POLITICA
Una justicia a la medida de la AFA

Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, en marzo último, el entonces juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola no imaginaba que su destino cambiaría velozmente. Son amigos desde hace mucho tiempo y han protagonizado varias correrías juntos. Hace pocos días, Yadarola escaló hasta convertirse en miembro de la poderosa Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir su nuevo puesto, Yadarola cerró la causa que investigaba el ingreso al país, en febrero del año pasado, de diez bultos sin que fueran controlados por funcionarios de la Aduana. Los bultos llegaron al aeroparque de la Capital en un vuelo privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Argentina; él vive en Miami.
María Belén Arrieta, colaboradora muy cercana de Scatturice, fue la única pasajera de ese avión. Los registros de las cámaras del aeropuerto señalan que una funcionaria de la Aduana hizo un llamado telefónico para permitir el privilegiado ingreso al país de Arrieta. Yadarola solo tenía que seguir la cadena de llamados telefónicos hasta establecer qué autoridad del gobierno nacional dio la orden definitiva. No lo hizo. El premio de su amigo Mahiques fue un ascenso, rápido y asombroso, en la misma Cámara donde el gobierno nacional le negó la permanencia al juez Martín Irurzun, un impecable magistrado del fuero federal.
Esos son solo dos ejemplos, el de Yadarola y el de Irurzun, que suponen un drástico cambio en el manejo de la Justicia desde que Mahiques accedió al control de la cartera de Justicia. Yadarola había quedado en el puesto 16° en el examen escrito y anónimo del concurso para ser camarista. Tras la entrevista personal, ascendió al noveno lugar, aún lejos de los seis primeros puestos que conformarían la terna definitiva. Pero uno de los consejeros que representa a los jueces, Diego Barroetaveña, volvió a analizar las entrevistas personales, propuso modificar el orden de mérito y lo ascendió al quinto lugar. El Consejo de la Magistratura lo aprobó, Yadarola ingresó en una terna y fue propuesto por el gobierno para ocupar ese destacado cargo en la Cámara Federal. Su acuerdo en el Senado fue votado por mileístas y kirchneristas. Una extraña convergencia en un mundo sin acuerdos.
Juan Bautista Mahiques no solo es miembro de una familia judicial; cuenta también con una larga carrera que pasó por varias covachas del Poder Judicial. Tiene de igual modo un pasado muy emparentado con los cuestionados dueños del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Los dos están siendo investigados en siete causas judiciales y también por la Justicia de los Estados Unidos y por el FBI. Investigan si cometieron delitos de fraude y lavado de dinero por 400 millones de dólares. El caso más iridiscente, pero no el más importante, es el de la propiedad real de la mega mansión en Villa Rosa, en Pilar, que está a nombre de supuestos testaferros de Tapia y Toviggino. En esa majestuosa casa supuestamente propiedad de los caudillos de la AFA, donde se guardaban 54 autos de colección y de alta gama, celebró sus 74 años el juez Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación (la máxima instancia penal del país); este Mahiques es padre de Juan Bautista, el ministro.
Hay otro Mahiques en la Justicia, el exfiscal y actual juez de la Cámara de Apelaciones porteña Ignacio Mahiques, también hijo del mismo patriarca. Pero este nunca fue cuestionado y, por el contrario, recibió elogios cuando fue coautor, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, del primer dictamen sobre los manejos corruptos del clan Kirchner y Lázaro Báez con la obra pública. Cristina Kirchner está presa por esa causa que tuvo como primeros impulsores a esos dos fiscales y al juez Julián Ercolini. En cambio, su hermano, el actual ministro Mahiques, fue vicerrector de la Universidad de la AFA, una creación ilusoria del inefable Tapia que no cuenta con habilitación legal. Peor: la incuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intimó a la AFA para que cese con la promoción de carreras en esa ficcional universidad porque no tiene autorización para hacerlo.
Mahiques no se detiene en sus favores a los encartados Tapia y Toviggino. El juez Agustín Rubiero acaba de ser ascendido como miembro de la Cámara Nacional en lo Civil, una instancia que intervino en la causa de la AFA por la quinta de Pilar y que dictó la anulación de la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia a la más importante entidad del fútbol. Rubiero es amigo del ministro Mahiques desde la infancia. Fue su asesor cuando este fue representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura. En el concurso para cubrir ese cargo obtuvo el penúltimo lugar en el orden de mérito (terminó en el número 30 entre 31 postulantes). Luego pasó al lugar número 27 y finalmente al 22, tras un examen oral sospechoso. Esa posición le permitía integrar solo la “lista complementaria”, una suerte de banco de suplentes. Rubiero estuvo también vinculado a la AFA como miembro de su tribunal de apelaciones. ¿Será por eso que pasó de integrar la lista suplementaria a la terna definitiva y, ahora, a la designación como juez de la Cámara Nacional en lo Civil?
Es difícil suponer a Javier Milei entretenido con esos recovecos de los tribunales ni sosteniendo una política judicial de apoyo explícito a los investigados Tapia y Toviggino. El Presidente cuestionó siempre y públicamente a Tapia. La política con respecto de la AFA no cambió con Milei; cambió con el ministro Mahiques, quien cuenta con el madrinazgo de la poderosa hermana presidencial.
Otro caso significativo de esa modificación es la promoción de María Pérez Cárrega, que podría ser designada al frente del juzgado en lo Penal Económico número 10. Pérez Cárrega pasó de estar en el lugar 12 en el orden de mérito al número cuatro luego de unos minutos de examen oral; desplazó, así, a varios candidatos con mejores antecedentes. La maniobra fue perfecta: un juez que integraba la terna, Ignacio Labadens, fue designado en otro juzgado y Pérez Cárrega pasó en el acto a integrar la terna. Sobresale la información de que en ese juzgado en lo Penal Económico quedó radicada una de las denuncias más delicadas contra la conducción de la AFA, que es precisamente la que investiga la propiedad de la quinta de Pilar. Actualmente ese juzgado está siendo subrogado por la jueza Verónica Straccia, con fama de buena magistrada, pero podría ser reemplazada definitivamente por Pérez Cárrega.
¿Otro ejemplo? José Miguel Guerrero, amigo del ministro de Justicia y exfuncionario de Mahiques hijo cuando este ocupó anteriormente altos cargos en esa cartera, había quedado en el lugar 32 luego de la evaluación de antecedentes, la prueba de oposición y la etapa de impugnaciones. No tenía ninguna posibilidad de ser juez. Sin embargo, tras la entrevista personal ascendió al puesto 23 y logró incorporarse a una terna como posible juez. O saben hablar, pero no saben escribir, o la influencia de los amigos es lo único que importa en la designación de los jueces.
Ninguna de estas designaciones hubiera sido posible si estuviera vigente la acordada de la Corte Suprema de Justicia, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no firmó, pero para esta clase de cuestiones se necesita solo la mayoría de los jueces que están para convertirla en una decisión de la Corte. Esa acordada propone restringir fuertemente la utilización de la “lista complementaria”, el banco de suplentes, para la designación de jueces; se prohíbe al Poder Ejecutivo que designe a dos postulantes de una misma terna, y, sobre todo, se elimina la discrecionalidad de las entrevistas personales. Estos exámenes orales son los hacedores de milagros para pasar del último a los primeros lugares después de una simple conversación.
Para estar vigente, esa acordada necesita hacerla suya una mayoría simple del Consejo de la Magistratura, integrada por 20 representantes de distintos estamentos políticos, judiciales y académicos. Se necesitan 11 votos. Los representantes políticos del Senado y de la Cámara de Diputados son ocho; hay uno que representa al Gobierno y otro eventual voto podría ser el de Rosatti, que también preside el Consejo. Pero es la política la que impide alcanzar ese número; prefiere quedarse con la arbitrariedad que predomina actualmente. Los políticos que están ahora no quieren perder la oportunidad de nombrar y destituir jueces, que es la función del Consejo, y los que están en la oposición imaginan que algún día accederán al poder y podrán hacer lo mismo. Es la política la que corrompe a la Justicia, y luego es la Justicia la que debe juzgar a los políticos. No nos sorprendamos después, cuando las causas que investigan a políticos duermen durante décadas en los despachos de los jueces, hasta que alguien en los tribunales dicta las prescripciones porque transcurrió el “tiempo razonable”.
Puede ser una casualidad, si es que las casualidades existen cuando se construye la política. Pero lo cierto es que la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia coincidió con una resolución de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y el mismo Barroetaveña del Consejo de la Magistratura, por la que la investigación sobre la propiedad de Pilar, que sería de los dueños de la AFA, pase al juzgado federal de Campana, donde el juez Adrián González Charvay, la esperaba con los brazos abiertos. Tapia y Toviggino esperaban lo mismo. El fiscal de esa Cámara, Mario Villar, acaba de apelar tal despropósito con un duro dictamen sobre la decisiones de los dos jueces. Villar calificó de “arbitraria” la resolución de los magistrados y señaló que “puede sembrar dudas acerca de la imparcialidad” de Borinsky y Barroetaveña.
Borinsky es candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, que deberá tener como primera firma, si fuera así, la del ministro Mahiques. Y Barroetaveña fue hasta fines del año pasado presidente del tribunal de ética de la AFA. Villar llegó al extremo de plantear la suspicacia de que detrás de tantas disputas por la competencia del caso podría esconderse una maniobra de “forum shopping”, que es la forma como los interesados logran acceder al juez que más les conviene. El fiscal sostuvo que no alcanza con mirar dónde están las bienes presuntamente comprados con dinero ilícito, sino que deben analizarse prácticas corruptas mucho más amplias. Y también los lugares donde se habrían tomado las decisiones y organizado las operaciones inmobiliarias. Villar sostiene que el lugar de la investigación es la Capital Federal y no Campana porque en la Capital, entre otras razones, está la sede histórica y real de la AFA, en la calle Viamonte.
No bien asumió Mahiques, Milei firmó un decreto por el que modificaba un decreto de Néstor Kirchner, obligado en sus primeros meses como presidente a portarse bien con la designación de jueces luego de los zafarranchos que había hecho con la justicia provincial como gobernador de Santa Cruz. La modificación del actual presidente encoge seriamente los márgenes de transparencia y de control ciudadano de los jueces postulados. Hasta hace poco, reinaba una virtual acefalía en casi la mitad de la Justicia; un 40 por ciento de los cargos de jueces estaba vacante. La obligación del Gobierno era cubrir esos despachos desérticos de los tribunales. Pero no cualquier decisión es buena. Una cosa es la necesidad de ocupar lo que está desocupado, y otra cosa es llenar los vacíos en el Estado con amigos y compinches.
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POLITICA
Pases de factura, dos provincias en la mira y mensajes furiosos en redes tras la sesión caída en Diputados

El Gobierno quedó en offside este miércoles después de convocar a una sesión que tuvo que dar de baja porque no consiguió quorum. Se iban a tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que Javier Milei sigue en persona y que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año.
Con una debilidad política expuesta justo en un momento en que necesita estar fuerte para aprobar la reforma eletoral, el oficialismo dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas.
La primera reacción del Gobierno fue hablar de una “jugada inesperada” de los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).
Después, los operadores en redes ligados a Santiago Caputo cargaron contra el titular de Diputados, Martín Menem, a quien acusaron de no moverse lo suficiente por conseguir los votos para la ley Malvinas, ya que estuvo orquestada por el asesor presidencial.
En la Casa Rosada se tiraron la pelota respecto a quién negoció los votos para esta iniciativa, que finalmente no aparecieron. “Si no no abrís la sesión con semejante paquete (…). Debían estar confiados y no puntearon bien los números”, replicaron desde un despacho directo a Diputados.
Es cierto que los legisladores que responden a Pullaro y Llaryora no bajaron al recinto. Según pudo averiguar , hubo un fuerte malestar en ese espacio porque el oficialismo no llamó a comisión para tratar el proyecto de biocombustibles que fogonean esas provincias, por lo tanto, no fue incluido en el temario de hoy.
Asimismo, esos sectores reclaman una silla en el Consejo de la Magistratura, que Cristian Ritondo pretende direccionarle a Pro.
Convencidos de que Menem jugó para Ritondo en las dos cuestiones, los santafesinos y cordobeses se ausentaron. “Nos están boludeando. Hay que plantarse”, se escuchó en la bancada de Provincias Unidas, donde hay enojo por la cantidad de veces que contribuyeron con la Casa Rosada sin retribución, según entienden.
En el oficialismo de la Cámara de Diputados y el karinismo se agarraron de esa interna entre Ritondo y Provincias Unidas, que tiene como voz cantante en estos temas a Gisela Scaglia, jefa del bloque pero también exvicegobernadora de Pullaro, y dejaron ahí las culpas por la sesión caída.
“Fue una cuestión de mezquindad política. Pro no quiere los biocombustibles, Menem no lo puso por pedido de Ritondo, y se sumó la interna por el consejero de la Magistratura. Entonces en Provincias Unidas se enojaron, habían dicho que se sentaban y no se sentaron”, fue una de las explicaciones que se escuchó en los pasillos oficiales.
En esa misma línea se expresaron en sus cuentas de X diputados nacionales que responden a Menem, como Gabriel Bornoroni y Romina Diez, quienes hablaron de “intereses mezquinos”, sin hacer alusión directa a los santafesinos y cordobeses.
Luego del fracaso legislativo, hubo reproches de Menem a Scaglia y los suyos por no acompañar. También quejas de la bancada de las provincias, que sienten que el Gobierno no cumple con lo prometido. “Si les alcanza con la alianza con Pro y parte de los radicales, que gobiernen con eso entonces”, replicaron los diputados que tienen terminal en los dos gobernadores que hicieron una demostración de poder a la Casa Rosada este miércoles.
El Gobierno tampoco pudo salir de punta contra Llaryora y Pullaro porque los necesita para dar de baja las PASO, una iniciativa que el Gabinete considera clave en el camino a la reelección de Milei.
La interna de LLA
Pero las interpretaciones fueron más allá y volvieron a revolver la interna oficialista. Los personajes más influyentes del esquema de redes que tiene terminales en Santiago Caputo culparon a Menem por la sesión fallida.
“Es como que hay un sector al que no le interesa la ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, ¿no? Como si la política les importara más que la Patria», escribió el diputado bonaerense Agustín Romo, en un dardo solapado a los Menem.
A los minutos se sumó Daniel Parisini (en redes, Gordo Dan), principal propagandista libertario, quien acotó: “Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”.
En su momento, Santiago Caputo había planteado la necesidad de que la Argentina recupere las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”.
El menemismo, tras bambalinas, rechazó las acusaciones y habló de “miles de instancias” de negociaciones para encauzar la ley que todavía no consigue aprobación. “Están diciendo boludeces”, se escuchó en el bloque de Diputados.
Por su parte, Santiago Caputo no replicó los mensajes de Romo y Parisini, pero sí uno de Nicolás Promanzio, también de su entorno, que no arremetía directo contra los Menem, sino que decía que en la Argentina hay “políticos de mierda”, con un “nivel de irresponsabilidad total”.
“Siempre les chupó y les va a seguir chupando un huevo (sic) hacer las cosas bien. Solo les importa rosquear un lugar de mierda en un Consejo inútil y aprobar sus changuitas electorales. Por eso la sociedad los va a odiar siempre. Porque son unos negligentes. Y le quieren seguir dejando todo en bandeja a los piratas, como siempre lo hicieron. Basuras. Ojalá recapaciten rápido y estén a la altura de lo que la Nación demanda”, dijo Promanzio. Caputo avaló esas expresiones. “Así piensa un ciudadano libre. Alguien no contaminado por la mierda de la política. Qué bueno que todavía haya voces que representen al ciudadano libre”, marcó el asesor.
Por ahora, en Diputados sueñan con volver a llevar el proyecto al recinto la semana que viene, pero el escenario todavía no está así de claro en los aliados.
El cimbronazo despertó dudas respecto del devenir de la reforma política, que negocia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, porque en el mismo momento el Gobierno también desistió de las colectoras para intentar hacer caminar la anulación de las primarias para 2027, con los números y los tiempos al límite.
Voces oficiales de la Casa Rosada intentaron llevar calma. “Los gobernadores son los mismos, pero las negociaciones se están manejando por carriles distintos”, se confiaron.
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POLITICA
Reforma electoral: el Gobierno consiguió dictamen y la suspensión de las PASO se tratará el jueves 26 en el Senado

El Gobierno finalmente aceptó retirar las colectoras del proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen que contempla la suspensión de las PASO de 2027. El proyecto se tratará el próximo jueves en el Senado.
El principal obstáculo para alcanzar el consenso era la incorporación de las listas colectoras, una modificación negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados. El PRO, que ya manifestó su apoyo a la suspensión de las primarias, mantenía su rechazo a ese punto de la iniciativa.
Al inicio de la sesión la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que “dejaron fuera del proyecto el sistema de adhesiones”.
Al finalizar la reunión en Comisión, Bullrich afirmó: “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”. Por otra parte, confirmó que el proyecto sostiene Ficha Limpia, que alcanzará a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, dijo.
Entre los cambios acordados, Bullrich señaló que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.
Noticia que está siendo actualizada.-
Senado
POLITICA
El Tribunal Superior de Justicia porteño limitó la actualización de intereses por despido a la nueva ley de Modernización Laboral

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) impuso límites a la indemnización por despido de acuerdo con la denominada ley de “Modernización Laboral”, en lo que marca la jurisprudencia del tribunal en la materia, en consonancia con la Corte Suprema de Justicia.
Por mayoría, el máximo tribunal porteño hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A. y revocó una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Lo que la Corte porteña dispuso es que los intereses y la actualización de la indemnización por despido se determinen l régimen establecido en el artículo 55 de la nueva legislación, aprobada el 28 de febrero pasado.
El 6 de marzo de 2026, durante el trámite judicial, entró en vigencia esta nueva norma número 27.802. Allí se establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios en trámite que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni ser inferior al 67% del monto que surgiría de aplicar esa fórmula.
Ahora, con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia porteño falló en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.
La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización por despido y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben la indexación. Había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC), más un interés puro del 3% anual.
Frente a ello, el Banco Hipotecario recurrió ante el TSJ al alegar arbitrariedad y apartamiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.
La empleada del Banco Hipotecario que fue despedida planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, lo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.
En esta sentencia, el TSJ sostuvo que la declaración de invalidez de una ley es el último recurso al que se puede acudir.
Los magistrados destacaron que el esquema transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad.
Señalaron que el piso mínimo del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad sentada por la Corte Suprema de Justicia.
Decidieron que el artículo 55 de la Ley 27802 resulta aplicable para determinar la forma de actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.
Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el momento del cobro efectivo para no perder su valor frente a la inflación.
En este fallo, el Tribunal Superior de Justicia definió qué regla debe usarse en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la denominada ley de “Modernización Laboral”.
La mayoría del tribunal resolvió que es válida la fórmula fijada por el Congreso para estas causas pendientes. Se calcula el interés con la tasa pasiva del Banco Central, garantizando que el monto final nunca sea menor al 67% de lo que resulte de actualizar el capital por inflación (IPC) más un 3% anual, ni mayor al 100% que resulte de actualizar el capital con la misma fórmula.
Votaron por la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, y votaron en disidencia Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.
En su voto conjunto, De Langhe y Otamendi sostuvieron que no es irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales.
Tampoco consideraron discriminatorio que el artículo 55 trate a los juicios en curso de manera diferente que el artículo 54, que regirá para los casos nuevos.
Según los jueces, se trata de un mecanismo transitorio, pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.
Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Allí puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula, y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso.
Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo. “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó.
Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor, y además por el hecho de haber ido a la Justicia.
Para ilustrarlo, hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.
Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Y, según el voto de la minoría, los 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.
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