El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II quedó muy cerca de obtener dictamen al término de un tratamiento exprés en un plenario de comisiones del Senado en la que se discutió el texto sin participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y que duró menos de dos horas.

Al término de la reunión apenas la firma del radical Flavio Fama (Catamarca) separaba al oficialismo del objetivo de darle luz verde al proyecto. Si, como confía la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), ese respaldo se consigue en las próximas horas, la iniciativa quedará habilitada para su debate en la próxima sesión de la Cámara alta.

La firma del despacho sería una señal positiva para el Gobierno que se suma al avance que tuvo esta misma tarde el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen sin cambios con relación a lo aprobado por Diputados y podría ser ley la semana próxima.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificar el régimen tributario y penal vigente para ampliar la presunción de buena fe hacia los contribuyentes y facilitar la regularización de activos dentro del circuito formal.

Para el oficialismo, no se trata de una ley más, sino de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente. Durante años, sostienen sus defensores, el sistema funcionó bajo una lógica de desconfianza, en la que el ciudadano era observado de antemano como un posible evasor.

El nuevo esquema busca invertir esa mirada: partir de la inocencia fiscal y concentrar la capacidad de control del Estado en los casos de mayor gravedad, según explicó el contador Martín Caranta, uno de los invitados a exponer esta tarde ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

“Esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza al contribuyente”, defendió la iniciativa el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). El otro invitado a la reunión fue Juan Martín Jovanovich, abogado especializado en derecho tributario.

La firma del dictamen representará un alivio político para la Casa Rosada, que necesita mostrar capacidad de construcción parlamentaria para sostener su programa económico en medio de un clima que cada día se enrarece más en la Cámara alta.

De hecho, el fracaso en convocar a sesión esta semana para tratar una modificación a la ley de biocombustibles provocó la deserción de la peronista tucumana Beatriz Avila. La senadora alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo integra las dos comisiones que discutieron el proyecto esta tarde, por lo que su ausencia colaboró a demorar la firma del dictamen.

Si logra llegar al recinto con los apoyos necesarios, el proyecto podría convertirse en una pieza clave de la estrategia oficial para incentivar la formalización de ahorros, reducir la litigiosidad tributaria y enviar una señal de previsibilidad al sector privado.

El texto que llegó al Senado con media sanción de Diputados apunta a ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los cambios centrales figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al sistema, hasta ahora fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

De esta manera, el Gobierno busca que más personas puedan formalizar fondos que permanecen fuera del sistema financiero, los llamados “dólares del colchón”, sin quedar expuestas automáticamente a sanciones o investigaciones por parte del fisco.

Otro de los puntos relevantes es la redefinición de las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá objetar una declaración jurada simplificada.

El proyecto limita el uso de indicios y fija parámetros más precisos para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado y la información disponible para el organismo.

También exige que las operaciones se canalicen por vías formales y prevé beneficios asociados a la regularización, como la condonación de determinadas multas, con el argumento de dar mayor seguridad jurídica a quienes decidan ingresar al régimen.

El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.

“Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, anticipó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Y agregó que esta acción “derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.

La administración de Milei señaló que “el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.

“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, advirtió el Poder Ejecutivo en el comunicado firmado por Milei.

Y reiteró que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.

El martes último el Gobierno había adelantado que sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización, y que se sumaron al listado de 45 anunciadas el viernes pasado, tras la cadena nacional de Milei del día anterior.

En tanto, el Poder Ejecutivo evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual, por lo que entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmaron a fuentes oficiales.

El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, con la búsqueda de aplicar no solo de penas más duras sino también alcanzar a otras áreas como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.

Novedades judiciales

Por otro lado, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la Justicia argentina.

La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.

El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.