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POLITICA

Tras el revés de la ley de tierras, el Gobierno busca corregir la comunicación y avanzar con su agenda legislativa

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“Estamos en un buen momento, pero comunicamos muy mal”, graficó un legislador libertario ante Infobae la mañana lluviosa del jueves, en la que la Cámara de Senadores se disponía a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras conseguir la media sanción en el cuarto intento, y luego de eliminar los capítulos de Tierras y de Manejo del Fuego, el Gobierno llegó a la misma conclusión y obligó a una revisión interna para evitar repetir los errores a futuro.

En lo inmediato, en Casa Rosada aspiran a replicar la estrategia utilizada para explicar en detalle los proyectos de la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal. Para fundamentar la iniciativa, en particular respecto a los cambios en la Carta Orgánica del organismo, el presidente Javier Milei expuso su punto en cadena nacional, publicó una columna dominical en Clarín y protagonizó un rally mediático.

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“Javier se puso al hombro la comunicación. Explicó todo en detalle, pero supone un desgaste enorme”, precisó un diputado de La Libertad Avanza sobre el rol de Milei para impulsar el proyecto que redactó junto al equipo económico.

Algo similar ocurrió, según identifican en el Poder Ejecutivo, con la Ley de Inocencia Fiscal, que fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa, junto a contadores que participaron de la redacción del articulado.

Karina Milei encabezó en Chaco una cumbre para coordinar esfuerzos ante el fenómeno de El Niño

La turbulenta sesión del jueves dio lugar a un proceso de introspección en la mesa política, que incorporará una nueva tarea por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: supervisar el detalle y definir los tiempos. “La idea es que todos los proyectos pasen por la mesa para que se defina el momento de envío para su tratamiento en el Congreso”, precisó un integrante del reducido círculo que designó Javier Milei.

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Asimismo, se adoptó la determinación de presentar públicamente cada proyecto antes de habilitar la discusión en el recinto para evitar “malas interpretaciones” y dejar en claro el sentido de la normativa.

Los cambios se instrumentan luego de que personalidades como Lali, Tini Stoessel y Emilia Mernes se expresaran en redes en contra del capítulo de la venta de Tierras. “Con Propiedad Privada cometimos muchos errores. No tuvimos un buen vocero, se mezclaron discusiones. Cambiamos hasta el nombre y la pasamos a llamar Ley de Tierras, con lo que implica la propiedad privada para nosotros”, explicó una fuente del oficialismo.

“Más allá de que el proyecto era muy ambicioso, estaba para tratarse hace un mes y medio cuando teníamos los apoyos”, sumó un funcionario ante este medio.

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Más allá del impacto del caso de Manuel Adorni y el efecto del Mundial, la victoria pírrica que supuso la media sanción del proyecto trajo más desazón que alegría y algunos pases de factura internos. Además, exhibió lo que parece ser un cambio en la relación con los gobernadores aliados, que alimentó el temor de cara al futuro, en particular frente al año electoral que se avecina. “Se nos acumulan los proyectos. Vamos a tener que ordenarnos porque cuanto más tiempo pase, más cerca de la elección vamos a estar”, reveló un legislador.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

Algunas voces de la administración libertaria detectan un cambio en la dinámica respecto de lo que fue el primer tramo de la gestión, cuando el asesor presidencial, Santiago Caputo, tenía mayor gravitación en la definición de la estrategia política. “Fue el año del ajuste. Éramos más audaces y disruptivos. Teníamos otra velocidad; ahora venimos más lentos”, precisó una fuente del espacio.

Este martes, a las 13, la mesa política volverá a reunirse para ordenar un proceso que lo tuvo todo y que, incluso, podría contar con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las idas y vueltas derivaron en más de 15 borradores y generaron tensiones internas entre su autor y la senadora Patricia Bullrich, quien debió encarar la negociación con los bloques aliados para su sanción.

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La tercera determinación de la mesa política fue priorizar los proyectos que cuentan con los respaldos necesarios y que le permitirán al Gobierno recuperar iniciativa. Postergado el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados, la Cámara Baja que preside Martín Menem se prepara para sesionar el próximo 26 de agosto y tratar los cambios en el Banco Central, Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien no estuvo en el Senado el pasado jueves mientras se trataba Propiedad Privada, viajará esta semana a Catamarca junto a Luis Caputo para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero. El mandatario catamarqueño fue de los primeros en rechazar el capítulo de extranjerización de la tierra, que contemplaba la posibilidad de vender hasta un 25% de las tierras rurales.

El desafío será evitar que los tropiezos acumulados complejicen el resto de la agenda legislativa. Con varias iniciativas todavía pendientes y un calendario cada vez más condicionado por las elecciones, en el Gobierno buscan que la experiencia de Propiedad Privada sirva de aprendizaje y les permita recuperar el ritmo para concretar el “año más reformista de la historia”.

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Vandalismo rural: qué dice el proyecto de ley que obtuvo dictamen de comisión y por qué lo cuestiona la oposición

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Un proyecto de ley sobre vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria, y quedó habilitada para llegar al recinto en busca de media sanción.

El despacho fue firmado el 6 de octubre por esas dos comisiones. El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Martín Ardohaín, acompañado por otras firmas.

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Las penas previstas para la intrusión y los daños rurales

La propuesta reunió 41 adhesiones tras conseguir el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. El texto plantea que el ingreso sin autorización a un campo pase a constituir un delito.

La iniciativa incorpora el artículo 150 bis al Código Penal. La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La iniciativa establece penas de hasta ocho años de prisión por daños contra bienes agropecuarios
(REUTERS/Matías Baglietto)

El proyecto excluye de esa figura los ingresos que respondan a una necesidad justificada, razones de auxilio o situaciones en las que el límite entre el predio y la vía pública no pueda distinguirse con claridad.

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La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares. La pena se duplicaría si interviene un funcionario público, si el responsable utiliza conocimientos técnicos específicos o si abusa de una relación laboral o de confianza con la persona damnificada.

El texto contempla sanciones para la destrucción de cultivos, ganado, forrajes y productos en transporte (INTA)

Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura, sostuvo que “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal” y afirmó que la modificación sería “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.

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Las críticas de la oposición por una eventual baja de penas

El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez cuestionó que el nuevo artículo 184 bis duplica figuras ya contempladas en el Código Penal y establece escalas inferiores en casos superpuestos. Su objeción se centra en la comparación entre ese artículo y el artículo 186, inciso 2°, del Código vigente.

Gutiérrez dijo a Infobae: “Junto a Sergio Massa fuimos los autores del proyecto original de vandalismo rural de 2020, en línea con su histórica posición en materia de seguridad: bajar la edad de imputabilidad, incorporar tecnología contra el delito, publicar un libro junto a Rudolph Giulianı y proponer una Código Penal nuevo. Siempre entendimos que la seguridad exige decisión política y leyes eficaces. Por eso resulta preocupante que ahora el PRO pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen.”

Según el legislador, el Código Penal ya prevé penas de entre tres y 10 años por la destrucción de cereales, plantaciones, ganado, leña, alfalfares y forrajes. El proyecto de Ardohaín vuelve a incorporar esos bienes, pero con una escala de dos a ocho años de prisión.

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Como ejemplo, Gutiérrez señaló que el artículo 186 vigente castiga con penas de tres a 10 años la destrucción de cereales todavía no cosechados, mientras que el artículo 184 bis propuesto prevé entre dos y ocho años para la misma conducta. El diputado planteó una comparación similar para los daños a viñas, olivares, ganado, alfalfares y otros cultivos forrajeros.

El proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción

Gutiérrez afirmó que existiría una superposición directa en casos de daño a cereales almacenados, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales, ganado y productos derivados, leña, carbón y cultivos forrajeros, incluidos los productos cuando se encuentran en transporte.

“Como ha quedado expuesto la baja de penas es evidente y no podemos acompañar una desprotección de esa naturaleza”, señaló Gutiérrez. El legislador agregó que la iniciativa podría afectar los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al plantear un problema de interpretación para jueces y fiscales.

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Primavera política, invierno económico

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El cambio climático, tan cuestionado por el relato libertario, está ofreciendo manifestaciones innegables en la realidad argentina, verificadas en este 2026 incesablemente gris y lluvioso que no sabe de estaciones. Aunque excede la dimensión meteorológica para tener su correlato en la realidad política, económica y social.

La alteración de los registros históricos se verifica en otros planos para exhibir, contra lo que dicen los manuales, que el Gobierno atraviesa la prolongación del invierno económico, sin que asomen brotes verdes, pero, insólitamente, eso no tiene equivalencia en la política, como ha sido casi siempre.

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En esta última dimensión, para Javier Milei empezó una primavera casi imprevisible, a pesar de haber protagonizado no pocos tropiezos políticos. Pero sin sufrir ninguna caída fatal. Lo demuestran los números, que tanto ensalza como manipula el Gobierno, según la oportunidad y la conveniencia, pero también hay otras evidencias que tienden a corroborarlo y que se pondrán a prueba en breve.

“La calificación de Milei es superior a la evaluación de la realidad económica, sobre todo en cuanto a lo que sucede con la economía personal”, afirma el consultor Federico Aurelio. El descalce parecería indicar que el bolsillo no sería ya la víscera más sensible de los argentinos. Aunque podría ser un exceso interpretativo que, mientras tanto, está generando en el Gobierno un tacticismo de riesgo sobredimensionado.

“No es que la imagen de Milei esté volando, pero se mantiene en torno de los 37 a 40 puntos”, agrega Aurelio, lo cual es la permanencia en una meseta después de una caída que tuvo su punto más crítico con el largo escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, por sus gastos suntuarios y el todavía inverosímil aumento patrimonial. No es poco cuando los indicadores de actividad, nivel de ingreso, empleo, endeudamiento y morosidad personal siguen estando en rojo y golpean las economías familiares.

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En el mismo sentido y sobre la base de datos similares, el consultor Patricio Hernández sentenció que “Milei está muy bien políticamente y mal económicamente”.

Debajo de esa afirmación aparece una confluencia de factores para explicarla, que exceden los méritos que pueden tener el Presidente y su equipo para sostener niveles de aprobación y, sobre todo, gobernabilidad o capacidad de maniobra para no perder la preeminencia. La desertificación de propuestas alternativas competitivas es una de las razones, pero no la única.

“Si miramos lo político, lo que vemos es que en los últimos 30 días protagonizó varios hechos que fueron positivos para él: la instalación del tema Malvinas; la semana argentina en París, con el acompañamiento de 13 gobernadores, y anuncios millonarios de inversiones; los candidatos outsiders que no terminan de arrancar; la confrontación con Axel Kicillof, el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y el apoyo creciente para suspender o eliminar las PASO. Mientras que en lo negativo solo aparece la ley de tierras y los recortes en el presupuesto. El problema para el Gobierno es que todos estos son temas superestructurales, de los que la gente común habla muy poco”, señala el titular de la consultora Methodo.

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“En cambio, en lo económico, el Gobierno solo puede mostrar a favor la baja de la inflación y cosas que llegan poco a la mayoría. Por el contrario, predomina lo negativo, como la pobreza, el empleo, la caída del poder adquisitivo de los ingresos, las deudas, la baja del consumo. Y estos son los cinco temas más mencionados en redes de manera transversal”, señala Hernández, para confirmar aquello de que Milei está bien en lo político, pero no en lo económico. Aunque una y otra temática tienen distinto peso y penetración.

“De cualquier manera, en el cotejo absoluto la gente habla mayoritariamente de otras cosas. Como del hombre al que lo mató un tigre en un zoológico abierto de Inglaterra”, advierte, sin ironía, el titular de Methodo. El problema para la política y, especialmente para el Gobierno, es que corre el riesgo de que en un momento y de golpe la sociedad se conecte y actúe sin poder conducir sus reacciones en su beneficio. Como las del tigre inglés.

Similares conclusiones surgen del relevamiento que hace en el universo digital la consultora AdHoc. “En un contexto de caída del protagonismo, el Presidente recobró terreno en su imagen digital apoyado en la agenda internacional y los temas macro. Malvinas y el discurso en la ONU fueron clave”, subraya el titular de esa empresa, Javier Correa.

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El desacople entre ambas esferas surge como la gran novedad de estos tiempos. Los cambios profundos que se registran en las sociedades actuales, acentuados en la Argentina por el pasado reciente, a los que se refirió ayer Jorge Liotti en su columna dominical de , parecen tener una incidencia significativa.

Sin embargo, también se advierten cuestiones muy coyunturales que impiden asegurar que ese divorcio entre percepción económica y conducta política de la sociedad se sostengan en el tiempo. Ni siquiera en ese mediano plazo, en camino de acortarse aceleradamente, que va hasta las elecciones presidenciales. En buena medida, se trata de una foto polaroid de hoy, cuya perdurabilidad está por constatarse.

Aceptación, no resignación

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Por ahora, lo que se registra es que aún en sectores donde la realidad cotidiana se ha tornado sumamente difícil no surge una reacción contra el principal responsable de la transformación economía nacional.

El sentimiento dominante parece ser el de aceptación, más que la resignación. “Hay dolor, desazón por la renuncia, la pérdida de muchas cosas y falta de futuro. Y hay gente que no vive ni siquiera para el día a día sino para la próxima comida, que no sabe si la va a tener. Pero no es homogéneo. Muchos no saben qué hacer y, también, está la búsqueda de compensación con sobreocupación. Al mismo tiempo, sobre todo en los jóvenes, aparece la cuestión de la salud mental”, dice el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que realiza permanentemente trabajos de campo en los sectores populares de todo el país.

Una clave de lo que ocurre en el plano político parece encontrarse en esa distinción de las emociones predominantes en esos ámbitos donde las carencias superan largamente a las satisfacciones, sobre todo, pero no únicamente, materiales. Según la psicología, la resignación alimenta la pasividad, mientras que la aceptación es un proceso activo que integra la realidad e impulsa a seguir adelante. Si no subyace la esperanza, aparece el instinto de supervivencia, aún cuando la realidad se empeñe en demostrar que los motivos para sostenerla se postergan.

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“Estos no me dan nada, pero los anteriores, al final, tampoco y estuvieron mucho más tiempo. Me las tengo que rebuscar solo”, esta es una expresión que se repite en numerosos grupos focales, dicen los encuestadores, y atraviesa a varios segmentos sociales que abarcan las muy heterogéneas clases medias, media-baja y baja. Nada que exprese mejor un sentido común dominante y que si no se conecta con lo que el oficialismo mileísta le propone y lo sostiene, al menos, no lo cuestiona. Hasta cuándo, nadie lo sabe. Pero esa actitud se ha sostenido mucho más de lo que en otros tiempos duraba.

“La diferencia con el 2001 es que en ese momento la gente no tenía ningún ingreso, ni para cartonear había, estaba todo muerto. Ahora hay laburo. De pésima calidad, precarios, con ingresos y condiciones horribles, que obligan a hacer varias cosas, porque con una no alcanza para nada, pero algo se mueve. Y la gente aprendió a rebuscársela”, coinciden dos de los principales dirigentes que encaran la renovación del Movimiento Evita, con fuerte inserción en los barrios populares del conurbano bonaerense. Ahí puede haber una clave.

En las clases medias acomodadas, en tanto, se advierte el fenómeno de los que empiezan a recurrir a los ahorros para hacer frente a gastos corrientes, los que sacan el “canuto”. Y eso conlleva una doble frustración. “Por un lado tienen que deshacerse de algo que les costó tener y les daba seguridad. Por otro lado, comprueban que esos ahorros, sobre todo si estaban en dólares, tienen menos valor y pueden comprar menos cosas con eso”, señala el diputado radical y economista Martín Lousteau, con quien coincide la mayoría de sus colegas.

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Por eso, el efecto benéfico para el Gobierno que conlleva la “aceptación” social de la realidad política-económica tiene una consistencia relativa. La ausencia de candidatos alternativos confiables y competitivos sigue jugando un papel significativo.

Un río subterráneo opositor

Y las apariencias podrían resultar engañosas para el Gobierno si sigue confiando demasiado en ellas y actuando con extremo tacticismo. Se han acelerado en las últimas semanas los movimientos subterráneos de dirigentes políticos opositores o aliados circunstanciales para tender vínculos y tratar de construir alguna propuesta más superadora que confrontativa con lo que el Gobierno representa.

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Desde el panperonismo a lo que fue el universo cambiemita abundan los contactos, hasta llevar a Lousteau al exceso de proponer un frente antimileísta que confluya en una gran elección primaria en la que podrían competir desde el kirchnerismo y la izquierda hasta algunos sectores del radicalismo e inclusive de Pro. No parece haber una piscina tan grande y con suficiente agua como para contener tantos bañistas tan heterogéneos.

En ese punto vale destacar que, según Federico Aurelio, con quien coinciden otros consultores, “hay margen para construir una alternativa, porque hay demanda para eso, que es mayor que la que había en 2023. El problema es que esa demanda es muy heterogénea y necesita que sea un espacio único para ser competitivo. Lo cual lo veo difícil. No va a alcanzar con ofrecer un cambio del cambio. Hay que ofrecer otra cosa”, concluye el titular de Aresco.

La variable tiempo asoma, entonces, como un elemento crucial. Los optimistas del oficialismo creen que ya es tarde para que se arme una alternativa capaz de desafiarlo y quitare votos, fuera del perokirchnerismo, rival preferido. Siempre y cuando la economía no empeore y la insatisfacción no se acople con la decisión electoral.

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Del lado optimista de la oposición no kirchnerista creen que aún es temprano. “En las últimas cuatro elecciones presidenciales, el que ganó no tenía asegurado el triunfo un año antes. Es más, algunos favoritos ni llegaron y otros no aparecían ni como probables”.

Mientras tanto, el Gobierno y la oposición tendrán varios partidos clave durante ese mes, empezando por esta semana, cuando el oficialismo intentará bloquear los proyectos opositores sobre discapacidad y morosidad.

Al mismo tiempo, tendrá que sortear otra protesta por el financiamiento universitario, cuyos precedentes han sido masivos, pero también declinantes. Y habrá que ver si el ominoso favor que le hizo la Corte Suprema con sus fallos cambiantes y de efectos contradictorios (con la honrosa excepción de la coherencia de Carlos Rosenkrantz), habrá conseguido licuar el reclamo por la ley de tierras.

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Luego, estará el debate el proyecto de presupuesto y un combate de fondo, que es la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO. Después del viaje a París, creció el optimismo en la Casa Rosada. Creen que tienen el número para que no haya elecciones primarias obligatorias y que la oposición tenga que ingeniárselas para resolver sus candidaturas y, sobre todo, sus muchas diferencias. De lograrlo, Milei habrá prolongado su primavera política, aunque perdure el invierno económico.




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Con camionetas, motos y custodia en las dos cárceles: así fue el operativo para trasladar a los primeros presos de Devoto a Marcos Paz

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Este domingo se inició el traslado de los aproximadamente 1500 internos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de máxima seguridad en Marcos Paz. En la primera jornada se mudaron 326 personas, en el marco de un convenio firmado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires que habilita la desocupación definitiva del penal porteño, un reclamo histórico de los vecinos del barrio.

Las imágenes del procedimiento, difundida este domingo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, muestran el proceso de identificación y registro de los detenidos, que incluye la colocación de pulseras con código QR para la trazabilidad de cada movimiento desde la salida de Devoto hasta el ingreso a Marcos Paz.

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El personal del Servicio Penitenciario Federal, con chalecos identificatorios, realizó controles y el abordaje de los internos a los vehículos de traslado, entre ellos camionetas del servicio.

El operativo continuó con la escolta de motos y otros móviles de las fuerzas federales que atraviesan el portón de acceso al predio de Marcos Paz, custodiado por efectivos apostados en las puertas abiertas de los complejos.

El plan, además, contempla el perfil criminológico de cada interno, la clasificación por peligrosidad y delitos, un triaje médico y medidas de prevención de riesgos durante todo el recorrido.

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Registro de los internos. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación)

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó en redes sociales: “Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado”.

El dispositivo, formalizado mediante la Resolución 1018/2026, está integrado por el SPF, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo la coordinación general de la Dirección Nacional del SPF.

El Complejo Penitenciario de Marcos Paz fue construido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre un predio de 80 hectáreas y entregado a la Nación mediante un acta de recepción provisoria firmada el jueves por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuenta con capacidad para unos 2.240 internos.

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