POLITICA
El Gobierno asegura que CTERA incumplió el piso del 75% en el paro docente y abrió una investigación

El Gobierno asegura que CTERA incumplió la prestación mínima del 75% durante el paro docente nacional del 3 de agosto y abrió un expediente administrativo contra la confederación. La Secretaría de Trabajo terminó una primera evaluación de los relevamientos realizados durante la huelga y avanzó con una actuación por el incumplimiento de la obligación prevista para los servicios esenciales.
En la Casa Rosada todavía no tienen definida la consecuencia del expediente, pero admiten que una multa está entre las posibilidades más fuertes. “Es probable, pero no vamos a adelantar ninguna medida”, expresan en Nación. El criterio oficial es esperar la conclusión de las actuaciones antes de anunciar una penalidad.
El relevamiento tuvo resultados diferentes según la jurisdicción. En Balcarce 50 sostienen que el acatamiento al paro fue alto en provincias gobernadas por el peronismo, mientras que en otras jurisdicciones aseguran que se alcanzó la prestación mínima exigida. “Fue muy heterogéneo. En las provincias peronistas hubo alto acatamiento. En el resto se cumplió la ley”, agregan.
El Gobierno no tiene todavía un porcentaje nacional consolidado de incumplimiento y tampoco sostiene que el 75% de las clases se haya interrumpido. La infracción que le atribuye a CTERA consiste en no haber garantizado en parte del país el piso del 75% de la prestación normal que establece la legislación, una diferencia relevante para la evaluación administrativa.
La base jurídica es el artículo 24 de la Ley 25.877, reformado este año por la reforma laboral. La norma incorporó expresamente como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, y dispone que durante los conflictos colectivos la cobertura nunca puede fijarse por debajo del 75% de la prestación normal.
El régimen establece además un procedimiento específico. La organización que impulsa una medida de fuerza debe preavisarla con cinco días de anticipación y las partes tienen que acordar ante la autoridad laboral cómo se garantizarán los servicios mínimos, qué personal quedará afectado, los horarios y las funciones. Si no existe acuerdo o el esquema es insuficiente, Trabajo puede fijar esas condiciones en consulta con la Comisión de Garantías.
La Secretaría de Trabajo fiscalizó el paro mediante sus agencias territoriales y recopiló información sobre el funcionamiento de establecimientos en distintas provincias. La actuación que ahora abrió el Gobierno está dirigida a determinar la responsabilidad de CTERA como organización nacional convocante, aunque la prestación educativa y la relación laboral con los docentes dependen principalmente de las jurisdicciones provinciales.
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La apertura del expediente inicia el procedimiento administrativo sobre el que Trabajo deberá determinar la responsabilidad de CTERA y una eventual sanción. La confederación tendrá derecho a presentar su descargo y aportar pruebas antes de que la Secretaría adopte una resolución definitiva.
La ley habilita sanciones ante incumplimientos relacionados con los servicios mínimos. Eso no determina automáticamente una multa ni permite calcular todavía su monto: la autoridad deberá definir primero qué conducta concreta imputa, su gravedad y el universo eventualmente afectado.
En la Casa Rosada miran como antecedente los procedimientos abiertos este año contra La Fraternidad y la UTA, aunque se trata de situaciones jurídicamente diferentes. En esos casos, Trabajo avanzó porque los gremios habían adherido al paro general mientras tenían conciliaciones obligatorias vigentes. La Fraternidad terminó recibiendo una multa de más de $21.000 millones; en el caso docente, en cambio, la discusión se centra en el régimen de prestaciones mínimas.

CTERA sostiene una lectura opuesta sobre la jornada del 3 de agosto. La organización aseguró que el paro tuvo un “altísimo acatamiento” y mantiene sus reclamos por salarios, financiamiento educativo, restitución del FONID y convocatoria a la negociación nacional. Una eventual sanción abriría así una nueva disputa administrativa y judicial sobre el alcance de los controles federales en un sistema educativo gestionado por las provincias.
El expediente se conoce además en la previa de una nueva medida de fuerza en las universidades nacionales, prevista para este miércoles. El Ministerio de Capital Humano sostiene que cumple con los compromisos asumidos con el sistema universitario y rechaza los argumentos de los gremios docentes y no docentes para justificar la huelga.
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La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que transfirió $666.823 millones para gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio y la primera cuota del aguinaldo, y asignó otros $448.544 millones para julio. También sostiene que continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio y calificó oficialmente la protesta universitaria como “ilegítima” y de motivaciones políticas.
El conflicto universitario tiene, sin embargo, un encuadre legal diferente al paro de CTERA. La enumeración de servicios esenciales de la Ley 25.877 alcanza expresamente a la educación inicial, primaria, secundaria y especial, pero no incluye a la educación universitaria. Por lo tanto, el piso obligatorio del 75% que fundamenta el expediente contra CTERA no se traslada automáticamente al paro de las universidades.
La definición inmediata quedará ahora en manos de la Secretaría de Trabajo. El Gobierno ya da por detectado un incumplimiento y abrió el expediente contra CTERA, pero todavía debe resolver si esas actuaciones justifican iniciar un sumario y aplicar sanciones. En Balcarce 50 evitan anticipar la medida hasta que termine el procedimiento y quede determinada formalmente la responsabilidad de la confederación.
Gobierno, ctera, paro docente
POLITICA
El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.
El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.
Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.
Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.
La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.
En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.
Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.
Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.
Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.
POLITICA
El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

“Tenemos que juntarnos todos y mostrar que hay una mayoría. Hay que convocar a todos. Desde los del PRO, que están avergonzados que su partido esté con Milei, hasta Miryam Bregman. Podemos tener diferencias, pero el primer paso es escucharnos entre todos”. La propuesta que hizo Martín Lousteau unos días atrás, durante una entrevista con Cenital, volvió a poner en discusión la idea de que la oposición construya un gran frente anti Milei.
La iniciativa había ganado espacio en el debate político cuando dirigentes alejados del PJ, como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó o Carlos Kikuchi, comenzaron a moverse en la órbita justicialista con la posibilidad de converger en un gran armado opositor. Al mismo tiempo, Guillermo Moreno se arrimó con su espacio por un costado, un grupo de dirigentes de renombre le dio vida al PJ Federal y algunos representantes del radicalismo y el socialismo construyeron gestos de acercamiento al peronismo.
Sin embargo, con el paso de las semanas, se fue desinflando. Un sector, donde está Massot, Monzó y Diego Bossio, entre otros dirigentes, comenzó a trabajar cerca del empresario Jorge Brito; los dirigentes del esquema federal, liderados por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, comenzaron a dividir sus agendas y dejaron de darle tanta entidad los movimientos conjuntos; mientras que Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner aumentaron sus presencias públicas con mensajes de unidad que todavía no terminan de calar en lo más profundo del movimiento político.

La propuesta de Lousteau tiene respaldos y cuestionamientos. “Es inviable concretar algo de ese estilo. No hay un mismo modelo en el que coincidir. Bregman va a decir que hay que expropiar todo. No creo que Lousteau salga a reclamar la libertad de Cristina. Hay muchas diferencias”, expresaron cerca de Kicillof. La amplitud tiene sus limitaciones programáticas y de orden político. El fantasma del Frente de Todos siempre está latente en esas proyecciones.
En el cristinismo hay miradas distintas. Hay quienes no ven con tanta claridad la posibilidad de construir un frente tan grande. Sobre todo porque desconfían de lo que pueda suceder en el futuro inmediato con los posicionamientos legislativos. La amplitud puede servir para ganar, porque simplifica las ofertas electorales, pero, en el caso de que el triunfo se haga efectivo, puede complicar el desarrollo de la gestión.
Pero también hay otras posturas más proclives a un gran acuerdo. “Desde la transversalidad del 2008 hasta el Frente de Todos en 2019, siempre intentamos ampliar. No hay purezas ideológicas. Pero un frente de ese estilo tiene que ser propositivo y tener acuerdos básicos por si se llega al Gobierno”, explicaron cerca de Máximo Kirchner.

El líder de La Cámpora ha dicho en algunas oportunidades que no creen en los “frente anti” y que es necesario fundar un nuevo programa político, discutido de antemano, para proponer una alternativa de gobierno el año que viene. Hay temas sensibles en la agenda del peronismo como qué hacer con la deuda del país con el FMI, que política económica después de la gestión Milei y qué posición tomar respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner.
A eso se le suman la política educativa, tributaria, sanitaria y previsional que cualquier programa de gobierno debe tener. Sin acuerdos básicos, es imposible avanzar en la construcción de programa político. “¿Cómo pueden compatibilizar una negociación con el FMI la izquierda, los desencantados del PRO y el peronismo del interior? Parece una tarea demasiado compleja», analizó un peronista moderado.
En el massismo también ven como una opción viable un acuerdo amplio con varios sectores opositores contenidos. Cerca de Sergio Massa plantean que sería bueno armar “una oferta opositora” y que las distintas vertientes “participen de una gran elección primaria donde haya un núcleo de coincidencias basicas sobre roles y responsabilidades en un futuro gobierno”.

En la Coalición Cívica son reticentes a un gran acuerdo y siguen creyendo en la posibilidad de crear una vía del medio, que pongan en cancha una coalición similar a la que lo fue Juntos por el Cambio. Esa opción, que se evalúa en otras vertientes opositoras, tiene como una de sus hipótesis la ruptura del peronismo el año que viene debido a las incesantes tensiones que sacuden al espacio político.
“Bregman no puede estar en la misma coalición que Pichetto. Hay miradas muy distintas sobre cómo afrontar el proceso económico, social y cultural. Es casi inviable“, precisó un dirigente del peronismo del interior. Esa mirada tiene varias réplicas en distintas vertientes del justicialismo y también de sectores cercanos.
Uno de los principales problemas que afronta el armado anti Milei es la eventual caída de las PASO. En la oposición son cada vez más los dirigentes que creen que el Gobierno va a lograr la suspensión de las elecciones primarias. Y, en consecuencia, advierten que la aglutinación del espacio opositor es casi imposible si no hay una herramienta electoral que abre el espacio para que distintos sectores se presenten.
Entonces, a las dificultades para compatibilizar una agenda común, también se le suma el sistema electoral para ordenar las candidaturas. Además, el concepto de armar un esquema político solo para ganarle al oficialismo genera reticencia en varios actores opositores, que reviven el fracaso del Frente de Todos y la desintegración de Juntos por el Cambio.
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El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

Con el cronograma electoral por definirse, el Gobierno sigue de cerca los movimientos de la oposición de cara a las presidenciales de 2027, ante la posibilidad de que una eventual confluencia de distintos sectores complique los planes de reelección del presidente Javier Milei.
Si bien en el oficialismo aseguran que hay tiempo de sobra, reconocen que un eventual frente amplio opositor que reúna a distintos sectores enfrentados con Milei podría complicar los planes de La Libertad Avanza. No obstante, las evaluaciones varían según quién encabece esa alternativa y cuál sea su perfil político.
“Aglutinar a todo el electorado que rechaza a Milei en una sola oferta electoral es la construcción de una mayoría”, definió ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, que identificó en esa posibilidad una potencial amenaza para el oficialismo.
En la misma línea, otro alfil libertario planteó ante este medio que la expresión podría disputarle parte de los votantes que respaldan el rumbo, pero cuestionan las formas del mandatario. “Nos podría comer votos del centro, de los ñoños republicanos. Tendríamos más chances de perder más votos que si fuese un candidato ultra K”, explicaron desde uno de los despachos de Casa Rosada.

La idea de articular una alternativa que reúna a distintos sectores opositores no es nueva. Casi diluida la alternativa de Provincias Unidas, una de sus expresiones más recientes la protagonizó el senador radical Martín Lousteau. Su ambiciosa propuesta contempla reunir desde a Myriam Bregman hasta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, bajo la consigna de “coordinar para ganar”.
En paralelo, el gobernador bonaerense trabaja en una alternativa propia, que cuenta con el respaldo de una parte del Partido Justicialista y el apoyo de dirigentes de otros espacios, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, pero que encuentra resistencia en La Cámpora. El propio Máximo Kirchner cuestionó esa construcción al calificarla como “un reduccionismo enorme” y objetar que la unidad esté sustentada únicamente en la intención de “ganarle a Milei”.
En la administración libertaria consideran que una candidatura de Kicillof, cuya imagen abre debates internos, tendría dificultades para captar a sectores del electorado opositor que no se identifican con el kirchnerismo.
Bajo ese diagnóstico, sostienen que les resultaría más conveniente confrontar con un rival de perfil más radicalizado, que les permita plantear la disputa en términos de dos modelos de país. En esa línea, anticipan que la campaña electoral girará en torno a los hitos de gestión por lo que plantean que el principal adversario electoral de Milei es “el mismo”.
“A nosotros nos conviene el candidato más kirchnerista posible. Un candidato blando es más difícil”, planteó una fuente que forma parte del diseño de la estrategia electoral. Sin embargo, el mismo sector reconoce que el escenario podría cambiar si la oposición lograra articular una candidatura común. “Ante un escenario de balotaje, un candidato unificado de todo lo que defina como ‘anti-Milei’ es más competitivo que Kicillof”, precisaron.

En las filas libertarias no ven factible que Lousteau logre imponerse como candidato de ese espacio. Distinto es el escenario que podría abrirse si Kicillof consiguiera convertirse en el aglutinador de una coalición más amplia que el peronismo. En ese caso, los libertarios insistirían en la diferenciación entre ambos modelos de país.
“La gente no vota para atrás. Ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, precisó un funcionario.
En paralelo a los incipientes debates con los gobernadores aliados y en plena evaluación de los escenarios de competencia para 2027, en Casa Rosada siguen los números del mandatario al que ubican en torno a los 35 puntos. El dato que preocupa son los valores que miden la imagen negativa del libertario, que desde hace semanas es mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, el mandatario registró un 31,2% de imagen positiva, frente a un 52,7% de imagen negativa.
Con la mira puesta en 2027, los libertarios apuestan a capitalizar los resultados de la gestión y proyectan una disputa polarizada con el peronismo. En ese marco, la posibilidad de que los sectores que rechazan a Milei logren articular una candidatura común es una de las variables que el Poder Ejecutivo seguirá de cerca.
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