POLITICA
A un año de su anuncio, hay fricción en el Gobierno por la demora del “pasaporte dorado” con el que Milei busca inversiones
El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía. Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina
El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025. Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal. Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible.
“Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación. Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos. “Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento”, avisan desde uno de estos tres despachos.
Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa. Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.
Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.
Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.
En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.
Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”. “Faltan revisar algunos aspectos que den garantía de que no se te meta cualquiera y pida una ciudadanía. Hay un proyecto para su reglamentación, pero faltan pulir algunos aspectos entre diversas áreas”, marca un responsable del Ejecutivo.
Una explicación que dio un funcionario de primera línea fue la siguiente: “Imaginate que haya un chino o un ruso que sea financiado por su propio Estado para obtener la ciudadanía. Hay un pedido de estar atentos a este tipo de habilitación de ciudadanías y que no vulneren la seguridad nacional”. Si esa fuera la lógica, el Gobierno no está habilitado a realizar discriminación por nacionalidad porque la normativa sería rápidamente judicializada.
Aun así, al interior de la Casa Rosada emerge la crítica de que “hay funcionarios que no quieren asumir ningún riesgo”.
Según la norma, los interesados deben presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (dependiente del MECON). Esa dependencia evaluaría si el desembolso realizado cumple con los criterios de relevancia y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para aprobar o rechazar el trámite. Es dable resaltar que, anterior e históricamente, el trámite de adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se llevaba adelante ante los juzgados federales -y que, actualmente, existe una disputa en este ámbito, pues varios jueces declararon la inconstitucionalidad del DNU 366.
Volviendo al mecanismo, el análisis de las solicitudes incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia -que depende del Ministerio de Justicia-, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros organismos. El objetivo sería determinar si el otorgamiento de la ciudadanía puede afectar la seguridad o los intereses nacionales.
La reglamentación también dispone que se contemplen estándares de control utilizados por terceros países, entre ellos los vinculados al programa de exención de visas con Estados Unidos. Con el informe de la Agencia ya emitido, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si concede la ciudadanía argentina o rechaza la solicitud.
Respecto del proceso que condujo a esta modificación normativa, resulta particularmente relevante el concurso público internacional llevado adelante entre 2025 y 2026, destinado a seleccionar una firma que asistiera al Gobierno nacional en el diseño e implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión.
En dicho procedimiento se presentaron únicamente empresas extranjeras. Cuando el concurso se encontraba ya en una etapa avanzada, y luego de que dos de las firmas participantes formularan objeciones al informe técnico de evaluación, el procedimiento fue finalmente dejado sin efecto. Sin embargo, en una nota publicada por el Financial Times se dejó en claro que hubo empresas trabajando estrechamente en el diseño de la normativa.
Esta circunstancia plantea un aspecto especialmente sensible desde el punto de vista de la transparencia, la imparcialidad y la prevención de conflictos de intereses. Abogados locales especializados en derecho migratorio plantean que “las mismas empresas que participaron del concurso y que actualmente estarían colaborando o asesorando al Gobierno en el diseño del programa podrían, una vez que éste se encuentre operativo, actuar como intermediarias y presentar solicitudes de ciudadanía correspondientes a sus propios clientes”.
A ello se suma la posibilidad -también mencionada en relación con el diseño actualmente en consideración- de establecer un sistema de “licencias”, mediante el cual únicamente determinados actores o intermediarios autorizados podrían presentar solicitudes para su evaluación. Un esquema de este tipo, que encuentra antecedentes en otros países que han implementado programas de ciudadanía por inversión, podría limitar o desplazar en la práctica la intervención directa de abogados particulares.
El Financial Times publicó una nota el pasado junio marcando que el programa contemplaría dos modalidades: un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” por USD 1 millón. También indicó que la expectativa del Gobierno es que el esquema genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares. El mecanismo de “ciudadanía por inversión” establece el acceso a la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten inversiones en el país, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia.
Esta se diferencia de la “residencia por inversión” establecida en la ley de migraciones, pero abogados especializados en materia migratoria indican que “no está regulada”. “Tengo 100 tipos por día de Emiratos Árabes Unidos que quieren poner negocios acá y les tengo que explicar que no hay regulación y no se sabe cuándo”, confiesa el director de una de las principales firmas nacionales.
De concretarse en esos términos, Argentina sería uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía directa a cambio de una inversión. Quienes ingresen al programa obtendrían, junto con su ciudadanía, el pasaporte argentino, que, en la práctica, representa el acceso sin visa a casi 170 países, más que cualquier otro esquema vigente actualmente.
El Financial Times señaló que el tecno-magnate Peter Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa antes de su lanzamiento oficial.
La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Paula Carello, abogada y ex funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (organismo a cargo del otorgamiento de las ciudadanías, tras la reforma del DNU 366) advirtió oportunamente al Financial Times que los riesgos en materia de seguridad y reputación “probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina”. A nivel internacional, la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de Malta por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, y el Reino Unido eliminó su propio esquema en 2022 en el marco de una ofensiva contra el lavado de dinero.
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En nuestro país la prudencia se volvió sospechosa. Se la confunde con miedo, con falta de ambición o con timidez. Fue hace unos días, y a propósito de la Inteligencia Artificial, cuando en la ONU volvimos a escuchar esta curiosa idea de boca del Presidente de la Nación. Ahora lo audaz parece que es renunciar a regular preventivamente a la IA. Y el que no esté de acuerdo, como siempre, será acusado de tibio o de izquierdista disfrazado de responsable.
No quiero discutir en abstracto. Prefiero bajar esta idea a tierra y preguntarnos qué significa, en concreto, no poner ninguna regla. Pensemos en un banco que deja que una IA decida a quién darle un crédito. La IA aprende de lo que el banco hizo en los últimos veinte años. Si en ese tiempo a los vecinos de ciertos barrios se les prestó menos, concluye que ahí no conviene prestar. Nadie se lo ordenó. Nadie lo decidió. Pero lo aplica miles de veces por día. Y el que vive en esos barrios pide un crédito y recibe un no por su código postal, sin que nadie tenga que explicarle por qué.
Esto no es teoría. En los Países Bajos, entre 2013 y 2020, la administración tributaria usó un sistema automático para detectar fraudes en los subsidios para el cuidado de los hijos. Entre los indicadores de riesgo figuraba la doble nacionalidad. Miles de familias fueron acusadas injustamente y obligadas a devolver dinero que no debían. En enero de 2021 renunció el gobierno entero. Los Países Bajos no son un país desordenado. Pero les pasó igual.
Ahora pensemos en una empresa que no tiene un solo empleado, manejada de punta a punta por una IA. Tampoco es ciencia ficción. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reconocer las “sociedades automatizadas”. Y su posición sobre las reglas es bien explícita.
En enero, en Davos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que su “única tarea” es “que no aparezca ninguna ley de Inteligencia Artificial”. Si una empresa así le niega un crédito a una familia, estafa a un jubilado, comete un fraude o difunde una mentira, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién citarán los jueces?
La pregunta no es abstracta: hasta los legisladores del oficialismo en el Senado introdujeron cambios para que haya personas que respondan. Mientras tanto, los países que se toman en serio esta tecnología hacen exactamente lo contrario: están escribiendo las reglas.
Corea del Sur, el país de Samsung, quiere ser una de las tres potencias mundiales de la Inteligencia Artificial. A principios de este año puso en vigor una ley que identifica los usos más sensibles, como los préstamos, la salud, la educación, las investigaciones criminales y la energía nuclear, y les exige más transparencia y más seguridad. El argumento oficial fue simple: sin previsibilidad legal y sin confianza del público, la tecnología no va a escalar.
Italia fue el primer país de la Unión Europea en sancionar su propia ley. La impulsó el gobierno de Giorgia Meloni. Exige supervisión humana en salud, justicia, educación, trabajo y administración pública, y castiga con prisión a quien use falsificaciones digitales para dañar a otro. Al mismo tiempo, creó un fondo de hasta mil millones de euros para invertir en empresas del sector. Regla e impulso, en el mismo paquete.
En Estados Unidos, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una ley vigente desde este año que prohíbe los sistemas diseñados para discriminar o para asignarles un puntaje social a las personas. Texas puede ser muchas cosas, menos una república soviética.
En Europa, aun cuando este año Bruselas decidió darles a sus empresas más tiempo para adaptarse, la evaluación de créditos siguió en la lista de usos de alto riesgo. Los países serios simplifican y corrigen plazos. Pero no se les ocurre tirar el reglamento a la basura. El ejemplo más elocuente llegó a fines de septiembre, desde Washington. Varios de los máximos responsables de las empresas de Inteligencia Artificial venían advirtiendo en público sobre los riesgos de sus propios productos, y algunos habían pedido reducir el ritmo al que mejoran sus modelos.
Donald Trump, cuya visión nuestro Gobierno dice compartir plenamente, los reunió en la Casa Blanca. Su respuesta fue pedirles que se controlen solos. Firmaron un documento, el Acuerdo de la Casa Blanca sobre la Superinteligencia, que no obliga a nada ni prevé ninguna sanción. Trump lo definió como “moralmente vinculante”. Es como dejar que cada equipo fije sus propias reglas para jugar al fútbol.
Lo curioso es que hasta ese documento reconoce que hacen falta controles externos y que con el tiempo podría tener sentido convertir estos compromisos en leyes. Nada de lo que hacen Corea, Italia, Texas o Europa es obra de marxistas. Son las cosas que hacen los gobiernos responsables. Los que escriben estas reglas quieren atraer inversiones tanto como nosotros. Pero saben algo que la Argentina aprendió de la peor manera: el capital serio no se instala en lugares donde no hay reglas. Busca países donde las reglas existen, se cumplen y no cambian con cada gobierno.
Cuando los que fabrican autos piden frenos, prometer que las rutas no van a tener límites de velocidad no es audacia. Es un error y punto. Aristóteles lo explicó mejor que nadie. El coraje está en el medio entre dos defectos: por un lado, la cobardía, que es el exceso de miedo, y por el otro, la temeridad, que es su falta. El que no le teme a nada no es un valiente. Es un imprudente. Y la prudencia es justamente la virtud que nos permite distinguir una cosa de la otra.
No es un freno para la decisión. Es la condición para decidir bien. Tampoco se trata de desconfiar del progreso tecnológico. La Revolución Industrial terminó mejorando la vida de casi todos. Pero en Inglaterra, entre 1780 y 1840, la producción por trabajador creció un 46% y los salarios reales apenas un 12%. Pasaron sesenta años, una vida laboral entera, para que el progreso llegara a quienes lo producían.
Gobernar una transición es, entre otras cosas, conseguir que la espera no se lleve puesta una generación. En la Ciudad de Buenos Aires nadie espera a que se caiga un ascensor para exigir que alguien lo revise. No es burocracia: es la condición para que la gente se suba tranquila. Cuando gobernamos la ciudad, incorporamos asistentes virtuales y sistemas para asignar mejor los recursos. Y la pregunta que más nos importaba nunca fue qué podía hacer la herramienta. Fue quién respondía cuando se equivocaba. Las reglas no deben frenar la innovación. Al contrario, deben dar los marcos necesarios para crecer.
Los argentinos conocemos muy bien el precio de la imprudencia. Lo pagamos con inflaciones, defaults y promesas que alguien hizo con entusiasmo y que otros tuvieron que pagar. Por eso la discusión sobre la inteligencia artificial es, en el fondo, una discusión mucho más vieja. La prudencia no es de izquierda ni de derecha. Es la virtud de los que saben que sus decisiones las van a terminar pagando otros. Lo contrario no es la libertad. Es irresponsabilidad, venga de donde venga.
Horacio Rodríguez Larreta,LA NACION,Opinión
Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, desalojaron violentamente a los trabajadores del subte que reclamaban sobre la avenida Roosevelt en el barrio porteño de Villa Urquiza.
La manifestación se da en el marco de una protesta por la suspensión de un empleado de manera ilegal, por parte de la empresa. Ello motivó a una medida de fuerza que lleva cinco horas y afecta a más de 750 mil usuarios.
Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio
Los metrodelegados interrumpieron las líneas de subte y premetro
Un sorpresivo paro afectó a todas las líneas de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluido el premetro.
La medida de fuerza la inició este martes por la mañana el sindicato de Metrodelegados, quienes alegan, a través de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que tiene lugar por una orden de detención policial emitida por la Justicia sobre dos de los trabajadores del gremio, que por el momento no se entregaron a la Policía.
Las empresas de colectivos del AMBA reducirán las frecuencias nocturnas por un desfasaje de $ 40.000 millones
Los trabajadores con orden de detención policial son dos cuadros gremiales de los Metrodelegados, Claudio Dellecarbonara y Nestor Segovia. Uno de ellos estuvo atrincherado en una oficina del sindicato.
Dellecarbonara habló ante TN y advirtió que “no vamos a permitir que avancen contra nuestra organización”.
El paro trastoca la ya de por sí compleja red de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyos colectivos y trenes urbanos absorberán la circulación de usuarios del subte.
Se normalizó el servicio del subte y el premetro
Pasadas las 15, Nestor Segovia advirtió: “Apenas lleguen a nuestros compañeros Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, levantamos el paro”. Luego, cerca de las 16, el Gobierno de la Ciudad confirmó que comenzó el normal funcionamiento en las líneas A, C, E, H y el premetro.
La siguiente en sumarse fue la D y por último se restableció la B. El paro duró seis horas.
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POLITICA
Patricia Bullrich se refirió a la posibilidad de ser candidata a presidenta: “Estoy preparada”
La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, señaló la líder de LLA en el Senado en diálogo con TN.
La exministra de Seguridad manifestó que pese a haber estudiado y preparado para encabezar el Poder Ejecutivo, en este momento “no está en esa carrera”. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, consideró.
Bullrich expresó su molestia respecto a ser consultada sobre este tema y acusó: “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo. Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”.
Más tarde fue consultada sobre la interna en el Gobierno, luego de que este martes la mesa política publicara una imagen tras una reunión en la Rosada. La jefa del bloque libertario en el Senado, subrayó: “Yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.
Entre los asuntos que propone como importantes a tratar, Bullrich aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.
Además, habló de la importancia de crear alianzas con otros partidos. “Con los gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio, que son 10, podemos hacer un acuerdo. Con los peronistas que no vayan con su lista también. Se está trabajando, pero también hay que darle velocidad. Hay que generar confianza y bajar incertidumbre. El último año en la Argentina siempre es terrible, pero tenemos tiempo. De octubre a octubre es un tiempo razonable. Además, la economía internacional está deteriorada”, sostuvo Bullrich.
Pese a ello, reconoció que llegar a un acuerdo “no es tan fácil” porque La Libertad Avanza debe “hacer respetar la construcción”. También abogó que uno de los objetivos del Gobierno es tener mayor autonomía en el Congreso: “De golpe, la semana pasada en Diputados estuvimos con lo justo. Hay que nivelar”.
“Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, remarcó.
Otro de los puntos a mejorar, según estimó Bullrich, es la “falta de gobernabilidad” que la administración libertaria tuvo durante el año pasado. “Eso nos llevó a recurrir al apoyo de Estados Unidos. Yo creo que este año no vamos a tener que volver a eso. Las condiciones de la Argentina están como para que haya estabilidad”, continuó.
Por último, la senadora habló sobre el proyecto de ley sobre discapacidad, el cual generó divisiones internas en la mesa política. “Meterlo en en el presupuesto era una bomba atómica. Nadie sabía que iba a aparecer. Incluirlo es chocar contra la pared”, precisó.
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