POLITICA
Ley de propiedad privada: el PJ intentó levantar la sesión, pero el oficialismo obtuvo 38 votos para mantenerla y sigue el debate
Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzó a debatir el resto de la iniciativa.
La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes. Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo.
En este contexto, se espera una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Mientras que varios movimientos sociales y organizaciones convocaron a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, el inicio de la sesión estará marcado por la votación que definirá si los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista – Mendoza) y Flavio Fama (UCR – Catamarca) podrán participar por la vía virtual por complicaciones de salud.
La oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión pero perdió la votación
El senador del PJ José Mayans hizo una moción para que el proyecto regresé a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio.
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa.
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: comenzó el debate del proyecto
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara alta comenzó a ser tratado pasadas las 15 horas. El miembro informante fue el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza.
Ya sin el capítulo que modificaba la ley de tierras, Coto defendió los otros aspectos del proyecto, entre ellos la posibilidad de que los propietarios dispongan de sus tierras después de los incendios, algo que está prohibido actualmente para evitar especulaciones inmobiliarias.
La lista de oradores tiene 38 senadores en espera, incluido Coto, por lo que se espera una larga jornada. El oficialismo buscará conseguir los votos por aprobar la iniciativa.
Bullrich: “Le pedimos a Lula y a Brasil que vuelva su embajador”
Luego de varias cuestiones de privilegio de la oposición en voz de los senadores Martín Soria y José Mayans en donde señalaron la crisis diplomática con Brasil y los insultos del presidente Javier Milei, la respuesta llegó de parte de Patricia Bullrich quien hizo lo propio contra sus colegas del PJ. “No miden con la misma vara lo que hizo Lula”, dijo Bullrich señalando que el presidente de Brasil también tuvo manifestaciones partidarias en procesos electorales argentinos.
“Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que argentina y Brasil han mantenido siempre”, expresó la senadora oficialista.
“Las Malvinas son Argentinas”: el pin que usó el peronismo en sus bancas
El bloque peronista hizo notar un detalle en el inicio de la sesión: los senadores colocaron en sus bancas un pin que recreó la bandera desplegada por los jugadores de la selección argentina luego del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
“Las Malvinas son Argentinas”, dice la inscripción del pequeño objeto que colocó el peronismo en sus bancas, con el mismo fondo y tipografía que se vio en la bandera que mostraron los futbolistas argentinos en el Atlanta Stadium.
Joaquín Benegas Lynch se defendió de la impugnación por conflicto de intereses
El senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, solicitó una cuestión de privilegio para responder a la impugnación impulsada por su del peronismo, Juliana Di Tullio, quien aseguró que se encuentra en un conflicto de intereses para debatir la ley de inviolabilidad de propiedad privada por ser director de una empresa inmobiliaria dedicada a la comercialización de tierras.
Benegas Lynch argumentó que su actividad es de público conocimiento y negó que le impida ser ecuánime durante el debate ni defender los intereses del país.
“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa. Nada más alejado de la realidad”, justificó el senador libertario.
“Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, cerró Benegas Lynch.
Comenzó la sesión
El senado retomó el debate en el que someterá a votación la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el oficialismo. La sesión de este jueves 6 de agosto se reinició luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para lograr consensos. En ese interín el oficialismo debió ceder y eliminar el capítulo que modificaba la ley de tierras, facilitando la adquisición de inmuebles sin límites por parte de capitales y ciudadanos extranjeros.
A las 14.15, el presidente Bartolomé Abdala habilitó la sesión. Allí hizo uso de la palabra la senadora Patricia Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien pidió que la autorización a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para participar en forma virtual pase a comisión.
Sagasti cursa un embarazo avanzado y su médico le indicó no trasladarse grandes distancias. Con la intervención de Bullrich, tal pedido será discutido en las comisiones.
Di Tullio pidió que el proyecto vuelva a comisión y advirtió que el oficialismo “no tiene la última versión” del texto
La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, cuestionó el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y reclamó que la iniciativa regrese a comisión tras las modificaciones introducidas por el oficialismo en las últimas horas.
A través de sus redes sociales, la senadora sostuvo que, a pocas horas del inicio de la sesión, “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto” y consideró que, ante esa situación, “esta discusión tiene que volver a comisión”.
“Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, escribió Di Tullio al criticar los cambios realizados sobre el proyecto antes de su tratamiento en el recinto.
Lewandowski calificó el proyecto como “un mamarracho” y cuestionó los cambios introducidos antes del debate
El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista) cuestionó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y criticó las sucesivas modificaciones incorporadas antes de su tratamiento en el recinto. “Es un mamarracho. Esta ley desde que fue firmada en comisión presentó 17 cambios; si hoy salta la ley, son 18 cambios”, sostuvo.
El legislador también afirmó que el oficialismo retiró artículos “por la presión social de la Pastoral Social de la Iglesia por los barrios populares” y cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso legislativo. “No se puede ser tan desprolijo”, expresó.
Además, advirtió sobre el impacto que, a su entender, tendría la iniciativa en otras normas ambientales. En ese sentido, señaló que la modificación de la ley de manejo del fuego eliminaría sanciones vinculadas con la quema de humedales frente al río Paraná y concluyó: “No me parece la mejor ley la que se va a votar el día de hoy”.
El jefe del bloque PRO criticó al Gobierno por el manejo del proyecto
El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, defendió la decisión de retirar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros y aseguró que la medida permitió destrabar el tratamiento del resto de la iniciativa. “No estaban dadas las condiciones”, sostuvo el legislador, quien explicó que propuso dejar ese punto para un debate específico y avanzar con los demás artículos del proyecto.
En ese marco, Goerling cuestionó el manejo que hizo el Gobierno de la discusión parlamentaria y atribuyó parte de la resistencia que generó la iniciativa a una deficiente estrategia comunicacional. “También una crítica que hago muy fuerte al Gobierno es que lo manejó desde el inicio muy mal. Comunicacionalmente no explicó los cambios que había, no comunicó los cambios de dictamen que se iban dando”, afirmó. Además, consideró que el Senado debe dar un debate “transparente y con claridad” y sostuvo que “la sociedad argentina no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate”.
El senador misionero también rechazó las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre la posibilidad de que un extranjero pudiera comprar un pueblo o una provincia y las calificó como “un disparate”. Según afirmó, el funcionario “no leyó el proyecto” que iba a debatirse en la Cámara alta y remarcó que el articulado prohibía ese tipo de operaciones, además de mantener las restricciones vigentes para las zonas de frontera.
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POLITICA
La Iglesia expresó su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros
Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada por disimular sus diferencias con la Iglesia en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los prelados sigue sumando focos de tensión. En las últimas horas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reiteró su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros y reclamó velar por “la defensa del territorio”.
Fue después de que la Corte Suprema de Justicia restituyera la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, del inicio del Gobierno, que contemplaba esa liberalización.
A través de un comunicado, la Iglesia apeló a la “responsabilidad” de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de la Justicia para que velen “por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación”. De inmediato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo eco del pronunciamiento y lo difundió a través de sus redes sociales.
Las autoridades eclesiásticas recordaron que en junio pasado habían manifestado su inquietud sobre el avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. La iniciativa apalancada por la gestión de Milei incluía una reforma a la ley de tierras.
En ese momento, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina habían difundido una carta con duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo. Dijeron que el proyecto atentaba contra la soberanía territorial y alimentaria, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, advirtiendo que la tierra no debe tratarse como “una mercancía” o “un simple recurso económico”.
El documento fundamentó su posición en la Doctrina Social de la Iglesia –incluyó citas del Papa León (Magnifica Humanitas), San Juan Pablo II y Francisco (Laudato Si’)- para recordar el principio del destino universal de los bienes y destacar el valor cultural e identitario que la tierra posee para las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes pidieron facilitar el acceso a la vivienda y advirtieron sobre la necesidad de consensuar marcos jurídicos equilibrados para los alquileres.
En ese marco, la Iglesia exhortó a los legisladores a guiar el debate priorizando el bien común, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones por encima de intereses particulares o financieros.
Finalmente, a principios de agosto, el oficialismo debió retirar el capítulo de la extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto.
Otros focos de tensión
En los últimos días, el Gobierno enfrentó duras críticas de las autoridades de la Iglesia. El viernes pasado, en medio de los preparativos para la visita de León XIV, que llegará al país el 8 de noviembre próximo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Sumo Pontífice se encontrará con una Argentina “en crisis”, dividida por “la grieta” y en “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.
García Cuerva también dijo que “hay un porcentaje alto de pobres” y lamentó que en el país “no haya oportunidades”.
El mensaje del arzobispo renovó las tensiones entre la Iglesia y la gestión de Milei. Fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y hombre cercano a Luis Caputo, quien salió a cuestionar los dichos de García Cuerva. “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes sociales.
El titular del Palacio de Hacienda le dio retuit al mensaje de Núñez, pese a que en la cúpula del Gobierno afirman que no quieren confrontar con los obispos cuando falta un mes para la llegada de León XIV a la Argentina.
El domingo, después de la multitudinaria peregrinación a Luján, García Cuerva llamó a dejar de lado la violencia y la indiferencia.
“Queremos curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo”, consideró el arzobispo porteño en su discurso frente a los asistentes de la 52ª edición de la tradicional caminata de 60 kilómetros.
En el último tiempo, los obispos han cuestionado los recortes de fondos en discapacidad, han blanqueado su preocupación por la situación de los morosos o reclamado por el proyecto de ley que regula las apuestas online.
Ayer, integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron un documento con inquietudes y propuestas ante funcionarios del Ministerio de Salud frente a la crisis en discapacidad. A sabiendas de que el Papa recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas, el Ejecutivo aceptó armar una mesa de diálogo con los obispos para discutir las problemáticas en el área.
El Gobierno procura disimular el malestar con la Iglesia. Por caso, hoy el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la gestión económica de Milei y evitó polemizar con García Cuerva. Dijo que al Presidente tampoco le gusta “la foto” sobre la situación social en el país y que es un “humillante” que la Argentina haya un 32% de pobreza, lo que vinculó a la política económica de las últimas décadas.
“Recibimos una Argentina donde más del 50% de la gente estaba debajo de la línea de pobreza. Gracias a la gestión de este gobierno sacamos a mucha gente de la pobreza”, apuntó Ravier.
El vocero dijo que en la administración de Milei están convencidos de que la mejor manera de reducir los índices de pobreza es cuidando el equilibrio fiscal, desregulando la economía y combatiendo la inflación.
“Estamos a mitad de camino y vamos a seguir sacando a gente de la pobreza”, agregó.
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POLITICA
Diputados: el Gobierno evalúa incluir un capítulo de Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada
Con un ojo en la Corte Suprema, ante la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a expedirse sobre la Ley de Tierras, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados evalúa incluir un capítulo o una resolución que limite la venta a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora debe tratar la Cámara baja.
La maniobra parlamentaria, encabezada por Martín Menem, busca desactivar a toda costa la megasesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre, en la que no solo se propone avanzar contra el DNU 70/23, sino también prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar al recinto una respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.
Según pudo saber de fuentes parlamentarias, representantes del bloque libertario se reunieron esta mañana para comenzar a darle forma a la iniciativa, si bien no es la única que barajan para desandar la embestida opositora.
Si bien el oficialismo se jacta de que los bloques críticos no cuentan con los números para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, aumenta la presión de gobernadores y aliados para que el Gobierno avance con una alternativa que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Todo ello convive con la reciente decisión de la Corte Suprema de convocar a dos conjueces para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. En particular, la ONG ambientalista había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del megadecreto de Javier Milei, que derogó la norma y, con ella, los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Tal como publicó , la Cámara Federal de La Plata consideró el planteo conexo a la causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que perseguía el mismo objetivo.
Sin embargo, la asociación instó al máximo tribunal a aclarar si lo resuelto en el fallo también alcanza a su amparo. Sostiene que su planteo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes por invocar una legitimación diferente.
En ese sentido, el pedido de aclaratoria reclama “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente. “En su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”, advirtieron desde la ONG.
En caso de hacer lugar al planteo de la asociación, la Corte deberá decidir, junto con los dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si es el propio máximo tribunal el que resuelve la medida cautelar.
Suspicacias
Esta última opción genera suspicacias entre algunos diputados opositores, que hablan de un posible “salvataje” de la Corte al Gobierno, justo cuando la oposición presiona con una megasesión si los libertarios no dan señales de ir marcha atrás con la reciente derogación de la Ley de Tierras.
Es así que desconfían de cualquier intención de Menem de incluir una contrapropuesta para limitar la ley de tierras en un proyecto legislativo. “Eso sería el plan b”, señalan los mismos.
Otra de las variantes que circularon en los últimos días era la de sumar el tema al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo lo descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.
En cualquier caso, ya sea a través de una resolución de la Justicia o de una iniciativa propia, la intención del bloque libertario sería impedir la sesión del jueves y evitar que coincida con la foto de la marcha universitaria. En paralelo, buscaría trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad al 21 de octubre, en una convocatoria impulsada por el propio oficialismo con el objetivo de esquivar el golpe política y retomar la agenda que le impuso la oposición.
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POLITICA
Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión
El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.
No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.
Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.
En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.
Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.
El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.
La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.
Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.
La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.
El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.
La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.
La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.
El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.
Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.
Verónica Magario,Senado de la provincia de Buenos Aires,sesión legislativa
La Iglesia expresó su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros
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