POLITICA
Temblores en la omertá judicial y futbolística

Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.
Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.
También figuras muy al tanto sobre esos movimientos de las autoridades norteamericanas anticipaban, a comienzos de junio, lo siguiente: “Durante el mundial no va a pasar nada. Nadie quiere que se atribuyan los resultados deportivos a los problemas judiciales. Pero cuando termine el campeonato sí habrá novedades”. Dicho y hecho. Algo olfateaba Toviggino cuando desistió de concurrir a los partidos.
El paso que dieron en La Florida los organismos de investigación norteamericanos agrava la escena en torno de la AFA y sus jerarcas. ¿Qué cruces de llamados o mensajes cobijan los teléfonos de Faroni? ¿Y los de Tapia, si se confirma que fueron retenidos? Desde ayer al mediodía, cuando trascendieron estas novedades, comenzaron a correr escalofríos por la espalda de financistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales argentinos. Nadie quiere quedar registrado en esos aparatos. ¿Surgirán los nombres de estudios jurídicos o contables de los Estados Unidos? ¿Se conocerán movimientos inmobiliarios en ese país? ¿Cómo entraron y salieron los caudales que circularon alrededor de la AFA a través de los contratos celebrados con Faroni? ¿Están sólo ligados a actividades deportivas? Todo es posible. Sobre todo, entre gente muy descuidada. Sólo un grupo de “buenos muchachos” que fascinarían a Scorsese comete la torpeza de hacer pasar sus fechorías por cuentas y sociedades que están sometidas a la jurisdicción norteamericana. Por lo tanto, cabe imaginar que no han hecho desaparecer información comprometida. Temor y temblor.
La noticia de una intervención directa del FBI y de la Justicia de los Estados Unidos, sobre la que Francisco Olivera vino informando semana a semana en los últimos meses, cambia por completo la perspectiva del sistema judicial argentino frente al problema. Comienza a haber una competencia entre los tribunales de los dos países. En la Justicia local ha habido infinidad de movimientos procesales sospechosos. Por eso se especula con que existe un intento de proveer impunidad a Tapia, Toviggino y los personajes con los que contrataron acuerdos multimillonarios.
La jugada más llamativa es el intento de radicar las causas en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. En esa pretensión están empecinados los presuntos testaferros de Toviggino. El monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. Ambos figuran como propietarios de la mansión de la localidad de Villa Rosa, en la que se encontraron bienes por una suma equivalente a 20 millones de dólares durante un temprano allanamiento ordenado por el juez federal porteño Daniel Rafecas. Pantano sería un cadete de Toviggino.
La investigación está hoy a cargo de la jueza federal en lo Penal Económico Verónica Straccia. Conviene recordar que la Cámara de ese fuero, el 26 de junio pasado, en un pronunciamiento de Roberto Hornos y de Carolina Robiglio, procesó a Tapia y Toviggino. Pero la Cámara de Casación Penal dispuso, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que se debata si el expediente debe estar en manos de Straccia o ser remitido a González Charvay, el preferido de quienes figuran como “dueños” del opulento caserón. El tercer juez que intervino, Alejandro Slokar, opinó que la Cámara no debía participar de esa discusión. Un detalle muy curioso es que el juez Borinsky había afirmado lo mismo que Slokar cuando se trataba de enviar el expediente desde lo de Charvay al fuero penal económico. Borinsky sostuvo en ese momento que la Cámara de Casación no debe inmiscuirse en discusiones sobre la jurisdicción en la que deben radicarse las causas. Ahora cambió de parecer y propuso, junto con Barroetaveña, que el próximo 12 de agosto se celebre una audiencia para definir adonde debe ir el expediente. Otra curiosidad: Barroetaveña aceptó intervenir en el caso a pesar de haber sido, hasta que estalló el escándalo, presidente del Tribunal de Ética de la AFA.
Si se quiere hilar más fino, se puede razonar de esta manera: es muy sugerente que Borinsky haya abierto la puerta para dar la razón a los supuestos testaferros de Toviggino en un momento crucial de su carrera. Sobre todo, cuando esa decisión va en contra de lo que sostuvo en un pronunciamiento anterior. Él aspira a que Javier Milei lo postule para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo: se podría suponer que la conducta de Borinsky se inscribe en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la AFA.
¿Hay razones para imaginar ese entendimiento? Muchas. La más notoria es que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue delegado de la AFA ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Ocurrió en diciembre de 2017, apenas habían asumido sus cargos Tapia y Toviggino. Para hacerse cargo de esas responsabilidades Mahiques necesitó una autorización del Consejo de la Magistratura, en el que actuaba como representante del Poder Ejecutivo, con una subordinación informal a Daniel Angelici. Gobierno Macri.
La integración de Mahiques al elenco de la AFA explica que haya provisto abogados a sus directivos. Entre otros, a su alter ego, Ignacio Jakim, quien se encuentra ahora sometido a investigación por presuntas irregularidades en operaciones con dólares mientras el mercado cambiario estaba intervenido. Hoy entre los principales abogados de las autoridades de la AFA está Marcelo Rochetti, también alter ego, pero de Cristian Ritondo. Como Mahiques, Ritondo es un militante del Pro incorporado al oficialismo de Milei. Rochetti ya patrocinó a otras celebridades del deporte. Por ejemplo, al “Rafa” Di Zeo, prócer de la barra brava de Boca. La proximidad de Mahiques a la cuestionada dirigencia del fútbol explicaría también las versiones que aseguran que su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, colega de Borinsky y de Barroetaveña, celebró su última fiesta de cumpleaños en la mansión de Pantano, conocida en Villa Rosa como “lo de Toviggino”.
Sobran las evidencias de cómo los jerarcas de la AFA han cooptado a funcionarios judiciales. Algunos de esos indicios estarían en poder del secretario ejecutivo de la Asociación, Juan Pablo Beacon, ahora enemistado con quien fue su jefe, Toviggino. Beacon atesoraría en su tormentoso pendrive los pedidos de entradas de partidos de fútbol y hasta de pases de estacionamientos de algunos camaristas de Casación que hoy intervienen en el caso. De los jueces y hasta de los concuñados. Pasión de multitudes.
Este paisaje de complicidades puede entrar en crisis si los magistrados norteamericanos deciden avanzar con sus investigaciones a una velocidad mayor que la de sus colegas criollos. Contubernios de la omertá futbolístico-judicial podrían quedar desbaratados en los tribunales de Florida. Habrá que ver si se confirma la incautación de los teléfonos de Tapia, que fuentes muy confiables dan por hecha. Basta con que se indague a Faroni, que es un nudo importantísimo en la trama que une fútbol y política. Este representante teatral pertenece al corazón del sistema de Sergio Massa, que lo convirtió en diputado, igual que a su hermana. El propio Massa se cansó de repetir ante gente que ahora se hace eco, que “Toviggino es mío”. En este contexto conviene hacer una aclaración: ninguno de los autos de alta gama estacionados en la cochera de la mansión del cadete Pantano pertenecería a Massa. Se le atribuyen a alguien todavía más cercano a Toviggino: el exgobernador y actual senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Otra figura que, por razones diversas, camina debajo de una lupa instalada desde Washington. Se pueden consultar en la web los informes de Douglas Farah, un investigador cercanísimo al Departamento de Estado. Cruzar los dedos: no vaya a ser que a través de Faroni el FBI llegue a Toviggino y por esa vía alcance a Zamora, al que hace tiempo están mirando.
Las investigaciones sobre los negocios del fútbol en los Estados Unidos tal vez obliguen al Gobierno a evaluar de nuevo la relación con las autoridades de la AFA. Milei sostuvo al comienzo un durísimo enfrentamiento. Sobre todo cuando se conocieron los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas que cobraría su hermana Karina en los contratos del área de Discapacidad. Esos audios se divulgaron a través de la plataforma Carnaval, atribuida a Zamora y Toviggino. Los encuentros de Milei con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hicieron fantasear en ese momento con alguna gestión para provocar la intervención de la AFA. Sin embargo, la designación en el Ministerio de Justicia de Mahiques, que se dirige a Toviggino con el cariñoso apelativo de “Tovi”, parece haber inducido a una pacificación. Mahiques es un subordinado completo a la señorita Milei, que fue la afectada por esas publicaciones de Carnaval.
Las tribulaciones de Tapia y Toviggino, que alcanzan a su amigo Mahiques, son uno de los factores que influyen en el ordenamiento judicial que realiza el Poder Ejecutivo con una ola de designaciones. Una de las colinas a ocupar es la mencionada Cámara Federal en lo Penal Económico, donde Mahiques quiere ver a dos de sus amigos: Alejandro Cattania y Juan Pedro Galván Greenway. El otro frente es el de la Cámara Federal en lo Penal Criminal. El ministro impulsó a otros dos allegados: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Además, resolvió provocar una vacante al no enviar al Senado el pliego de Martín Irurzun para que pueda seguir ejerciendo la magistratura después de haber cumplido los 75 años. Un criterio distinto del que el Poder Ejecutivo siguió con el padre del ministro.
Irurzun recurrió a la Justicia con un argumento que abre un dilema interesante. No reclamó porque no se envíe su postulación para mantenerse en el cargo. El camarista pidió que se considere la inconstitucionalidad del artículo que cancela el ejercicio del cargo más allá de los 75 años. Sostiene que el artículo 110 de la Constitución Nacional garantiza a los jueces que puedan seguir en su función mientras dure su buena conducta. El planteo de Irurzun debe ser resuelto por la Corte. Como no existe unanimidad entre los tres miembros del tribunal, hay que llamar a conjueces, que son camaristas federales. La pregunta es elemental: ¿los que evalúen la pretensión de Irurzun se perjudicarán a sí mismos fijando un límite de edad a su función? Como se advierte, Irurzun plantea una gran encrucijada, no sólo jurídica, sino “laboral”.
Las novedades que están llegando desde la Justicia de La Florida se inscriben en el mapa más amplio de relaciones entre el oficialismo argentino y el gobierno de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos atraviesa una crisis inquietante, derivada de su malhadada intervención en contra de Irán. Contra lo que había prometido con su consigna “America First”, se involucró en una guerra interminable. El campo de batalla no está solo en Medio Oriente. Se extiende a la política doméstica, como demuestran muchas posiciones del vicepresidente J. D. Vance, acusando a sectores israelíes de haber boicoteado el Memorandum de Entendimiento con Irán que él había negociado en junio pasado. Publicistas influyentes como Tucker Carlson asumieron la misma postura crítica a lo que denuncian como una subordinación de la política exterior de su país a los dictados de Benjamin Netanyahu. En un contrapunto con los anteriores aparecen el secretario de Estado, Marco Rubio. Y hacía sentir su voz el senador Lindsey Graham, que falleció la semana pasada, debilitando las tesis más ácidas contra Irán en el Congreso.
Esta fisura fortalece lo que se viene anticipando: que Trump saldrá derrotado en las elecciones para cubrir la Cámara de Representantes. Esta declinación del poder del presidente de los Estados Unidos afecta a Milei de dos maneras. Por un lado, hace más impensable un nuevo auxilio financiero desde la Secretaría del Tesoro. Esta es la razón por la cual se conjetura que el ministro Luis Caputo podría comenzar a tomar deuda en el mercado internacional. Es una posibilidad que debe ser analizada a la luz de la mejora en la calificación de los bonos argentinos por parte de algunas consultoras como Moody’s, y de la consecuente caída del índice de riesgo país. También habría que tener en cuenta el derrumbe de la recaudación, derivado del mediocre nivel de actividad económica. Ayer se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica de junio, que registró una suba del 0,2% interanual y una caída de 0,5% respecto al mes anterior. Son índices que plantean un problema: para alcanzar un crecimiento del 3% anual, la economía debería expandirse en el segundo semestre de manera espectacular. El estancamiento ya está poniendo en peligro las metas fiscales del Gobierno.
El otro aspecto de la peripecia republicana que se proyecta sobre Milei tiene que ver con la imagen del presidente argentino. Muchos observadores sospechan que su adhesión automática a Trump y a la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente convierten también a Milei en antipático. ¿La decisión de no concurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos tuvo que ver con esa contaminación? El Presidente evitó exponerse en dos escenas multitudinarias: los festejos del 4 de Julio y la ceremonia de clausura del mundial de fútbol. Frente a este panorama hay un interrogante muy difícil de desentrañar: ¿Qué parte del malestar que ha despertado la Argentina en relación con el resultado futbolístico está inspirado, aunque sea de manera subliminal, por las posiciones internacionales que encarna ese Milei asociado a Trump? Es un misterio.
Carlos Pagni,Conforme a
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La Corte dejó firme una condena contra el Banco Provincia y sus directores por no reportar operaciones sospechosas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena dictada contra el Banco Provincia de Buenos Aires y sus directivos para que paguen una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber reportado como sospechosas determinadas operaciones de clientes.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los argumentos de la entidad y de los funcionarios sancionados.
El Banco Provincia planteaba su inmunidad frente a regulaciones federales amparadas en el Pacto de San José de Flores (PSJF), el acuerdo de paz firmado el 11 de noviembre de 1859 que permitió incorporar a la provincia de Buenos Aires a la estructura constitucional que el resto del país había aprobado en 1853.
Según su mirada, ese pacto brindaba inmunidad contra el poder de policía federal para la prevención del lavado de dinero, que ejerce la UIF en virtud de la Ley 25.246, y por ello el BPBA se encuentra exento de la imposición de cánones y sanciones.
Por Resolución 281/2018, la UIF aplicó multas a los miembros del Consejo de Administración, al oficial de cumplimiento y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento a la normativa antilavado.
Se les imputó no haber reportado operaciones sospechosas ni contar con sistemas de control y monitoreo establecidos por la UIF en su normativa.
A raíz del incumplimiento, que se habría producido entre 2010 y 2013, el organismo del Estado Nacional fijó multas a la entidad y a sus entonces directivos: Diego Rodrigo, José Pampuro (ya fallecido), Javier Mouriño, Omar Galdurralde, Rafael Perelmiter, Daniel Tillard, Gustavo Marangoni, Carlos Rafael Fernández y María Elena Helguera.
La entidad cuestionó la decisión: sostuvo que no había exigido infracción, que la normativa era demasiado indeterminada y que, por su carácter de banco provincial y por las garantías derivadas del Pacto de San José de Flores y de su Carta Orgánica, la normativa nacional no podía desplazar su régimen jurídico propio.
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las multas al sostener que el Banco Provincia se encuentra válidamente alcanzado por la Ley 25.246 y su normativa reglamentaria, y que la actuación de la UIF no vulnera el estatus jurídico especial del banco ni las prerrogativas derivadas del Pacto de San José de Flores, por tratarse de normas nacionales destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contra ello, el Banco apeló la decisión. Y, tras oír la opinión de la Procuración General, la Corte Suprema desestimó por inadmisible el recurso de la entidad y dejó así firme la sentencia, salvo en el caso de Pampuro tras constatar su fallecimiento.
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Una diputada del PRO cuestionó los cambios en discapacidad: “No era lo que veníamos trabajando”

El PRO cuestionó los cambios sobre discapacidad incluidos por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamó un esquema permanente que garantice previsibilidad a las familias y los prestadores. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada nacional Antonela Giampieri sostuvo que el partido continuará acompañando al oficialismo, aunque marcará límites cuando considere que las medidas se apartan de lo acordado.
“El Gobierno Nacional se equivocó al enviar, con el Presupuesto 2027, el texto que abordaba los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora. Según explicó, la propuesta oficial se apartaba de un esquema que había sido conversado previamente entre los bloques aliados. “Se equivoca porque va en contra de las personas con discapacidad, va en contra de sus derechos y no era lo que veníamos trabajando”, sostuvo.
Giampieri remarcó que la postura del PRO no implica un quiebre con La Libertad Avanza. “Somos aliados responsables, que acompañamos al Gobierno Nacional en todos los proyectos porque creemos que es así. Y también le marcamos límites cuando no creemos que ese es el camino correcto”, afirmó.
Antonela Giampieri defendió una ley permanente para discapacidad
La diputada cuestionó la continuidad de los esquemas de emergencia y defendió una solución de largo plazo para el sector. “No se puede vivir de emergencia en emergencia ni de parche en parche con la discapacidad”, planteó.
El dictamen de mayoría trabajado en el Congreso incorpora el nomenclador a la ley, de manera que los aranceles que reciben los prestadores tengan un marco establecido. “Lo que hace es que el nomenclador, que es lo que determina el pago de los prestadores y establece un piso, quede en la ley”, explicó.
Además, el proyecto contempla una actualización mensual vinculada con la inflación. “Conseguimos que el nomenclador se actualice todos los meses por inflación para no volver a un sistema que ya lo vimos en el gobierno kirchnerista, donde quedaron desactualizados”, señaló.
Según Giampieri, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo contemplaba eliminar esa herramienta. “El Gobierno buscaba eliminar el nomenclador”, afirmó.

La iniciativa también mantiene la prestación y el arancel único y establece, para quienes trabajan, un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para acceder a las pensiones. A su vez, incorpora capacitaciones para el personal de los prestadores.
El PRO pidió eliminar el capítulo seis del Presupuesto 2027
Giampieri sostuvo que el bloque del PRO comenzó a trabajar sobre las modificaciones apenas conoció el contenido del Presupuesto y que el dictamen fue construido junto con legisladores de distintos espacios.
“Esto lo construimos entre todos, no es que volvió el Gobierno Nacional a enviar un nuevo proyecto”, sostuvo.
La legisladora señaló que el oficialismo aceptaría eliminar el capítulo seis, que contenía las derogaciones cuestionadas por el PRO. “El capítulo seis, sí, exacto”, respondió al ser consultada sobre ese punto.
Para Giampieri, las diferencias sobre discapacidad no deberían afectar el vínculo general entre los bloques. “Es una interna de ellos que no queremos que salpique a la gente con discapacidad”, afirmó.

El debate general sobre el Presupuesto 2027 continuará en la Cámara de Diputados y, según anticipó la legisladora, las rondas de discusión comenzarán el 13 de octubre.
Giampieri también pidió a los bloques que no acompañaron el dictamen de mayoría que reconsideren su posición. “Le pido a la oposición que hoy no firmó el dictamen de mayoría que pueda ver el cambio y que lo vote”, expresó.
Finalmente, aseguró que el PRO seguirá el cumplimiento de las medidas si el proyecto avanza: “El PRO va a seguir de cerca que el nomenclador se siga actualizando por IPC, que los pagos lleguen y que el cronograma de pagos a los prestadores por la compensación se cumpla”.
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Elecciones en la Argentina 2027: fechas, cargos que se renuevan y todo lo que hay que saber

En 2027 se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. En dicho acto democrático se deciden los distintos cargos políticos como presidente, vicepresidente y gobernador, entre otros.
La importancia de este suceso es de tal relevancia que los ciudadanos buscan saber cuándo se vota en la Argentina y qué se elige.
En caso de continuar la instancia de elecciones primarias, las PASO serían el 8 de agosto de 2027. Así está establecida por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.
La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.
En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.
Qué se elige y qué cargo se renuevan en las elecciones 2027
En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).
Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.
Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son:
Cuándo se vota para presidente en la Argentina
Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.
El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.
A su vez, la legislación detalla sobre los plazos y la forma. “La convocatoria deberá hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación” y expresará:
Qué pasará con las PASO
El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.
Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.
Cuáles son las condiciones para evitar el balotaje
Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45% de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.
De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.
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