POLITICA
Se reabre el conflicto universitario: los gremios docentes realizarán un paro y reclaman por el financiamiento

En un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades y el Gobierno, los gremios de docentes y nodocentes universitarios realizarán este miércoles un nuevo paro nacional para reclamar por el incumplimiento de tres puntos: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, así como tampoco del fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a aplicar la cautelar para actualizar los haberes de los profesores, y el aumento de las partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.
La medida de fuerza se anunció la semana pasada para este 12 de agosto en el marco del reclamo que lleva casi un año tras la sanción de la normativa que aprobó el Congreso de la Nación para actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las facultades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, habilitaba a la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.
Es principalmente impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios de Docentes Universitarios (FAGDUT) y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), entre otras organizaciones.
En ese sentido, en junio pasado, se alcanzó un acuerdo salarial entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para una actualización en los haberes de 24,33% dividida en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre.

Sin embargo, según comentaron a Infobae, desde el sector docente señalan que el Gobierno no terminó de cumplir con lo acordado por la ley de financiamiento ni por la medida cautelar y sostuvieron que, a lo pactado en junio con el Ejecutivo, hay una diferencia de casi 30 puntos que todavía no se aplicó a los haberes.
“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
En ese marco, hay una convocatoria abierta para este miércoles a las 16 en la zona del Obelisco, impulsada por el área de Ciencia y Técnica de la UBA, a la que se plegarán algunos gremios docentes. No es un dato menor que a la misma hora se dé la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.
La situación de los hospitales universitarios es otro de los ejes del conflicto. Si bien la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió 20 mil millones de pesos en concepto de partidas para sus hospitales, esa cifra representa apenas un cuarto de lo recibido el año anterior.
El Gobierno se comprometió a transferir otros 20 mil millones adicionales, pero los gremios señalan que de los 50 mil millones acordados en junio junto con el aumento salarial no hay novedades. Según reclaman, esto afecta a establecimientos que atienden más de medio millón de consultas anuales, muchas de ellas por enfermedades de alta complejidad.
La situación judicial también suma presión sobre el Gobierno. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo. Así, el expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.
Mientras el Gobierno sostiene que actuó “en los términos dispuestos por la Justicia”, los gremios plantean que continúa sin concretarse plenamente la aplicación de la medida cautelar referida a los artículos 5 y 6, centrados en la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de becas y programas estudiantiles.

Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de “ilegítima” y de “carácter político”. “No existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado difundido este lunes.
El ministerio detalló además las transferencias realizadas: $666.823.011.021 en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio, y otros $448.544.808.500 por el mes de julio. En materia de hospitales universitarios, informó que la UBA recibió dos resoluciones por 20 mil millones de pesos cada una, mientras que la Universidad Nacional de Cuyo percibe mensualmente $188.330.000 en el marco de la Resolución N° 427/26.
La próxima mesa paritaria fue convocada por el Gobierno para el 1° de septiembre, dentro del cronograma acordado. La Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguró haber actuado “en estricto cumplimiento de la normativa vigente”. Los gremios, en cambio, sostienen que el cumplimiento del acta del 10 de junio no equivale al cumplimiento integral de la Ley 27.795, posición que es la base del paro de este miércoles.
A pesar de la medida de fuerza, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas durante la jornada: “La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, señaló.
El 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales también tiene prevista una jornada de visibilización. El debate tendrá además un nuevo capítulo el 4 de septiembre, cuando el CIN celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.
POLITICA
El Centro Islámico denunció al “Gordo Dan” por discriminación tras su posteo contra la religión

El Centro Islámico denunció penalmente al tuitero oficialista Daniel Parisini, alias el “Gordo Dan”, por un posteo que hizo hace algunos días en X, donde afirmaba que el Islam se caracteriza por crímenes como “violaciones”, “decapitaciones”, “pedofilia” y “esclavitud”, entre otros. El propio presidente Javier Milei había avalado el mensaje del propagandista.
La denuncia discriminación se realizó ante una fiscalía y el caso lo tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Federal N°8, según pudo saber . El streamer y líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo (con afinidad al asesor presidencial Santiago Caputo), en las últimas semanas, asoció en redes sociales la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, los actos terroristas y la pedofilia.
“Ante la aparición de acusaciones y tergiversaciones a través de una campaña sistemática de desinformación, nos vemos en la obligación de aclarar algunos temas relacionados con nuestra fe. Como ciudadanos de esta Nación, donde habitan musulmanes de varias generaciones, somos respetuosos de nuestra Constitución”, señaló la entidad en un comunicado.
Además, expresó que la libertad de expresión es “un derecho indiscutible y central para la democracia” y que la intención “no es censurar” a aquellos que opinan sobre el islam. “Nos pone en alerta cuando la información que circula resulta falsa y su difusión contribuye a crear estigmatización o discriminación hacia las personas que simplemente profesan su fe. Si bien reconocemos que en el mundo existen personas o grupos que en nombre de la religión cometen delitos, la generalización que se presenta acerca del islam, su doctrina y sus valores resulta perversa, oscura, descontextualizada y también alejada de la realidad nacional”, agregó.
Hizo mención, en tanto, a que Parisini, entre otros usuarios, importan “conflictos de otras latitudes” hacia la Argentina, donde hay “armonía entre comunidades religiosas” y que en ese marco “se siembran semillas de odio que de ninguna manera contribuyen al bien del país”.
“Es fantasioso, absurdo y grotesco sostener que haya algún tipo de plan de inmigración o intento de proyectar una cultura distinta a nuestra cultura argentina. En nuestra historia centenaria jamás tuvimos la necesidad de enfrentar una situación de estas características”, insistió el Centro Islámico.
“Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo vive su día a día con los mismos anhelos que todos, vivir con fe, paz, bienestar, familia, trabajo y respeto. Y por supuesto los musulmanes que viven en este país también”, cerró.
Desde la entidad religiosa sostuvieron a este medio que la denuncia a Parisini (además hay otras dos ya hechas: contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como el youtuber “El Presto”, y contra el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez por “expresiones estigmatizantes y discriminadoras”) fue realizada “en base a fallos que hubo a favor de otras minorías”.
En la Argentina, los actos de discriminación no se encuentran tipificados de manera directa en el Código Penal, sino en la Ley Antidiscriminatoria 23.592. Por incitación al odio y persecución se establece pena de prisión de un mes a tres años para quienes participen en organizaciones de superioridad racial/étnica o inciten al odio y la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Parisini, uno de los integrantes de las milicias digitales de La Libertad Avanza, ya había contado que fue denunciado por el Centro Islámico, aunque recién en las últimas horas se conocieron el juzgado y los detalles de la presentación.
“Quieren, a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa”, escribió Parisini.
El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, planteó que se considera víctima de una persecución por haber criticado al islam. Anticipó que no pedirá disculpas y redobló la apuesta: dijo que está “dispuesto a ir preso” para defender a la Argentina “de la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera”.
El propagandista del Gobierno comentó que había decidido hacer público que el Centro Islámico presentó una denuncia penal en su contra porque “los inmigrantes musulmanes están prendiendo fuego Francia” [en relación a las protestas estudiantiles] y ”volviendo a secuestrar aviones para estrellarlos y matar un montón de gente en el nombre de su religión”, en alusión al intento de secuestro del avión de Flydubai hace dos semanas, que según la investigación el atacante buscaba estrellar la aeronave en territorio israelí y replicar el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Poco diálogo
El vínculo entre las instituciones musulmanas argentinas y la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo, atraviesa un período de escaso diálogo, de acuerdo a fuentes de esa religión, una situación que, según referentes de esa comunidad, se profundizó en el contexto de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 al 11 de noviembre.
Mientras el Gobierno avanzó en la coordinación institucional con la Iglesia católica para organizar la llegada del Pontífice, desde la comunidad describen dificultades para sostener la interlocución clásica con el Gobierno.
Interna
Luego de que Parisini difundiera su mensaje, los principales exponentes de Las Fuerzas del Cielo salieron a respaldarlo con fuertes cuestionamientos al islam. Uno de los más duros fue el diputado bonaerense Agustín Romo. “¿Quiénes se creen que son los del Centro Islámico para denunciar a un ciudadano argentino por ejercer su derecho a la libertad de expresión?“, sostuvo.
Y Milei, quien se había mantenido al margen de los mensajes de los tuiteros libertarios contra el islam, avaló la semana pasada la respuesta de Parisini. No es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el islam y abren una grieta interna con la familia Menem, avalada por la hermana del Presidente, Karina Milei.
En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.
“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno presentó un reclamo en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.
El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
POLITICA
Con poco margen, el Gobierno busca acelerar acuerdos para evitar las sesiones extraordinarias: dudas en el Senado

Con tan solo siete semanas restantes de actividad, el Gobierno se fijó la misión de lograr aprobar en el Congreso no solo la eliminación de las PASO, sino también el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que todavía esperan su tratamiento, y el objetivo es lograrlo antes de que finalice el periodo normal para evitar tener que convocar a extraordinarias, aunque todo dependerá del apoyo de los aliados.
Este martes será un día clave para el oficialismo en el camino para conseguir esa meta, ya que comenzará a analizar el respaldo que tienen los principales proyectos y el avance de las negociaciones con las provincias.
Por un lado, a partir de las 13:00, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas sin verse debido a distintos problemas de agenda, para planificar la estrategia parlamentaria.
“Esta vez, a priori, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es hablar de Soberanía Nacional, del Presupuesto y de la sesión del 15. Y después saldrán, como siempre, algunos temas de gestión o de política”, anticipó a Infobae uno de los integrantes de este grupo.

La referencia es al intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023 que volvió a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, primero, habilitaron el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictaron una cautelar para frenarlo.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene trabajando desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo llegue al número necesario para que comience la discusión en el recinto.
Una de las movidas que hizo fue la de convocar a otra sesión para el 21 de octubre en la que se van a tratar todos estos mismos temas, pero con textos que fueron elaborados por el Poder Ejecutivo o sus aliados.
Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de acuerdo con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año que viene, les reclaman que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto.
En Balcarce 50 consideran que la primera de esa medida tendría que ser sancionada completamente antes de que termine el periodo ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.

En cuanto a la ley general de ingresos y gastos, los cálculos del oficialismo es que la propuesta tenga dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y llevarlo a votación el 17. De esa manera, si no hay ningún imprevisto en el medio, habría tiempo para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano.
Este martes, irá a la Cámara baja a explicar y defender el texto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch.
Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido que hicieron algunos bloques aliados para que el Ejecutivo especifique de dónde sacará el dinero para hacer frente a las partidas para el proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud.
En algunas conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos bloques que “la plata siempre estuvo“, ya que surge del superávit con el que cuenta la administración nacional.

“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, cuestionó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza.
En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios.
“Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partidos
Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
En el encuentro se van a poner en consideración los avances en el vínculo con las provincias que viene llevando principalmente “El Colo”, que esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.
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