La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors.

“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, cuestionó en el inicio de su descargo en X.

La legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.

Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan “los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad”. Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales.

“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: ‘kuka’ es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa. Y ‘negra’ tampoco me ofende, soy morocha y me encanta”, expresó en la red social.

Y añadió: “Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen”, expresó.

La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó “las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia”.

También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. “Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad”, escribió.

“Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.

La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.

Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. “Por favor, eleven el nivel”, reclamó.

“La ropa se cambia”, señaló luego. Y agregó: “Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”.

En el cierre del posteo, manifestó: “En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos”.

La elección de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó formalmente postergada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este miércoles que los comicios previstos para el 7 y 8 de octubre no podían realizarse válidamente en las condiciones actuales, debido a las irregularidades detectadas en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas.

En ese marco, la resolución —a la que accedió LA NACIÓN— ordenó “retrotraer el proceso electoral” del sindicato de los colectiveros a la etapa “de presentación de listas y avales”, fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre. En tanto, rechazó la suspensión, así como dejó vigente la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas electorales locales, aunque con la fiscalización permanente por parte de un veedor judicial, que será el abogado Matías Cremonte, para acceder a registros, bases de datos y documentación y controlar las distintas etapas del proceso.

La decisión fue adoptada a partir de la causa iniciada contra la UTA y la Junta Electoral por parte de la opositora Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata, y patrocinada por el abogado Leandro Recalde. En sus fundamentos, los jueces remarcaron que el tribunal había intentado inicialmente que las anomalías fueran corregidas por el propio órgano electoral, pero concluyeron que los grises persistieron y, en algunos casos, se agravaron.

“La consecuencia de lo expuesto resulta tan delicada como ineludible”, sostuvo el fallo de la Sala I, antes de concluir que así “el acto eleccionario no podría celebrarse válidamente” los días que estaban jugados inicialmente. El fallo fue firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez.

La noticia impactó en un escenario caliente en la UTA, donde el oficialismo pretende, a través de la Lista Celeste y Blanca, que el actual secretario general, Roberto Fernández, revalide por quinta vez su cargo al frente del poderoso gremio. La judicialización previa del estatuto, a su vez, ya había ampliado el juego electoral a otros rivales. Entre ellos se anotaron el exoficialista Alberto Patiño (Lista Marrón) y el trotskista Claudio Gómez (Lista Bordó), además de Escriba, cuya candidatura representa una continuidad de la antigua facción opositora a Fernández que supo liderar el dirigente Miguel Bustinduy.

Un padrón cuestionado

Uno de los principales focos de la resolución está puesto sobre el padrón electoral. La Cámara detectó 2870 exclusiones procesadas entre junio y agosto, todas bajo la causal genérica “Cese Laboral (despido, renuncia, etc.)”, sin consignar la fecha de finalización del vínculo. El dato resulta relevante porque la normativa preserva durante seis meses la afiliación y el derecho a votar de los trabajadores desvinculados.

Además, en la “Revisión de Reclamaciones” el tribunal constató más de 500 altas individualizadas solicitadas por la Lista Celeste y Blanca y más de 1000 exclusiones adicionales, sin la documentación necesaria ni la audiencia previa prevista para las tachas. Para el nuevo proceso, ordenó que las altas cuenten con respaldo documental y que las bajas indiquen causa y fecha de extinción, mientras que ninguna tacha podrá resolverse sin audiencia previa del afiliado.

La Cámara también cuestionó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas: once superaban los 600 votantes y algunas los 1000, mientras que cuatro tenían 1 solo elector y otras once no superaban los 4, lo que podía afectar el secreto del sufragio. La nueva organización deberá fijar un máximo de 600 electores por mesa, únicamente en los lugares establecidos en la convocatoria, y agrupar a quienes pertenezcan a establecimientos con pocos votantes.

En paralelo, se detectaron mesas ubicadas fuera de los lugares previstos y una resolución de la Junta Electoral que consignaba erróneamente los comicios para “el 7 y 8 de diciembre”, en lugar de octubre. El tribunal también observó que las boletas habían sido confeccionadas y enviadas a imprenta sin la conformidad previa de cada agrupación. En adelante, los modelos deberán ser aprobados por los apoderados al menos 48 horas antes de la impresión y las boletas deberán estar en poder de la Junta diez días antes de la elección.

La reapertura del proceso permitirá además que la Lista Negra, que seguía excluida en seis seccionales, vuelva a presentar o reformular sus nóminas durante los diez días hábiles establecidos por la Cámara.

La resolución fijó pautas específicas para San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, La Plata y Chaco, se dispuso aperturas para incorporar nuevas candidatas para cumplir con los requisitos de representación femenina, y se habilitó una urna complementaria para votos observados de afiliados pasivos, afiliados incorporados después del 24 de abril con antigüedad discutida y personas que figuren como fallecidas hasta verificar su situación.

La oficialización definitiva de las listas deberá completarse antes del 30 de octubre, la definición de las mesas será el 1° de diciembre y el escrutinio definitivo y la proclamación deberán concluir antes del 29 de diciembre.