POLITICA
Presión pública, falta de consensos y el rol de los gobernadores: las claves detrás de la caída de la Ley de Tierras
Pese a los numerosos cambios, postergaciones y negociaciones, el Gobierno debió dejar caer el capítulo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros para salvar el resto del paquete de Propiedad Privada. En el oficialismo atribuyeron la derrota legislativa a una combinación de factores que incluyó una fuerte presión pública en contra, la marcha atrás de algunos gobernadores clave y la falta de consensos en el recinto.
“Ayer ya venía complicada la cosa. Hoy salieron varios gobernadores a correrse y ya los votos estaban más lejos. No había forma de que saliera”, analizó en diálogo con TN una fuente ligada a la bancada de La Libertad Avanza en la cámara alta.
En los días previos, en Balcarce 50 admitían que “no sobraba nada”, pero confiaban que las últimas modificaciones al texto negociadas con los aliados alcanzaran para reunir los votos necesarios. Sin embargo, el escenario comenzó a complejizarse cuando dos mandatarios de buen vínculo con el Gobierno salieron a anticipar el rechazo de sus legisladores al capítulo.
“No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, sentenció el neuquino Rolando Figueroa. Por su parte, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, adelantó el rechazo de sus senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y remarcó: “De ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.
A ellos se sumó la fractura del bloque misionero, dividido por la interna política que se desató entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder del partido provincial, Carlos Rovira, y la situación de otros senadores que adelantaron que no iban a acompañar la iniciativa.
En ese contexto, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, convocó a los representantes de los bloques aliados —la UCR, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz— a una reunión donde, por la falta de consensos sobre el proyecto, se definió retirar el capítulo de tierras de la sesión programada para este jueves.
“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso. La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, aseguraron.
Según pudo saber TN, el Gobierno va a presentar el capítulo de Tierras como ley aparte y dejará el debate para más adelante. Sin embargo, no se definió una fecha y en el oficialismo hay dudas sobre si se abrirá otra ventana próxima para su tratamiento dada la cantidad de proyectos que quiere empujar La Libertad Avanza en el Congreso. “No veo que por ahora insistan, van a priorizar los acuerdos para otros temas”, señaló una fuente legislativa.
Al analizar los motivos de la caída del capítulo, en el Gobierno advirtieron que la presión social que se generó en las provincias fue determinante para que algunos votos que parecían alineados con el proyecto se revirtieran.
“Viene instalándose hace rato ese miedo al capital extranjero, que es indispensable para que haya inversiones y el país crezca”, lamentó uno de los funcionarios que trabajó de cerca en el proyecto.
La batalla perdida en la discusión pública y las repercusiones en las redes
En ese sentido, otro funcionario hizo una autocrítica y consideró que el Gobierno tuvo “muchas fallas, errores no forzados y poca defensa de parte nuestra” ante la opinión pública. “Fue poco clara la redacción. Dio lugar a especulaciones de cosas que no iban a pasar”, agregó.
Según reveló un informe de la consultora INGOB, la discusión alrededor de la extranjerización de tierras tuvo más de 3.5 millones de interacciones en las redes sociales, más de 165 mil menciones y superó los 31 millones de vistas. De ese total de publicaciones analizadas, el 97% manifestaba un sentimiento negativo.
En ese sentido, la consultora señaló que la discusión perforó el techo del círculo político y alcanzó a artistas, influencers, deportistas y figuras del espectáculo, entre ellas personajes de peso como el defensor de la Selección Argentina Lisandro Martínez, las cantantes Lali, Emilia Mernes y Tini Stoessel.
Leé también: Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura tener los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada
“El tema es que quedó entre ser patria o anti-patria y nadie hace un análisis de las normas. Es más, hoy ya las empresas extranjeras compran tierras con mecanismos alternativos”, advirtió un senador a este medio.
Con la caída del capítulo, el Gobierno apunta a rescatar una victoria este jueves cuando trate el resto de la Ley de Propiedad Privada, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Según afirmaron desde el bloque libertario, esos capítulos cuentan “con amplio respaldo entre los distintos bloques”.
ley de tierras, Senado, Gobierno
POLITICA
El destino de los hoteles de los Kirchner: dos funcionan, uno está cerrado y el cuarto, tomado por ocupas
EL CALAFATE.− Tres hoteles de la familia Kirchner se emplazan en esta ciudad. Dos están abiertos, el Alto Calafate y Las Dunas, en tanto que el hotel boutique Los Sauces se encuentra cerrado desde hace una década. El cuarto hotel de la familia, La Aldea de el Chaltén, ubicado en El Chaltén −a 230 km de aquí−, también está cerrado hace diez años, pero permanece ocupado desde el 2022 pese a reiteradas órdenes de desalojo.
Todos ofrecen comodidades de alta gama, pero el turista argentino promedio también los conoce como símbolos de la corrupción de una época.
Los cuatro hoteles, en diferente medida, son el escenario en el que transcurrieron los hechos que se investigan en los casos conocidos como Los Sauces y Hotesur, donde se acusa a Cristina Kirchner y su hijo Máximo de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal se apresta a decidir si ambas causas se unifican en un solo juicio.
Alto Calafate
El hotel Alto Calafate recibe a los turistas en la entrada de la ciudad, ubicado en un punto panorámico desde donde domina la vista al lago, la ciudad y la cordillera. Es propiedad de la firma Hotesur SA y siempre mantuvo sus puertas abiertas pese a las denuncias y causas judiciales que lo sobrevuelan desde 2013.
El hotel se mantuvo durante años bajo intervención judicial y desde el 2022 le devolvieron la administración a la familia Kirchner, quien lo alquila a Idea SA, sociedad cuyo titular es Osvaldo Sanfelice, el histórico asesor inmobiliario de Néstor Kirchner y con quien trabajó el diputado nacional Máximo Kirchner durante su juventud. Sanfelice preside el directorio accionario según la última acta accionaria publicada en enero del 2024, consultada por y aún vigente.
Señalado en el dictamen fiscal como uno de los organizadores de la estructura asociativa cuestionada, Sanfelice es una de las once personas imputadas de manera concurrente tanto en Hotesur como en Los Sauces.
Según la acusación, tuvo un rol gerencial y operativo clave, desempeñándose como directivo, accionista, empleado o apoderado en varias de las sociedades comerciales involucradas, al participar activamente en la compra, alquiler y administración de inmuebles del grupo económico Kirchner.
Ahora bien, ¿quiénes se alojan en el Hotel Alto Calafate? Agencias consultadas que operan allí aseguran que los pasajeros que lo eligen lo hacen por la calidad del producto y no por quiénes sean sus dueños. ¿Qué buscan? Una suite elegante y también el combo de amenities que ofrece: el spa con dos piscinas climatizadas con vistas al Lago Argentino y la “excelente carta” tanto del bar como del menú, donde se destacan el cordero patagónico y los cócteles exóticos. Todo ello le suma para las cuatro estrellas.
Para el próximo fin de semana, una noche en una habitación estándar en base doble en el Alto Calafate cotiza en US$225 en Booking, pero puede aumentar a US$387 si el pasajero opta por una suite de diseño con vista al lago de 40 metros cuadrados. Las mismas habitaciones pueden encontrarse a US$244 y US$421 en Expedia.
El hotel cuenta con un servicio de transfer que lo conecta con el centro, a disposición de los huéspedes; sin embargo, algunos pasajeros cuestionan su funcionamiento. ¿Cuál es la principal falla que reflejan las valoraciones que dejan en las plataformas hoteleras? La falta de mantenimiento exterior, un desayuno sin muchas variaciones y la lejanía del centro de la ciudad.
Las Dunas
La página web del Alto Calafate se encuentra registrada en NIC Argentina −el organismo oficial que registra los dominios de internet− por Hotesur, la firma propietaria del hotel; no ocurre lo mismo con la web del Hotel Las Dunas, que está registrada por uno de los socios accionarios de Hotelera Patagonia SAS, la firma de capitales chilenos que tiene la concesión del hotel desde los tiempos en que estuvo bajo administración judicial. Los datos registrales fueron corroborados por en la web oficial de NIC Argentina.
Las Dunas está categorizado con tres estrellas. Cuando Néstor Kirchner lo compró en 2008 por US$700.000 y se lo dio a Lázaro Báez para que lo gerenciara a través de la empresa Valle Mitre, era una sencilla hostería de 15 habitaciones asentada sobre un predio de 1,6 hectáreas en la margen del Lago Argentino. Desde que los Kirchner lo compraron, Las Dunas cuadriplicó su capacidad y pasó de ser una hostería sin pretensiones a un edificio de tres plantas que se recorta contra el perfil azul del lago ubicado sobre una avenida costanera que lleva el nombre del expresidente.
Tras dos temporadas cerrado, en las que permaneció bajo la custodia de la Gendarmería, el edificio necesitó reparaciones.
Hoy cuenta con 47 habitaciones −triples y dobles− amplias, todas con vista al lago, que garantizan 100 plazas. El lobby del hotel mantiene la decoración inicial en la que se mezclan los colores tierra, los tapices y los diseños en hierro que le dan un toque campestre. Pasar la noche en Las Dunas en base doble el próximo fin de semana tiene un costo de US$100 la habitación, que puede ascender a US$122 si se elige la suite deluxe de 30 metros cuadrados (Booking). Las mismas habitaciones se ofertan por US$106 y US$119 en otra plataforma (Expedia).
Los pasajeros alojados destacan las vistas desde el cuarto y la amplitud de los mismos, pero cuestionan el desayuno y la distancia con el centro. Desde diciembre de 2019, el hotel es administrado por el grupo chileno Lariza, por lo que la bandera de ese país suele flamear junto a la argentina en el parque de ingreso.
Los Sauces-Casa Patagónica
La corporación hotelera chilena alquila Las Dunas a través de Hotelera Patagonia, una sociedad creada en Argentina especialmente para explotar el hotel de los Kirchner y que en su momento mostró interés en el hotel boutique favorito de la vicepresidenta: Los Sauces-Casa Patagónica, con intenciones de ampliar sus operaciones en la Patagonia.
Sin embargo, el hotel ubicado junto a la casa de Cristina Kirchner aquí se encuentra cerrado y sin actividad desde 2016, cuando la familia Relats −que alquiló el hotel durante siete años y les hizo ganar cerca de US$8 millones a los Kirchner− dio por terminada la relación comercial.
Terminar el contrato no fue sencillo para los Relats. Los representantes de los Kirchner no querían aceptar la llave, pero ellos ya tenían tomada su decisión. Redactaron un inventario completo antes de marcharse y lo entregaron a escribano.
Los tres hoteles de la familia Kirchner que se encuentran en El Calafate están valuados en US$33 millones (Alto Calafate), US$15 millones (Los Sauces) y US$9 millones (Las Dunas), según los valores aportados por los exinterventores judiciales, basados en los montos por los que fueron asegurados o bien a partir de tasaciones propias a partir de consultas con el mercado inmobiliario local.
La Aldea de El Chaltén
La Aldea de El Chaltén, ubicada en la localidad homónima, fue adquirida en 2009 por Los Sauces SA, la sociedad de los Kirchner dedicada a la actividad inmobiliaria; desde entonces y hasta el 2013 fue administrada por Lázaro Báez junto a los demás hoteles. Al salir Báez con Valle Mitre de la gerencia, la sucedió Idea SA hasta 2016, cuando las empresas fueron denunciadas por operatorias de lavado de dinero y quedó bajo veeduría judicial.
En 2022, cuando le fue devuelto a la familia Kirchner, el hotel quedó usurpado y llegaron a vivir en el interior, bastante derruido, casi un centenar de personas. Hubo incendios ocasionados por conexiones clandestinas y varias medidas judiciales ordenando el desalojo, pero hasta ayer el mismo seguía ocupado ilegalmente: una postal de la crisis habitacional que desde hace años atosiga uno de los destinos más buscados por el turismo de aventura, trekking y montañismo.
Con la colaboración de Ricardo Brom
Mariela Arias,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Casos de corrupción,Conforme a
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Se agita la interna peronista: secretos de la reunión entre Cristina Kirchner y Massa, las tensiones con Kicillof y el factor Jaldo
Cristina Kirchner casi no habla en público de política desde hace meses. Pero no dejó de recibir visitas, conversar por teléfono ni seguir las discusiones de un peronismo que busca reorganizarse para 2027. El silencio de la expresidenta, en el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, contrasta con la intensidad de los movimientos a su alrededor. La visita de Sergio Massa, el viernes anterior al Día de la Lealtad, expuso una de esas conversaciones y volvió a poner en foco la ruptura con Axel Kicillof y el malestar con gobernadores justicialistas que colaboran con Javier Milei.
El encuentro con Massa duró unos 40 minutos y había sido acordado tras una conversación telefónica. Según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, no hubo una negociación de candidaturas, una discusión sobre el armado bonaerense ni un pacto para bloquear las aspiraciones presidenciales de Kicillof. La charla giró en torno de las elecciones brasileñas, los próximos comicios en Estados Unidos y un asunto local: Cristina Kirchner quiso saber si el Gobierno reuniría los votos para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La evaluación entre quienes siguen esa discusión es que, por ahora, la Casa Rosada no consiguió los respaldos necesarios, pese al optimismo que transmite Diego Santilli.
La fotografía política de una visita admite interpretaciones opuestas. El encuentro confirmó la cercanía y la frecuencia del diálogo entre la expresidenta y el jefe del Frente Renovador, un eje político consolidado dentro del universo panperonista. Massa y Cristina Kirchner mantienen contacto habitual, personal o telefónico, en una relación que atravesó enfrentamientos y reconciliaciones. En 2013, él rompió con el kirchnerismo y construyó su propio espacio; en 2019 integró el Frente de Todos y, en 2023, fue candidato presidencial de la coalición. Ahora conserva una interlocución que otros dirigentes peronistas perdieron.
El contrapunto más evidente es Kicillof. Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense llevan más de un año sin hablarse. La última conversación ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando él la visitó durante una hora y media en San José 1111, en la previa de las elecciones legislativas. Ambos sectores calificaron la reunión como constructiva, pero no hubo una foto conjunta. Esa ausencia, que ya expresaba la fragilidad del vínculo, cobró otro significado con el paso de los meses: no hubo un nuevo encuentro ni una recomposición de la relación y nada hace pensar que en el corto plazo esa situación pueda cambiar.
En el kirchnerismo señalan que la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner permanece abierta para los dirigentes que soliciten visitarla y obtengan autorización judicial. La frecuencia de los contactos con Massa hace más visible la ausencia de Kicillof, aunque el distanciamiento excede una visita pendiente. Está en discusión el liderazgo de un electorado que todavía reconoce la centralidad política de la ex presidenta, mientras el gobernador busca construir una conducción propia y proyectarse al escenario nacional sin tutelas desde San José 1111.
El 17 de octubre exhibió esa distancia sin necesidad de declaraciones cruzadas. Kicillof encabezó su acto en La Matanza, reivindicó a Cristina Kirchner y sostuvo que estaba injustamente presa, pero también se ofreció a recorrer el país y asumir responsabilidades de cara a las elecciones presidenciales. Máximo Kirchner estuvo en Chaco junto a Jorge Capitanich, mientras la militancia se reunió frente al domicilio de la ex presidenta. Varios intendentes participaron de más de una convocatoria. El peronismo compartió la efeméride y las consignas, pero no logró producir una escena de conducción unificada.
Massa y el vínculo con Kicillof en medio de la fractura
Massa introduce un matiz en esa fractura. Su proximidad a Cristina Kirchner no implica coincidencia con el trato político que recibe Kicillof desde sectores del kirchnerismo duro. Ante interlocutores con los que conversa sobre el futuro del Partido Justicialista (PJ), ha sostenido una premisa: “Hay que cuidarlo”. Es una diferencia con quienes interpretan que la consolidación del gobernador como aspirante presidencial exige confrontarlo y erosionar su construcción. Para Massa, preservar la figura de Kicillof no supone renunciar a sus propias posiciones, sino reconocer que el peronismo necesitará dirigentes con capacidad de convocatoria.
El silencio de Cristina Kirchner es otra pieza del tablero. Desde su detención, redujo de manera pronunciada sus intervenciones en las discusiones cotidianas, aunque el sábado salió al balcón para saludar a los militantes que fueron a San José 1111. No existe una prohibición judicial general que le impida opinar sobre política. Su condición de detenida, sin embargo, impone límites materiales, modifica sus rutinas y condiciona su participación pública. En el universo kirchnerista también interpretan que hablar menos mantiene en primer plano la situación judicial de la ex presidenta.
Ese retraimiento es la estrategia que impera para la reorganización del peronismo. Máximo Kirchner y dirigentes cercanos a la ex presidenta mantienen conversaciones con referentes de distintas provincias. Entre los interlocutores figuran el propio Capitanich, Sergio Uñac, Ricardo Quintela y dirigentes de peso de Santa Fe. La búsqueda apunta a ampliar los acuerdos y explorar candidaturas que reciban respaldo de distintas vertientes. La posibilidad de que Gerardo Zamora integre una fórmula forma parte de las hipótesis que circulan en el peronismo, pero no hay una negociación concreta. Los contactos políticos y las decisiones electorales siguen siendo asuntos distintos.
Por ahora, la batalla más inmediata no está en las candidaturas, sino en el Congreso. El Gobierno se propone eliminar o, al menos, suspender las PASO nacionales de 2027. Para Milei, se trata de una reforma que reivindica por el costo del mecanismo y su crítica a las primarias obligatorias. Para el peronismo, en cambio, la herramienta tiene valor estratégico: permite que sectores enfrentados compitan dentro de una misma coalición, legitimen a un candidato mediante el voto y lleguen a la elección general sin resolver todas las disputas en negociaciones cerradas.
Defender las primarias significa preservar un instrumento de organización interna e impedir que el Gobierno concrete una de sus principales iniciativas sobre las reglas electorales. Es una confrontación institucional con consecuencias directas para la competencia de 2027. La coincidencia reúne a dirigentes que no logran acordar sobre el candidato presidencial ni la conducción partidaria: Cristina Kirchner, Massa, Kicillof y operadores parlamentarios como José Mayans, Juliana Di Tullio y Cecilia Moreau trabajan sobre un objetivo compartido.
La disputa por las PASO y el factor Jaldo
El oficialismo necesita 37 votos para aprobar su reforma en el Senado, y los respaldos todavía no están asegurados. Santilli negocia con gobernadores y dirigentes provinciales que distinguen entre eliminar las primarias de forma definitiva y suspenderlas por una elección. Algunos mandatarios radicales se muestran dispuestos a discutir una suspensión, sin acompañar la desaparición del sistema. Esa diferencia obliga a la Casa Rosada a ajustar sus cálculos. También explica el interés de Cristina Kirchner por conocer el estado real del poroteo: una cosa es el mensaje de confianza del Gobierno; otra, la posibilidad de reunir la mayoría parlamentaria.
El peronismo tampoco dispone de un plan alternativo indiscutido. Una interna partidaria nacional presenta dificultades de organización, padrones, financiamiento y legitimidad ante sectores que desconfían entre sí. La elección general con varios candidatos de origen peronista es otra hipótesis, pero implicaría riesgos de dispersión y exigiría acuerdos previos para evitar una ruptura definitiva. Las PASO ofrecen una solución procedimental, aunque no garantizan por sí solas la unidad posterior. El mecanismo puede ordenar candidaturas, pero no reemplaza la confianza entre quienes deberían compartir un proyecto de gobierno.
Ahí aparece el factor Jaldo, que introduce un conflicto distinto y sensible. El gobernador de Tucumán utilizó el acto del 17 de octubre en el Hipódromo para reclamar autonomía frente a las conducciones nacionales. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, afirmó Osvaldo Jaldo. También ratificó su voluntad de competir en 2027. Fue una definición dirigida a sus adversarios internos, en medio de una disputa creciente con el exgobernador Juan Manzur, que organizó su propia celebración de la fecha peronista.
En La Cámpora respondieron con una interpretación que invierte el argumento de Jaldo. Sostienen que el mandatario reivindica independencia frente a Cristina Kirchner y el PJ nacional, pero acepta indicaciones políticas de la Casa Rosada. En ese cuestionamiento mencionan a Milei, Karina Milei, Santilli y Santiago Caputo, a quienes atribuyen capacidad de influir en las decisiones de su bancada. La acusación de que recibe órdenes de esos funcionarios pertenece al terreno de la disputa política: no está demostrado que exista una cadena de instrucciones sobre cada votación, pero los legisladores que le responden, ante cada definición parlamentaria, optan por alinearse con la Casa Rosada. La frase que sintetiza ese reproche en La Cámpora es: “Los porteños lo tienen cortito”.
La semana pasada hubo un ejemplo concreto. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, los tres integrantes del bloque Independencia vinculados a Jaldo, no concurrieron a la sesión en la que la oposición intentó avanzar contra el DNU 70/2023. El tablero registró 121 presentes y faltaron ocho para alcanzar el quórum. Sus ausencias no fueron las únicas ni explican por sí solas el resultado, pero contribuyeron a que el oficialismo evitara la discusión sobre uno de los decretos centrales de la gestión de Milei. Es el tipo de episodio que profundiza el reproche de los sectores kirchneristas.
El enfrentamiento también tiene una dimensión tucumana. Manzur se fotografió con Cristina Kirchner y quedó situado en la vereda opuesta a Jaldo, su antiguo compañero y también rival político. El gobernador construye una relación propia con el Poder Ejecutivo nacional y defiende esa estrategia con el argumento de las necesidades provinciales. El kirchnerismo distingue esa conducta de la de fuerzas territorialmente autónomas, como las que gobiernan Misiones o Neuquén, cuya identidad no depende de la conducción del PJ. El reproche hacia Jaldo es diferente: llegó al gobierno como peronista y sigue reclamando esa pertenencia mientras acuerda posiciones legislativas con Milei.
Las tensiones quedaron condensadas en aquellos 40 minutos de San José 1111. Cristina Kirchner y Massa hablaron de elecciones en otros países y dedicaron a la política argentina una pregunta concreta sobre los votos del Gobierno. No resolvieron las candidaturas ni la pelea bonaerense. Pero esa pregunta señaló dónde se juega, antes de cualquier definición personal, una parte decisiva del proceso que deberá atravesar el peronismo: preservar o reemplazar las reglas con las que intentará resolver sus disputas mientras prepara la confrontación electoral con Milei.
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Comienza el juicio contra los Kirchner por lavado y asociación ilícita: las pruebas que reunieron los fiscales
Un hotel comprado con 3 millones de dólares en efectivo. Una sociedad que nació con $100.000 de capital y terminó con un patrimonio de 12,1 millones de pesos. Valle Mitre, una empresa que pasó de administrar un restaurante a pagar 40.000 dólares por mes por gerenciar el hotel de un presidente. Los Sauces, la empresa de los Kirchner, que facturó casi $26 millones en alquileres, pero el 88% de sus negocios los hizo con empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López.
Esos son algunos de los datos con los que la fiscalía sostiene, en las causas Hotesur y Los Sauces, que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner lavaron, a través de sus hoteles y propiedades, parte del dinero que Báez, López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, habrían obtenido irregularmente del Estado.
La expresidenta, presa en su casa y condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión, y el diputado nacional serán juzgados a partir del próximo viernes por los jueces José Michilini, Andriana Paliotti y Frenando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal 5 por el caso Los Sauces. El fiscal será Diego Velasco y se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo.
Pero, antes, la Cámara Federal de Casación decidiría la reunificación del caso Los Sauces con el caso Hotesur, que fueron separados por una decisión del tribunal oral en septiembre pasado. Ambos juicios se harían en simultáneo. Lo están analizando los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
La reconstrucción de la acusación que realizó Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuando pidió la reunificación, resume la evidencia contra los 19 acusados.
El dinero, según la fiscalía, salía del Estado, pasaba por las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, entraba como alquiler a los hoteles y departamentos de los Kirchner y terminaba en las cuentas de los integrantes de la familia presidencial. Con ese circuito se convirtieron fondos públicos en ingresos de apariencia legal, concluye la acusación.
Dentro de cada grupo empresario, ese dinero se giraba a una compañía “puente” que no tenía actividad suficiente para justificarlo, pero que era la que firmaba los contratos con los Kirchner. Esas compañías alquilaban hoteles y departamentos de Hotesur SA y Los Sauces SA, las sociedades de la familia. El pago entraba como canon locativo, con factura y contrato.
El retorno se concretaba cuando, desde Hotesur y Los Sauces, el dinero pasaba al bolsillo de los socios (los Kirchner) como retiros, honorarios, sueldos o pago de gastos personales.
Para los fiscales, el paso clave es el alquiler, que le da una explicación legal a un dinero que, en su origen, había salido del Estado.
Según la acusación, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos, que tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner. Máximo Kirchner figura como organizador, junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares, entre otros.
El esquema, dicen los fiscales, tenía dos tiempos. Primero, los grupos Báez e Indalo se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a la familia Kirchner como pagos supuestamente legítimos: alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras en los establecimientos.
Los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían armado las sociedades y los poderes; el contador Manzanares, el andamiaje contable, y el empresario Sanfelice habría operado como gerente de todo el entramado.
La inmobiliaria de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 25.968.042,30 de pesos en concepto de alquileres. El 88% de ese dinero provino de empresas de Báez y del Grupo Indalo.
En el caso de Báez, la acusación señala que el dinero provenía de la obra pública vial adjudicada a sus empresas en Santa Cruz, que fue juzgada en la causa Vialidad, donde la expresidenta y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Austral Construcciones, la principal constructora del grupo, es la que más dinero aportó al circuito.
En el caso del Grupo Indalo, la acusación sostiene que también se apropió de fondos del Estado nacional, y el dictamen vincula ese origen con el expediente de Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa.
Para que el esquema funcionara, la familia primero necesitó tener qué alquilar. Según los fiscales, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron la liquidez para comprar los hoteles, unos US$10 millones. Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8.329.596,50 en diciembre de 2007 y le compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA, del mismo grupo, le compró el 14 de enero de 2008 un terreno en Río Gallegos por $3.170.000.
Las propiedades de la provincia de Santa Cruz que la familia Kirchner había comprado a valores fiscales, se vendieron a precios 40 veces mayores.
El Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, le prestó entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner.
Con esos fondos se adquirieron los dos hoteles de Hotesur. El 12 de febrero de 2008, Máximo Kirchner, en representación de su padre, pagó US$700.000 por la hostería Las Dunas, que tenía 12 habitaciones y, tras una ampliación, terminó con 47, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios.
El Alto Calafate, que no estaba en venta, se compró en noviembre de 2008. Néstor Kirchner le encargó a Patricio Pereyra Arandía sondear a sus dueños. Sanfelice, su socio y hombre de confianza, cerró la operación por las acciones de Hotesur SA. El boleto se firmó en una sucursal del Banco Santander Río en la calle 25 de Mayo y se pagó con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Valle Mitre, de Báez, fue la empresa puente en Hotesur. Hasta 2008 solo administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Con esos ingresos no podía pagar el alquiler de dos hoteles. Por eso, según la fiscalía, otras empresas de Báez que eran contratistas del Estado le giraron dinero: solo Austral Construcciones le transfirió $70.949.170,95, y también aportaron las empresas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco y otras.
Para justificar esas transferencias, las empresas del grupo simularon contratarle habitaciones y salones de los propios hoteles, servicios de consultoría y marketing, y hasta la construcción de un complejo turístico, un rubro en el que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal.
El mismo papel cumplieron Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, en Los Sauces, según la fiscalía. Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3000 millones de Oil Combustibles, donde trabajaba Romina Mercado, sobrina de la expresidenta. Álcalis recibió por vía indirecta $124 millones de otras firmas del grupo; allí figuraba como empleado Sanfelice. Con ese dinero, las empresas le pagaban a la familia Kirchner.
En el caso Hotesur, Valle Mitre se hizo cargo del Alto Calafate en noviembre de 2008 con un contrato de US$80.000 más IVA por la locación y US$40.000 mensuales por la explotación, más US$100.000 por única vez. En 2011 lo reemplazó con otro de $469.272 por mes.
Por Las Dunas pagó $177.172 mensuales entre marzo de 2010 y mayo de 2013: $6.909.708 en total. En julio de 2013, cuando la relación de los Kirchner con Báez ya era pública, Hotesur le pasó la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice.
El dato que la fiscalía considera revelador es que el negocio no cerraba: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras manejó los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Una empresa que pierde plata pero sigue pagando un alquiler alto, sostienen los fiscales, no está haciendo un negocio hotelero: está transfiriendo dinero.
En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia facturó entre 2009 y 2016 un total de $25.968.042,30 en alquileres. Por ejemplo, el Grupo Indalo le pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, del complejo Madero Center, en Puerto Madero.
Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, de Báez, pagaron $4.014.926,97 por los edificios de Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén.
El último tramo fue sacar el dinero de las sociedades. Gracias a esos alquileres, el patrimonio neto de Los Sauces pasó de los $100.000 con que se constituyó a $12.122.430,26, un salto de más de 12.000%.
De allí, la familia Kirchner retiró más de $10 millones como “devolución de créditos”, honorarios de directores, sueldos o pago de gastos personales, sin las asambleas ni los plazos que exige la ley para repartir dividendos.
Desde la cuenta de Néstor Kirchner, él y luego sus herederos retiraron $4.625.260,52: Cristina Kirchner retiró $2.095.426,67; Máximo Kirchner retiró $2.492.415,69 como pago de gastos propios y honorarios de director, y Florencia Kirchner, hoy sobreseída, retiró $883.293,07 y cobró $874.871,12 como empleada.
En Hotesur ocurrió lo mismo: las acciones estaban a nombre de Néstor y Máximo Kirchner y, tras la muerte del expresidente, quedaron en manos de Máximo, Florencia y Cristina. Los socios dispusieron del incremento patrimonial sin asambleas ni reuniones de directorio.
Para la fiscalía, la estructura tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner; Máximo Kirchner era su organizador y quien, en algunas operaciones, representaba al grupo familiar.
Sanfelice habría sido el gerente de todo el entramado: fue directivo, accionista, empleado o apoderado de Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios y Álcalis de la Patagonia.
El contador Víctor Manzanares habría armado la estructura contable y los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, las sociedades y los poderes.
En Los Sauces, los fiscales le imputaron a los acusados los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos. La asociación ilícita no se volvió a imputar en ese tramo para no juzgarlos dos veces por el mismo hecho.
Ese es uno de los argumentos con los que la fiscalía sostiene que los dos casos deben ir juntos, pues once acusados comparten ambos expedientes y la misma prueba documental.
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