ECONOMIA
Empresas del biodiesel proponen cambios al proyecto del Gobierno para «resguardar 10.000 empleos»

La Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó este viernes una propuesta alternativa al proyecto de ley presentado en el Congreso por el Gobierno nacional pero que entienden concentra la producción en las compañías no integradas y en las grandes aceiteras, y pone en riesgo 25 plantas del interior del país.
«Para el sector pyme, el proyecto oficial de biocombustibles no es una reforma, sino la sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas», afirmó la entidad al dar a conocer «una propuesta alternativa, con el objetivo de garantizar que el aumento del corte obligatorio (del gasoil) se traduzca en más producción federal y no en una redistribución del mercado hacia los actores de mayor escala».
La propuesta de las pymes es sostener el reparto que hoy permite que esas plantas existan, llevando el corte obligatorio al 12,5% -más alto que el 10% que plantea el proyecto oficial de la senadora Patricia Bullrich- distribuido en 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para las 8 compañías no integradas y 5% para las aceiteras.
«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima que es el aceite», señalaron desde Cepreb.
El proyecto de biocombustibles y la advertencia de las empresas
El sector remarca que no se opone a que se sancione una nueva ley, a que suba el corte obligatorio, ni a que ingresen nuevos actores como las aceiteras. De hecho, su propuesta plantea un corte más alto que el oficial -12,5% en lugar de 10%- para dar lugar a todos los eslabones sin sacrificar a ninguno.
Hoy en día, las plantas regionales compran su materia prima -aceite de soja- a las mismas empresas con las que después va a competir por el mercado del biodiesel.
Detrás de esas 25 plantas hay una cadena de valor que empieza en la producción agrícola. Las pymes de biodiesel se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras que les proveen aceite, agregando valor en cada eslabón antes de llegar al producto final. «Es una cadena que generó arraigo, empleo calificado y desarrollo en el interior del país durante años», asegura la entidad.
El criterio que el sector reclama ya está contemplado en el propio proyecto oficial, dado que la ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al bioetanol de maíz, en reconocimiento de su impacto socioeconómico y territorial.
«Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel. Es el mismo problema y la misma solución», plantearon desde el sector.
Lo que está en juego para las pymes
Las plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, hoy producen 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte del 7,5% del gasoil. Se distribuye en las plantea de Santa Fe, 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.
Son unidades productivas diseñadas para hasta 50 mil toneladas por año, con empleo calificado, proveedores locales y arraigo territorial en ciudades del interior donde suelen ser uno de los principales empleadores industriales.
«Elevar el corte al 12,5% sumaría 600.000 toneladas nuevas de demanda, y Santa Fe -donde ya están radicadas las principales plantas no integradas- sería la provincia que más se beneficie de ese crecimiento», aseguran en la cámara.
Esto no representa un problema en sí mismo, debido a que ese beneficio surge del aumento del corte, no de quitarle producción a las pymes de otras provincias. El punto que el sector remarca es que ese crecimiento debe darse sin tocar lo que ya producen las 25 plantas regionales y no integradas, para que el nuevo mercado se sume sin desplazar al que ya existe.
El proyecto oficial, sin embargo, no garantiza esa frontera entre lo nuevo y lo existente. Al habilitar el co-procesamiento y no fijar un reparto explícito, no hay nada que impida que las compañías no integradas y las aceiteras -concentradas en Santa Fe- absorban también parte de la producción que hoy sostienen las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, además de quedarse con el crecimiento nuevo.
Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar, explicaron los voceros del sector. Esa pérdida, de ocurrir, no sería solo económica: implicaría riesgo de despidos y, en las localidades donde estas plantas son uno de los principales empleadores, riesgo de desarraigo de la población.
La asignación del porcentaje de corte a los combustibles
El sector remarca que los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino el resultado de un mecanismo reglado que otorga a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa.
Ese fue el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual del biodiesel, y es el mismo criterio que el sector pide que se sostenga hacia adelante: reglas claras, conocidas de antemano, aplicadas por igual a quien decida invertir.
El sector insiste en que no busca bloquear una nueva ley, sino que ésta se construya con previsibilidad. La Ley 27.640 estableció ese marco, y a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero. «Modificar esa lógica no es un buen mensaje para quien evalúa invertir en el país, y pone en riesgo los empleos que se generaron», advierten.
«Por eso el sector busca intervenir en el debate parlamentario, pero no para frenar la ley, sino para que sea una ley equitativa, con reglas previsibles, que permita seguir invirtiendo y creciendo sin sacrificar a ninguna región del país» finalizan en su análisis.
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ECONOMIA
Quiénes pueden pedir la ayuda económica de la Anses para personas sin trabajo y cómo realizar el trámite



- Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.
- Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
- Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.
- No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.
- Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.
- En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.
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ECONOMIA
Rematan departamentos sin herederos y oficinas en CABA: dónde están, cómo son y cuál es el precio inicial


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ECONOMIA
Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027

Para la elaboración del Presupuesto se explicita que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, supera en 22,7% la autorización de gasto vigente
- La planta total prevista se reduciría de 13.454 a 12.978 empleados.
- El recorte equivale a 476 cargos, una baja del 3,5 por ciento.
- El crédito legislativo tendría un incremento real del 17,5% frente a la autorización ampliada vigente para 2026.
- El Senado mantendría su dotación de 5.018 empleados.
- Diputados reduciría su planta en 422 cargos, hasta 4.135 empleados.
La combinación de mayor presupuesto corriente y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado
- Asistencia Bibliográfica del Congreso pasaría de 1.244 a 788 empleados, una baja de 456 cargos equivalente al 36,7%, mientras su partida de gastos crecería 121% en términos reales.
- Dirección de Ayuda Social del Congreso reduciría su planta de 788 a 544 agentes, 244 cargos menos, con una caída real del 64,3% en su asignación presupuestaria.
- “Otros” sumaría 646 cargos, un 61,1%, hasta 1.704 empleados, con un incremento real del 129,4% en su presupuesto.
- Imprenta del Congreso y la Procuración Penitenciaria mantendrían su dotación estable, con subas reales de 26,8% y 0,4%, respectivamente.
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