POLITICA
Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron con el pedido de eliminación de las retenciones

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en la ciudad cordobesa de San Francisco en el marco de una nueva cumbre de gobernadores de la Región Centro. Allí, hubo un fuerte reclamo para que los derechos a la exportaciones agropecuarias se vayan reduciendo hasta su eliminación.
El objetivo del encuentro fue dejar inaugurada la sede permanente del bloque regional y que Córdoba pase a Entre Ríos la presidencia pro témpore.
El planteo contra el cobro de las retenciones fue uno de los focos de las resoluciones conjuntas de la Región, que concentra el mayor volumen de producción agropecuaria, y también el núcleo de los discursos de los mandatarios.
Uno de los documentos firmados por Llaryora; Pullaro y Frigerio solicita de manera formal al Gobierno la reducción hasta la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
“Entendemos que no es un proceso fácil y no puede resolverse de un día para el otro. Pero con muchísima convicción exigimos un cronograma concreto de reducciones sistemáticas”, señaló Frigerio en su discurso.
El más enfático, sin embargo, fue el Gobernador de Córdoba. “Las malditas retenciones nos cercenan año a año de posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseveró Llaryora.
Luego, se quejó del daño que este impuesto causó a los pueblos del interior. “Nuestros empresarios, pymes y productores no están en la timba financiera. No se la llevan a las Islas Caymán. La ponen en la producción, el empleo y el crecimiento”, consignó.
Asimismo, se quejó de las asimetrías que generan los derechos de exportación entre provincias. “Mientras algunas tienen regalías (por sus recursos naturales) nosotros le estamos poniendo el pecho a la Argentina. Pero no es inagotable. Hay que igualar las condiciones. Es necesario que nos saquen el pie de la cabeza”, planteó.
Más adelante, consignó que los tres mandatarios coinciden en que las retenciones “son un impuesto confiscatorio que nos está sacando la posibilidad de crecer y tener trabajo”.

Cuestión de recursos
Pullaro, por su parte, aseveró que las provincias del Centro “no venimos a pedir, a solicitar o a demandarle al Gobierno. Mostramos lo que somos los santafesinos, cordobeses y entrerrianos. Somos la región más productiva de la Argentina”.
Además, consignó que los tres estados provinciales aportaron al Tesoro nacional el 30 % más de lo que retornó de la Nación a la región.
Por último, puntualizó: “Hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”.
Frigerio, en tanto, aseguró: “Tenemos sobre nuestras espaldas la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias y ser el faro para que el país sepa dónde ir”. Argentina debe encaminarse “hacia la cultura del trabajo y del mérito” que representa la Región Centro, estimó.
“Hoy somos tres amigos gobernando las provincias. Pero no sabemos qué pasará en el futuro”, confesó. De inmediato, reclamó por la “institucionalización de los procesos de decisión”.
“Siempre se habla de federalismo. Pero nos hemos quedado cortos en términos de desarrollo real”, agregó. El crecimiento argentino “dependerá de la capacidad de las provincias para construir políticas públicas que generen soluciones para la gente”, acotó.
En otro tramo, reseñó: “Necesitamos que al Gobierno le vaya bien. Pero el Gobierno también necesita que a las provincias le vaya bien porque es en el territorio donde se definen los bienes y servicios que determinan la calidad de vida de nuestra gente”. Entre ellos, citó la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la infraestructura.
“La infraestructura vial y energética son otros desafíos que tenemos”, precisó. “Solo nosotros sabemos lo relevante que es. Muchas veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de la importancia de tener las rutas en condiciones”, acotó.

Otros pedidos puntuales
Dentro de los planteos a la Casa Rosada contenidos en las decisiones conjuntas, destacó el reclamo para que el Consejo de Control de la Hidrovía se ponga en funcionamiento. Entre Ríos y Santa Fe, que son ribereñas al río Paraná, reclamaron efectiva participación. Y solicitaron la incorporación de Córdoba.
Asimismo, las tres provincias crearon un Consejo de Vigilancia para controlar el ingreso a la región de alimentos importados. La medida se tomó ante la apertura de importación sin necesidad de que se cumpla la normativa nacional.
Pormenores
La actividad oficial comenzó a las 12:30. Pero una hora y media antes, los mandatarios mantuvieron un cónclave a solas. El lugar de la reunión fue la Tecnoteca, frente a la sede del Municipio de San Francisco. Las mesas los estaban esperando con facturas y café.
Puertas afuera, funcionarios de las tres provincias hicieron sala. Se lo vio, por caso, a Manuel Calvo, el nuevo jefe de Gabinete cordobés. Además, estuvieron la exvice santafesina y actual diputada nacional, Gisela Scaglia y el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso. Ignacio Lamothe, titular del CFI (Consejo Federal de Inversiones), también fue de la partida.
Al terminar la charla, los gobernadores intercambiaron regalos institucionales y se sacaron la foto oficial de la cumbre en la terraza de la Tecnoteca. De inmediato, partieron al Superdomo, donde se concretó la cumbre y se hicieron los discursos.
Llaryora fue más local que nunca. San Francisco es su ciudad. La gobernó dos veces antes de dar el salto a Córdoba capital y de allí a la Gobernación. Damián Bernarte es el actual mandatario local.
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POLITICA
Los papeles del Deutsche Bank exponen operaciones que vinculan a Trump con Rusia y US$581,9 millones relacionados con Epstein

Documentos confidenciales del Deutsche Bank revelan que el gigante bancario internacional conservó durante años información sobre operaciones de empresas de Donald Trump con sociedades vinculadas a redes de lavado de dinero que operaron en Rusia y Azerbaiyán. Entre los registros aparecen transacciones que conectan a Faberlex, una compañía relacionada con esas estructuras financieras, con al menos una empresa del actual presidente estadounidense, pocas semanas antes de que anunciara su candidatura presidencial, en 2015.
El material interno también parece contradecir las declaraciones públicas de los abogados del Deutsche Bank, que ante una requisitoria de investigadores estadounidenses sostuvieron durante los últimos años que la entidad no tenía conocimiento de conexión alguna entre Trump y Rusia “relacionada con los negocios del señor Trump con Deutsche Bank”.
La llamada “Lavandería Rusa” fue una gigantesca estructura financiera criminal utilizada para sacar miles de millones de dólares de la antigua Unión Soviética entre 2011 y 2014. A través de una compleja red de sociedades y cuentas bancarias, permitió movilizar fondos de origen sospechoso hacia distintos destinos internacionales.
La “Lavandería Azerbaiyana”, en tanto, consistió en otra operación independiente que funcionó entre 2012 y 2014 y permitió mover miles de millones de dólares mediante una red de sociedades fantasma y cuentas bancarias. Parte de esos fondos habría servido para financiar operaciones de influencia política en Europa en beneficio del régimen represivo de Azerbaiyán.
Ahora, los periodistas que investigan la filtración Inside Deutsche Bank han descubierto que Faberlex también realizó, al parecer, operaciones con al menos una empresa propiedad de Trump, en una secuencia de transacciones que adquiere especial relevancia por su proximidad temporal con el lanzamiento de su candidatura presidencial.
La operatoria consta en algunos de los más de 15 millones de archivos internos que , el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y periodistas de otros medios de comunicación alrededor del mundo analizaron durante meses. La documentación incluye correos electrónicos, informes de inteligencia financiera, auditorías internas y comunicaciones de altos ejecutivos que permiten reconstruir cómo funcionaban los mecanismos de control del banco y qué información manejaban sus responsables sobre algunos de sus clientes más poderosos.
La misma filtración también expone operaciones vinculadas al magnate financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales relacionados con menores. Los documentos permiten cuantificar en US$ 581,9 millones unas 3000 transacciones relacionadas con Epstein o sus empresas, realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019.
El dato surge de un documento interno de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Deutsche Bank en Estados Unidos, que identifica 21 reportes de operaciones sospechosas —conocidos como SAR, por sus siglas en inglés— vinculados con esas transacciones. Se trata de informes confidenciales que las entidades financieras deben presentar ante las autoridades cuando detectan movimientos que podrían estar relacionados con delitos financieros.
La cifra más que duplica los US$250 millones en operaciones sospechosas vinculadas a Epstein que el senador demócrata Ron Wyden había denunciado en agosto de 2026. En un informe titulado “Mirar hacia otro lado”, el legislador cuestionó que Deutsche Bank no hubiera informado oportunamente al Departamento del Tesoro sobre esos movimientos y recomendó abrir una investigación penal contra los banqueros que habían atendido al magnate.
Los documentos de Inside Deutsche Bank también permiten reconstruir cómo la entidad aceptó como cliente y mantuvo durante años a Epstein, pese a que sus antecedentes penales ya eran conocidos y a que JPMorgan Chase había decidido poner fin a su relación bancaria con él.
La decisión de incorporarlo como cliente, en agosto de 2013, contó con la aprobación de los niveles más altos de Deutsche Bank en América. Entre ellos figuraban responsables de prevención de delitos financieros y cumplimiento normativo, además de quien entonces ejercía como principal asesor jurídico de la entidad para esa región.
Los registros muestran que el banco clasificó a Epstein como cliente de «alto riesgo», pero mantuvo la relación comercial hasta diciembre de 2018, cuando le comunicó su intención de cerrar sus cuentas. El proceso de desvinculación se prolongó otros seis meses. Durante ese período, el banco llegó a mantener más de 40 cuentas vinculadas a Epstein, sus empresas y sus colaboradores.
La documentación también revela que, en 2015, un correo interno identificó a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, como presunta “cómplice de las actividades ilegales” del magnate. Pese a esa advertencia, Deutsche Bank permitió que continuara como beneficiaria de uno de sus fideicomisos. El argumento interno fue que Maxwell no era cliente directa de la entidad.
Las señales de alerta tampoco impidieron que el banco continuara facilitando operaciones. En septiembre de 2019, una investigación interna en el Reino Unido identificó al menos 112 transacciones de alto riesgo, algunas de las cuales podrían haber estado relacionadas con abusos sexuales.
Incluso después de que Deutsche Bank hubiera comunicado su decisión de cerrar las cuentas de Epstein, un empleado de la entidad envió, durante la primavera de 2019, dos cartas de recomendación a bancos extranjeros para favorecer a sus empresas de inversión. Una de ellas afirmaba que la cuenta no había presentado problemas relacionados con la prevención del lavado de dinero. Un correo interno de marzo de 2020 reconstruyó posteriormente esa intervención.
La relación comercial con Epstein tuvo consecuencias económicas y regulatorias para el banco. En 2020, Deutsche Bank recibió una sanción de US$ 150 millones de la autoridad financiera de Nueva York por sus fallas en la gestión de esa relación, entre otros asuntos. Tres años después, aceptó pagar US$ 75 millones para resolver una demanda colectiva presentada por víctimas de Epstein.
En su respuesta sobre el caso Epstein, Deutsche Bank señaló: «En diciembre de 2018, Deutsche Bank notificó a Jeffrey Epstein su intención de cerrar sus cuentas. Durante los meses siguientes, el banco trabajó para garantizar que los activos de Epstein fueran transferidos fuera de la entidad».
El banco añadió que «reconoce que fue un error aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él. Hemos cooperado con las autoridades reguladoras y judiciales y con el Congreso de Estados Unidos en sus investigaciones, y hemos actuado con transparencia al abordar estos asuntos de manera paralela».
Frente al conjunto de los hallazgos de Inside Deutsche Bank, la entidad sostuvo que los hechos señalados por los periodistas “se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, a varias décadas”. Afirmó que, cuando correspondía, esos asuntos fueron examinados y tratados con los organismos reguladores y las autoridades competentes.
Deutsche Bank también aseguró que, entre 2019 y 2025, invirtió 7000 millones de euros para reforzar sus sistemas de control interno, con especial atención a la prevención de delitos financieros, la tecnología y la capacitación de su personal. «Hoy somos un banco diferente», afirmó la entidad.
Sin embargo, además de Trump y Epstein, la filtración contiene abundante información sobre oligarcas cercanos a Vladímir Putin, como Oleg Deripaska y Roman Abramóvich, que también recurrieron a los servicios del Deutsche Bank. También, un empresario saudí incluido en la célebre lista “Golden Chain” (Cadena de Oro), que identificaba a presuntos financiadores de Al Qaeda. Y la entidad incluso procesó pagos vinculados con el fallecido Rifaat al-Assad, exvicepresidente de Siria conocido como “el Carnicero de Hama” por su papel en la sangrienta represión de 1982 en esa ciudad siria.
La filtración fue obtenida por dos denunciantes internos cuyas identidades permanecen bajo reserva. Entregaron los archivos al periodista y escritor indio Josy Joseph y a la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife, quienes impulsaron el proyecto junto con Barracuda Media. Desde comienzos de 2026, más de 200 periodistas de más de 50 medios de comunicación examinaron la documentación, con apoyo técnico del Data and Research Center de Berlín.
Los denunciantes también facilitaron información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, y a la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido.
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Hotesur-Los Sauces: hoy se reanuda el juicio y continúa la lectura de la acusación contra Cristina y Máximo Kirchner

Esta semana continuarán las audiencias en el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre sus imputados a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo.
Luego de culminar con la lectura de la elevación a juicio del tramo Los Sauces, la Fiscalía comenzará a leer este miércoles el caso Hotesur.
La lectura del expediente Hotesur se retrasó debido a que, al momento del inicio del debate oral tras la unificación de los expedientes, algunas defensas plantearon que no habían tenido tiempo de preparar su intervención. En un primer momento, el juicio por este caso estaba pactado para marzo de 2027.
En ese tramo, se desarrollará la acusación vinculada alquiler de los hoteles de los Kirchner a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez.
Un día más de audiencia
En paralelo, el TOF 5 habilitó un nuevo día de audiencias y, por primera vez, el debate que comenzó hace tres semanas, se desarrollará un miércoles, con el objetivo de avanzar a un ritmo de tres sesiones por semana, tal como se fijó en el cronograma inicial.
En la última audiencia, el tribunal que preside el juez José Michilini concluyó con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al tramo Los Sauces. Ese segmento examina los alquileres de inmuebles de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, bajo un arco de posibles delitos que incluyen asociación ilícita, lavado y dádivas.
Los detalles de la maniobra de los Kirchner “para garantizar el éxito del lavado de activos”, de acuerdo a la fiscalía
En la lectura del tramo Los Sauces, la fiscalía sostuvo que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner “dirigían y controlaban la organización criminal” y “actuarían de ambos lados de los hechos criminales, valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a empresarios, y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.
La fiscalía determinó además que “para garantizar el éxito de la maniobra, la exfamilia presidencial designó y mantuvo un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo, con la finalidad de que, en forma conjunta y coordinada, garantizaran la realización de la maniobra de lavado de activos.

Mencionó que como los fondos a reciclar “provenían de la corrupción, los acusados colocaron personas con las que poseían un vínculo personal más estrecho prescindiendo de su profesionalidad o aptitud para el manejo de una empresa, los cuales harían su aporte a la maniobra como responsables del directorio a través de la administración de la firma Los Sauces”.
Advirtieron que “no es casual” que “el proceso inicial de la maniobra delictiva en el que la exfamilia presidencial adquirió una cadena hotelera haya ocurrido a partir del año 2008, sino que por el contrario, ello guarda razón en que esta etapa tuvo lugar luego de que las empresas del Grupo Báez comenzaran a tener un importante flujo de fondos como consecuencia de la asignación de obra pública vial en Santa Cruz, la que cobró particular vertiginosidad a partir del año 2006.
Explicaron que “en ese mismo lapso la familia Kirchner, a partir de numerosos negocios con las empresas de este mismo conglomerado societario, se hicieron de los fondos necesarios para adquirir los hoteles, que a su vez, les permitiría en lo sucesivo crear la estructura necesaria para continuar canalizando fondos en forma constante y permanente mediante su alquiler a las empresas del grupo de Lázaro Báez”.
POLITICA
Tras la renuncia de Carlos Terrado, designaron al nuevo vicepresidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Tras la renuncia de Carlos Alberto Terrado, el Gobierno nacional formalizó la designación de Flavio Alejandro Andrada Contardi como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). De esta manera, el nombramiento entró en vigencia desde el 17 de noviembre.
La medida fue establecida mediante la publicación del Decreto N° 1389/2026 en el Boletín Oficial. “Desígnase, a partir del 17 de noviembre de 2026, en el cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, al bioingeniero Flavio Alejandro Andrada Contardi”, determinaron.
Previo a que fuera nombrado como integrante del Directorio de la ARN, Andrada Contardi era integrante del primer nivel operativo del organismo. Concretamente, ocupaba el puesto de gerente de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas.
De acuerdo con la Resolución N° 773/2025, el bioingeniero había sido designado en ese cargo en diciembre de 2025 por su antecesor, Carlos Alberto Terrado. En ese documento, se había establecido que no podría superar el plazo de dos años en esa misma función.
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Tal como se presenta en su perfil de LinkedIn, Andrada Contardi combina formación en energía nuclear, seguridad radiológica y gestión de organizaciones con experiencia en tareas regulatorias y de cooperación internacional.
Entre sus estudios figuran especializaciones en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear en el Instituto Balseiro, seguridad nuclear y protección radiológica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de una maestría en dirección de organizaciones del Instituto Universitario Naval.
En el plano laboral, registra antecedentes en fiscalización y control regulatorio, licenciamiento de instalaciones radiactivas y evaluación de condiciones de seguridad radiológica. También participó en inspecciones de salvaguardias vinculadas con la contabilidad y el control de materiales nucleares.
Por otro lado, se desarrolló como docente en la Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación de la UBA. Su trayectoria incluye representación argentina en instancias del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y en reuniones técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Además, intervino en la elaboración y revisión de guías de seguridad del organismo y actuó como experto técnico en misiones sobre seguridad radiológica, ciclotrones, radiofarmacia y protección ocupacional en América Latina.
La designación se produjo menos de una semana después de que el Poder Ejecutivo aceptara la salida de Terrado. La dimisión fue oficializada a través del Decreto N° 1351/2026, aunque no precisaron los motivos de su alejamiento ni anticipó quién sería su reemplazante.
Terrado había asumido como vicepresidente primero de la ARN el 1 de marzo de 2024, luego de haber sido designado por el Decreto N° 237/2024. Con la publicación del nuevo decreto, el Gobierno completó el reemplazo en la cúpula del organismo.
Según pudo confirmar Infobae, el ex funcionario era ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. También integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Antes de volver a la ARN como vicepresidente de su directorio, Terrado se desempeñó entre 2016 y 2019 como director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina. Entre 2010 y 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en tareas vinculadas con la seguridad tecnológica y la seguridad física.
Su carrera dentro del organismo regulador se remontaba a 1994, cuando la entidad funcionaba como Ente Nacional Regulador Nuclear. En ese período ocupó puestos como subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM.
Además, participó en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales, seguridad de centrales nucleares y elaboración de normas regulatorias. Entre 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute, en California.
Autoridad Regulatoria Nuclear
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