POLITICA
El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años

Con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad. A través del Decreto 875/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la medida alcanza a todos los menores a partir de los 14 años y hasta el día en que cumplan los 18 años.
El Ministerio de Justicia es el órgano designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”.
Si bien la medida había entrado en vigencia desde la medianoche del sábado, el decreto se publicó este lunes a las 0.
Ejes y críticas
El Senado de la Nación sancionó en febrero de 2026 el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que contempla penas de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte. La norma —que reemplazó el límite anterior de 16 años— fue sancionada por una amplia mayoría de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según la gravedad del hecho cometido. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.
El abanico de penas alternativas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.
El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.
El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.
“Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo”, afirmó el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo en el inicio del debate.
En ese sentido, la norma establece una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal, eficaz e idónea en su comparecencia ante los tribunales. “Esta ley es invotable, es imposible de votar”, sentenció desde el bloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), quien acusó al Gobierno de usar el debate sobre el agravamiento de penas para los menores de edad para tapar la realidad social.
La radical Carolina Losada (Santa Fe) salió al cruce de quienes critican la baja de la edad imputabilidad por considerar que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de los delitos que cometen,
“Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”, dijo Losada. “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”, insistió.
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POLITICA
El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar para reforzar la presión sobre las petroleras británicas

El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.
La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 18 y evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.
El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.
La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.
La legislación vigente ya establece prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
Uno de los principales cambios previstos es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada considera que esas herramientas permitirían aumentar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de nuevas penalidades dependerá del texto finalmente sancionado, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.
La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo completamente y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
POLITICA
Massa confluye con el peronismo federal y toma forma una corriente interna para enfrentar a Kicillof

Todo lo que se presumía que iba a pasar, efectivamente sucederá. Los sectores del peronismo que permanecen distantes de la aun no proclamada candidatura presidencial de Axel Kicillof confluirán esta semana en torno a Sergio Massa, quien buscará dar un golpe sobre la mesa para equipar la disputa interna en el principal partido de oposición a Javier Milei.
El exministro de Economía, que viene dialogando con dirigentes peronistas y de otras fuerzas afines en estricto perfil bajo, podría subir mañana al escenario -si llega a tiempo de un viaje a San Pablo- junto a referentes del peronismo federal, a figuras como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, y a los intendentes bonaerenses de La Liga.
Según pudo saber , será un acto para 600 dirigentes montado en el teatro de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, donde la convocatoria formal será por el Día de la Militancia peronista. Pero que, en el fondo, buscará presentar en sociedad la reunión de espacios internos que sustentarían una posible candidatura presidencial de Massa en 2027.
En el massismo prefieren presentar a su líder como el articulador de una alianza anti-Milei, aunque para que eso finalmente tome cuerpo, antes tiene que superar la interna peronista, con una eventual competencia en las PASO contra el gobernador Kicillof.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes al acto, mientras que no fue invitado oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa el proyecto de Kicillof, aunque los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pueda ser visto junto a Massa y a los otros referentes peronistas.
Los que serán de la partida son los peronistas federales que surgieron en Parque Norte, con dirigentes como el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel, mientras que también aseguraron su presencia el diputado Pichetto, la cordobesa De la Sota y el histórico senador santiagueño Zamora.
En este último caso, se llegó a especular con el surgimiento de una aventura presidencial, pero el norteño se inclinaría por apoyar un nuevo intento presidencial de Massa. En la misma línea podría presentarse el sanjuanino Sergio Uñac, quien se acercaría al acto pese a que ya manifestó su interés en competir por la candidatura mayor del peronismo.
Entre los convocados al encuentro, que comenzará a las 18, también están los intendentes de La Liga, un grupo de jefes comunales bonaerenses que llegarán a San Fernando -donde el anfitrión será Juan Andreotti– con una delegación integrada por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.
El acto, anticipado a este diario por fuentes partidarias, terminará de blanquear una situación en ciernes dentro del peronismo: la existencia de dos corrientes -una que apoya a Massa y otra referenciada en Kicillof- que pugnan por colocar al candidato presidencial del espacio para competir contra el presidente Milei en las elecciones nacionales de 2027.
En el caso de Massa, si bien empezó a mostrarse públicamente en las últimas semanas, mantuvo el perfil bajo desde la derrota en 2023 frente al propio Milei. Y ahora comienza a emerger como una alternativa frente a un Kicillof que se presenta como una suerte de candidato natural del peronismo, dado que gobierna la provincia más importante del país.
El gobernador bonaerense enfrenta una encrucijada para avanzar con su candidatura, porque Cristina Kirchner no lo bendice y envía señales -desde su reclusión en San José 1111- de que podría apoyar a otro candidato, eventualmente Massa, de cara a las PASO o a una interna partidaria. En ese marco es que el exministro reúne voluntades cercanas a la expresidenta.
El tigrense necesita emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a Milei, en algunas detrás de Cristina Kirchner, pero la expresidenta no está en condiciones legales de competir a raíz de su condena e inhabilitación. De ahí que el acto del martes encienda las alarmas en La Plata, ante un eventual vuelco cristinista en favor de Massa.
Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
Neuquén va a elecciones el 14 de febrero: La Libertad Avanza empieza a definir su estrategia y hay dudas sobre si competirá por la gobernación

La Libertad Avanza de Neuquén se prepara para comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo al 2027. Con varios municipios que ya confirmaron que elegirán autoridades el 14 de febrero, en coincidencia con el calendario provincial definido por el gobernador Rolando Figueroa, el espacio libertario todavía debe definir cómo organizará las candidaturas en cada distrito y quién encabezará una eventual propuesta para la gobernación.
Una primera instancia de discusión tendrá lugar este lunes, cuando se reúna el Congreso partidario. El encuentro será clave para analizar el escenario político y establecer los lineamientos del armado de cara a la campaña de verano. Por ahora no hay decisiones cerradas, pero dentro del espacio reconocen que deberán contemplar distintas variables, entre ellas los plazos judiciales vinculados con la ley de Ficha Limpia.
La situación de Nadia Márquez aparece entre los principales temas a resolver. La senadora nacional y titular de La Libertad Avanza en Neuquén tiene presencia territorial y es una de las dirigentes que podría representar al partido en la disputa por la gobernación. Sin embargo, su eventual postulación está atravesada por las condiciones que establece la legislación provincial de Ficha Limpia, sancionada en 2025.
La norma incluye entre sus restricciones a quienes hayan obtenido una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Márquez accedió a ese beneficio en una causa iniciada en 2013, en la que finalmente fue sobreseída en 2016. La interpretación de la ley y la situación judicial de la senadora serán factores centrales para determinar si puede competir.
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