Aunque todavía se cuestiona el residuo para el planeta que dejarán las baterías de litio de los autos eléctricos una vez que lleguen a su final de vida útil a bordo, el principal obstáculo que hoy sigue siendo tema de debate es la pérdida de capacidad para acumular energía luego de varios miles de kilómetros de uso y, especialmente, de carga y descarga.

De hecho, no es algo privativo únicamente de los autos eléctricos sino de los dispositivos que se alimentan con baterías de litio en general. Sucede con los teléfonos y también con las computadoras personales, aunque los autos tienen sistemas de refrigeración y gestión de la energía para asegurar una mayor vida útil, y naturalmente, no están enchufados tanto tiempo como un celular o una notebook, que por ese motivo suelen tener recambios mucho más frecuentes.

En los autos eso es más difícil, pero sobre todo más costoso, porque la batería de un auto eléctrico puede representar entre un 30 y un 40% del precio de vehículo. La batería de un auto 100% eléctrico puede costar entre USD 12.000 y USD 20.000 dependiendo de su tecnología o tamaño y capacidad.

Las baterías LFP (Fosfato de Hierro y Litio) son menos eficientes pero más económicas y por eso cada vez se utilizan en más marcas y especialmente en las versiones de acceso de muchos modelos. En cambio, las NCM (Niquel Cobalto y Manganeso) son más costosas pero tienen un mayor rendimiento y autonomía.

Si bien existe una razonable expectativa referida a un abaratamiento de costos a medida que aumente la escala industrial, esa misma idea existía en 2020 y 2021, cuando la mayoría de los fabricantes tomaron la decisión de migrar rápidamente a los autos eléctricos creyendo que tendrían una aceptación más rápida de lo que fue, y por lo tanto habría más ventas, más producción y menores costos.

Hoy se proyecta que para 2030 las baterías bajarán su costo cerca del 50% o incluso más aún. Sin embargo, mientras eso no ocurra, la durabilidad de su capacidad termina siendo uno de los factores que retiene a muchos usuarios a animarse a dejar un auto convencional y pasar a un eléctrico.

El costo de la electricidad es menor, por lo tanto el costo de uso es menor también, pero comprarlos sigue siendo muy caro y su valor de reventa está deprimido por esa misma razón. Adquirir un auto eléctrico usado implica arriesgarse a tener que cambiar la batería con el costo asociado que tiene.

Un estudio de Carla, una plataforma sueca de comercio electrónico para comprar, vender o alquilar vehículos eléctricos, tomó una muestra de 9.954 pruebas de baterías en autos vendidos en Suecia entre 2022 y 2026.

Lo hizo para establecer una tasa de desgaste por carga y descarga en ese país, donde además de existir un ecosistema de electromovilidad casi tan grande como el de Noruega (el país con más autos eléctricos por persona del mundo), las extremas bajas temperaturas a las que son sometidos los vehículos representan un modelo para la tecnología.

Según los resultados publicados, lejos de lo imaginado a priori, no fueron autos chinos los que obtuvieron mayores rendimientos, sino coreanos.

La publicación estableció que el Kia e-Niro fue el vehículo eléctrico con el mejor resultado, ya que, tras recorrer 10.000 km, mostró que su batería todavía tenía una capacidad de carga del 97,2 por ciento.

El segundo modelo también fue coreano, pero de la marca Hyundai (parte del mismo grupo industrial). En este caso se trató de un Hyundai Kona, que también tiene una batería de litio de 64 kWh que el vehículo con mejor resultado y del mismo origen, con la que alcanzó un rendimiento del 97,1 por ciento.

El tercero fue otro Kia, en este caso el SUV grande llamado EV6, que tiene una batería mayor, de 77 kWh, y mantuvo una capacidad de 95,5% tras 10.000 kilómetros de uso.

Cuarto quedó un auto local, el Volvo XC40 Recharge, que está equipado con una batería china de la marca CATL de 69 kWh, y que se mantuvo con un rendimiento de carga del 94,7% en el mismo período, y quinto un Polestar 2, auto sueco derivado de Volvo, que también tiene una batería CATL de 78 kWh, y que alcanzó el 94,3 por ciento.

Sexto fue el BMW i3 con 93,7%; séptimo el Polestar 2 pero con batería LG Chem con un 93,5%; octavo fue el mejor Tesla, un Model 3 con una batería CATL LFP de 60 kWh alcanzando el 93,3%; noveno el Audi e-tron 50 con una batería NCM de 71 kWh con 93%; y décimo otro Audi, un e-tron 55 con una gran batería NCM de 95 kWh con el 92,9 por ciento.

Como dato final, el estudio de Carla estableció que de los casi 10.000 autos tomados para el estudio, el kilometraje promedio era de 5.046 km, que 9.383 autos tenían entre el 90 y el 100% de la capacidad de su batería y sólo 570 estaban entre el 75 y el 90 por ciento.

Normalmente, los autos eléctricos tienen una garantía de entre 8 y 10 años para sus componentes relacionados con la batería y los sistemas de gestión de la energía, y las baterías se suelen cambiar una vez que bajan del 75% de su capacidad de carga.

Rápido y furioso. Así son los tiempos que se viven en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), donde confluyen una compleja actualización salarial y la segura renovación del mandato de Armando Cavalieri, quien se apuntó una victoria en plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, al tiempo que cuestiona el modelo económico del gobierno por la caída del consumo interno y el cierre de pymes y comercios.

Hoy, el principal objetivo de la organización gremial es la negociación de una suba salarial «que permita sostener el poder de compra», señalaron voceros mercantiles, en plena negociación con los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

De cuánto fue la última suba salarial y qué reclaman

El último acuerdo salarial de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales fue del 5% dividido en tres cuotas: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, calculados sobre las escalas vigentes a marzo, más el pago de sumas fijas no remunerativas y una suma adicional de recomposición que acompañaron esos incrementos durante el trimestre. El salario básico hoy ronda $1.300.000.

Sobre esa base, los paritarios gremiales tomarán la inflación de dicho trimestre, que fue del 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, con un acumulado del 6,6%, con una pérdida salarial del 1,6% del que partirá la demanda. Otros sindicatos pactaron una suba trimestral del 2% mensual, que podría ser el techo de la demanda de los mercantiles. También se podría repetir el esquema de porcentajes y sumas no remunerativas para julio, agosto y septiembre, volcándose al básico en el último mes. Todo está por verse.

Los voceros sostienen que las discusiones con las patronales siempre se dieron en el marco del diálogo, pero ahora temen que la caída en las ventas se presente como un argumento para limitar un aumento salarial. La otra preocupación de Cavalieri es la pérdida de empleo, en medio de una reconversión de la actividad y la baja del consumo.

Cavalieri va por un nuevo mandato en el SEC

En paralelo, el gremio espera las elecciones para la renovación del consejo directivo previstas para el 3 de septiembre, con las aguas más calmas que con la paritaria. En los pasillos gremiales se hablaba de una despedida de Cavalieri después de 41 años al frente de la organización y el traspaso de mando a su hoy segundo Carlos Pérez, que será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social más importante de la Argentina.

La junta electoral oficializó en estos días a la lista Azul, garantizando una nueva reelección de Cavalieri, que tendrá su undécimo mandato consecutivo. iProfesional consultó a sectores opositores y señalaron que en esta oportunidad no participarán del proceso electoral, allanándole el camino al oficialismo a un nuevo mandato que terminará en 2030.

Confirman que se mantiene el aporte sindical solidario

Por otra parte, hace pocos días el gremio se anotó un triunfo, tras la decisión de la secretaría de Trabajo de confirmar que el aporte sindical solidario del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio sigue vigente y debe continuar reteniéndose, despejando dudas por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y la cautelar judicial que suspendió provisoriamente parte de su aplicación sobre los convenios alcanzados por esa resolución.

Como explicamos desde este medio, la cartera laboral busca evitar distintas interpretaciones entre las empresas y el gremio, que puedan provocar errores en las liquidaciones salariales, generando reclamos laborales y las futuras certificaciones de deuda por incumplimientos en las retenciones. La decisión fue comunicada por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a la Federación Argentina de Comercio y Servicios (FAECYS), que también lidera Cavalieri a nivel nacional, y a las cámaras empresarias del sector, quienes fueron las primeras en pedir las aclaraciones a los funcionarios.

Desde la secretaría de Trabajo explicaron que el aporte debe seguir reteniéndose y depositándose en los términos previstos en los artículos 100 y 101 del convenio colectivo de trabajo mientras permanezca vigente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal. El artículo 100 del convenio colectivo señala:

• Una cuota solidaria equivalente al 2,5% de la remuneración total de los trabajadores
• De ese total, el 2% corresponde al sindicato de primer grado adherida a FAECYS
• El 0,5% restante se destina a la Federación
• La retención debe continuar mientras dure la cautelar judicial sobre la Ley de Modernización Laboral

Luego de que el Gobierno implemente un aumento de más de 100.000% de las multas automáticas —las que se aplican ante la demora de apenas un día en la presentación de la declaración jurada—, la discusión volvió al centro de la escena. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un proyecto para graduarlas en función del tipo de contribuyente.

En diciembre de 2025, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal disparó el monto de las sanciones por incumplimientos formales. La multa para personas humanas saltó de $220 a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a 440.000 pesos. El ajuste generó preocupación en el sector privado y en especialistas tributarios, que advirtieron sobre el carácter desproporcionado de la medida. Durante el debate parlamentario, la oposición planteó la necesidad de establecer escalas diferenciadas según la capacidad contributiva, pero la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no modificó la propuesta original.

El impacto de este esquema se volvió motivo de debate en la comunidad tributaria y en los despachos oficiales. La contadora Sonia Becherman, integrante del equipo que asesoró al ministro en el diseño del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, relató la dinámica de esos intercambios: “Si lo planteamos en las reuniones (lo de las multas automáticas). Es más, Miriam Roldan, muy voluntariosa, hizo un proyecto para explicar la situación y trata de enviar algún aporte para que sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva”.

En Economía no hubo ningún tipo de manifestación al respecto de esta iniciativa, aunque según pudo saber anteriormente Infobae, no hay intención en revertir la situación.

El texto presentado al equipo económico propone un “régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación formal”. Cuando el infractor califica como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o es persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no figura como gran contribuyente, las multas fijas o graduables se reducirían entre un 80% y un 20% según el segmento.

Además, contempla un “plazo de gracia” para regularizar la situación sin sanción, que puede llegar a 90 días corridos para microempresas y personas humanas. Si la omisión se subsana dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la sanción queda condonada totalmente. El proyecto también incluye una cláusula de exclusión: si el contribuyente incurre en la falta más de seis veces en el mismo año calendario, pierde todos los beneficios y se le aplican los montos completos.

El documento explica que la actualización de valores respondió a la inflación, pero advierte que la sanción tal como está diagramada no contempló diferencias en la capacidad de pago. La autora de la iniciativa remarca que un monto uniforme puede resultar asfixiante para un pequeño contribuyente y, al mismo tiempo, insignificante para una gran empresa. Por eso el proyecto busca que la escala de sanciones guarde relación con la estructura y recursos de cada obligado. En la práctica, los contribuyentes más chicos suelen tener menos recursos administrativos y contables para cumplir al día con sus obligaciones, por lo que requieren plazos más razonables de notificación y subsanación.

El aumento de más de 100.000% de las multas automáticas y las repercusiones negativas que generó llevaron a que en su momento Caputo prometiera cambios en como las iba a implementar ARCA: cuando ocurra el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa automáticamente ARCA iba a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles y una vez transcurrido ese plazo recién ahí va a intimar y aplicar la multa, pero eso no se cumplió.

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo: “Hoy por hoy, ese plazo de 15 días que se había prometido no se está cumpliendo. Lo que sí está pasando es que los contribuyentes tienen un plazo de espera para poder gozar de los beneficios de la reducción de la multa del 50 por ciento. La norma, como estaba redactada, ya preveía que, si el contribuyente regularizaba la multa dentro de los 15 días en los que le llegaba la notificación, podía acceder a una reducción del 50% del valor de la misma”.

En esa misma línea, CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló que si la declaración jurada vence y no se presenta, la infracción se configura en ese momento, aunque exista un plazo adicional. “Antes de la reforma, el fisco intimaba y, si dentro de los 15 días hábiles administrativos se presentaba la declaración y se abonaba la multa, la reducción del 50% era de pleno derecho. Ahora, el plazo adicional depende de la categoría del contribuyente”, aseguró.

Así, aquellos que acceden a este plazo pueden regularizar sin que se intime la sanción de inmediato. Pero si persiste la omisión, ARCA notifica y aplica la multa. Domínguez aclaró que la sanción no se ejecuta de modo automático y que, si existe una causa de fuerza mayor, no correspondería aplicar la multa. Por lo que si el contribuyente no paga, y se inicia un sumario, puede ejercer su defensa.

En el sector tributario, la preocupación por la actualización de las multas automática y la aplicación por parte del fisco nacional continúa. Es por eso que los contadores que se reunieron con el ministro le reiteraron en cada uno de los encuentros que se debe encontrar una solución al respecto sobre todo por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un contexto de caída del consumo.