POLITICA
Un extenista y diputado de LLA defendió la quita de subsidios a clubes, pero la oposición le recordó que había recibido una beca estatal
El diputado nacional de La Libertad Avanza y extenista Diego Hartfield protagonizó un cruce en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados después de defender la reducción de la asistencia estatal a los clubes. Durante la discusión, legisladores opositores le recordaron que en su adolescencia había recibido una beca del Estado que le permitió vivir y entrenarse durante dos años en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
El episodio ocurrió durante una reunión de la comisión en la que representantes de clubes de barrio expusieron las dificultades económicas que atraviesan las instituciones y reclamaron medidas para afrontar los mayores costos.
Hartfield, diputado por Misiones y vicepresidente segundo de la Comisión de Deportes, respaldó la política fiscal del Gobierno y sostuvo que la prioridad de la administración de Javier Milei es mantener equilibradas las cuentas públicas.
“Entiendo que muchos de ustedes pueden estar pasando momentos difíciles y eso se entiende, pero nosotros vamos por esto de tener las cuentas públicas ordenadas”, afirmó el legislador durante su intervención.
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Luego cuestionó la dependencia de la asistencia estatal: “Lamentablemente, vivir de subsidios, en algunos casos, puede tener sus costos”. También se refirió al valor de los servicios públicos y aseguró que “pagar la energía a un precio mucho menor de lo que vale tuvo un montón de costos a nivel país”.
Antes de defender la política del Gobierno, Hartfield apeló a su propia experiencia como deportista. Aseguró que sabe “perfectamente lo que es un club” y destacó que conoce el esfuerzo que realizan tanto los atletas amateurs como los profesionales para alcanzar sus objetivos.
El legislador explicó que la posición del oficialismo responde al escenario económico que, según sostuvo, recibió el Gobierno al asumir en diciembre de 2023. “Nuestra postura de tener las cuentas públicas ordenadas es clara, y eso vino por el desajuste enorme que recibimos del país en 2023 y eso tiene costos”, afirmó.
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Las palabras del diputado provocaron una fuerte reacción de Natalia Zaracho, de Unión por la Patria. “Les pido disculpas por el diputado de LLA, que nos dice en la cara que la variable de ajuste de este modelo económico son nuestros pibes, a ustedes que son los que contienen”, cuestionó ante los representantes de los clubes.
Zaracho también apuntó contra Hartfield por las consecuencias sociales que, a su entender, tiene el ajuste. “Claramente, este hombre, seguramente tuvo todo garantizado”, sostuvo antes de mencionar las dificultades de chicos que concurren a los clubes y que, según describió, en algunos casos no tienen para comer, comprar zapatillas o pagar una entrada.
La diputada es una de las impulsoras de un proyecto para fortalecer económicamente a los clubes de barrio. Entre otros puntos, la iniciativa propone aumentar el impuesto sobre las apuestas online y destinar esos recursos al financiamiento de instituciones deportivas y comunitarias.
A los cuestionamientos se sumó el diputado de Unión por la Patria Jorge Araujo Hernández, quien apuntó directamente contra el pasado deportivo de Hartfield y la asistencia estatal que recibió durante su formación.
“Hartfield fue becado por el CeNARD cuando tenía 16 años, en 1995. Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, inclusive clubes de barrio”, cuestionó Araujo Hernández.
El extenista nació en Oberá, Misiones, y durante su adolescencia viajaba alrededor de 100 kilómetros por día hasta Posadas para entrenarse. A los 16 años se trasladó a Buenos Aires para continuar con su preparación y obtuvo una beca que le permitió alojarse durante dos años en el CeNARD.
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“El personaje que se acaba de ir tiró la piedra y se escapó como rata por tirante”, cuestionó Araujo Hernández cuando advirtió que Hartfield ya no se encontraba en la reunión al momento de responderle.
El Gobierno mantiene una política de reducción del gasto, aunque continúa vigente el sistema nacional de becas para atletas de alto rendimiento: esta semana se oficializó un aumento del 8% en los montos y se asignaron más de $525 millones para los beneficiarios correspondientes a septiembre.
La carrera de Diego Hartfield como tenista
Hartfield llegó al circuito profesional después de aquella etapa de formación. En 2006 ganó el Challenger de Atlanta y logró clasificarse a Roland Garros, donde enfrentó al suizo Roger Federer, que en ese momento ocupaba el primer puesto del ranking mundial.
Un año después alcanzó el puesto 73° de la clasificación ATP, la mejor posición de su carrera. Finalmente, se retiró del tenis profesional en 2010.
Tras dejar el deporte, tuvo un paso por la televisión y posteriormente se dedicó al mercado financiero. Más tarde ingresó a la política de la mano de La Libertad Avanza y llegó a la Cámara de Diputados como representante de Misiones.
La Libertad Avanza, Diputados, clubes de barrio, CenARD, Tenis
POLITICA
La Justicia federal investigará a Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
La Justicia federal de Comodoro Py investigará una denuncia contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su función como directivo de la CEAMSE, la empresa estatal mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del Área Metropolitana.
La denuncia fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia, y sostiene que el dirigente registró “un crecimiento real de la liquidez” de aproximadamente el 1.000% entre 2017 y 2024, un salto que, según planteó, “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y no encuentra correlato en los ingresos lícitos que el propio Tapia declaró en ese lapso.
El caso había sido presentado originalmente ante la Justicia porteña, pero se abrió una disputa de competencia porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que la causa debía tramitar en la Ciudad, mientras que el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía a la Justicia federal; finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que el expediente quede radicado en el fuero federal, a cargo del juez Ariel Lijo. El magistrado ya había tenido un rol en otra causa vinculada a Tapia: en 2021 cerró una investigación por irregularidades en contratos firmados por la AFA, en la que Tofoni también resultó sobreseído. Hasta el momento no se produjeron medidas de prueba en el nuevo expediente.
Según el análisis que Tofoni acompañó en su presentación, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, consigna más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en múltiples cuentas bancarias —entre ellas una cuenta corriente con más de 517 millones—, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en caja de ahorro a valor oficial, lo que representa una liquidez total cercana al millón de dólares. La denuncia también repara en los ingresos que Tapia declaró por sus otras funciones: $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA, en tanto, es un cargo ad honorem.
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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, y pasó a presidir el organismo a partir de 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Se trata de la segunda causa judicial que involucra el patrimonio de Tapia como funcionario público: el resto de los expedientes que enfrenta están vinculados a su gestión en la AFA, donde él y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por retención indebida de impuestos, y son investigados además por el manejo de los fondos de la asociación, por presuntas facturas falsas y por la compra de una mansión en Pilar que se le atribuye a Tapia. Varias de esas denuncias también fueron presentadas por Tofoni, dueño de World Eleven, la empresa que organizaba partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo contrato con la AFA fue dado de baja durante la gestión de Tapia.
Claudio Tapia, AFA, ceamse
POLITICA
Los cuadernos de las coimas: Baratta amplía su descargo con críticas a los empresarios que aseguraron haberle entregado dinero
Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.
“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.
Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.
“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.
Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.
Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.
Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.
No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.
Noticia en desarrollo
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El oficialismo cambió de estrategia en Diputados y acompañó el debate sobre morosidad y discapacidad: “No quisieron dar la foto de más de 133”
La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones avancen con proyectos sobre discapacidad y morosidad. La votación reunió 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. El cronograma prevé debates sobre discapacidad el 16 y 23 de septiembre, y sobre morosidad el 29 de septiembre. Así lo afirmó en Infobae A las Nueve Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas.
El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.
Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad
El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.
El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.
Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.
El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.
Deudas y acceso al crédito
El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.
Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.
Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.
El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.
Consecuencias de la mora
Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.
El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.
Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.
El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.
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