El oficialismo volvió a quedar bloqueado en el Senado, suspendió la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles y perdió la posibilidad de sesionar mañana por falta de votos, en un escenario atravesado por la disputa por los biocombustibles y por un clima político más condicionado por la dinámica electoral en las provincias.

La reunión estaba convocada para las 14 horas con el objetivo de ordenar una sesión que, hasta poco antes, aparecía como casi segura. Una fuente de la Cámara Alta resumió el motivo de la marcha atrás: “No estaban los votos”.

Según Infobae, la suspensión se intentó explicar por la superposición con un plenario de comisiones, pero el problema de fondo era otro: el oficialismo no había logrado cerrar apoyos suficientes para avanzar. La caída de Labor Parlamentaria arrastró también la sesión que La Libertad Avanza buscaba impulsar este jueves.

En paralelo, en el Salón Illia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendía el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Ese movimiento institucional contrastó con la falta de acuerdo político en el recinto, donde el bloque oficialista no consiguió resolver las diferencias entre senadores de provincias productoras de combustibles de origen vegetal.

El punto que concentra la mayor resistencia es la ley vinculada a los biocombustibles. Un senador opositor describió el núcleo del conflicto con una frase directa: “El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”.

“El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”. La agenda que el bloque mileísta había terminado de cerrar en un encuentro informal con aliados incluía cambios en los cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad. La jefa de esa bancada es Patricia Bullrich, senadora por Capital Federal.

La tensión principal dentro del debate sobre combustibles renovables enfrenta a los sectores del bioetanol y del biodiésel. Se trata de una discusión sensible para varias provincias, porque impacta sobre intereses productivos distintos y ya provoca cruces dentro de las propias bancadas de la Cámara Alta, de acuerdo con lo que había anticipado el medio en los últimos días.

“Hay varias provincias disconformes. Estamos viendo como lo solucionamos, pasa todo para la semana que viene”, agregó una fuente del oficialismo. “Es cierto que hay algunas empresas que están subsidiadas, pero así nacieron con la ley y hay que darles tiempo para acomodarse”, agregó.

El traspié expone un cambio de clima en el Senado. El escenario actual contrasta con el primer semestre, cuando el oficialismo consiguió exhibir victorias y una capacidad de negociación más pragmática bajo la conducción de Bullrich.

Ahora, a La Libertad Avanza le cuesta avanzar en iniciativas que vayan más allá de la aprobación de pliegos. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

La sesión que el oficialismo quería celebrar este jueves quedó descartada por esa combinación de factores. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

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Familias de personas con discapacidad y representantes del sector se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para reclamar la implementación efectiva de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y exigir que su vigencia se extienda hasta diciembre de 2027.

La protesta, convocada por el Foro Permanente de Discapacidad, comenzó a las 11 en la Plaza del Congreso y coincidió con la sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición consiguió avanzar con el tratamiento de la emergencia.

En una de las primeras votaciones, 249 diputados votaron a favor de acelerar el tratamiento, incluidos legisladores del oficialismo y sus aliados. De esta manera, se aprobó el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para que analicen el proyecto.

El cronograma establecido contempla una reunión informativa para el miércoles 16 de septiembre a las 12 y una segunda reunión el miércoles 23, también al mediodía, para emitir dictamen.

El pedido de las organizaciones es que la emergencia en discapacidad sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

El reclamo de las familias frente al Congreso

La Ley 27.793 fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2025 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Por eso, desde el Foro Permanente de Discapacidad impulsaron la movilización para instalar el reclamo y pedir que las autoridades nacionales garanticen el cumplimiento de la normativa.

Desde el sector sostienen que la crisis del sistema se profundizó durante los últimos meses. Entre los problemas que enumeran están los aranceles por debajo de los valores necesarios, la falta del estudio de costos previsto por la ley, las pensiones por discapacidad pendientes y el incumplimiento en el pago de las compensaciones de emergencia.

La situación también afecta a los profesionales y prestadores que brindan atención a las personas con discapacidad. Las familias temen que la falta de pagos termine poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones. Una de las madres que participó de la marcha habló con TN y explicó por qué decidió movilizarse.

“Estamos reclamando hace varias manifestaciones que la Ley de Emergencia en Discapacidad se cumpla y que se debata una prórroga hasta diciembre de 2027”, sostuvo.

La mujer contó que algunos de los profesionales que atienden a su hijo tienen pagos pendientes desde abril. “Varios terapistas, prestadores, no están cobrando desde abril y corren riesgo las prestaciones. Yo necesito estar acá para acompañar al equipo que lo atiende”, explicó.

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Sobre su situación, agregó: “Él va a una escuela especial porque no sabe leer, expresarse ni retener esfínteres y va a un centro terapéutico para que pueda ser lo más independiente posible. Necesito de las herramientas de ese centro”, expresó.

La madre también advirtió sobre el impacto que tiene la falta de financiamiento en las instituciones: “Se reclama que muchos centros de día están cerrados y las familias no sabemos qué hacer. Si no les pagan, por más que tengan amor y pasión, no pueden vivir”.

Otro de los manifestantes cuestionó la situación actual de la ley y aseguró que su implementación es parcial. “Está judicializada y está implementada a medias, no hay actualización en las prestaciones, se van cerrando trayectos con las combis, se va afectando la salud, la educación y la integración de nuestros hijos”, señaló.

Qué falta para que avance el proyecto

Con la votación de este miércoles, la Cámara de Diputados determinó que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda deberán avanzar con el tratamiento del proyecto.

El próximo paso será la reunión informativa prevista para el miércoles 16 de septiembre a las 12. Una semana después, el miércoles 23, las comisiones volverán a reunirse para intentar emitir dictamen.

En febrero de este año, después del vencimiento del plazo judicial, el Gobierno nacional promulgó mediante un decreto la reglamentación de la normativa.

La medida estableció criterios para el régimen de pensiones y dispuso el traslado de la política de discapacidad al Ministerio de Salud. Sin embargo, desde el sector señalan que la ley no fue reglamentada en su totalidad y que tampoco se definió el financiamiento de las prestaciones.

Esos puntos continúan formando parte de los principales reclamos de las familias y organizaciones que este miércoles se concentraron frente al Congreso.

El reclamo también llegó a las provincias

La movilización no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. Distintas provincias se sumaron al reclamo por la emergencia en discapacidad.

En Córdoba, por ejemplo, se confirmó una convocatoria para este miércoles a las 12 en la Plaza San Martín.

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