La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.

“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.

El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.

La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario

Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.

La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.

“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.

El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.

Incumplimiento de la paritaria de junio

Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.

Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.

Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.

Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.

“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.

Marcha al Congreso

En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.

También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.

El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.

Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.

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El oficialismo logró avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por la oposición. Los libertarios buscan cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.

El debate seguirá este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa del Gobierno cuenta con 133 artículos y, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, rediseña áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.

Durante la reunión, la oposición planteó dividir el proyecto y avanzar en un primer capítulo referido a las sanciones para las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.

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Los invitados propuestos por las bancadas opositoras cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre quienes expusieron estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.

Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.

Para el exministro Daniel Filmus, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. Según Filmus, esas disposiciones “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.

Qué plantea el proyecto de soberanía

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.

Según explicó la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos; generar incentivos para que esas actividades cesen; y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.

Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos y alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.

El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.

También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.

Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

Un momento de tensión durante el plenario

La reunión tuvo un momento de tensión cuando el diputado libertario Beltrán Benedit reivindicó su visita a los genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza en 2024. “Hemos callado durante mucho tiempo”, dijo el entrerriano, y fue cuestionado por Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria.

Carlos Zapata intervino rápidamente para terminar la exposición de Benedit y dio por finalizado el encuentro.

El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.

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En la previa de la reunión de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, acompañada por Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.

Los legisladores argumentaron que “el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional”.

En el mismo sentido, sostuvieron que la firmeza en la defensa de las posiciones políticas no es incompatible con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.

Por su parte, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, explicó la legisladora mendocina.

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La Iglesia católica y el gobierno nacional tiene una relación sinuosa, tensa y marcada por las diferencias. Un vínculo distante, que entró en un impass por la visita del Papa León XIV, pero que, desde que comenzó la gestión libertaria, estuvo marcada por las críticas, los llamados de atención y los mensajes públicos con alto impacto político.

Según relatan fuentes eclesiásticas de primera línea, la organización para la llegada del Sumo Pontífice ha encontrado a los representantes de la Iglesia y de la Casa Rosada trabajando en forma armoniosa. Al diseño de esa logística, que tiene como temas centrales la seguridad, el desplazamiento de los fieles y el armado de los eventos, también se sumaron los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa suerte de tregua que se vive en las mesas de coordinación que han existido en Balcarce 50 y también en el ministerio de Seguridad, son una parte de la historia actual en esa relación. Mientras se acumulan los encuentros organizativos, distintos representantes de la Iglesia le marcan la cancha al oficialismo con mensajes teledirigidos.

Ponen en carpeta temas sensibles como la ley de extranjerización de tierras, la emergencia en discapacidad, el aumento de la pobreza y los mensajes de odio en las redes sociales, donde el presidente Milei tiene una gran presencia, mediante insultos y descalificaciones a periodistas, políticos opositores y artistas que no comulgan con las decisiones económicas de su gestión, ni con sus formas, ni con sus miradas sobre la política doméstica.

Este lunes la Pastoral Social de la Comisión Episcopal emitió un comunicado con el título “Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía”, en el que hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de dejar vigente el DNU 70/2023, que en su artículo 154 derogaba la ley de tierras, lo que permitía la venta de tierras a extranjeros sin límites.

“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupaciónante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, indicaron en el comunicado, que alcanzó mayor impacto cuando fue publicado en sus redes sociales por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el mismo mensaje, advirtieron: “Apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del poder ejecutivo y funcionarios de la justicia para que velen por la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación que está en directa relación con el bienestar de la población del país”.

La controversia es clara y marcada. El cuestionamiento expresado al principio de esta semana no fue el único. Un puñado de meses atrás, cuando el gobierno de Milei había impulsado el tratamiento del proyecto de ley, la Pastoral Social ya había marcado su rechazo al considerar que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Este lunes representantes de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron con representantes del gobierno en el ministerio de Salud con el objetivo de plantear su preocupación por la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con los discapacitados.

La recepción y el diálogo abierto por parte del gobierno fue una señal positiva para descontracturar la relación. Sin embargo, los representantes de la CEA dejaron en claro que con la buena voluntad no alcanza. “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’”, aseguró María Baya Casal, coordinadora de la mesa de discapacidad, después de la reunión.

Aún más duro fue el coordinar del Foro de Discapacidad, el sacerdote Pablo Molero, de larga experiencia en ese ambiente. “No tienen que pedir ninguna documentación como pidieron. No tienen que pedir nada. Lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que la ley manda y nada más. Entender lo que se está planteando. Uno le lleva la realidad y te piden papeles. Pero después no cumplen. Y saben bien lo que pasa. Ellos generaron la dificultad. No hagan las cosas porque viene el Papa, sino porque la gente lo necesita. Acá el Papa no es el importante, es la gente”, sentenció en una entrevista con FutuRock.

Unos días más atrás, durante la celebración por el día de la Virgen de Luján, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje flotando que pareció estar dirigido a Balcarce 50. “Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, expresó en una homilía que tuvo contenido un cotenido político indisimulable.

“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo”, sostuvo García Cuerva, que está apuntado por el gobierno nacional debido a sus reiterados cuestionamientos sobre las políticas libertarias. De todas formas, el gobierno nacional habla, mayoritareamente, en off the record sobre lo que le molesta de la Iglesia. No es un rival que al que insulte, cuestione o intente vencer. Ni a través de la voz de Milei, ni la de ningún otro funcionario de primera línea.

En algunos sectores eclesiásticos creen que esa decisión del oficialismo está atada a qued dentro del universo de votantes mileistas, hay una porción importante que es católica y que tiene un respeto especial, además de una identidad marcada, sobre la Iglesia como institución. A la luz de los hechos, es extraño que Milei, que se enfrenta, sin restricciones, contra todo aquel que lo cuestiona, no diga nada respecto a los cuestionamientos de los principales exponentes del catolicismo en la Argentina.

En la previa de la procesión García Cuerva había dejado un mensaje destinado a toda la política, porque advirtió que atravesaba los gobiernos, pero que fue imposible no decodificar en clave actual. “Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres”, indicó.

El mensaje llegó algunos días después de que los datos del INDEC registraran un marcado aumento de la pobreza y la indigencia, números que están en el vértice de la agenda de la Iglesia y que hace tiempo que despiertan una creciente preocupación. En la Casa Rosada están molestos con García Cuerva, pero evitan concretar una avanzada contra la cúpula eclesiástica.

En el último Tedeum García Cuerva fue muy crítico de la gestión libertaria. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco”. También sostuvo que nadie es “descartable” y llamó a “ser solidarios con el dolor ajeno”. Todos mensajes que fueron generando diferentes picos de tensión en la relación con la Casa Rosada.

En la Iglesia descartan de plano la posibilidad de que el papa León XIV se meta en la política doméstica, pero saben que seguirá la línea de mensajes, sin destinatarios precisos, que han venido dando los sacerdotes con más renombre dentro del esquema eclesiástico nacional.

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