POLITICA
Malvinas: el Gobierno evalúa extender las sanciones a las pesqueras en la ley que enviará al Congreso

El Gobierno nacional evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya letra final se encuentra en plena redacción, a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual. Entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmó a una fuente oficial de Casa Rosada.
El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados, según fuentes oficiales. La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con la búsqueda no solo de penas más duras, sino también de alcanzar a otras áreas, como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.
La extensión de sanciones a la actividad pesquera que evalúa por estas horas el Poder Ejecutivo, busca también ser incluida en la discusión por parte del bloque peronista. En tanto, la ley federal de Pesca ya prevé sanciones para la pesca en el área, pero nunca se aplicó.
“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, yendo a todo el resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca”, detallaron desde el palacio de gobierno a .
En su mensaje del jueves pasado, el presidente Javier Milei mencionó sin dar precisiones que habría un endurecimiento de las sanciones a las empresas de hidrocarburos que operen en la zona. Fue durante la cadena nacional en la que se refirió al tema y anunció no solo el envío del proyecto de ley, sino también la construcción de una Base Militar en Tierra del Fuego.
Los cambios en la ley buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que operan en el proyecto Sean Lion no puedan hacerlo en Argentina. También se extenderá a sus proveedoras.
Desde que Milei realizó el anuncio el jueves, ya se hicieron dos tandas de procesos sancionatorios. Primero a 45 empresas, en tanto que este martes se extendió a 15 más.
“La idea es que las sanciones no solo sean más duras, también que abarquen al resto de los negocios en la zona, más allá de los hidrocarburos”, dijeron a fuentes al tanto de lo que se redacta.
En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) había realizado un reclamo para que se incorporen los recursos pesqueros al igual que los de los hidrocarburos.
“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, se mencionó en el comunicado.
La ley, que el Gobierno busca modificar para tener mayores alcances, es la 26.659 que fue sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011. Corría por entonces el primer mandato de Cristina Kirchner y se la conoció como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien la impulsó.
Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.
El Gobierno busca cambiar eso tanto con sanciones más duras y consecuencias más tangibles, así como con el alcance a los otros sectores que explotan la zona. La letra de la ley redactada por Solanas apunta exclusivamente a las de hidrocarburos.
El endurecimiento creen que estará dado por la posibilidad que hay en la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en 2011, que es la herramienta que ofrece el potencial de Vaca Muerta como instrumento de negociación.
“Que operar en Malvinas se traduzca en dejar de operar en Argentina”, recalcaron en referencia a las sanciones que busca imponer el Gobierno, con consecuencias directas para empresas y sujetos que operen en la zona.
La letra de la ley también contemplará darle más facultades al Consejo de Seguridad, que se conformará a partir de la ley.
El detalle del proyecto que enviará el Ejecutivo está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal; de la Cancillería, en cabeza de Pablo Quirno, y de la cartera de Defensa, de Carlos Presti. En el proyecto también está involucrado de lleno el estratega presidencial, Santiago Caputo.
La cuestión de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente el pasado jueves y que se enviará al Congreso el lunes.
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POLITICA
El juez Ariel Lijo quedó al frente de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia

El juez Ariel Lijo quedará a cargo de una causa por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por su rol como funcionario bonaerense al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña, que se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Ayer, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.
Ricardo Pristupluk
La Ceamse es la empresa estatal que integran en conjunto la ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia representó a la Ciudad hasta 2024 y, desde enero del año pasado, integra el directorio en representación de la Provincia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios.
Como presidente de la AFA, Tapia enfrenta otros casos, como el que investiga la quinta de Pilar, que tramita en la Justicia de Campana, o el de presunta evasión impositiva, por el que está procesado junto al tesorero Pablo Toviggino.
Contradenuncia
Ayer, en otra resolución sobre competencia, la Cámara Federal resolvió que una denuncia que Toviggino formuló contra el expediente impositivo tramite en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.
En la denuncia, el tesorero sostiene la existencia de un complot entre el juez que lo procesó, Diego Amarante, y las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inició ese expediente.
Según el tesorero, habrían existido comunicaciones informales entre el juez y funcionarios de ARCA para que el organismo recaudador ampliara la denuncia inicial contra él y otros dirigentes de la AFA, con el objetivo de agravar la imputación.
La Cámara resolvió ayer que ese expediente corra de forma separada a una tercera causa, que tramita en el juzgado de María Servini, cuya denuncia inicial también tiene como hipótesis un supuesto complot del Gobierno contra la AFA.
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La intendenta de José C. Paz criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen de un joven de 23 años

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la situación de inseguridad en el distrito y le reclamó que refuerce la presencia policial tras el asesinato de Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años que recibió un disparo durante un robo cuando regresaba del gimnasio.
El municipio hizo público el reclamo a través de un comunicado firmado por Espina y por el director general de Seguridad, Miguel Narváez. “Exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, señalaron.
El planteo profundizó la tensión entre la administración bonaerense y el municipio conducido políticamente por Mario Ishii, histórico referente peronista y uno de los dirigentes territoriales con mayor peso propio en el conurbano. Espina quedó al frente de la intendencia en diciembre de 2025 y desde entonces mantiene una relación directa con su estructura política.
La crítica avanzó además sobre uno de los puntos más sensibles en la relación entre los intendentes y la administración bonaerense, la distribución de responsabilidades y recursos para combatir el delito. La comuna afirmó que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras del Centro de Operaciones Municipal y operativos diarios junto con agentes de tránsito y policías.
Según el documento, el gobierno local también aporta combustible para los patrulleros provinciales y afronta reparaciones de esos vehículos. “La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, sostuvieron Espina y Narváez.
El reclamo se produjo después del crimen de Ojeda Vázquez, que fue atacado este lunes en el cruce de Polonia y Piñero. Dos delincuentes que circulaban en moto y simulaban ser repartidores intentaron robarle el vehículo y uno de ellos le disparó por la espalda cuando trató de escapar. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde murió como consecuencia de las heridas.
El peso político del reclamo de José C. Paz
La posición del municipio introduce una nueva tensión dentro del peronismo bonaerense, en momentos en que distintos intendentes buscan marcar diferencias con la gestión provincial en áreas que impactan directamente sobre sus distritos. En el caso de José C. Paz, el reclamo tiene además el respaldo político de una estructura que Ishii construyó durante décadas y que conserva autonomía dentro del espacio oficialista provincial.
Ishii mantuvo históricamente una relación oscilante con las distintas conducciones del PJ y en los últimos años protagonizó cuestionamientos a la administración bonaerense. Esa independencia territorial le permitió negociar con diferentes sectores internos sin romper formalmente con el peronismo.
El comunicado firmado por Espina evitó cualquier cuestionamiento a la actuación municipal y puso el foco en las obligaciones de la Provincia. La comuna enumeró los recursos propios destinados a prevención y asistencia a las fuerzas de seguridad y remarcó que corresponde al gobierno de Kicillof garantizar la seguridad de los habitantes del distrito.
El asesinato de Ojeda Vázquez provocó además reclamos de familiares, vecinos y repartidores de la zona, mientras la discusión por la respuesta frente a la inseguridad pasó rápidamente del plano policial al político.
Mientras continúa el cruce político por la seguridad, los dos sospechosos del asesinato de Ojeda Vázquez permanecen prófugos. Los investigadores analizan cámaras de la zona para reconstruir la fuga y establecer el recorrido de los atacantes después de llevarse la moto de la víctima.
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Diego Santilli desplazó a un hombre de Adorni del directorio de Parques Nacionales y pone la mira en dos empresas públicas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó en las últimas horas a Lucas Portela, un hombre de su círculo de confianza, en el directorio de Parques Nacionales. Portela reemplazará a Pablo Ciocchini, amigo personal del exministro coordinador Manuel Adorni, quien lo designó allí durante su paso por la jefatura. El nombramiento se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial.
Según pudo saber de distintas fuentes del Poder Ejecutivo, los cambios en las áreas que tiene bajo su órbita Santilli seguirán en las próximas semanas.
“Va a haber cambios en casi todas las áreas que tiene Diego”, adelantaron cerca del ministro coordinador. En ese sentido, detallaron que esta semana se votarán modificaciones en el directorio del Correo Argentino, en el que todavía hay tres leales a Adorni dentro de su conformación. También, aseguraron, se van a votar más cambios en el directorio de Parques Nacionales.
Las fuentes consultadas también explicaron que en los próximos días podría haber cambios en Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A), que fue eje de un escándalo tras la detención de Facundo Leal, quien tenía más de US$2,4 millones y droga en sus domicilios, y podría suceder lo mismo en el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), según evaluaron fuentes del Ejecutivo nacional.
En la Casa Rosada aseguraron que es natural que Santilli coloque personas de su confianza en los cargos que están bajo su órbita.
Portela, flamante directivo de Parques Nacionales, viene de presidir la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que asumió en 2019 y fue reelegido en 2023, y es un colaborador cercano a Santilli desde hace años. Ciocchini, por su parte, era amigo personal de Adorni. Se conocieron cuando ambos vivían en La Plata.
Antes de comenzar su gestión comunal, Portela integró el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, en el que trabajó “en desarrollo sostenible, conservación del espacio público, recuperación del espacio verde”, según transmitieron cerca de él.
La estructura de Parques Nacionales depende directamente de Gustavo Coria, uno de los dos vicejefes de Gabinete, en la estructura que se dio desde comienzos de julio pasado cuando Santilli llegó a la jefatura de Gabinete.
Tras su arribo a la jefatura de Gabinete, en medio de los ecos del escándalo de Adorni, Santilli introdujo los primeros cambios que buscaba en el equipo. En ese momento, adelantó que estudiaría la estructura y que iba a realizar más modificaciones.
El viernes pasado avanzó con una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino, en donde Santilli designó a Adrián González como presidente de la compañía. González reemplazó a Camilo Baldini, quien ocupaba ese puesto desde fines de 2023.
El Correo, eje de los próximos cambios
Aún se desconoce cuáles son las medidas que piensa impulsar Santilli en el Correo Argentino, que días atrás quedó envuelto en una polémica. Fue después de que el sitio MDZ revelara que tres leales a Adorni siguen formando parte del directorio de la empresa con sueldos millonarios y nula actividad.
Se trata de Aimé “Meme” Vázquez, Federico Sicilia, quienes renunciaron junto a Adorni en la jefatura de Gabinete, e Ian Vignale.
Vignale, que formó parte del equipo de Adorni, es el único que sigue siendo funcionario en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santilli. Vázquez y Sicilia, por su parte, dejaron sus puestos en el Ejecutivo después de que Adorni se apartara de la gestión. Pero no renunciaron a sus puestos en el directorio del Correo Argentino. En todos los casos cobran sueldos de 8 millones de pesos.
Allegados de Vignale, Sicilia y Vázquez intentaron justificar la decisión de preservar sus lugares en el Correo Argentino, pese a que Adorni se alejó de la función pública. “Mientras Ian (por Vignale) sigue siendo funcionario, Federico y Meme siguen colaborando en la gestión y llevan adelante el trabajo del Correo”, señalaron.
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