Para el nuevo abogado de Cristina Kirchner, el jurista español Javier Borrego, la causa Vialidad por la que la expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua estuvo atravesada por una gran cantidad de “irregularidades” y “arbitrariedades” y tuvo el único objetivo de apartarla del proceso electoral.

Convocado por el exdefensor de Lula Da Silva, su “amigo” Rafael Valim, Borrego deberá sostener esa postura ante los tribunales del mundo, en un proceso cuesta arriba y cargado de interrogantes, que se inició semanas atrás con una presentación formal ante la ONU.

Su llegada a la defensa de la expresidenta corona un recorrido difícil de encasillar: integra un organismo de la Curia romana, participó de un congreso organizado por Vox y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias situadas bien a la derecha del dial político europeo.

Cuando se le consulta sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner, Borrego, de conversación fácil y ejemplos vivos, elige responder con una referencia al escritor y periodista francés Jean-François Revel.

“Ese hombre escribió una vez que, en un Estado de derecho y en una democracia, no hay una causa justa, porque cada uno ve la causa según su propia visión. Pero lo que sí debe haber, y es absolutamente necesario e indispensable, es un procedimiento justo”, dice.

“En este caso, yo no veo un procedimiento justo, por muchas razones”, afirma en un intercambio con .

En la conferencia de prensa que brindó junto a Alberto Beraldi y Valim, el miércoles pasado, Borrego cuestionó el modo en que se realizaron los peritajes de las obras públicas adjudicadas al empresario Lázaro Báez, de múltiples lazos comerciales con la expresidenta. Criticó también las muchas o pocas páginas que la Casación destinó a cada uno de los asuntos, según el caso, y, quizás con mayor énfasis, la total ausencia de mujeres en las instancias clave del proceso.

Ahora elige poner el acento en la conformación de la Corte Suprema, que en junio del año pasado dejó firme la condena y puso en marcha la ejecución de la pena contra la expresidenta.

“Que un tribunal supremo funcione con tres miembros es algo único en el mundo. Y cuando he leído que despacha veinte mil asuntos, me resulta todavía más difícil de comprender. Por eso, una de las medidas que pedimos es que se recomponga la Corte Suprema”, señala.

Cuando la Corte rechazó el último recurso de la defensa quedaron agotadas las vías internas, una condición necesaria para acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Se inclinaron por ese organismo −y no por otro, como el sistema interamericano− porque lo suponen más ágil, aunque Borrego no pierde oportunidad de marcar que el organismo sufrió un recorte presupuestario que redujo la cantidad de encuentros anuales y trabó su funcionamiento.

“Yo tengo la opinión de que el objetivo [de todo el proceso] era la inhabilitación. Estamos ante una inhabilitación que es una pena accesoria al delito de administración fraudulenta”, sostiene Borrego, molesto porque la Casación le haya dedicado solo una “página y media” al asunto en más de 1500 fojas.

En plena interna peronista, hacer caer ese aspecto de la condena es el objetivo inmediato de la presentación.

Una intervención parecida, pero más breve, tuvo Borrego en defensa de la diputada francesa de extrema derecha Marine Le Pen, cuando redactó un escrito contra la disposición del Tribunal que la encontró culpable por malversación de fondos y dispuso la ejecución provisional de la inhabilitación para cargos públicos.

“En la apelación, el tribunal redujo la inhabilitación para presentarse a las elecciones a año y medio, por lo que se puede presentar a las elecciones presidenciales francesas [en 2027]”, aclara el jurista.

Nacido en Sevilla hace “60 y 16 años” −como anuncia su edad−, Borrego tiene un dilatado recorrido por los tribunales españoles. Ingresó al cuerpo de abogados del Estado hace medio siglo; durante los 90 fue jefe del área jurídica de Derechos Humanos y representante de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal del que luego fue juez por cinco años.

Se desempeñó, también, como abogado del Estado jefe ante el Tribunal de Cuentas y, entre 2018 y 2020, integró la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español, compuesto por más de 80 magistrados.

El fallecido papa Francisco lo nombró en 2018 miembro consultor del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el organismo vaticano encargado de las políticas de la Iglesia sobre los fieles laicos, la familia, los jóvenes y la protección de la vida.

Siempre a gusto con la palabra, sus respuestas son largas e incluyen alguna anécdota, en ocasiones con citas filosóficas o referencias al medioevo. Lleva el reloj en la muñeca de su mano hábil, anillos en ambos anulares y un pin floreado en el traje que le regaló un amigo que vive en Milán.

No teme ingresar en zonas incómodas y en programas de televisión y congresos habla abiertamente de fallos sobre el aborto, la identidad de género y otros temas que dividen aguas.

Su locuacidad lo llevó a que la escena en donde simula ser una mujer llamada “Francisca Javiera”, en un congreso organizado por el partido Vox sobre “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”, se repitiera y repitiera en redes sociales. “Cuando esto empezó a salir en la prensa, me llamaron muchos amigos transexuales”, recuerda.

Pero el video, explica, fue “sacado de contexto”. Buscaba llamar la atención sobre una ley puntual de Canarias, dictada en 2019, que permite utilizar los baños de acuerdo al sexo con el que la persona se identifica “en cada momento”. “Como abogado, me gustan las cosas lógicas”, afirma Borrego.

Considera, sin embargo, que controversias como estas, pese a la atención mediática que reciben, deberían ocupar un lugar menor en el debate público. “El otro día hablaba yo con unos amigos de Estrasburgo, jueces actuales, sobre un caso de Alemania. Una pareja tiene un hijo. Muy prudentemente, en las sentencias no se dice cómo lo tuvo… el marido resulta que dice que es mujer”,

Cuenta todo el recorrido que tiene el caso, sobre una persona trans que, aliado con una ONG, lucha sin éxito contra los tribunales para que en el Registro Civil figure como madre, en vez de como padre. “El caso llega a Estrasburgo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Mis colegas actuales de Estrasburgo, nada menos, lo consideran un asunto de Gran Sala, de máxima importancia: diecisiete jueces. Para terminar diciendo lo mismo: que el Convenio no obliga a que en el casillero de paternidad aparezca ‘madre’”, relata.

Su lucha, apunta, es en favor de los Derechos Humanos y contra los textos “buenistas”, como llama a aquellos textos que suponen una imagen del ser humano demasiado ligera. “No se puede legislar como si no hubiera sinvergüenzas en la vida”, marca.

LA PLATA. -El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, e intendentes del peronismo impulsan la movilización de este juevez al Congreso de la Nación en contra de los cambios de la ley de tierras que facilitaría la compra de territorio nacional por parte de extranjeros. En paralelo, el gobernador y sus aliados del PJ provincial impulsan proyectos de ley en la Legislatura bonaerense que buscan limitar el acceso de los extranjeros a las tierras rurales de la provincia.

“Frente al gobierno nacional que busca entregar tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias. La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando prioridades donde tienen que estar”, enfatizó el mandatario.

“Es probable que Kicillof participe personalmente de la marcha”, se informó en la Casa de Gobierno ante una consulta de . En tanto, el rechazo aumenta entre los intendentes peronistas de este territorio, que asistirán a la movilización contra el gobierno nacional y ordenan columnas desde los municipios.

Una de las columnas más grandes partirá desde Ensenada, apalancada por el alcalde Mario Secco. También habrá movilización desde La Matanza y La Plata, donde los intendentes Fernando Espinoza y Julio Alak, aspiran a suceder a Kicillof. Habrá columnas desde otros distritos, como San Martín, coordinadas por el ministro de Infraestructura y Servicios, Gabriel Katopodis, que trabaja por la sucesión de Kicillof y el 22 de agosto hará un gran acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en su territorio.

Mientras en la Legislatura bonaerense se presentó un segundo proyecto de ley para limitar la extranjerización de la tierra, denominado “Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, firmado por los senadores Malena Galmarini, Ayelén Durán, Pedro Borgini, Germán Lago, Jorge Paredi y Adrián Santarelli, para limitar la compra a los extranjeros.

Se suma a otro proyecto impulsado en la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, con el título “Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

Las dos propuestas se basan en la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Establecen que la titularidad extranjera no podrá superar el 15% de las tierras rurales de la provincia y de cada municipio. Fijan que las personas o empresas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese cupo, y mantienen un límite máximo de 1000 hectáreas en la denominada zona núcleo.

Los dos textos también prevén la nulidad de las operaciones realizadas en fraude a la ley y contemplan excepciones para extranjeros con arraigo acreditado en el país, como residentes permanentes de larga data, personas con hijos argentinos o casadas con ciudadanos argentinos.

Mientras el proyecto del Senado se concentra en controlar la titularidad extranjera de tierras rurales, la iniciativa empujada por Tignanelli incorpora criterios de ordenamiento territorial, la protección ambiental y soberanía alimentaria.

El proyecto de La Cámpora hace énfasis en la soberanía territorial, el interés público provincial, la función social y ambiental de la propiedad, el arraigo, el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales: resguarda “zonas de protección territorial estratégica”.

La iniciativa del presidente del bloque de Diputados incluye dentro de esa categoría a cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas, territorios de agricultura familiar, zonas periurbanas y áreas sujetas a políticas de hábitat o planificación territorial. Establece que cada operación que implique dominio, posesión, control o aprovechamiento económico por parte de extranjeros requerirá autorización previa del Estado provincial.

Además, faculta a la autoridad de aplicación a rechazar operaciones que puedan afectar el acceso al agua, la producción de alimentos, el equilibrio ambiental o favorecer procesos de concentración económica o especulación inmobiliaria.

El proyecto del Senado, en tanto, mantiene restricciones focalizadas sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera o vinculados a cuerpos de agua permanentes, sin desarrollar un régimen específico para áreas estratégicas. Y crea un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, integrado por distintas áreas del Poder Ejecutivo bonaerense, encargado de coordinar la aplicación de la norma.

El proyecto de Diputados no prevé ese organismo y deja en manos del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación, aunque fortalece las atribuciones del futuro Registro Provincial de Tierras Rurales, al que le asigna funciones de fiscalización sobre estructuras societarias y beneficiarios finales.

Sin fecha para el debate en la Legislatura, los dos proyectos pretenden limitar la compra de tierras en territorio provincial en manos extranjeras en territorio de la provincia.