POLITICA
Panama Papers: Cómo se gestó la secuela de una investigación con impacto global
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El título del aviso se asemejó al anuncio de una película. «Se viene PP2». Transcurridos más de tres años desde el puntapié inicial de los Panama Papers , esta vez avanzaríamos sobre «el día después». Es decir, qué pasó en el mundo offshore desde que se publicó la primera nota de aquella investigación, el domingo 3 de abril de 2016, y hasta que el estudio panameño Mossack Fonseca cerró sus puertas, más de 1,2 millón de documentos internos después.
Esa cifra abarca de todo. Desde correos electrónicos de unas pocas líneas hasta documentos en formato .pdf que se extienden durante cientos de páginas. Por eso, la búsqueda «artesanal» de nombres debió combinarse con cruces informáticos, entre otros trucos que aportan las nuevas tecnologías. Y a eso sumarle las prácticas más tradicionales del periodismo: llamar por teléfono, reunirse con fuentes y preguntar.
Otra vez, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, asumió la voz cantante. Nos convocó al proyecto, nos pidió sigilo y velocidad, y tras la firma previa de un documento con las pautas éticas fijadas por el Consorcio, abrió las puertas al nuevo material.
Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó que teníamos con poco tiempo para analizar el material, aunque también contábamos con una ventaja obvia: ya habíamos investigado antes al estudio Mossack Fonseca gracias a la filtración obtenida por los generosos colegas del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Al igual que en investigaciones anteriores, las pautas del ICIJ se cumplieron sin matiz posible. La primera: la confidencialidad. Y para eso resultó clave que las decenas de colegas que se sumaron acataran las reglas de seguridad para compartir la información en una red similar a Facebook, pero encriptada con varios escudos sucesivos de protección. La segunda, la generosidad. Es decir, que cualquier hallazgo de cualquier periodista debía compartirse en esa suerte de Facebook encriptado para beneficio general, bajo pena de expulsión del equipo para futuras investigaciones.
¿La tercera pauta? Aceptar el «embargo periodístico». Es decir, que el material debe prepararse para su publicación, pero bajo ninguna circunstancia puede publicarse hasta la fecha acordada de antemano, ya que se podría entorpecer la investigación global o poner en riesgo a colegas que trabajan en países donde la prensa afronta todo tipo de dificultades. Y el asesinato en Malta de la colega Daphne Caruana Galizia, madre de un miembro del ICIJ, en octubre de 2017, nos sirve de macabro recordatorio a todos los miembros del Consorcio.
El equipo argentino de Paradise Papers abarca a siete profesionales, provenientes de distintos medios: Emilia Delfino y Sandra Crucianelli, del diario Perfil, Mariel Fitz Patrick, por Infobae, y Maia Jastreblansky, Iván Ruiz, Ricardo Brom y Hugo Alconada Mon, del diario . Todos convocados por el ICIJ, que determinará luego qué otros colegas argentinos se sumarán a este proyecto y accederán al material, como en anteriores ocasiones, para completar la búsqueda y difusión, y servir como «auditores» del trabajo desarrollado hasta ahora.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
POLITICA
“Showroom” por Malvinas: un encuentro comercial en Punta Arenas entre isleños y chilenos desafía la postura argentina
En Punta Arenas, al sur de Chile y frente al estrecho de Magallanes, se lleva a cabo hasta mañana un foro donde participa la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), que encabeza la mayor delegación empresarial para apoyar y concretar un nuevo enlace marítimo que conecte ambas regiones.
La subdirectora de la corporación isleña, Louise Ellis, calificó esta misión como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago, porque se trata de 80 empresas y emprendedores tentados con hacer negocios tomando a Punta Arenas como un punto de partida y entrada de sus productos.
La delegación está compuesta por dueños de empresas, gerentes y funcionarios de rubros tan diversos como la construcción, la pesca, el turismo, el hotelería, la agricultura, los servicios portuarios, la ciencia antártica y el transporte marítimo. El evento Business Showroom tiene lugar este lunes 28 y martes 29 de septiembre en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos.
El objetivo de este encuentro es reconstruir una ruta marítima entre el continente y las islas, justo en medio de un malestar público de parte del gobierno argentino, que pide sanciones a los países vecinos que desarrollen relaciones comerciales con las islas o permitan tomar sus territorios como escenarios para hacerlo.
No se trata de un evento menor, ya que Punta Arenas supo tener una ruta comercial durante décadas con las islas hasta que dejó de ser rentable a principios de este siglo. Pero ahora, con la aparición del petróleo isleño que se proyecta explotar en Sea Lion, que generó una escalada diplomática de enfrentamiento y sanciones entre argentina y las Islas Malvinas, parece incorporarse un tercer actor importante en este debate, la República de Chile.
A principios de este año, la empresa de transporte marítimo Eastern Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Malvinas con el fin de lograr un acuerdo para operar la nueva ruta marítima. El 3 de septiembre pasado, el mismo día que el presidente Javier Milei habló por cadena nacional, la naviera chilena firmó un contrato con el gobierno isleño, no solo para reconstruir la ruta con Punta Arenas, sino también con los puertos de Valparaíso y San Antonio.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, de alto perfil político, fue uno de los organizadores. Hasta consiguió el apoyo del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, quien esta semana que habilitó la construcción de una red comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, con polémicas declaraciones sobre la “soberanía británica por 200 años en las islas” y el reconocimiento a la “voluntad e interés de los isleños”, en una entrevista otorgada a Radio Polar, de Magallanes.
Radonich explicó entusiasmado que entre lo que buscan las empresas malvinenses están “temas de abarrotes, productos congelados, cemento, madera, repuestos para vehículos” y agregó: “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran Home Center de las Islas y sus habitantes”, afirmó, y agregó que la idea es que una familia que “quiere ampliar la casa” o “ampliar el baño” pueda comprar esos artículos en Punta Arenas.
“Saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay. En ese sentido lo que se busca es dar empleo y mayor desarrollo a las pymes locales”, sostuvo, y estimó en 20 millones de dólares anuales el poder de compra del archipiélago. La nueva ruta marítima -cuyo primer viaje ya está previsto para noviembre- reduciría a la mitad la distancia que hoy recorren los Isleños hasta Montevideo, según citan portales locales.
La ruta operó con éxito durante décadas antes de volverse financieramente inviable a principios de la década de 2000. En 2025, FIDC identificó suficiente potencial para iniciar consultas con el sector privado de las Islas Malvinas, las navieras chilenas y el municipio de Punta Arenas, y posteriormente elaboró un informe de antecedentes para las partes interesadas. Una conexión con Chile complementaría el exitoso servicio mensual existente desde Uruguay, fortaleciendo la resiliencia de las importaciones y exportaciones.
“El restablecimiento de la ruta entre Punta Arenas y Stanley fue visto como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por parte de Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota”, declaró Ellis, subdirectora general de FIDC.
“Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las Islas Malvinas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”, dijo hoy en el primer día del encuentro.
El empresario chileno Andrés Monteros, que además es especialista en temas australes, sostuvo en una columna de opinión en el sitio de noticias Mercopress, que “Argentina puede sostener su reivindicación sobre las Falkland (Malvinas). Puede expresar su desacuerdo con la relación comercial entre Chile y las Islas. Sus dirigentes pueden incluso criticar públicamente el proyecto. Pero una cosa es expresar una posición política y otra muy distinta es pretender impedir, por vías administrativas o diplomáticas, una operación comercial que se desarrolla entre un puerto chileno y Port Stanley”, dijo.
Monteros agregó: “El extremo austral necesita más comercio, más conectividad y más cooperación, no nuevas barreras. Magallanes y las Falkland (Malvinas) estuvieron vinculados durante décadas por el comercio y la navegación. Recuperar esa relación no es una provocación: es simplemente recuperar una ruta”. También reconoció que habrá obstáculos, por la posición argentina y la interpretación de los tratados de 1881 y 1984. “Los tratados están vigentes. Argentina dice que son definitivos. El decreto todavía habla de -control conjunto-”, dijo.
Brasil y Uruguay
Las sanciones que busca implementar el gobierno argentino chocan con una realidad, y un problema de implementación, y es visible en este caso, porque Chile dice tener la autonomía suficiente para oxigenar la economía de su parte austral consolidando una ruta naviera con las islas, pero también, en menor escala, Brasil y Uruguay mantienen vínculos comerciales y logísticos limitados pero significativos con las Islas Malvinas.
Por ejemplo, Uruguay compra hasta seis millones de dólares en lana a los isleños anualmente y les vende productos siendo su puerto un punto de contacto permanente para los buques británicos junto al de Santa Helena. Días atrás el presidente uruguayo Yamandú Orsi desmintió tener un acuerdo firmado con el Reino Unido para abastecer de fibra óptica a las islas, luego de que un barco neerlandés informara que realizó un estudio del lecho marítimo que une las islas con Uruguay, lo que algunos interpretaron era para tal fin.
Daniel Santa Cruz,Malvinas,Conforme a
POLITICA
Fernanda Miño reclamó fondos para los barrios populares: “El Gobierno desmanteló la integración urbana”
Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.
“Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.
La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.
“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.
“Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
El déficit de infraestructura en los barrios populares
Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.
“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.
En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
El reclamo por los fondos
Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.
“Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.
Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.
Cómo se asignaban y controlaban las obras
Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.
Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.
“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.
Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.
“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
La transición con el gobierno de Milei
Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.
Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.
El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.
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El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad de las petroleras en Malvinas en un plazo de dos semanas
El Gobierno intimó formalmente al Reino Unido este lunes para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
En ese sentido, Javier Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
Para defender esa posición, el Ejecutivo volvió a mencionar una vez más la Resolución 2065 (XX) de la ONU que reconoció la disputa entre ambos países por el archipiélago e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones. En paralelo, también citó la Resolución 31/49 del organismo que llamó expresamente a los dos protagonistas del conflcito a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el reclamo, una norma que se ve afectada por el proyecto Sea Lion.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, enfatizaron las autoridades nacionales.
Sanciones por sobrevuelos entre Punta Arenas y Malvinas
A su vez, el Gobierno también informó la detección de operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Por eso, el Presidente ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
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