La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La misiva fue difundida bajo una consigna directa: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.

El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.

La entidad sostuvo que el problema ya no puede ser considerado una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que provoca consecuencias visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresó la comisión episcopal en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a la totalidad de sus integrantes.

El reclamo no es nuevo. La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con un mensaje contundente: “Apostar no es un juego”. Aquella campaña buscó poner el foco en el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto sobre niños, adolescentes y jóvenes.

En noviembre de ese mismo año, la CEPAS solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, trasladó el pedido al Senado, donde señaló que el fenómeno estaba consolidando una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes quedaban atrapados por la adicción. El reclamo escaló en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en nombre de todos los obispos del país, definió la situación con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En aquel pronunciamiento, los obispos también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podía transformarse en un verdadero “casino”.

La carta enviada a Villarruel plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. En ese sentido, la CEPAS advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.

La comisión episcopal incluyó en su documento una referencia a las palabras del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. La cita fue utilizada para reforzar el argumento de que la inacción legislativa favorece a una minoría que lucra con la actividad, mientras los costos recaen sobre el resto de la sociedad.

En esa línea, la CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría “profundamente lamentable”. Según el organismo, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social. A su vez, remarcó que los perjuicios que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminarán recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.

Para respaldar su posición, la comisión episcopal citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto particularmente grave de las apuestas online en los menores de edad y en quienes atraviesan situaciones de mayor desprotección.

En el tramo final de la misiva, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, al reiterar su llamado a legislar sobre una problemática que, según advierte, ya atraviesa a toda la sociedad.

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“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”. Así festejó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el fracaso de la sesión opositora que buscaba derogar el mega DNU 70/23. El posteo fue replicado por el propio Javier Milei y dejó entrever la importancia que el Gobierno le había dado a la misión de sabotear el quórum.

Los movimientos de los libertarios en la previa de la sesión fueron explícitos y apuntaron directamente a los bloques que responden a gobernadores aliados, que suelen funcionar como el fiel de la balanza. El miércoles, apenas 24 horas antes de la sesión, los libertarios accedieron a incluir límites a la venta de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La maniobra representó un giro de 180 grados, ya que cuando ese mismo proyecto se trató en el Senado los libertarios habían intentado eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros pero tuvieron que retirar el capítulo por el rechazo social. Incluso se produjo una situación paradójica que fue señalada con ironía por la oposición: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que restituye la ley de tierras kirchnerista de 2011.

El Gobierno dejó en claro desde el principio que su prioridad sería evitar la derogación del DNU 70/23 porque causaría un “shock de incertidumbre” que afectaría las inversiones y hasta podría tener efectos sobre el riesgo país. “Si se cae todo el DNU también se vuelve para atrás con la derogación de la Ley de Alquileres o la liberalización del mercado aerocomercial. Sería un caos”, explicaban en la previa.

Si bien los referentes de la oposición encargados de sumar votos reconocían que el segundo fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros, complicó mucho las conversaciones con los bloques provinciales, también advertían sobre la presión que estaba ejerciendo el jefe de Gabinete Diego Santilli sobre los gobernadores aliados.

De hecho, anticipaban que el Gobierno haría concesiones concretas a algunos pedidos de las provincias. El ejemplo más resonante fue el anuncio -horas antes de la sesión- de una convocatoria para la próxima semana a empresas del sector minero y operadores logísticos para analizar medidas que mejoren la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña. En paralelo, el Gobierno adelantó que promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del Ramal C15, clave para la producción salteña por su conexión con Bolivia y con mercados internacionales.

El gobernador Gustavo Sáenz había hecho públicos sus reclamos el lunes a través de las redes sociales. “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

Desde la oposición siguieron con atención los movimientos de los salteños que integran el bloque Argentina Federal que si bien aportó dos presencias al quórum (Bernardo Biella y Pablo Outes) también tuvo una ausencia determinante: Yolanda Vega.

También tuvo un rol destacado el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, que intervino directamente para torcer la voluntad de María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión pero luego se arrepintió y no bajó al recinto. Tampoco lo hizo su coterráneo Carlos Risotti, aunque su ausencia no tomó por sorpresa a la oposición, que nunca lo incluyó en sus cálculos. “Zigarán nos había dicho que iba a dar quórum pero planeaba levantarse cuando se tratara el DNU 70. Pero al parecer pesó más el llamado del gobernador”, explicó a Infobae un integrante de su propio bloque, Provincias Unidas.

El tercer mandatario provincial que jugó fuerte fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia, que responden directamente a sus órdenes, evitaron adelantar su posición en los días previos y finalmente dejaron las bancas vacías. Jaldo se encuentra en plena negociación con la Casa Rosada para la conformación de alianzas electorales o acuerdos de no agresión de cara al 2027.

Menos determinantes fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que le aportó al oficialismo la ausencia de Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas), el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, que restó a los dos integrantes de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, y “Rolo” Figueroa, que acordó la ausencia de Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad. Estos diputados suele actuar en sintonía con los libertarios y su ausencia no generó sorpresa.

Las faltas restantes fueron la cordobesa Alejandra Torres, el misionero Daniel Vancsik, la mendocina Lourdes Arrieta, la bonaerense Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.