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Malvinas: el primer ministro de Reino Unido advirtió que será “implacable” en defender el derecho de los isleños a ser británicos

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El primer ministro británico, Andy Burnham, prometió este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños de Malvinas a ser británicos, en una sesión parlamentaria dominada por el debate sobre el gasto en defensa y el recrudecimiento de las tensiones con Argentina.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó Burnham durante la sesión de preguntas parlamentarias. El premier no citó por su nombre a Milei ni a Argentina en ningún momento de su intervención.

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La sesión fue impulsada por la líder conservadora, Kemi Badenoch, quien planteó el tema de las Islas Malvinas directamente. “No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (…) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”, afirmó, según consignó EFE. En otro pasaje de su intervención, Burnham prometió el mayor presupuesto de defensa desde la Guerra Fría.

En 2013, un referéndum celebrado en el archipiélago del Atlántico Sur —bajo administración británica desde 1833— arrojó resultados contundentes: el 99% de los participantes eligió permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Esos resultados son desde entonces invocados por todos los gobiernos británicos para zanjar la cuestión de la soberanía.

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Burnham mencionó a las Islas Malvinas (utilizó el nombre “Falklands”) en un solo momento durante la sesión, que se extendió por más de una hora, en respuesta a la pregunta de la legisladora Badenoch sobre el gasto en defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en (la isla) Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.

Con relación a los cuestionamientos sobre el gasto en defensa, indicó: “Cumpliremos nuestro compromiso con la OTAN: 3,5% para 2035, con una fecha objetivo para el 3%, y todo eso se detallará en la revisión de gasto”. Y agregó: “Este canciller, más que ningún otro, estará dispuesto a proveer ese financiamiento a nuestras Fuerzas Armadas. El compromiso de este gobierno con la defensa del país es absoluto”.

Un día antes a la presentación de Burnham, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, compareció ante el Parlamento y buscó bajar la tensión: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, indicó en su exposición.

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La cuestión Malvinas se reactualizó el viernes pasado, cuando Milei afirmó que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.

Milei fue más lejos y avanzó con denuncias y sanciones a las compañías extranjeras que extraigan recursos naturales —principalmente petróleo— de las islas “sin autorización argentina”.

En esta línea, y en paralelo al debate en Westminster, el gobierno argentino intensificó su ofensiva judicial e inició procedimientos sancionatorios contra otros 15 empresarios que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en aguas circundantes a las Malvinas sin autorización argentina. La medida se suma a otros procedimientos ya iniciados.

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Entre los nuevos alcanzados figuran Shlomo Eliahu Holdings, accionista de Navitas Petroleum, de Israel; cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group y HBOS Investment Fund Managers, del Reino Unido; SMR Advisors, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank, de Israel. También quedó incluido David Harry Williamson Dobson, presidente no ejecutivo de Borders & Southern Petroleum, compañía dedicada a la exploración de hidrocarburos en las islas desde hace años. Dobson, financista con trayectoria en minería y petróleo, fue uno de los fundadores de Kirkland Lake Gold y tiene residencia en Mónaco.

La lista suma además a seis accionistas y directivos de Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, cofundador y CEO; Keith Hill, con más de cuatro décadas en exploración y exdirectivo de Shell y Occidental Petroleum; Peter Nicol, exresponsable del sector petrolero en Goldman Sachs; Alan Friedman, abogado y cofundador de la empresa; Gadi Levin, director financiero; y Alice Carroll, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios. Eco Atlantic busca obtener exposición a la licencia PL001 offshore Malvinas mediante la adquisición de JHI Associates, cuya licencia es lindera al proyecto Sea Lion.

Entre los proveedores estratégicos alcanzados por las sanciones sobresale Bluewater, empresa neerlandesa propietaria del buque Aoka Mizu, la plataforma flotante de producción prevista para Sea Lion.

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El gobierno además realizó una denuncia penal ante la Cámara Federal porteña, a cargo del canciller Pablo Quirno con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación invoca el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, se indicó desde la Oficina del Presidente en un comunicado.

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En medio de la sesión en Diputados, familias marchan al Congreso para que el Gobierno cumpla con la ley de Discapacidad

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Familias de personas con discapacidad y representantes del sector se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para reclamar la implementación efectiva de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y exigir que su vigencia se extienda hasta diciembre de 2027.

La protesta, convocada por el Foro Permanente de Discapacidad, comenzó a las 11 en la Plaza del Congreso y coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición consiguió avanzar con el tratamiento de la emergencia.

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En una de las primeras votaciones, 249 diputados votaron a favor de acelerar el tratamiento, incluidos legisladores del oficialismo y sus aliados. De esta manera, se aprobó el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para que analicen el proyecto.

El cronograma establecido contempla una reunión informativa para el miércoles 16 de septiembre a las 12 y una segunda reunión el miércoles 23, también al mediodía, para emitir dictamen.

El pedido de las organizaciones es que la emergencia en discapacidad sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El reclamo de las familias frente al Congreso

La Ley 27.793 fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2025 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Por eso, desde el Foro Permanente de Discapacidad impulsaron la movilización para instalar el reclamo y pedir que las autoridades nacionales garanticen el cumplimiento de la normativa.

Desde el sector sostienen que la crisis del sistema se profundizó durante los últimos meses. Entre los problemas que enumeran están los aranceles por debajo de los valores necesarios, la falta del estudio de costos previsto por la ley, las pensiones por discapacidad pendientes y el incumplimiento en el pago de las compensaciones de emergencia.

Las familias reclaman frente al Congreso mientras debaten los Diputados. (Foto: TN)

La situación también afecta a los profesionales y prestadores que brindan atención a las personas con discapacidad. Las familias temen que la falta de pagos termine poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones. Una de las madres que participó de la marcha habló con TN y explicó por qué decidió movilizarse.

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“Estamos reclamando hace varias manifestaciones que la Ley de Emergencia en Discapacidad se cumpla y que se debata una prórroga hasta diciembre de 2027”, sostuvo.

La mujer contó que algunos de los profesionales que atienden a su hijo tienen pagos pendientes desde abril. “Varios terapistas, prestadores, no están cobrando desde abril y corren riesgo las prestaciones. Yo necesito estar acá para acompañar al equipo que lo atiende”, explicó.

Leé también: Milei le pidió a la oposición que apoye en el Congreso los proyectos por Malvinas: “Es una causa nacional, no puede haber grieta”

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Sobre su situación, agregó: “Él va a una escuela especial porque no sabe leer, expresarse ni retener esfínteres y va a un centro terapéutico para que pueda ser lo más independiente posible. Necesito de las herramientas de ese centro”, expresó.

La madre también advirtió sobre el impacto que tiene la falta de financiamiento en las instituciones: “Se reclama que muchos centros de día están cerrados y las familias no sabemos qué hacer. Si no les pagan, por más que tengan amor y pasión, no pueden vivir”.

Otro de los manifestantes cuestionó la situación actual de la ley y aseguró que su implementación es parcial. “Está judicializada y está implementada a medias, no hay actualización en las prestaciones, se van cerrando trayectos con las combis, se va afectando la salud, la educación y la integración de nuestros hijos”, señaló.

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Qué falta para que avance el proyecto

Con la votación de este miércoles, la Cámara de Diputados determinó que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda deberán avanzar con el tratamiento del proyecto.

El próximo paso será la reunión informativa prevista para el miércoles 16 de septiembre a las 12. Una semana después, el miércoles 23, las comisiones volverán a reunirse para intentar emitir dictamen.

En febrero de este año, después del vencimiento del plazo judicial, el Gobierno nacional promulgó mediante un decreto la reglamentación de la normativa.

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La medida estableció criterios para el régimen de pensiones y dispuso el traslado de la política de discapacidad al Ministerio de Salud. Sin embargo, desde el sector señalan que la ley no fue reglamentada en su totalidad y que tampoco se definió el financiamiento de las prestaciones.

Esos puntos continúan formando parte de los principales reclamos de las familias y organizaciones que este miércoles se concentraron frente al Congreso.

El reclamo también llegó a las provincias

La movilización no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. Distintas provincias se sumaron al reclamo por la emergencia en discapacidad.

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En Córdoba, por ejemplo, se confirmó una convocatoria para este miércoles a las 12 en la Plaza San Martín.

Discapacidad, marcha, Protesta

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Berni se diferenció de Kicillof en la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad

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El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se refirió a la polémica decisión de una jueza de suspender por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Criticó la medida, remarcó que él fue uno de los primeros en exigir la aplicación de un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina y habló sobre cómo haría las cosas en caso de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

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“Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que empezar a aplicar esta nueva Ley Penal Juvenil, independientemente de seguir reclamando los fondos a la Nación para poder llevar adelante todas las reformas que hay que hacer en materia de resocialización”, afirmó este miércoles por la mañana en diálogo con LN+.

Respecto de la determinación de la jueza Marta Pascual —que resolvió una “acción de habeas corpus preventivo colectivo” presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, ligada a la Iglesia Católica argentina—, el actual senador provincial consideró que se trató de una medida “contradictoria”.

Berni, jefe del bloque peronista en el Senado bonaerensePrensa Senado PBA

“Como hombre de ley, los amparos colectivos, la verdad, no me generan mucha simpatía”, expresó y añadió: “Pero bueno, tampoco me parece que podemos desviar la discusión por la definición que tomó la jueza, porque, en definitiva, lo único que hizo fue suspender la medida por 60 días. No hizo más que eso”.

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En ese marco, apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y se diferenció de su forma de proceder al frente de la gestión. “Yo no soy el vocero del gobernador. Si Sergio Berni fuera gobernador, no tenga ninguna duda de que esa ley ya hubiera entrado en vigencia”, subrayó el exministro y enumeró: “Durante estos seis meses hubiera preparado uno de esos institutos de menores para que sea un modelo de resocialización y discutiría, obviamente, por la vía que sea, la transferencia de fondos de la Nación a la provincia. Pero mientras tanto, hubiera hecho todo lo que tengo que hacer, porque en el medio hay menores que cayeron en la delincuencia y necesitan ser resocializados”.

“No quiero ser autorreferencial y lo digo con toda humildad, pero el primero en levantar la voz, pidiéndole y exigiéndole a los diputados y senadores de nuestro país, hace más de 15 años, que había que discutir una nueva Ley Penal Juvenil y, dentro de lo que había que discutir, era bajar la imputabilidad, es quien les habla”, afirmó Berni.

El ministro Sergio Berni junto al gobernador Axel Kicillof en un acto oficialPrensa PBA

“No solamente estoy de acuerdo con la ley, sino que creo que es totalmente necesaria”, reiteró en otro tramo de la entrevista. “No tengo ninguna duda. Pero en el medio empiezan a aparecer diferentes intereses: intereses de aquellos que tienen una mirada garantista, de aquellos que no creen en el sistema penal, aquellos que quieren prácticamente pena de muerte”, lamentó y cerró: “Y en el medio pasan estas cosas: una jueza que entiende que en el sistema de encierro penal juvenil en la provincia de Buenos Aires no están dadas las condiciones y suspende la medida por 60 días”.

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La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.




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La oposición forzó al oficialismo en Diputados a tratar los proyectos de morosidad y discapacidad

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El bloque de La Libertad Avanza apeló a una estrategia de contención y definió ingresar al recinto a la espera de que la oposición consiguiera quórum en la sesión en la que se trató el emplazamiento a las comisiones con el fin de tratar los proyectos de morosidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La intención fue simple: negar la foto de un recinto con la mitad de las bancas vacías.

Así, en una imagen inusual, minutos antes de las 12 de mediodía -hora establecida para el inicio de la sesión- los legisladores libertarios y sus pares del peronismo y Provincias Unidas ingresaron al recinto. El bloque de la LLA, que había hecho trascender que iba a dar quórum, se quedó parado al lado de sus bancas y cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que había 135 diputados presentes, tomaron asiento y marcaron su presencia.

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Sólo dos bloques se mostraron ausentes: el PRO y la UCR, quienes señalaron que no iban a avalar “una sesión pedida por el kirchnerismo”. Además, en estos sectores que actuaron siempre en consonancia con LLA, había enojo por el cambio de posición del oficialismo: “acordaron con el kirchnerismo”, se escuchó decir a una diputada.

En la reunión previa a la sesión, en Labor Parlamentaria, las partes llegaron a un acuerdo respecto de los tiempos. En este aspecto, se estableció que en el caso de Discapacidad el emplazamiento establecía un Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con fechas miércoles 16/9 de carácter informativa y miércoles 23/9 dictamen.

RSFotos

En el caso del debate por morosidad, el cronograma establece un Plenario de Finanzas y Defensa al Consumidor martes 15 y 22 de carácter informativa y martes 29 de septiembre dictamen.

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En este esquema la oposición se sumó otra victoria y es que el oficialismo aceptó que la comisión de Presupuesto no participe de este debate.

En el comienzo de la sesión la oposición en voz del diputado Juan Marino pidió que se vote la habilitación del tratamiento del proyecto de ley de prórroga discapacidad que no cuenta con dictamen. En esta votación, LLA y sus socios no apoyaron pero, a la hora de votar el emplazamiento que pidió el mismo diputado de Unión por la Patria, hubo unanimidad: 249 votos a favor, 0 en contra.

En este momento se volvió a ver la estrategia libertaria. Tanto desde las bancas de los sectores de la oposición que impulsaron la sesión como del oficialismo, se aplaudió en modo triunfo. “Si todos son ganadores se licúa.”

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“Ellos -por LLA- van a querer mostrarse como permeables al debate, pero lo cierto es que perdían y nosotros pasamos de 133 diputados a 249”, dijo uno de los diputados de la oposición que impulsó la sesión.

El mismo esquema de votación fue para el tratamiento de la treintena de proyectos de morosidad pero la novedad fue que en este caso hubo un voto en contra: el santacruceño José Luis Garrido.

“El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias.Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones de argentinos que están megaendeudados para pagar gastos corrientes.Esta votación coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos”, dijo el radical de Unidos Pablo Juliano, uno de los impulsores de la sesión junto a Germán Martínez de Unión por la Patria.

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Mientras la oposición se iba conforme, el oficialismo buscó opacar el triunfo del resto de los bloques. Primero, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, se encargó de señalar que el cronograma que se votó es el mismo que ya existía.

Desde la oposición sonreían. “La diferencia entre un plan de trabajo y un emplazamiento es que el primero se puede modificar y el segundo no. ¿Y por qué le vamos a creer si estamos discutiendo un tema que el Presidente nieva -morosidad- y otro que vetó -discapacidad?“.

Donde el oficialismo dice haberse anotado un pororto es que en los temas de morosidad no participe la comisión de Presupuesto. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”.

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