019 y preocupa al oficialismo

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En los 17 comicios celebrados hasta el momento se registra una creciente suba en la abstención, que supera los 4.800.000 de votantes; “busquen a los que se desilusionaron”, exhortó Massa

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Ya son 17 las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y una tendencia que se consolida domingo a domingo es la notable baja en la participación electoral. A excepción de Tucumán, que mantuvo su participación en torno del 84%, todas las provincias han visto disminuir sus números respecto del 2019, un año en el que ya había sido floja la asistencia a las urnas.

Hace dos días, en una recorrida por el conurbano, el precandidato a la presidencia de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, no ajeno a este fenómeno, instó a buscar el voto de los “desilusionados”. El miércoles, después del encuentro con la cúpula de la CGT, refrendó el mensaje: “Sabemos que hay decepcionados”.

Según datos relevados por , el ausentismo ha crecido más de 5 puntos en comparación al 2019: pasó de 25,95% a 31,36% en el universo de las provincias que ya fueron a las urnas (es decir, tomando como referencia la última elección comparable).

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“¿Quién se perjudica? Es el gran interrogante de la elección”, señala Facundo Nejamkis de la consultora Opina Argentina en referencia al ausentismo electoral. El consultor señala que tanto el actual oficialismo como Juntos por el Cambio, en distintos momentos, se vieron beneficiados por un crecimiento en la participación electoral.

En las generales de 2019, cuando la participación electoral aumentó más de 4 puntos con respecto a las PASO del mismo año, el candidato Mauricio Macri acortó a 8 la distancia con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos se vio favorecido cuando la participación aumentó más de 5 puntos entre las PASO y las generales de 2021: logró reducir la diferencia a la mínima (39,81% a 38,53).

“Es de difícil detección. Las elecciones presidenciales tienen un porcentaje más alto que las legislativas, aunque [lo que vimos] podría ser un anticipo”, sostiene Nejamkis ante la consulta sobre un posible sostenimiento de la abstención electoral. Salvo en Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde hasta ahora solo ocurrieron las primarias, en 13 provincias las elecciones celebradas este año definieron el futuro gobernador (y en Corrientes se votó para renovar la Legislatura).

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Alternancia y descontento

Según los encuestadores, la merma en la cantidad de ciudadanos que se acercan a las urnas es un indicador de un extendido malestar. “Es un síntoma del descontento. Hay falta de representación y de conexión entre los candidatos y la gente. El electorado se siente alejado de una clase política que toma decisiones de manera corporativa”, sostiene Cristian Buttie, de CB Consultores.

“La combinación entre las malas gestiones -en referencia a la de Juntos por el Cambio (2015-2019) y la actual del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria-, la crisis económica y el estrés pospandemia, no hace más que enojar a un segmento del electorado y generar apatía, reforzando la idea de que votar no sirve para nada”, agrega Guido Moscoso de la consultora Opinaia.

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El jueves, en un mensaje que se debatía entre el mea culpa y la seducción, Massa exhortó a los suyos: “Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos”. Fue en Merlo, en un acto compartido con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Hay segmentos del peronismo que no votan otra cosa que no sea peronismo. No votan en contra, pero no van a votar”, explica Nejamkis. “Este votante puede ser movilizado por razones de temor. Un votante peronista puede ser eventualmente movilizado si Patricia Bullrich se impone en las primarias de Juntos. Eso no significa, claro, que le alcance a Massa para ganarle”, plantea.

Esta creciente apatía electoral se agrava si a la baja señalada, que en términos porcentuales implica una suba en la abstención de más del 20%, se le suma la cantidad de electores que optaron por votar en blanco o al que se le anuló el voto. El 31,36% señalado se acerca a los 37 puntos cuando se añade el voto de personas que sí fueron a las urnas, pero no manifestaron preferencia por alguna de las opciones en el menú electoral.

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La provincia de Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella logró la relección con el 65,37%, fue el caso más visible de este fenómeno: el número de votos en blanco casi duplicó los votos obtenidos por Pro, la fuerza que resultó “segunda” en el distrito. Si los votos se midieran sobre la base de los emitidos, y tanto los votos en blanco como los nulos fueran computados, el porcentaje obtenido por Melella bajaría al 50%, pero si también se incluyera la variable del ausentismo y los votos se midieran sobre la totalidad del padrón electoral, el 65% obtenido por Melella se vería reducido a poco más del 35%.

Algo similar ocurre en la Santa Fe, cuyo caudal electoral es casi 20 veces mayor que el de la provincia patagónica. Si se aplicara la misma lógica y el porcentaje de los votos obtenidos por Juntos por el Cambio se contabilizaran contra la totalidad de los santafecinos habilitados para votar -y no contra los “votos afirmativos”-, el 63% alcanzado por Unidos para Cambiar Santa Fe -con los aportes del ganador Maximiliano Pullaro más las derrotadas Carolina Losada y Mónica Fein– se vería reducido al 33%. En la vereda de enfrente, y siempre bajo esta luz hipotética, el 27% obtenido por el peronismo –resultado de la sumatoria entre sus cuatro candidatos en el territorio- pasaría a un módico 15%. En la provincia, la participación electoral superó por menos de un décimo el 63%.

Entre las provincias con menor presencia ciudadana en las urnas se encuentran Córdoba (68,2%), Corrientes (66,03%), Rio Negro (68,15%), Salta (69,55%), Chaco (62,93%) y Mendoza (66,35%). Pese a que tanto en Chaco como en Mendoza las elecciones fueron primarias y que en Corrientes fueron legislativas, el promedio general de participación en los 17 comicios provinciales tampoco sobrepasa la barrera del 70%, un piso siempre superado a nivel nacional desde el regreso a la democracia. La única excepción fueron las PASO legislativas celebradas en septiembre de 2021, en las que se registró una participación del 67,78%.

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Los índices de participación están en los mínimos. Va a ser una elección histórica, que sigue la tendencia de 2021″, señala Buttie, que trae otra perspectiva para comprender la desafección electoral.

“Antes había una sanción económica. Se ha instalado la idea de que ya no es así. Y si hay, es simbólica. Todo eso empuja a que la gente no vote. Estamos más cerca de un voto optativo, como en el caso de Chile, que obligatorio, al menos en lo material. Si no te sentís representado, no votás”, completa.

A contramano de las preocupaciones del ministro de Economía, Buttie sostiene que, en ocasiones, la falta de sanción económica es promovida por los gobiernos oficialistas con lógica electoral. “Hay intencionalidad política, mientras mayor participación hay, más complica al oficialismo”, desliza, y señala el caso de Córdoba -el próximo domingo define quién tomará las riendas de la capital- donde no habrá ninguna sanción económica para quienes no asistan a votar.

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Factor Milei

Con todo, en la presunta sintonía que existe entre un electorado desinteresado y la prédica del referente de Libertad Avanza, Javier Milei, puede radicar un factor que altere la tendencia observada.

Pese al magro desempeño de sus candidatos en las provincias, Moscoso repara en que la presencia de su figura en las PASO nacionales -sumado al atractivo intrínseco de una elección presidencial- podría empujar a los electores desencantados hacia las urnas, poniéndole un freno a la merma en la participación.

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“Al proponer un discurso antipolítica, muy crítico de las instituciones más tradicionales, es probable que logre incentivar la participación electoral. Es esperable que de las PASO a la segunda vuelta, la participación electoral vaya en aumento”, sostiene el consultor.

“Es una forma de institucionalizar el ‘voto bronca’. Ahora se expresa en un canal político”, acota Nejamkis, que prefiere poner el foco en la “ineficaz” alternancia política.

“Es un fenómeno que tiene que ver con la improductividad política. Cuanto menos eficaz se vuelve en la resolución de los problemas, el electorado más se aleja. En los últimos 12 años pasaron tres presidentes y ninguno logró resolver los problemas. Eso genera una acumulación de desengaño. Ese alejamiento lo podés expresar con un enojo, y votar a alguien que tire del mantel y se caiga todo, Milei, por ejemplo, o decir ‘no voy a votar’”, explica.

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El número total de electores que han optado por no acercarse a las urnas a emitir su voto, sin contar Chaco que no se pudo comparar con 2019, es de 4.843.782. Pero, contemplando los números de esa provincia, la cifra asciende a más de 5.200.000, lo que representa más del 31% del padrón electoral de las provincias que ya tuvieron elecciones, una cifra similar a la suma de los padrones electorales de las provincias de Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Salta y San Luis. Si, de nuevo, a ese número se le añade el voto en blanco o el nulo, serían 6.138.830 las personas a las que, hasta ahora, ningún nombre propio logró seducirlas.



Federico González del Solar,LA NACION,Política

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Tras la marcha al Congreso con los jubilados: ¿cómo sigue la agenda de protesta de la CGT?

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La concentración de este miércoles frente al Congreso de la CGT junto a las dos CTA y los movimientos sociales fue apenas el primer paso de un cronograma de manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei que se están coordinando desde hace semanas.

El próximo hito compartido por las tres centrales ya tiene fecha confirmada: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

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La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.

“Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, alertó este miércoles desde la manifestación frente al Congreso Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, adelantó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

La CGT eligió enviar por redes sociales el mensaje “hoy salimos a las calles”. Este martes el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo remarcó las diferencias con la gestión libertaria: “No acompañamos ninguna ley que presenta el gobierno”.

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La CGT y las dos CTA acompañaron este miércoles a los jubilados en su tradicional movilización frente al Congreso (Juan Pablo Cháves/TN).

Otras manifestaciones en agenda

Antes de San Cayetano, el 3 de agosto, la CTA y los movimientos sociales convocan a una marcha universitaria, en un contexto en el que los gremios docentes evalúan un paro para el regreso a clases. “Logramos reconstituir la unidad de las tres centrales y definir un plan de acción”, ratificó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien además precisó que su central marchará al Ministerio de Economía el 22 de agosto para reclamar por el endeudamiento familiar.

La peregrinación hacia Plaza de Mayo por el día de San Cayetano del año pasado.
La peregrinación hacia Plaza de Mayo por el día de San Cayetano del año pasado.

Esa fecha y la del 2 de septiembre, por ahora, figuran en un comunicado de la CTA-T junto a los movimientos sociales; no hay confirmación de que la CGT o la UTEP vayan a sumarse a esas dos convocatorias puntuales.

Según confirmó la CTA de los Trabajadores tras una reunión con movimientos territoriales, su plan de lucha también incluye el rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras y a la privatización de AySA, dos reclamos que se suman a la agenda previsional y de programas sociales que motivó la marcha de los jubilados.

Leer más: La CGT y organizaciones sociales se manifestaron frente al Congreso en apoyo a los jubilados: hubo incidentes en Avellaneda

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El calendario de agosto se completa con los reclamos centrales de la convocatoria de San Cayetano, que sí reúne a las tres centrales: el Salario Social Complementario, el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo —que dejará sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios a partir de agosto, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín— y la paralización de obras de integración sociourbana en barrios populares.

Ya en septiembre, Yasky anunció una movilización de pequeñas y medianas empresas para el 2 de ese mes, en rechazo a lo que la CTA-T describe como “la destrucción del entramado productivo”. Ese acto es la antesala del horizonte de todo el cronograma: octubre, cuando movimientos sociales y centrales sindicales esperan confluir en una Marcha Federal acompañada de un paro general que, por ahora, está en debate en el interior de la CGT.

CGT, Javier Milei, san cayetano

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