POLITICA
Sicarios cibernéticos en el mar: la guerra electrónica que amenaza a la flota pesquera Argentina
Desde el 28 de febrero de 2026, los capitanes que intentan cruzar el Estrecho de Ormuz observan en sus pantallas de navegación algo que desafía toda lógica: supertanqueros que circulan sobre tierra firme, cargueros que atraviesan aeropuertos, buques que derivan a través de una central nuclear. No se trata de fallas técnicas aleatorias. Es el resultado de operaciones de interferencia satelital desplegadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que desde el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel convirtió ese corredor marítimo —por el que transita el 20% del petróleo y gas del mundo— en el primer escenario documentado de guerra híbrida marítima a escala masiva. Lo que ocurre allí no es una amenaza futura ni un escenario hipotético. Es el presente del ciberespacio marítimo. Y es exactamente lo que el capitán Jorge A. Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y presidente de la Fundación Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (FUNCESMAr), advirtió durante las Jornadas de Intereses Marítimos Argentinos celebradas en Mar del Plata: la flota pesquera argentina enfrenta las mismas vulnerabilidades, y el país carece todavía de un marco normativo que las contemple.
Los expositores organizaron el problema en torno a un marco de origen naval, hoy directamente aplicable al sector pesquero: información, tecnología y personas. La información es el activo estratégico. Las decisiones de navegación y de captura ya no dependen solo de la observación directa del capitán, sino de un flujo continuo de datos como el AIS ((Automatic Identification System, o Sistema de Identificación Automática) y entre otros, la trazabilidad blockchain.
En palabras llanas: la tecnología blockchain es una base de datos distribuida, en lugar de almacenarse en un único servidor central, la información se replica simultáneamente en miles de nodos (computadoras) conectados en red. En el sector pesquero, la trazabilidad blockchain permite registrar y verificar:
- Dónde y cuándo se capturó el pescado.
- Qué embarcación lo capturó y bajo qué licencia.
- La posición GPS del buque en el momento de la captura.
- La cadena de frío durante el transporte.
- El procesamiento en tierra y la distribución hacia los mercados.
Cada uno de esos datos queda grabado de forma permanente e inmutable en la cadena. En este punto aparece lo que el capitán Frías denominó «el problema del oráculo“: el blockchain garantiza que un dato no fue modificado después de registrado, pero no puede garantizar que ese dato fuera verdadero en el momento de ingresar. Si un buque pesca en una zona prohibida del Atlántico Sur y su GPS fue manipulado mediante spoofing (técnica de engaño digital que consiste en suplantar o falsificar una señal, una identidad o una fuente de información para que un sistema receptor la tome como legítima) para mostrar una posición falsa, ese dato falso queda registrado en la cadena con la misma solidez que uno verdadero. El certificado de origen resultante es formalmente impecable y sustancialmente fraudulento.
Es por eso que la integridad de la información satelital —y su protección frente a un engaño digital que se denomina spoofing— es la base sobre la que descansa todo el sistema de trazabilidad, por más robusto que sea tecnológicamente.
Según se advirtió en la exposición, cada sensor y cada sistema automatizado de las embarcaciones es también una puerta de entrada potencial para actores maliciosos, “los sicarios cibernéticos”, según Frías. La digitalización de puertos y buques convirtió al ecosistema pesquero en un objetivo de alto valor.
Los expositores destacaron que ante esta situación crítica, que ya es una realidad en el mundo, Argentina carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. Y la manipulación de señales satelitales -el llamado “GNSS spoofing”- no es solo una amenaza a la navegación: es, según se planteó, una herramienta técnica para el blanqueo de pesca ilegal y el fraude en la certificación de origen, con implicancias directas sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
El Estrecho de Ormuz: laboratorio de guerra híbrida marítima
Una demostración palpable sobre las advertencias y recomendaciones que se realizaron en las jornadas sobre «La ciberseguridad marítima en la cadena de valor del sector pesquero», presentada por el Capitán Jorge A. Frías quedó al descubierto en el conflicto de Medio Oriente.
Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación “Epic Fury”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho de Ormuz “cerrado” y aplicó una estrategia de bloqueo que combina tres métodos simultáneos: ataques físicos con misiles, drones y lanchas rápidas; minado de la ruta de separación de tráfico oficial; e interferencia electrónica masiva sobre los sistemas de posicionamiento satelital. La combinación resultó más eficaz que cualquiera de esos métodos por separado.
El Institute for the Study of War calificó el mecanismo como un esquema de extorsión y advirtió que cualquier acuerdo que reconociera el control iraní sobre el estrecho constituiría un precedente con implicancias para el comercio global.
La guerra invisible a escala sin precedentes
La dimensión electrónica del bloqueo resultó tan disruptiva como la física. En las primeras 24 horas tras el inicio del conflicto, más de 1.100 buques en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irán sufrieron interferencias en sus sistemas de navegación satelital, según datos de la firma de inteligencia marítima Windward.
Los analistas vinculados a esa firma identificaron 35 clústeres de jamming activos de forma simultánea en la región. Los clústeres de jamming son zonas geográficas donde se concentran múltiples equipos o fuentes que emiten interferencias electrónicas de manera deliberada para bloquear o degradar señales de radiofrecuencia, especialmente las utilizadas por sistemas de navegación y posicionamiento como el GPS/GNSS.
La firma Lloyd’s List Intelligence documentó 1.735 instancias de interferencia GPS que afectaron a 655 buques solo entre el inicio del conflicto y el 3 de marzo. Los incidentes diarios escalaron de 350 al comienzo a 672 el 3 de marzo. Para el 7 de marzo, más de 1.650 embarcaciones habían experimentado interferencias en sus sistemas GPS y AIS en toda Asia Occidental, un incremento del 55% respecto a la semana anterior, según Windward.
De Ormuz al Atlántico Sur: la misma vulnerabilidad, otro escenario
Lo que la Guardia Revolucionaria iraní aplicó en el Estrecho de Ormuz no es una capacidad exclusiva de las grandes potencias militares. Es, precisamente, la advertencia que Frías llevó a Mar del Plata: los ataques cibernéticos contra el sector marítimo mundial crecieron un 300% entre 2019 y 2024, y la totalidad de los incidentes registrados en buques durante 2023 comprometió sistemas operativos críticos de navegación. La brecha entre el escenario del Golfo Pérsico y el del Atlántico Sur no es tecnológica. Es de conciencia y de preparación.
La exposición de Frías partió de una transformación que ya está en marcha en la flota argentina: la denominada “Pesca 4.0” incorpora sensores inteligentes, conectividad satelital permanente, inteligencia artificial para optimizar rutas, blockchain para la trazabilidad de los productos y sistemas automatizados que enlazan la embarcación con puertos, organismos de control y mercados internacionales. Esa misma arquitectura digital que multiplica la eficiencia es, al mismo tiempo, una superficie de ataque en expansión constante.
Un ecosistema hiperconectado con vulnerabilidades estructurales
El núcleo del problema reside en la convergencia entre dos tipos de sistemas que históricamente operaron de forma separada. Los sistemas IT —gestión comercial, comunicaciones satelitales, reportes regulatorios, trazabilidad— se integraron progresivamente con los sistemas OT, responsables del funcionamiento operativo del buque: el GPS, el AIS, las cartas electrónicas ECDIS (el sistema de navegación digital que reemplazó a las cartas náuticas en papel en los buques modernos); el control de máquinas, la propulsión y la cadena de frío. “Esa convergencia -explicó el capitán Frías-, es lo que habilita la eficiencia de la Pesca 4.0, pero también elimina el aislamiento que durante décadas protegió a los sistemas críticos. Un correo electrónico infectado o una contraseña comprometida pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema de navegación de una embarcación”.
A esa vulnerabilidad estructural se suma una asimetría económica notable: un ataque que puede costarle al atacante apenas unos cientos de dólares tiene capacidad para paralizar una embarcación valuada en millones.
El desarrollo de la inteligencia artificial de frontera agrega una variable nueva: según se advirtió en la exposición, sus capacidades reducen la barrera técnica que antes limitaba a los atacantes menos sofisticados.
En estos caso, reforzaron los expositores, “la tecnología funciona como una espada de doble filo”. Cuanto más sofisticada, más frágil ante ataques dirigidos. La respuesta de mayor impacto y menor costo que propuso Frías es también la más simple: segmentar las redes operativas y administrativas para evitar que una intrusión en el área de gestión comercial escale hasta los sistemas de control de la embarcación.
Las personas constituyen el eslabón más crítico y el que no admite parches de software. Entre el 82% y el 95% de los incidentes exitosos comienzan con un error humano o una manipulación, no con un ataque técnico sofisticado. La paradoja del sector pesquero es que la misma conectividad satelital que acerca al tripulante con su familia lo expone durante las 24 horas como blanco de phishing, ingeniería social y chantaje digital. La respuesta exige formación obligatoria, principio de mínimo privilegio y una cultura de seguridad sostenida.
El ciberespacio como nuevo campo de batalla marítimo
Agencias de inteligencia y organismos de seguridad occidentales atribuyeron en los últimos años campañas de espionaje, sabotaje e interferencia electrónica a grupos vinculados con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estos actores fueron señalados por operaciones destinadas a infiltrarse en infraestructuras críticas, interferir señales de navegación mediante técnicas de spoofing y jamming del GPS, realizar espionaje industrial, atacar puertos, empresas logísticas y redes de transporte marítimo, y obtener información estratégica sobre movimientos navales y comerciales. Ante la creciente competencia entre potencias, los buques mercantes dejaron de ser únicamente medios de transporte para convertirse también en blancos potenciales dentro de la disputa por el control de las rutas marítimas y de la información.
Para la Argentina, la amenaza más delicada es la manipulación deliberada de señales satelitales, el llamado GNSS spoofing. Esa técnica —la misma que el CGRI desplegó en el Estrecho de Ormuz— puede falsear la posición real de un buque y, además de poner en riesgo la navegación, facilitar el encubrimiento de actividades de pesca ilegal, el fraude en la certificación del origen de las capturas y afectar directamente el ejercicio de la soberanía en el Atlántico Sur.
Un llamado urgente de decisión
Uno de los mensajes centrales de la exposición apunta a desactivar una objeción previsible: la implementación de estas prácticas no requiere grandes inversiones iniciales. La higiene cibernética básica -segmentación de redes, formación del personal, protocolos mínimos de verificación de datos- genera un retorno significativo y constituye, se planteó, el punto de partida realista para la flota argentina.
Lo que sí exige la propuesta es una decisión política y gremial que integre en una única mesa de trabajo al Estado, industria y trabajadores dado que tienen un rol único e insustituible para liderar esta agenda: la oportunidad de comprometer a esa tríada en la defensa cibernética del mar argentino.
En la reunión de expertos que se realizó en Mar del Plata, se recordó que la Organización Marítima Internacional (OMI) incorporó desde enero de 2021 la gestión de riesgos cibernéticos dentro de los sistemas obligatorios de seguridad para los buques que navegan internacionalmente y una circular que aporta el marco técnico para identificar sistemas críticos y definir salvaguardias. Ambas normas son de aplicación obligatoria para los buques de bandera argentina en aguas internacionales.
Según el capitán Frías, la legislación de nuestro país, no obstante, carece de un instrumento que articule de manera integrada la ciberseguridad, la actividad pesquera y la soberanía marítima. La Ley 24.922 de Régimen Federal de Pesca no contiene disposiciones específicas de ciberseguridad para la flota ni para la cadena de valor, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto no contempla la dimensión cibernética del monitoreo satelital de buques. El aporte normativo actual proviene de ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina que, sugirió Frías, requerirán actualización.
Las propuestas de los especialistas
La exposición no se limitó al diagnóstico. Frías presentó una hoja de ruta con dos ejes: uno político-gremial y otro de capacitación.
La convocatoria incluye organismos nacionales como la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Armada Argentina, la Prefectura Naval, el INIDEP y el Consejo Federal Pesquero, junto con organismos internacionales como la OMI, la FAO, la OEA, Interpol y la ENISA.
El eje de capacitación se traduce en una propuesta institucional concreta: desde FUNCESMAr se impulsará el Seminario Internacional de Ciberseguridad Marítima para el Sector Pesquero, de modalidad híbrida y alcance internacional, con edición inaugural prevista para la segunda mitad de 2027.
El producto final del proceso será la primera Guía de Mejores Prácticas en Ciberseguridad para el Sector Pesquero argentino, además de un curso especializado que se incorporaría a la Diplomatura de Capitán de Pesca.
Frías finalizó su ponencia con una reflexión: “La ciberseguridad no es un costo: es una inversión en la integridad del producto argentino en el mundo”, afirmó al cierre de su exposición. “El mar no se pide prestado, se defiende. Y en el siglo XXI, defenderlo significa también defender sus datos, sus señales y su soberanía digital.”
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En 2027 se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. En dicho acto democrático se deciden los distintos cargos políticos como presidente, vicepresidente y gobernador, entre otros.
La importancia de este suceso es de tal relevancia que los ciudadanos buscan saber cuándo se vota en la Argentina y qué se elige.
En caso de continuar la instancia de elecciones primarias, las PASO serían el 8 de agosto de 2027. Así está establecida por la ley 26.571, que indica que esta votación debe hacerse el segundo domingo de agosto.
La elección general presidencial, o primera vuelta, se debe efectuar dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Por lo tanto, la votación presidencial de 2027 se debe realizar el domingo 24 de octubre.
En caso de requerirse un balotaje o segunda vuelta electoral, este evento debe darse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Eso significa que el balotaje se haría en noviembre de ser necesario.
Qué se elige y qué cargo se renuevan en las elecciones 2027
En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).
Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.
Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son:
Cuándo se vota para presidente en la Argentina
Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.
El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.
A su vez, la legislación detalla sobre los plazos y la forma. “La convocatoria deberá hacerse con 90 días, por lo menos, de anticipación” y expresará:
Qué pasará con las PASO
El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.
Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.
Cuáles son las condiciones para evitar el balotaje
Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, para que un candidato se imponga en primera vuelta debe sumar el 45% de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al contrincante más cercano por más de diez puntos porcentuales de diferencia.
De no cumplirse estas condiciones, se lleva a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios generales. El ganador del balotaje será quien ocupe el sillón de Rivadavia, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.
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POLITICA
Desde Nueva York, Kicillof volvió a cuestionar el programa económico de Milei: “Es una verdadera catástrofe”
En su segundo día en Nueva York, Axel Kicillof aprovechó para responder al discurso económico del presidente Javier Milei. En un desayuno de trabajo organizado por el alcalde Zohran Mamdani, el gobernador bonaerense aseguró que el supuesto “milagro económico” del Gobierno “no existe” y sostuvo que la Argentina atraviesa “una verdadera catástrofe”.
La actividad reunió a dirigentes y empresarios que participan de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.
Durante su exposición, el mandatario provincial afirmó que quiso responder a la imagen que, según planteó, el oficialismo intenta instalar en el exterior sobre la economía argentina.
“No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo.
POLITICA
Ariel Lijo, como juez electoral, suspendió la elección de un académico para el Consejo de la Magistratura
A menos de 24 horas de la votación, la Justicia frenó la elección de un Colegio Electoral que elija a uno de los académicos que debe completar la integración del nuevo Consejo de la Magistratura a fin de año.
La decisión es nombrar al juez federal Ariel Lijo como juez electoral, subrogando a la jueza María Servini, que se encuentra de licencia. Se debía elegir al representante de los profesores de Derecho de las universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el cronograma que había aprobado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que preveía votar mañana, jueves 24 de septiembre.
La decisión responde a un amparo presentado por el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, con el patrocinio del abogado Alberto Spota.
Detrás del debate sobre el método hay una disputa de poder entre universidades. Cuando la UBA planteó esta misma objeción en 2022, sostuvo que el colegio electoral potencia el voto de las unidades que tienen pocos profesores titulares y minimiza la representación de las que tienen más, como la UBA y las universidades de Córdoba, Santa Fe y Lomas de Zamora.
El reglamento de entonces fijaba un titular y un suplente por cada 50 profesores del padrón de cada unidad académica. Como resultado, facultades con un solo profesor titular tenían un elector, igual que otras con varias decenas.
El rector de la UBA y el decano de Derecho pidieron que se declaren inconstitucionales y nulas la Resolución CE 1998/26 del CIN, del 5 de agosto pasado, y la Resolución P. 533/2026, que fijaron el reglamento y el calendario de la elección.
El problema es el método dispuesto en esas resoluciones. El CIN, que reúne a los rectores de las universidades públicas, estableció una elección indirecta.
Primero los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales eligen representantes para un Colegio Electoral, y luego ese Colegio Electoral designa al representante ante el Consejo.
El cronograma preveía elegir el 24 de septiembre a los integrantes del Colegio Electoral y el 30 de septiembre al consejero. La UBA reclama que los profesores titulares voten directamente a su representante.
El juzgado aceptó el argumento de la UBA. Según el fallo, el colegio electoral nació en 2022 como una solución de emergencia. Ese año la Corte Suprema declaró inconstitucional la integración de 13 miembros de la ley 26.080 y obligó a volver a los 20 consejeros de la ley 24.937, con plazos muy cortos.
Por eso, sostiene la resolución, el CIN dejó de lado el régimen de voto directo de los pares que regía desde la Resolución CE 108/1998 y lo reemplazó por un esquema indirecto con carácter “excepcional” para ese proceso.
“Se habría establecido de manera definitiva un Reglamento Electoral que tuvo carácter de transitorio”, dice el fallo. Agrega que el cambio de sistema se hizo “sin contarse con mayores precisiones normativas”, lo que “justifica la incertidumbre planteada por los accionantes”.
Para el juzgado, la posible ilegalidad manifiesta está en haber vuelto a aplicar ese régimen excepcional. Según la resolución, eso podría afectar “la debida participación democrática y la legitimidad de origen de la representación académica”.
El fallo también aclaró que lo que está en debate es si los académicos deben elegirse por colegio electoral “o a través del voto directo, tal como lo hace el resto de los estamentos” del Consejo. El peligro en la demora se debe a que, si la votación se hacía mañana, la discusión de fondo quedaba abstracta. El juzgado también tuvo en cuenta el tiempo transcurrido.
Pasaron cuatro años desde el primer reclamo contra este sistema y la causa principal, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal, todavía no tiene sentencia de fondo.
En ese expediente, medida la cautelar fue rechazada en 2022, la Cámara confirmó el trámite ordinario en abril de 2024 y un recurso de queja espera desde junio de ese año en la Corte Suprema.
La nueva presentación de la UBA había sido enviada primero a ese fuero por conexidad. Pero el 15 de septiembre la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión y le dio la competencia a la justicia electoral. El CIN interpuso un recurso extraordinario contra ese fallo, que todavía no fue resuelto. La resolución de hoy le da traslado hasta el lunes 28 a las 13.30 para que conteste la demanda.
La suspensión se produce en plena renovación del Consejo de la Magistratura. Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, salvo los de Horacio Rosatti, que sigue por ser presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.
Los jueces votan primero. El estamento judicial elegirá cuatro consejeros titulares y doce suplentes el 8 de octubre, en una competencia de cuatro listas. Los abogados votan después. Los profesionales con matrícula federal activa votarán el 20 de octubre para renovar las cuatro bancas del estamento.
Los académicos tienen dos bancas y una ya está cubierta. Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue elegido por unanimidad por el CIN para el período 2026-2030. La banca en disputa es la del profesor titular de una facultad de Derecho nacional.
Los legisladores siguen otro camino. Los ocho representantes parlamentarios son designados por los presidentes de ambas cámaras a propuesta de los bloques. Esa designación también está en disputa, porque La Libertad Avanza pasó a ser primera minoría en Diputados y busca tener dos representantes propios en el Consejo. Con la cautelar, la banca de los profesores queda en suspenso hasta que se resuelva el fondo del caso.
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