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Qué es el juicio en ausencia que anunció Javier Milei para quienes exploten petróleo en Malvinas

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El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otras medidas, “dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia” contra quienes participen de operaciones no autorizadas en las Islas Malvinas.

La figura, vigente desde 2025 para terrorismo y crímenes de lesa humanidad, pasaría así a un terreno nuevo: la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa.

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En su discurso, el presidente dijo que el reclamo soberano enfrenta “un peligro claro y urgente”. Señaló que el proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la extracción y, “si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó Milei.

En esa línea, el jefe de Estado firmó un decreto para agilizar las sanciones de la Ley 26.659, un DNU para una base naval en Tierra del Fuego y el envío “con carácter urgente” de la nueva ley.

Ese proyecto, según el discurso, modifica dicha ley para endurecer penas a compañías y proveedores, inhabilita a los infractores a contratar en el país y habilita el juicio en ausencia.

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Javier Milei en cadena nacional sobre Malvinas junto a todo su Gabinete. (Foto: Presidencia)

Hasta ahora, el juicio en ausencia no se contemplaba para delitos económicos ni para empresas. La Ley 27.784, impulsada por el propio Gobierno y sancionada el 20 de febrero de 2025, quedó sujeto a un listado concreto: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otra agresión al Estatuto de Roma, y tipificaciones de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

“El juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo”, sostiene la ley.

Para su aplicación, exige, entre otras, que exista un imputado rebelde, conocimiento del proceso e intentos razonables de captura y garantiza la defensa técnica, registro audiovisual del debate y la chance de un nuevo juicio si el acusado aparece.

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El precedente de la AMIA

En Argentina, su primera aplicación es la causa AMIA. El juez Daniel Rafecas la habilitó en junio de 2025 contra prófugos iraníes y libaneses. La Cámara Federal confirmó el criterio y, en mayo, ordenó seguir hacia el juicio oral.

En su fallo, Rafecas sostuvo que los acusados fueron declarados rebeldes hace años y que nunca respondieron a los pedidos de extradición “a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados”.

Javier Milei participó del acto en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fuente: Presidencia.
Javier Milei participó del acto en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fuente: Presidencia.

La investigación mantiene la postura de que el atentado fue digitado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en Argentina y en la Triple Frontera.

Leé también: La reacción de la prensa británica al anuncio de Javier Milei sobre las Malvinas: “Es algo del pasado”

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Los acusados en este caso son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El 10 de septiembre próximo, Casación escuchará el planteo de inconstitucionalidad de la defensa oficial.

Javier Milei, Islas Malvinas, Gobierno

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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno desmiente a Villarruel por la invitación a la misa del Papa en Palermo

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El Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron envueltos este miércoles en un nuevo contrapunto, esta vez alrededor de la misa del papa León XIV, realizada en el Monumento de los españoles del barrio porteño de Palermo.

Todo comenzó por la tarde, cuando Villarruel respondió a un usuario en la red social X y sostuvo, ante la consulta por su ausencia en la misa papal: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”.

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POLITICA

Unas 20 provincias tienen previsto separar sus elecciones locales de la votación presidencial en 2027

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La cuenta regresiva de las elecciones de 2027 está en marcha. Y en cada provincia, los gobernadores están tomando decisiones sobre la fecha en que se votará a nivel local, con el fin de buscar la mejor ingeniería electoral que los acerque a reelegir en el cargo, o bien conservar el poder para su fuerza política. El próximo año, al menos 20 provincias desdoblarán sus elecciones locales para separarlas de los comicios presidenciales del 24 de octubre.

Cada provincia retiene su autonomía para resolver en qué momento convoca a sus habitantes a elegir a sus representantes para la gobernación, miembros del Poder Legislativo local e intendentes. que viene pasando en los últimos años es que los gobernadores buscan evitar que la competencia por la Casa Rosada arrastre una intención de voto que pueda resultar negativa a los oficialismos provinciales.

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En 2027, Javier Milei se jugará todo por la reelección, y los gobernadores aliados en las provincias temen que un voto opositor les pueda restar puntos en la competencia local. A la inversa, el gobierno nacional necesita que quienes lo acompañaron estos años pongan toda su estructura territorial para obtener un nuevo mandato.

Sin embargo, todo indica que la mayoría de los argentinos votarán varias veces al año. El calendario de las elecciones comenzará en febrero, se extenderá hasta septiembre y atravesará a gobiernos de todos los colores políticos.

Las elecciones, provincia por provincia

Neuquén ya oficializó la convocatoria para el 14 de febrero, la primera fecha confirmada de un esquema electoral fragmentado. Muchas otras provincias todavía no definieron formalmente sus cronogramas, aunque sus gobernadores avanzan con la separación de la votación.

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En los últimos años, los gobernadores buscan evitar que la competencia por la Casa Rosada les arrastre un voto negativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que la provincia celebrará las PASO provinciales el 18 de abril y las elecciones generales el 13 de junio.

Por su lado, Tucumán votará el 9 de mayo, tras la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de apartar la elección provincial de la nacional. Allí se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales.

Salta también prepara una convocatoria anticipada. El gobernador Gustavo Sáenz proyecta realizar los comicios entre el 16 y el 23 de mayo, aunque el calendario aún debe ser formalizado. La provincia utilizará su propio sistema electoral y concentrará la discusión política en la continuidad del oficialismo provincial.

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En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua resolvió avanzar con el desdoblamiento, sin fecha confirmada. Las alternativas que se analizan ubican la votación entre abril y mayo. La estrategia busca que la campaña provincial tenga una dinámica propia, en medio de la reorganización del oficialismo tras la disolución del Frente de la Concordia y el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) como fuerza opositora.

Corrientes también confirmó que elegirá autoridades provinciales en una fecha distinta a la nacional. La provincia no renovará gobernador porque ya lo hizo en 2025, pero el mandatario Juan Pablo Valdés anticipó que los comicios se celebrarán a mitad de año, con junio y julio entre las posibilidades.

Por su lado, uno de los aliados de Milei podría realizar sus elecciones más cerca de las elecciones presidenciales, aunque antes de octubre. Quien evalúa esa posibilidad es el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Las estimaciones apuntan que los comicios sean en la segunda quincena de septiembre.

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, otro de los “radicales con peluca”, anticipó que su provincia también tendrá una elección separada. Como no puede competir por otro mandato, la definición del cronograma dependerá del cálculo político del radicalismo y los suyos para favorecer una eventual sucesión del mandatario.

Chubut evalúa votar entre julio y agosto. El gobernador del PRO, Ignacio Torres, todavía no formalizó la convocatoria, pero también es otro de quienes analiza apartar los comicios locales de la disputa nacional.

Los gobernadores aliados al Gobierno temen que un voto opositor les pueda restar puntos (Foto Telam : Marcelo Ochoa)

Río Negro y Tierra del Fuego también tendrán elecciones separadas. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego ya resolvió desdoblar los comicios provinciales.

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La misma decisión alcanzará a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio; Jujuy, a cargo de Carlos Sadir; La Pampa, conducida por Sergio Ziliotto; y Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán. También se estima que Córdoba, con un perfil cada vez más crítico de los libertarios, separará su elección de la nacional.

Hasta ahora, Catamarca es la única provincia que anunció que votará el mismo día que la elección presidencial. Con esa decisión, ante una posible unidad del peronismo, el gobernador Raúl Jalil tal vez le pueda aportar caudal electoral a la oposición a nivel local en la disputa nacional, a pesar que Jalil prestó apoyo en numerosas ocasiones a Milei en sus reformas. Se especula que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adopte una resolución similar de unificar el calendario.

Más allá de estas decisiones, persisten las dudas sobre la fecha de los comicios provinciales en dos distritos que tienen una incidencia estratégica en la carrera hacia el sillón de Rivadavia.

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Uno de ellos es la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anhela una reelección y que para ello necesita un apoyo claro de los libertarios. Una eventual alianza (o su fracaso) entre el PRO y LLA podría sellar el destino político de la capital.

El segundo distrito donde el misterio continúa es la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, el más populoso de todo el país. La unificación o separación de las elecciones locales repercutirá tanto en la interna del peronismo como en el derrotero de una posible candidatura presidencial del gobernador.

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La visita del Papa abre diferencias entre los libertarios por la ley que busca prohibir la publicidad de las apuestas online

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La visita del papa León XIV a la Argentina reactivó una discusión que el Gobierno mantuvo al margen de su agenda legislativa durante casi dos años: la regulación de las apuestas online. El tema, además, ya genera diferencias dentro de su propia tropa en el Senado.

Al menos cuatro senadores de La Libertad Avanza (LLA) reclaman abrir el debate sobre el juego en línea, que incluye la prohibición de su publicidad en medios, redes sociales y clubes deportivos. El planteo va a contramano de la postura que hasta ahora sostuvo la Casa Rosada, que se opuso a la media sanción de Diputados y promovió una iniciativa alternativa de alcance más limitado.

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La discusión llega en tiempo de descuento. El proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 permanece frenado en el Senado y se acerca al límite de su vigencia parlamentaria. Si no avanza durante las próximas semanas, su tratamiento quedará condicionado a que el Poder Ejecutivo lo incluya en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, algo improbable.

De los 21 integrantes del bloque libertario, al menos cuatro coinciden en la necesidad de abrir el debate: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez. Los legisladores conversaron sobre la problemática y acordaron impulsar su tratamiento, aunque todavía no existe una posición común sobre qué proyecto debería prosperar.

Bullrich, presidenta del bloque, advirtió el viernes en sus redes sociales sobre las consecuencias de la ludopatía entre los menores y sus familias. “Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, anticipó.

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Minutos después, Coto, cercano a Karina Milei, se sumó al reclamo. “La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad. Hay que ponerle un freno”, escribió el fueguino en X.

En diálogo con , Juez avaló la apertura de la discusión y citó a la Iglesia. “La ludopatía se ha convertido en el flagelo más importante por el que atraviesan miles de hogares en la Argentina y un tema tan grave como el narcotráfico. Como dice el arzobispo de Córdoba, le hemos puesto un casino en la mano a cada uno de nuestros hijos”, sostuvo.

El reclamo también encontró respaldo fuera del oficialismo. La senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños) advirtió que “no podemos seguir postergando este debate”, mientras que el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro (Partido Justicialista) pidió tratar la media sanción de Diputados.

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El planteo dentro de LLA

Después de los pronunciamientos públicos, Bullrich trasladó el planteo al grupo de WhatsApp de los senadores libertarios, que ella misma preside. Allí propuso discutir todos los proyectos vinculados con el juego online y la prevención de la ludopatía, sin limitarse a la media sanción de Diputados.

La propuesta incluye también la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, centrada en el combate contra el juego clandestino, y las presentadas por distintos legisladores. La conversación se desarrolló en el grupo del que no participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Normalmente los temas del bloque se discuten ahí”, relativizó uno de sus integrantes.

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A fines de septiembre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una cena con la bancada de senadores de La Libertad Avanza para coordinar la agenda legislativa

Por ahora, los libertarios acordaron incorporar el asunto a su próxima reunión de bloque, donde evaluarán cómo avanzar. Para iniciar el tratamiento deberán convocar a un plenario de comisiones y definir un temario que contemple los proyectos pendientes.

La discusión está en manos de tres senadores oficialistas: Ivanna Arrascaeta, presidenta de Salud; Nadia Márquez, de Legislación General, y Gonzalo Guzmán Coraita, de Justicia y Asuntos Penales. Las tres comisiones recibieron la media sanción de Diputados en noviembre de 2024, pero hasta ahora no impulsaron su tratamiento. En Salud, cabecera de las iniciativas sobre la problemática, aguardan al menos 13 proyectos.

Márquez, Bullrich y ArrascaetaMelisa Romero / Prensa Bullrich

El cambio de posición de una parte del oficialismo coincide con una renovada presión de la Iglesia. Ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzó una petición pública para reclamar la sanción de la ley. El Episcopado ya había pedido formalmente al Senado que avanzara con la regulación de las apuestas online, especialmente por sus consecuencias entre niños y adolescentes.

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La discusión expone, además, diferencias de fondo entre la media sanción de Diputados y la propuesta alternativa que envió el Gobierno al Senado.

El texto aprobado por la Cámara baja prohíbe la publicidad de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, así como los patrocinios de clubes, deportistas y competencias. También elimina los bonos de bienvenida, impide utilizar tarjetas de crédito para apostar y exige verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante controles biométricos vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La senadora salteña Flavia Royón pidió tratar el proyecto sobre ludopatía; dijo que «no puede esperar»Hernán Zenteno – La Nación

La iniciativa del Poder Ejecutivo, en cambio, concentra sus disposiciones en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, sin avanzar sobre la publicidad, los patrocinios deportivos ni las promociones utilizadas por las plataformas legales para captar apostadores.

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También existen diferencias sobre los mecanismos planteados para la protección de menores. Mientras que la media sanción exige controles biométricos, el proyecto oficial establece una obligación más general: las entidades y los proveedores de servicios de pago deberán contar con “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” para verificar la edad de los usuarios y excluir a los menores. No especifica, sin embargo, qué herramientas deberán utilizarse ni establece estándares biométricos obligatorios.

La propuesta del Gobierno tampoco consiguió avanzar en las comisiones del Senado y, según confiaron algunos legisladores, no reúne un respaldo uniforme dentro del bloque libertario.

La media sanción de Diputados, por su parte, fue aprobada con el apoyo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, sectores del radicalismo y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que Pro y parte de la UCR se abstuvieron.

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